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En Colombia, los defensores ambientales son asesinados por buscar que se respeten los derechos de sus comunidades y de la naturaleza ante el impacto de las empresas extractivas nacionales e internacionales, y el Gobierno carece de capacidad o voluntad para protegerlos. Así lo concluye el informe “Proteger nuestra casa común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica”, publicado este 21 de octubre, que revela una serie de patrones comunes en seis países de la región (Colombia, Honduras, Guatemala, Brasil, Perú y Bolivia) sobre los riesgos que viven los defensores.
Róbinson Mejía es uno de ellos. Agitado, y con la señal entrecortada, atiende esta entrevista desde el centro de Falan (Tolima), mientras acompaña una movilización ciudadana que pretende “evitar que la Agencia Nacional de Minería otorgue títulos mineros para explotar el 80 % de este territorio”. Esa ha sido la lucha del ingeniero forestal y líder ambiental desde que en 2017 decidió ser uno de los promotores de la histórica consulta popular que se negó (con el 97,7 % de los votos) a la minería por parte de la multinacional AngloGold Ashanti en Cajamarca (Tolima).
Cuatro años después, Mejía sigue denunciando amenazas por su activismo: en lo que va de 2021 ha recibido tres intimidaciones, aunque eso no es lo que más miedo le genera. Teme que su gestión y los votos de los cajamarquinos hayan sido en vano: “Ni la AngloGold Ashanti ni el Gobierno han querido reconocer los resultados de la consulta popular. Hay varias demandas que buscan desmontar el acuerdo municipal que la adoptó y la minera está tratando de solicitar las áreas perdidas a través de un tercero ”, señala.
Este es uno de los dos casos que se abordan en el capítulo de Colombia del informe realizado por la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (Codacop), el colectivo Siembra, el Colectivo socioambiental juvenil de Cajamarca, el movimiento Defendiendo la Tierra, el Territorio y el Medio Ambiente, y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en un trabajo coordinado por la Agencia Católica para el Desarrollo en el extranjero, cofinanciado por la Unión Europea.
De acuerdo con el documento, Colombia sigue siendo el país con mayor cantidad de defensores asesinados en el mundo, con 177 casos en 2020, según Front Line Defenders, de los 313 homicidios a líderes ambientales que hubo en el mundo; es decir, uno cada 2,5 días. “El Gobierno apoya y protege al sector de las empresas extractivas, y como es una parte central de su plan de desarrollo actual, constituye uno de los principales ejes impulsores de la recuperación económica”, se lee en el documento.
A nivel regional, Colombia sigue siendo el país con mayor riesgo para ejercer estos liderazgos, pese a que existen más de 10 resoluciones legales para proteger el derecho de las comunidades a un medio ambiente seguro, el 56% de los asesinatos de defensores de derechos humanos el año pasado se dieron aquí. Por su parte, en la amazonía peruana, al menos siete líderes indígenas y defensores medioambientales fueron asesinados entre enero y marzo de 2021. En Honduras, por otro lado, ocho personas defensoras del agua han pasado más de 21 meses encarcelados injustamente por contradecir las formas de hacer minería del proyecto Inversiones Los Pinares; algo similar que lo que ha pasado en Guatemala, donde 313 líderes enfrentaron cargos legales por su trabajo. Mientras que en Bolivia y Brasil, el año pasado, fueron destruidas 64.000 y 11.088 kilómetros cuadrados respectivamente de áreas protegidas, lo que representa la cifra más elevada de pérdidas en la última década.
Según alerta el estudio, quienes defienden la tierra y el medioambiente en la región se enfrentan a seis problemas que hacen parte de un patrón: acceso desigual a tierra y recursos naturales; entornos hostiles y con espacios reducidos de participación ciudadana; contextos de presencia estatal limitada y corrupción e impunidad generalizadas; estigmatización y criminalización contra los defensores de derechos humanos; ayudas prioritarias a las empresas en la reactivación económica, y el impulso de las actividades extractivas por parte de empresas y corporaciones.
Consulta popular, en riesgo
Los defensores del territorio en Cajamarca (Tolima) denuncian haber vivido amenazas y falta de mecanismos efectivos de participación. “Siempre nos han dicho que nuestro problema es que no queremos que Cajamarca esté bien”, cuenta Róbinson Mejía. Según el informe, también los han tildado de “desempleados” y “guerrilleros”.
