En imágenes: campesinos del Catatumbo exigen que saquen la guerra de su territorio

Entre el 18 y el 24 de febrero, cerca de 1.000 campesinos mantuvieron un asentamiento humanitario en las veredas Islitas y Monte Tarra, de Hacarí, para exigir que una base militar de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) número 3 fuera reubicada, pues está en medio de las viviendas de los pobladores.

La movilización fue convocada luego de que el pasado 31 de enero esa base fuera atacada por un grupo armado con cilindros explosivos que no alcanzaron a llegar a su objetivo y detonaron muy cerca de las casas de los campesinos.

Tras ese ataque, el primero de febrero 38 familias, las que viven más cerca a la base, salieron desplazadas hacia el casco urbano de Hacarí. Su condición para volver es que la base sea reubicada.

Además de los hostigamientos a ese puesto militar por parte de grupos armados, la comunidad denuncia que los militares asentados allí realizan empadronamientos a los pobladores, retenes arbitrarios, registros fotográficos a las cédulas de los campesinos, ocupan bienes civiles, usan el agua de la comunidad y señalan a los integrantes de las juntas de tener vínculos con la insurgencia.

El asentamiento humanitario fue convocado por las juntas del corregimiento San José del Tarra, de Hacarí, apoyados por el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) y la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat).

Los líderes de la movilización decidieron levantar el asentamiento humanitario el jueves pasado, luego de que en una reunión con el Ejército, la alcaldía, la Personería, la Procuraduría, ONU DD.HH. y la Comisión de Paz del Senado se decidiera que esta semana se va a realizar un encuentro con el comandante de la Segunda División del Ejército, general Marcos Evangelista Pinto, para que él autorice el traslado de la base militar.

En la zona hacen presencia el Eln, el Epl y un grupo disidente de las Farc, que se disputan el territorio y también han impuesto sus normas a la población civil. Los pobladores han denunciado que les prohibieron venderles productos a los militares y los han señalado de ser informantes o colaboradores del Ejército.

En el albergue para víctimas de Hacarí permanecen alrededor de 15 familias de las 38 que salieron desplazadas el primero de febrero. Allí reciben atención de la alcaldía y están en buenas condiciones, pero tienen sus parcelas, sus cultivos, su ganado y sus viviendas a la deriva.

El sábado 27 de febrero, 23 congresistas y 63 organizaciones sociales firmaron una acción urgente en respaldo a las comunidades de esas veredas y las familias desplazadas. “En caso de no darse cumplimiento el campesinado se movilizará nuevamente de manera masiva”, advierte ese documento.

En medio de todos los actores armados que tienen presencia en la zona, el llamado de la movilización campesina es para recordarles a las partes de la confrontación que los civiles no son parte de la guerra.