22 Sep 2021 - 5:10 p. m.

“En Colombia los vivos y los muertos están en riesgo”: Isabel Zuleta

La lideresa ambiental, conocida por su oposición a Hidroituango, vuelve a poner sobre la agenda mediática el futuro de los desaparecidos en la zona de inundación de este proyecto y las afectaciones que aún viven las comunidades aledañas. Además, habla de nuevas apuestas de transformación social desde el ambientalismo popular, como el Movimiento por el Agua y la Vida.

Camilo Alzate

Isabel Cristina Zuleta ha sido siempre la piedra en el zapato del mega proyecto Hidroituango. Antes de que fuera una realidad, la lideresa social y ambiental denunció, como integrante del movimiento Ríos Vivos y la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua Afectada, los posibles daños que podría ocasionar la obra que, en 2018, estuvo en riesgo por el taponamiento del túnel auxiliar para desviar el río Cauca. De haber colapsado, la avalancha hubiera podido convertirse en una de las peores catástrofes de Colombia.

Pero más allá de los líos en su construcción, Zuleta se ha preocupado por otro problema, cuya dimensión, según ella, no ha comprendido el país: la búsqueda de miles de desaparecidos en la zona de inundación de Hidroituango. Actualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelanta un proceso para determinar si decreta o no medidas cautelares con el fin de proteger los derechos de las víctimas. En entrevista con Colombia+20, vuelve a pone sobre la mesa estas y otras preocupaciones de las comunidades.

La crisis de Hidroituango dejó de estar en la agenda mediática. Nadie se acuerda de las comunidades. ¿Esa crisis sigue latente?

Claro, estamos en una situación peor que en 2018, que no fue la única crisis, ya veníamos con una crisis invisibilizada. Tenemos unas medidas cautelares que la empresa y los entes territoriales se niegan a cumplir, medidas judiciales que nadie ha atendido. Esas medidas tienen que ver con la vida, con la estabilidad y viabilidad de la obra. Una de esas medidas implica que a las comunidades nos tienen que decir si el macizo rocoso (que soporta la presa) es estable o no, eso se tenía que dar en 2019. Las medidas administrativas tampoco se han cumplido, como si el riesgo pasara de moda. No tenemos ninguna certeza de la estabilidad de la obra, ni garantías. El túnel que generó la tragedia en 2018 hoy no tiene sellamiento, hay todavía un tramo del río en alerta roja. Lo que vemos es una estrategia mediática, vemos a los directivos empecinados en decir que ya todo pasó cuando ni a nosotros ni a los jueces nos han dado respuesta alguna.

Una arista poco conocida tiene que ver con la memoria del conflicto armado en la zona y su esclarecimiento, concretamente con los desaparecidos. En su momento se dijo que inundar el cañón era inundar la verdad, ¿cuántos desaparecidos calculan ustedes quedaron bajo el agua?

La reconstrucción que viene haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz incluye a 3.325 víctimas en toda la zona afectada por Hidroituango, pero en el tramo antes de llegar a la obra se calculan incluso más: 4.828 desaparecidos, según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, el Centro Nacional de Memoria y la JEP. La cuenca del río Cauca es la que tiene el mayor número de desapariciones en el país, y su represamiento fue ilegal, no fue programado, no se les aseguró a las víctimas que no quedaba un solo cuerpo por exhumar de ese territorio. Se alcanzaron a exhumar más de 200 cuerpos, pero no nos dieron certeza de que no había más, precisamente porque los defensores de derechos humanos que veníamos buscando desaparecidos desde hace mucho tiempo estábamos dispuestos a entregar testimonios de los sitios donde las comunidades habían enterrado cuerpos que bajaban por el río. Teníamos información de fosas comunes y de cuerpos dispersos que bajaban por el río, enterrados en el territorio. Nunca los quisieron sacar, nunca hubo la debida diligencia para prevenir esa vulneración de derechos, eso que provocaron con el represamiento del embalse de Hidroituango.

