Colombia + 20

19 Oct 2021 - 2:00 a. m.

En Pescadito (Arauca), se resisten a los desalojos y a los grupos armados

Al norte del municipio de Arauca se ubica este asentamiento humanitario, una comunidad de migrantes venezolanos y víctimas del conflicto armado colombiano. Sus habitantes denuncian intimidaciones constantes de grupos ilegales como El Tren de Aragua.
Camilo Pardo Quintero

Camilo Pardo Quintero

Periodista Proyectos especiales
Dentro de sus peticiones al Gobierno está que los pobladores más vulnerables de Pescadito sean reubicados en otra zona de Arauca. / Cortesía
Dentro de sus peticiones al Gobierno está que los pobladores más vulnerables de Pescadito sean reubicados en otra zona de Arauca. / Cortesía

Por unos breves instantes, por favor haga el ejercicio de imaginar cómo sería su vida siendo un nómada que es rechazado en todas partes a donde llega. Usted no tiene más remedio que moverse y buscar refugio, porque de lo contrario los fantasmas de un pasado que jamás quiso vivir lo van a perseguir y acabar. Todo lo que usted ama está en riesgo y su única salida es aferrarse a lo que le inspire coraje para afrontar lo inimaginable. Qué difícil vivir así, ¿cierto?

Desde hace poco más de cuatro años, especialmente durante el último mes y medio, esa es la sensación que recorre a los habitantes del asentamiento de Pescadito, un espacio humanitario ubicado al norte de Arauca (Arauca), oficialmente catalogado como “ilegal”, en el que a la fecha habitan 96 familias migrantes venezolanas, 93 familias acreditadas en el Registro Único de Víctimas (RUV), 23 familias retornadas al país, por diferentes motivos, y 22 familias colombianas más en condición de pobreza extrema, que vieron en esa comunidad una oportunidad de comenzar de nuevo y salir adelante.

En junio de 2018, la ONG Equipo Humanitario se encargó de visitar la zona para evaluar las condiciones generales de asentamiento en Pescadito. El balance fue desalentador y similar al que se vive hoy: hay un sistema de salud con capacidades limitadas, dinámicas de conflicto armado latentes, carencia de medios de vida, déficits en seguridad alimentaria y un acceso precario al agua y saneamiento básico.

A sabiendas de estas condiciones, las familias de Pescadito se han aferrado al que ha sido su hogar por los últimos años y, con peligros latentes contra su integridad a lo largo de 2021, han librado dos frentes de batalla para sobrevivir.

Por un lado, una campaña de resistencia contra actores armados que tienen en este asentamiento y en Jerusalén, la comunidad vecina, un campo de batalla en el que se disputan rutas de narcotráfico que conectan la frontera colombo-venezolana en ese sector. Algunos líderes consultados por este diario y datos de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo señalan que se trata de disidencias de las Farc, estructuras del Eln y miembros de la banda venezolana de crimen organizado El Tren de Aragua, que ha exportado su actividad criminal a los departamentos de Arauca, Norte de Santander y a otros países suramericanos, como Ecuador, Perú y Chile, según investigaciones de los diarios El Comercio (Perú) y La Tercera (Chile).

(Lea: “Para que cese el conflicto, se le deben cumplir los acuerdos a las comunidades”)

Y por el otro, rifirrafes judiciales en juzgados araucanos, con autoridades departamentales y organizaciones como Corporinoquia, que han llegado incluso hasta la Corte Constitucional. El objetivo: no ser desalojados. La situación fue tan crítica a inicios de este año, que fue obligatoria la intervención de organismos internacionales que fungieron como veedores de derechos humanos y colectivos de abogados, que pidieron no ser mencionados en este artículo, para que les ayudaran a presentar recursos como la tutela, con el fin de luchar por un territorio que entienden como suyo.

Durante el último año, la Alcaldía de Arauca y Corporinoquia interpusieron acciones legales para desalojar a la población, al considerar que el asentamiento está en una zona no autorizada y puede representar un riesgo alto para la población en aspectos sociales y ambientales. Según los habitantes de Pescadito, las formas en las que los intentaron desalojar violan sus derechos fundamentales y les imposibilita acceder a rutas de atención estatal oportunas.

La lucha por una vida digna

“Todos los días se viven acá como si fuera el último. Si no tenemos la sensación de que alguno de esos grupos armados nos va a hacer algo, pues llegan los miedos de que nos desalojen. Los líderes hemos tenido un estrés constante en las últimas semanas, porque luchar por nuestra dignidad no es solo pararnos y hablar en público, sino arriesgar nuestra integridad frente a problemas que muchas veces son invisibles para muchos. Por ejemplo, entender y afrontar por qué Corporinoquia insistió tanto en sacarnos de acá. Ya tenemos un fallo de tutela a nuestro favor, ¿pero a quién le interesa que salgamos del territorio para morir a la deriva?”, relató un líder de la zona.

