Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“Promesas rotas”. Así se titula el más reciente informe de violencia contra defensores de derechos humanos del Programa Somos Defensores. Son dos palabras que resumen y cuestionan lo que se documentó a lo largo de 2025, el año más letal para los liderazgos sociales durante el gobierno de Gustavo Petro, según indica el documento. Es también, en últimas, un reclamo frente al mandatario y su discurso que, en la práctica, no terminó de consolidarse.
Fueron 165 los defensores asesinados en ese período, y en total 874 las agresiones registradas contra 783 de ellos. Es decir, en promedio, Colombia amaneció cada día del año pasado con más de dos ataques contra quienes defienden los derechos humanos en sus territorios. “No solo es el año con la cifra de violencia selectiva más alta que se ha presentado en este Gobierno, sino que es el año que registra en tercer lugar la cifra más alta si uno compara con el registro de lo sucedido en los últimos 15 años”, explica a Colombia+20 Juan Manuel Quinche, responsable del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de DD. HH. (SIADDHH).
Frente a ese contexto, el informe dice que “el actual Gobierno Nacional no ha priorizado el reconocimiento y la protección de quienes defienden los derechos humanos en Colombia”.
El documento, publicado a cuatro meses de la salida de Petro de la Casa de Nariño, no solo cuenta los muertos, sino que también pregunta por qué siguen muriendo. “Cuando se hace alusión al incremento de la violencia, distintos sectores han optado por referirse al ‘fracaso de la paz total’, una tesis con numerosos argumentos a favor, que en todo caso trasciende a un problema de diseño de política pública”, dice el balance. Es decir, para Somos Defensores el problema es más profundo y más viejo: una cadena de omisiones que atravesó todo el gobierno.
Se trata de una cifra que no llegó sola, Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 1,6 millones de personas fueron impactadas por la violencia y el conflicto armado en 2025, “una cifra que se triplicó comparada con el año inmediatamente anterior y que, en algunas agresiones como los confinamientos y los desplazamientos, alcanzaron los índices más altos desde el 2013”, advierte el balance.
“A la luz de estos hechos, reiteramos que el actual gobierno nacional no ha priorizado el reconocimiento y la protección de quienes defienden los derechos humanos en Colombia”, se lee en las páginas del documento que se hizo con el apoyo de la Real Embajada de Noruega y de Misereor, Diakonia, Amnistía Internacional, Pan Para el Mundo, Global Witness y la Unión Europea.
El informe, publicado a cuatro meses de la salida de Petro de la Casa de Nariño, no solo cuenta los muertos. También pregunta por qué siguen muriendo. “Cuando se hace alusión al incremento de la violencia, distintos sectores han optado por referirse al ‘fracaso de la paz total’, una tesis con numerosos argumentos a favor, que en todo caso trasciende a un problema de diseño de política pública”, dice el balance. Es decir, para Somos Defensores el problema es más profundo y más viejo: una cadena de omisiones que atravesó todo el gobierno.
Tres años –alerta el informe– pasaron sin que se adaptaran las medidas necesarias para garantizar la protección de los liderazgos, aun cuando en el discurso el presidente ha insistido en su protección. “Pronunciamientos del jefe de Estado no coinciden con las actuaciones administrativas encargadas de adoptar medidas frente a los escenarios de riesgo que enfrentan las personas defensoras”, advierte el documento.
Además, señala que la Unidad Nacional de Protección (UNP) continúa operando bajo lógicas tradicionales que no han logrado frenar las agresiones. “Siguen reproduciendo prácticas viejas, que no han evitado la materialización de agresiones en distintos contextos”. Aunque se han anunciado procesos de modernización, el informe concluye que estos cambios aún no se reflejan en garantías reales para la vida e integridad de quienes defienden los derechos humanos.
“Hay un modelo de protección vigente que es altamente eficaz en medidas de protección individual, como un botón de pánico y un chaleco, pero no enfocadas en medidas preventivas”, expresa Quinche.