Aunque no hay certeza de dónde provengan estas intimidaciones, explica que en la mayoría de casos están firmadas o lideradas por hombres identificados como las Águilas Negras y los Rastrojos. “Este año, por ejemplo, difundieron un panfleto donde se les declaraba objetivo militar, luego llamaron a un compañero y le pusieron una canción fúnebre al teléfono”, describe el líder, que tuvo que acudir a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Sobre el caso de Cajamarca, el informe recalca la necesidad de que se reconozca la legalidad de la consulta popular celebrada en 2017, pues a raíz de varias sentencias emitidas por la Corte Constitucional, desde 2018, no se pueden hacer consultas públicas por iniciativa ciudadana que pretendan impedir la explotación de minerales. “Estas decisiones han permitido que el Gobierno y las empresas traten de minimizar la naturaleza legal y vinculante de las consultas, incluso las que ya se habían llevado a cabo y que han recibido múltiples respaldos administrativos y de las autoridades judiciales”, advierten.
Por eso, con el apoyo del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, las organizaciones pidieron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que se desarrollen mecanismos efectivos de participación en temas relacionados con la minería.
La protección del agua que le queda a La Guajira
Otro de los casos mencionados en el informe se vincula a la minera a cielo abierto Cerrejón, ubicada en la cuenca del río Ranchería, al sureste de La Guajira y en la línea de la frontera con Venezuela. Samuel Arregocés Pérez, líder del Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Tabaco, dice que una de las preocupaciones actuales de las comunidades étnicas es que, desde la llegada de la multinacional al territorio hace 40 años, han perdido 17 fuentes hídricas por las actividades de minería. En el informe documentan que otras 20 comunidades han sido desplazadas desde entonces.
Samuel conoce de cerca el desplazamiento porque lo ha tenido que vivir dos veces: la primera fue en 2017, cuando después de varias intimidaciones y amenazas por parte de hombres identificados como de las Águilas Negras, tuvo que abandonar el departamento y desplazarse hasta Santander con su familia ante el inminente riesgo de homicidio. Sin embargo, los grupos armados lo siguieron hasta allí y ese mismo año tuvo que volver a salir de su territorio, esta vez hacia Suiza, donde permaneció por un mes denunciando su situación ante la comunidad internacional.
En 2019, Samuel decidió retornar junto a su familia y volver a asumir el liderazgo. Hoy su departamento sigue siendo mencionado en informes internacionales que alertan el riesgo de defender la tierra y el agua en Colombia. Ahora una de sus principales preocupaciones es el arroyo Bruno, que surte a al menos 15 comunidades étnicas y que ha sido desviado de su cauce natural para el extractivismo. “En esta zona semiárida, la falta de agua, agravada por las operaciones mineras y los cambios climáticos, es de gran preocupación y supone una amenaza existencial para el pueblo Wayúu. La mina utiliza 24 millones de litros de agua al día”, advierten en el documento.
Aunque para la comunidad y el Cinep no hay relación directa o comprobada entre la presencia de la empresa y las intimidaciones a los líderes, lo cierto es que “cada vez que, por ejemplo, promovíamos consultas populares o hablábamos de la protección ambiental, éramos tildados de estar contra el desarrollo”, explica Samuel, cuya única protección, por ahora, es un chaleco antibalas y un botón de pánico que le entregó la UNP en caso de peligro.
Las recomendaciones para proteger a los líderes ambientales
Como conclusiones y recomendaciones, el informe sugiere que tanto la Unión Europea como los demás países nombrados en el documento introduzcan legislaciones robustas sobre los derechos medioambientales y que incluyan “disposiciones firmes sobre la responsabilidad y el acceso a reparaciones para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas”.
También piden que se garantice el derecho a las consultas populares y se respete el papel de las organizaciones de derechos humanos en esta materia. Asimismo, implementar mecanismos de protección preventivos contra amenazas, intimidaciones y homicidios de los que puedan ser víctimas los y las líderes ambientales.
En el caso de las empresas, sugirieron detener la estigmatización y criminalización de los defensores de derechos humanos y demostrar su compromiso por el cuidado del medioambiente y respetar los principios de las comunidades étnicas del territorio donde operan.