(Lea más: JEP establece que hay 2.094 víctimas de desaparición forzada en Hidroituango)

Eso implica que durante décadas las comunidades ribereñas en Ituango, Sabanalarga, Toledo, Briceño, no sólo enterraron víctimas de su propio territorio, sino de lugares tan distantes como Cali, Marsella o Trujillo, cuerpos que bajaron por el río.

Así es, las víctimas que bajaban las enterraban los pescadores y barequeros, atendiendo a sus principios espirituales. Y esa espiritualidad lo que les mandata es que los cuerpos tienen que estar en la tierra y no en el agua, por eso la angustia de los pescadores y barequeros pidiéndole al Estado colombiano que hiciera las exhumaciones necesarias para ellos estar tranquilo, es un asunto humanitario para los familiares, pero también un asunto espiritual para los pescadores y barequeros. Esa certeza nunca la entendió el Estado colombiano, para el Estado lo espiritual es un absurdo, la angustia que genera no estar respondiendo tus mandatos espirituales, tus creencias, tu religiosidad, que tienen que ver con la muerte, es algo que el nunca se ha respetado. Lo que nosotros planteamos es que, si los vivos estamos en riesgo, los muertos también: los cementerios, los sitios de enterramiento.

Justo el primer desaparecido del Paro Nacional fue Brahian Gabriel Rojas, hallado sin vida en el embalse de Hidroituago a muchos kilómetros de su pueblo, La Virginia, Risaralda. ¿Hablamos de un fenómeno que persiste?

Sí, no ha pasado, es otra cosa que venimos planteando: primero los cuerpos eran rescatados según la tradición propia del territorio y los ribereños. Hoy ni siquiera eso se puede hacer, hoy es EPM con una gran malla que tiene a la entrada del embalse, donde quedan las basuras y los muertos, lo que impide a la gente cumplir con sus tradiciones, sus costumbres y su espiritualidad, porque ya no pueden acercarse a los muertos. Ha cambiado tanto la dinámica en el territorio que hasta eso ha cambiado. Y aguas abajo ya no pasaría ni un solo muerto porque quedaría destrozado por la fuerza del agua del vertedero. Sigue habiendo muchos muertos por el río en Cáceres, en Tarazá, en Puerto Valdivia, porque el conflicto no ha pasado.

Las recientes protestas ciudadanas abrieron la puerta a nuevas agendas globales como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la defensa de la vida. ¿Siente que luchas como las de las comunidades afectadas por Hidroituango ahora tienen un espacio allí? ¿El ambientalismo popular irrumpe en la política?

Pues el ambientalismo popular acoge todas las esferas de la vida, esa es su diferencia con otro tipo de ambientalismos, hasta nuestras luchas por encontrar a los desaparecidos hacen parte del ambientalismo popular porque depende de unos ecosistemas específicos la posibilidad de hallarlos: los muertos son del territorio. Nosotros sí creemos que las recientes revueltas populares han abierto un campo distinto en el país, un campo para develar la muerte que ha ocurrido históricamente en el campo y que ha llegado en las ciudades. En el campo nos habíamos sentido abandonados, muy solos, en luchas muy duras en las que han muerto compañeros y compañeras. Ahora nos sentimos acompañados por los jóvenes en las calles, en una nueva era para Colombia donde el campo y la ciudad compartimos la misma indignación. Nosotros sabíamos lo que iba a pasar con los jóvenes, porque es el mismo tratamiento que nos han dado históricamente en el campo, y lamentamos profundamente que tengamos un Estado criminal que no da posibilidades al disenso, a la transformación, a la escucha. Creemos que no hay Estado que escuche, pero hay una sociedad fortalecida a pesar de la violencia y la criminalidad estatal. Estamos dispuestos a hacer la tarea para el cambio y la transformación a pesar de los riesgos.