Otro ejemplo que advierte Somos Defensores es que la Corte Constitucional había declarado en 2023 un Estado de Cosas Inconstitucional y ordenado medidas urgentes mediante la Sentencia SU-546. “Se esperaba que la voluntad política del primer gobierno progresista y las órdenes contenidas en la Sentencia SU-546 dinamizaran una agenda nacional de garantías que venían jalonando buena parte de las organizaciones que apoyaron permanentemente a este Gobierno”, denuncia el documento.
La impunidad y la violencia digital
A todo ese panorama se suma lo que el informe llama el problema crónico en avance de investigaciones: del total de asesinatos verificados entre 2002 y septiembre de 2025, solo el 12 % ha tenido sentencia condenatoria.
Es una impunidad que se ve también reflejada en materia de violencia digital –hackeos, inhabilitación de perfiles y campañas de odio en redes–, donde la situación es igual de sombría: de 266 casos documentados por la Fiscalía General de la Nación, ninguno llegó a una etapa de juicio. Solo uno de esos casos se encontraba en fase de investigación.
“Eso es alarmante, porque esto quiere decir que estos casos no están avanzando en debida forma, además de no ser certificados en forma correcta. Y, además, dentro de esos 265 casos, el 40 % estaban inactivos. Entonces, la Fiscalía no cuenta ni con un procedimiento adecuado ni tampoco avanza en los casos que recibe”, explica Quinche.
Son acciones que anteceden a los mismos asesinatos. Según documentaron, en 2025 aumentó el número de personas asesinadas que ya habían sido víctimas de ataques previos. “Es muy importante ligar las agresiones que anteceden muchas veces al hecho mayor de gravedad, que son los asesinatos”, señala.
Asimismo, insiste en que la violencia digital sigue siendo subestimada, pese a su impacto directo sobre los liderazgos sociales. “Busca no solamente acallar e infundir miedo a una persona, sino también muchas veces desprestigiarla”, explica, y advierte que esto golpea la legitimidad de quienes defienden derechos, que depende en gran medida del reconocimiento de sus comunidades.
Denuncias de ejecuciones extrajudiciales
El segundo semestre de 2025 también estuvo marcado por el giro militar del Gobierno. Desde febrero de ese año, cuando el general (r) Pedro Sánchez asumió el Ministerio de Defensa, retornaron los bombardeos y la militarización de territorios.
En ese contexto, comunidades de Cauca, Arauca y Guaviare denunciaron presuntas ejecuciones extrajudiciales de líderes sociales. “De hecho, la actual cartera de Defensa tiene la obligación moral, legal y política de esclarecer cómo fue el accionar de la Fuerza Pública en los hechos ocurridos en 2025, en los que fueron asesinados María Mariela Monsalve Tobón, Luis Fernando Sánchez Caicedo y Ned David Valencia Rodríguez”, alerta el informe.
El Cauca, una vez más, concentró los índices más altos de violencia contra defensores. Los pueblos Nasa, Awá y Wiwa figuran entre los más golpeados.
Quinche explica que junto con ese giro en la ofensiva militar también identificaron alertas por la falta de escucha a actores civiles en medio de crisis humanitarias en regiones disputadas por esas estructuras, como Catatumbo, Cauca y Guaviare.
“No se ha escuchado debidamente a las instancias civiles y a los representantes de distintos sectores, como organizaciones cívicas -juntas de acción comunal y otros, que han hecho llamados para que, en el marco de los diálogos que mantiene el Gobierno con algunas estructuras armadas dentro de la Política de Paz Total, se tengan en cuenta unos mínimos en los que se respete a la población civil. Esto es muy dramático de cara a varios de estos departamentos, donde hay disputas entre actores armados ilegales que pertenecen a distintos grupos y que tienen un comportamiento muy dinámico”, señala.
Somos Defensores advierte que transformar el sistema de protección no solo cobra vidas, sino que retrasa los cambios que el país necesita para que defender derechos deje de ser en Colombia un acto de valentía extrema.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com;nortega@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.
