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Alberto Brunori, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, presentó hoy su informe sobre 2019, en el cual quedó registrado un panorama preocupante de violencia. Por ejemplo, durante el año pasado se registraron 36 masacres, en medio de las cuales fueron asesinadas 133 personas, la cifra más alta desde el 2014. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander.
La ONU también expresó preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos. Durante 2019 ese organismo registró 108 homicidios, de los cuales el 86% se dieron en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional y el 55% de los casos ocurrieron en Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. “Defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia”, insistió el Alto Comisionado. Incluso, los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en un 50% comparado con 2018.
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En el documento se hicieron varios llamados al Estado para empezar a garantizar la vida de los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, el alto comisionado expresó: “La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad debería ser convocada regularmente, a fin de cumplir con sus objetivos establecidos en el Acuerdo de Paz, en particular con lo relacionado al desmantelamiento de grupos criminales sucesores de organizaciones paramilitares, y que son a menudo responsables de los asesinatos”. La última reunión de esa instancia se dio el 8 de enero y solamente se ha reunido tres veces desde que Iván Duque asumió la presidencia.
La ONU saludó “el reconocimiento del Presidente Duque sobre la legitimidad e importancia de las personas defensoras de derechos humanos. No obstante, personas defensoras de derechos humanos que participan en procesos judiciales que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, continuaron siendo víctimas de hostigamientos”.
Sobre la Unidad Nacional de Protección, la ONU dijo que “realizó importantes esfuerzos para responder al alto número de solicitudes de medidas individuales de protección”. Sin embargo, el Alto Comisionado también fue enfático al asegurar que “las medidas otorgadas por la UNP no siempre fueron adecuadas a los contextos rurales donde ocurrieron la mayoría de los asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos. En 2019, seis personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en áreas rurales de Cauca, Chocó, Nariño y Risaralda, a pesar de contar con medidas de protección”. Por eso pidió priorizar el enfoque preventivo, adoptar de manera temprana medidas de protección temporales e incrementar las medidas de protección colectiva, un pedido que le han hecho insistentemente las organizaciones sociales al Estado.
Acerca de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado y las Farc en 2016, la ONU reconoció “los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP para avanzar en el proceso de reintegración de los excombatientes”. Sin embargo, en otros aspectos hizo críticas al Gobierno. La más recurrente fue la que tiene que ver con el punto 1: la Reforma Rural Integral. Sobre esta expresaron “debe contar con un presupuesto adecuado para implementar completamente todos los planes y mecanismos, así como solventar a las entidades establecidas en el Acuerdo de Paz, y no limitar su enfoque a los PDET. Sin embargo, el Presupuesto para el año 2020 se redujo para todas las instituciones responsables de implementar la Reforma Rural Integral”. Agregaron que: “si bien en 2018 se aprobaron dos Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, en 2019 no se observó ningún avance”.
También hubo pronunciamiento respecto al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz. Sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz, la ONU resaltó que “se observaron avances fundamentales en los casos de graves violaciones a los derechos humanos que fueron priorizados”. Puso como ejemplo la recuperación e identificación de cuerpos en el cementerio de Dabeiba (Antioquia).
Sin embargo, el comisionado mostró su preocupación por amenazas y ataques contra personas que están participando en los procesos de esa jurisdicción y llamó a tomar medidas para garantizar sus vidas. Además, instó a esa entidad a “que se prioricen macrocasos adicionales, tales como los que incluyeron violencia sexual y desapariciones forzadas”. También fue elogiado el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y de la Comisión de la Verdad, así como el aporte de algunos excombatientes para encontrar a los desaparecidos.
El informe también mencionó a algunos actores armados. Sobre el Eln aseguraron que “continuó incurriendo en infracciones al derecho internacional humanitario”. También quedó consignado que se “observó un incremento en la utilización de niñas y niños por grupos criminales y otros grupos violentos, así como su reclutamiento forzado por el ELN en Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Meta y Norte de Santander”. Acerca del Ejército Popular de Liberación (Epl) y las disidencias de las Farc puntualizaron que “no calificarían actualmente como grupos armados en virtud del derecho internacional humanitario”.
El comisionado, además, expresó preocupación por violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales. Por ejemplo, reseñó que se registraron “15 casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida en Antioquia, Arauca, Bogotá, Cauca, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. Esta cifra es la más alta respecto de este tipo de casos registrados por el ACNUDH desde 2016”. También documentaron tres casos de violencia sexual al parecer perpetrados por integrantes del Ejército en Arauca, Guaviare y Meta. Adicionalmente, “conocieron casos de presunta tortura y tratos crueles cometidos por la policía en Antioquia, Arauca, Bogotá, Huila y Putumayo”.
A esas denuncias se suma que en algunos casos las investigaciones han sido asumidas por la Justicia Penal Militar. “En virtud de las normas y estándares internacionales, la jurisdicción penal militar no debería investigar, juzgar y sancionar a los responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos. Estos casos deberían siempre mantenerse bajo la competencia de la justicia ordinaria”, enfatizó el comisionado. Un ejemplo, es la masacre que se perpetró en El Tandil, Tumaco (Nariño), en medio de la cual fueron asesinados siete campesinos. Todo indicaría que quienes les dispararon fueron agentes de la Policía Antinarcóticos. Esa investigación está siendo adelantada por la Justicia Penal Militar luego de que la Procuraduría pidiera el traslado. Sobre el papel que jugó la Fiscalía, el informe señala que “la Fiscalía General de la Nación no tomó las acciones necesarias para mantener el caso bajo su jurisdicción”.
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La ONU expresó su preocupación por varios hechos ocurridos en medio del Paro Nacional que empezó el 21 de noviembre del 2019. Primero, señaló “Algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza”. También reseñaron que en Bogotá, Medellín y Cali se presentaron varios casos de personas con lesiones oculares ocasionadas por los proyectiles de la Policía. “Durante las protestas, algunos oficiales de policía presuntamente perpetraron actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y/o tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas”, agregaron.
Con respecto al Esmad, la ONU instó a que “se inicie una profunda transformación, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales”.
También registraron 32 ataques contra el ejercicio periodístico en el marco de las protestas, “23 de los cuales fueron atribuidos a la policía y nueve a los manifestantes”.
Por último, la ONU se refirió a los 36 allanamientos que adelantó la Policía apenas 48 antes del inicio del Paro. Sobre estos aseguró que “allanamientos fueron realizados por instrucciones de la Fiscalía General de la Nación y solamente dos casos se presentaron cargos”. Jueces declararon 10 de esos procedimientos ilegales.