He estado recorriendo el país desde el Caribe hasta Popayán, he pasado por Bucaramanga, por Barranca, por Pereira, por Palmira, por la Sabana de Bogotá, por Antioquia, y realmente lo que uno siente es un agotamiento: la sociedad colombiana está cansada con tanta muerte y está aterrada con lo que pasó en las revueltas populares. Hay jóvenes desesperados, el Estado los está persiguiendo. Creemos que hay un momento distinto al que se vivía antes de estas revueltas populares que la pandemia había suspendido y aplazado. Los 28 de cada mes volvemos a ver movilizaciones, aterradoras como las que se han vivido en Medellín, con disparos, con armas largas de la Policía, con violaciones a las jóvenes, a los chicos, perseguidos por protestar. Recibimos reportes de chicos desaparecidos, torturados. En Palmira le escuché a un chico decir que él salía a las barricadas porque quería que lo mataran, tal era su desespero por no tener futuro. Los índices de suicidio en Pereira son altísimos. Eso lo que muestra es que estamos en un colapso, en una crisis social sin precedentes, sólo vemos la violencia estatal aterradora sin mucha claridad, pero no vemos lo que está pasando con las jóvenes y los jóvenes que no ven futuro.

Usted impulsa un Movimiento por el Agua que nace a raíz de Hidroituango pero también en otros territorios, ¿en qué consiste? ¿Qué se proponen?

Acabamos de hacer un evento para crear el Mandato por el Agua, y en todo el país hay resistencias. La gente está luchando por lo básico, por el agua, está luchando contra la gran minería, contra el petróleo, contra los monocultivos de caña y la industria papelera, contra la contaminación hídrica, contra los transgénicos. Uno ve un país que realmente está reaccionando. El Movimiento por el Agua y por la Vida nace en el cañón del río Cauca en Antioquia por mandato de la asamblea popular a la cual pertenezco y que realizamos en medio del paro nacional. Ese mandato que recibo es que el país necesita conocer la experiencia de lo que hemos vivido y luchado en este territorio, y necesita que se fortalezcan las luchas de largo plazo para parar la muerte que se está viendo. Acá en el cañón del Cauca estamos viendo niveles de lluvia que jamás habíamos tenido, las cosechas se dañan, las quebradas son de tierra y no de agua, eso mismo pasa en otras partes del país. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se protege a la población? Vemos que no hay ninguna intención y que nos tenemos que cuidar nosotros mismos. Entonces estamos recorriendo el país, juntando resistencias para mandatar al próximo ejecutivo y legislativo, a quienes se quieran lanzar en las candidaturas, decirles: ‘esto es lo que está pasando y esta es la manera cómo se debe resolver’. Eso es el Mandato por el Agua y por la Vida.

(Le puede interesar: Hidroituango: los riesgos no calculados y el impacto social de su puesta en marcha)

¿Y eso implica que van a ir a las elecciones?

El Mandato implica ir y participar de las elecciones, pero hacerlo con una propuesta construida colectivamente. Que sea el pueblo quien controle si eso se cumple o no, en un ejercicio de poder ciudadano. Hay un montón de leyes propias y de apuestas históricas construidas desde la ciudadanía, que no han sido atendidas. Queremos recorrer el país, recoger esas demandas, eso hace parte del Mandato, con un eje transversal que es ir contra la privatización del agua, que es una de las grandes amenazas que hoy se tienen con las embotelladoras, con las represas. El agua debe ser para la gente.

¿Continúa la crisis en Hidroituango?

Claro, estamos en una situación peor que en 2018, que no fue la única crisis, ya veníamos con una crisis invisibilizada. Tenemos unas medidas cautelares que la empresa y los entes territoriales se niegan a cumplir, medidas judiciales que nadie ha atendido. Esas medidas tienen que ver con la vida, con la estabilidad y viabilidad de la obra. Una de esas medidas implica que a las comunidades nos tienen que decir si el macizo rocoso (que soporta la presa) es estable o no, eso se tenía que dar en 2019. Las medidas administrativas tampoco se han cumplido, como si el riesgo pasara de moda. No tenemos ninguna certeza de la estabilidad de la obra, ni garantías. El túnel que generó la tragedia en 2018 hoy no tiene sellamiento, hay todavía un tramo del río en alerta roja. Lo que vemos es una estrategia mediática, vemos a los directivos empecinados en decir que ya todo pasó cuando ni a nosotros ni a los jueces nos han dado respuesta alguna.

Una arista poco conocida tiene que ver con la memoria del conflicto armado en la zona y su esclarecimiento, concretamente con los desaparecidos. En su momento se dijo que inundar el cañón era inundar la verdad, ¿cuántos desaparecidos calculan ustedes quedaron bajo el agua?