Esta situación que comenta el entrevistado data de enero de 2021, cuando la Alcaldía de Arauca y otras autoridades administrativas de nivel departamental le dieron a la comunidad de Pescadito un plazo de dos meses para salir de la zona, sin represalias jurídicas.

A partir de allí se desató una batalla legal que hasta hace pocos días tuvo un desenlace a favor de la comunidad. En febrero de 2021, 10 líderes del asentamiento interpusieron una acción de tutela ante un juzgado del Circuito Judicial de Arauca, en el que alegaron que tanto la Alcaldía como la Gobernación de Arauca, al igual que las secretarías locales de Inclusión Social, Planeación y Gobierno no tenían establecido un censo de Pescadito, privándolos así de garantías para el goce de derechos colectivos protegidos, con un especial énfasis en la población menor de edad y en aquellos con vulnerabilidades, como las víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado.

Los primeros meses del año fueron de angustia para estas familias. Según información local, “llegó Policía, el Esmad y otras autoridades para sacarnos. Pero nada de eso se concretó al no tener una respuesta clara por parte del Circuito Judicial o de otra autoridad que fallara frente a esa instancia”.

(Vea: ‘En Riosucio, las víctimas necesitan confianza para contar sus historias’: líderes)

Ese caso llegó a la Corte Constitucional y se determinó en primera instancia, sobre el mes de junio de 2021, que “la acción de tutela no procede como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, por regla general”, como se lee en una consideración jurídica a la que tuvo acceso Colombia+20.

En la apelación a ese fallo, los alegatos de la comunidad se enfocaron en que era necesaria la reubicación de algunas familias con condiciones especiales de vulnerabilidad, sin acabar con el asentamiento humanitario. Consideraban que así el Estado les garantizara goce de servicios, de programas de vivienda digna y de mitigar los riesgos sobre su integridad frente a grupos armados.

“No estuvimos de acuerdo con la decisión de primera instancia y ahora nos da más tranquilidad saber que obtuvimos una respuesta a favor de la comunidad. No queremos que haya desalojos y seguramente habrá rigurosidad en los censos allí, para que el Estado sepa con exactitud cómo atender a esta población vulnerable de forma diferenciada, acorde con los flagelos que les ha tocado vivir”, dijeron desde una de las organizaciones de abogados que ha estado asesorando a la comunidad de Pescadito.

A su turno, Rosa*, víctima de desplazamiento forzado que llegó a Pescadito hace dos años, manifestó que, a pesar de haber salido victoriosos con la tutela, en Pescadito temen que las autoridades locales y departamentales no garanticen sus derechos. “Tenemos un documento que nos cobija para quedarnos acá y que nos ayuden, que nos costó mucho esfuerzo sacarlo adelante. Ahora esperamos que cumplan y que respeten la dignidad de los que vivimos acá, independientemente de si somos colombianos o no, merecemos una vida tranquila”, sentenció.

“Nadie nos defiende de los armados”

Miguel* lleva viviendo en Arauca más de 25 años, tres de los cuales ha estado en Pescadito, y dice que jamás sintió tanta zozobra y preocupación ante un grupo armado como la que está viviendo cerca de su asentamiento. “Los del Tren de Aragua no median con palabra, te van golpeando o disparando si no cumples con lo que dices. No son selectivos, eligen a cualquiera para hacer cosas de microtráfico o para otros delitos. En el último mes nos ha tocado escuchar y presenciar disparos entre ellos y creemos que gente del Eln; nadie sabe, ni las autoridades, a quienes no les interesa lo que pasa acá. El temor de las víctimas del conflicto es no tener comunicación fluida con la Unidad de Víctimas; el de los migrantes, que su situación con sus papeles es irregular, y el de todos, que nadie nos defiende de los grupos armados”, denunció.

Por su parte Rosa, dijo que, a pesar de contar con respaldo constante de organizaciones sociales nacionales e internacionales que se mantienen pendientes de su día a día y de la salvaguarda de sus derechos, aún hay muchos esfuerzos estatales que se quedan cortos. “No puedo hablar mucho de esos señores, porque a los líderes siempre nos tienen en la mira. Pero, por favor, protéjannos. Ya un fallo de un juez nos garantiza quedarnos acá por un tiempo más, pero queremos hacerlo sin el miedo a que algún grupo armado ilegal nos aceche, aquí hay niños y gente que se ha jugado todo por un mejor mañana y por su dignidad, solo queremos lo que nos corresponde como seres humanos”, concluyó.

Este diario intentó comunicarse con la Alcaldía de Arauca y con la Secretaría de Planeación local, pero no se obtuvieron respuestas al momento de publicar este artículo.

* Cambio en el nombre de la fuente por petición expresa del entrevistado.

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