La reconstrucción que viene haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz incluye a 3.325 víctimas en toda la zona afectada por Hidroituango, pero en el tramo antes de llegar a la obra se calculan incluso más: 4.828 desaparecidos, según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, el Centro Nacional de Memoria y la JEP. La cuenca del río Cauca es la que tiene el mayor número de desapariciones en el país, y su represamiento fue ilegal, no fue programado, no se les aseguró a las víctimas que no quedaba un solo cuerpo por exhumar de ese territorio. Se alcanzaron a exhumar más de 200 cuerpos, pero no nos dieron certeza de que no había más, precisamente porque los defensores de derechos humanos que veníamos buscando desaparecidos desde hace mucho tiempo estábamos dispuestos a entregar testimonios de los sitios donde las comunidades habían enterrado cuerpos que bajaban por el río. Teníamos información de fosas comunes y de cuerpos dispersos que bajaban por el río, enterrados en el territorio. Nunca los quisieron sacar, nunca hubo la debida diligencia para prevenir esa vulneración de derechos, eso que provocaron con el represamiento del embalse de Hidroituango.

Eso implica que durante décadas las comunidades ribereñas en Ituango, Sabanalarga, Toledo, Briceño, no sólo enterraron víctimas de su propio territorio, sino de lugares tan distantes como Cali, Marsella o Trujillo, cuerpos que bajaron por el río.

Así es, las víctimas que bajaban las enterraban los pescadores y barequeros, atendiendo a sus principios espirituales. Y esa espiritualidad lo que les mandata es que los cuerpos tienen que estar en la tierra y no en el agua, por eso la angustia de los pescadores y barequeros pidiéndole al Estado colombiano que hiciera las exhumaciones necesarias para ellos estar tranquilo, es un asunto humanitario para los familiares, pero también un asunto espiritual para los pescadores y barequeros. Esa certeza nunca la entendió el Estado colombiano, para el Estado lo espiritual es un absurdo, la angustia que genera no estar respondiendo tus mandatos espirituales, tus creencias, tu religiosidad, que tienen que ver con la muerte, es algo que el nunca se ha respetado. Lo que nosotros planteamos es que, si los vivos estamos en riesgo, los muertos también: los cementerios, los sitios de enterramiento.

Justo el primer desaparecido del Paro Nacional fue Brahian Gabriel Rojas, hallado sin vida en el embalse de Hidroituago a muchos kilómetros de su pueblo, La Virginia, Risaralda. ¿Hablamos de un fenómeno que persiste?

Sí, no ha pasado, es otra cosa que venimos planteando: primero los cuerpos eran rescatados según la tradición propia del territorio y los ribereños. Hoy ni siquiera eso se puede hacer, hoy es EPM con una gran malla que tiene a la entrada del embalse, donde quedan las basuras y los muertos, lo que impide a la gente cumplir con sus tradiciones, sus costumbres y su espiritualidad, porque ya no pueden acercarse a los muertos. Ha cambiado tanto la dinámica en el territorio que hasta eso ha cambiado. Y aguas abajo ya no pasaría ni un solo muerto porque quedaría destrozado por la fuerza del agua del vertedero. Sigue habiendo muchos muertos por el río en Cáceres, en Tarazá, en Puerto Valdivia, porque el conflicto no ha pasado.

Las recientes protestas ciudadanas abrieron la puerta a nuevas agendas globales como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la defensa de la vida. ¿Siente que luchas como las de las comunidades afectadas por Hidroituango ahora tienen un espacio allí? ¿El ambientalismo popular irrumpe en la política?

Pues el ambientalismo popular acoge todas las esferas de la vida, esa es su diferencia con otro tipo de ambientalismos, hasta nuestras luchas por encontrar a los desaparecidos hacen parte del ambientalismo popular porque depende de unos ecosistemas específicos la posibilidad de hallarlos: los muertos son del territorio. Nosotros sí creemos que las recientes revueltas populares han abierto un campo distinto en el país, un campo para develar la muerte que ha ocurrido históricamente en el campo y que ha llegado en las ciudades. En el campo nos habíamos sentido abandonados, muy solos, en luchas muy duras en las que han muerto compañeros y compañeras. Ahora nos sentimos acompañados por los jóvenes en las calles, en una nueva era para Colombia donde el campo y la ciudad compartimos la misma indignación. Nosotros sabíamos lo que iba a pasar con los jóvenes, porque es el mismo tratamiento que nos han dado históricamente en el campo, y lamentamos profundamente que tengamos un Estado criminal que no da posibilidades al disenso, a la transformación, a la escucha. Creemos que no hay Estado que escuche, pero hay una sociedad fortalecida a pesar de la violencia y la criminalidad estatal. Estamos dispuestos a hacer la tarea para el cambio y la transformación a pesar de los riesgos. Yo he estado recorriendo el país desde el Caribe hasta Popayán, he pasado por Bucaramanga, por Barranca, por Pereira, por Palmira, por la Sabana de Bogotá, por Antioquia, y realmente lo que uno siente es un agotamiento: la sociedad colombiana está cansada con tanta muerte y está aterrada con lo que pasó en las revueltas populares. Hay jóvenes desesperados, el Estado los está persiguiendo. Creemos que hay un momento distinto al que se vivía antes de estas revueltas populares que la pandemia había suspendido y aplazado. Los 28 de cada mes volvemos a ver movilizaciones, aterradoras como las que se han vivido en Medellín, con disparos, con armas largas de la Policía, con violaciones a las jóvenes, a los chicos, perseguidos por protestar. Recibimos reportes de chicos desaparecidos, torturados. En Palmira le escuché a un chico decir que él salía a las barricadas porque quería que lo mataran, tal era su desespero por no tener futuro. Los índices de suicidio en Pereira son altísimos. Eso lo que muestra es que estamos en un colapso, en una crisis social sin precedentes, sólo vemos la violencia estatal aterradora sin mucha claridad, pero no vemos lo que está pasando con las jóvenes y los jóvenes que no ven futuro.

Usted impulsa un Movimiento por el Agua que nace a raíz de Hidroituango pero también en otros territorios, ¿en qué consiste? ¿Qué se proponen?

Acabamos de hacer un evento para crear el Mandato por el Agua, y en todo el país hay resistencias. La gente está luchando por lo básico, por el agua, está luchando contra la gran minería, contra el petróleo, contra los monocultivos de caña y la industria papelera, contra la contaminación hídrica, contra los transgénicos. Uno ve un país que realmente está reaccionando. El Movimiento por el Agua y por la Vida nace en el cañón del río Cauca en Antioquia por mandato de la asamblea popular a la cual pertenezco y que realizamos en medio del paro nacional. Ese mandato que recibo es que el país necesita conocer la experiencia de lo que hemos vivido y luchado en este territorio, y necesita que se fortalezcan las luchas de largo plazo para parar la muerte que se está viendo. Acá en el cañón del Cauca estamos viendo niveles de lluvia que jamás habíamos tenido, las cosechas se dañan, las quebradas son de tierra y no de agua, eso mismo pasa en otras partes del país. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se protege a la población? Vemos que no hay ninguna intención y que nos tenemos que cuidar nosotros mismos. Entonces estamos recorriendo el país, juntando resistencias para mandatar al próximo ejecutivo y legislativo, a quienes se quieran lanzar en las candidaturas, decirles: ‘esto es lo que está pasando y esta es la manera cómo se debe resolver’. Eso es el Mandato por el Agua y por la Vida.

¿Y eso implica que van a ir a las elecciones?

El Mandato implica ir y participar de las elecciones, pero hacerlo con una propuesta construida colectivamente. Que sea el pueblo quien controle si eso se cumple o no, en un ejercicio de poder ciudadano. Hay un montón de leyes propias y de apuestas históricas construidas desde la ciudadanía, que no han sido atendidas. Queremos recorrer el país, recoger esas demandas, eso hace parte del Mandato, con un eje transversal que es ir contra la privatización del agua, que es una de las grandes amenazas que hoy se tienen con las embotelladoras, con las represas. El agua debe ser para la gente.

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