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El panorama actual del conflicto armado en el país ha venido mostrando una contradicción entre el aumento de la fragmentación de los grupos armados, su falta de cohesión y de mando y al tiempo cómo han venido fortaleciendo su presencia territorial, su capacidad económica y militar.
Esa es una de las principales conclusiones del informe El poder armado en expansión, de la Fundación CORE, que analiza la evolución de las principales estructuras armadas entre 2018 y 2025 y advierte que varias organizaciones ilegales atravesaron profundas fracturas internas sin que eso significara una reducción de su capacidad de guerra.
“La mayoría de los grupos armados organizados entre 2018 y 2025 se fortalecieron en lo militar, lo económico y lo político”, concluye el documento, aunque “en lo organizacional, la mayoría se debilitaron, especialmente por sus divisiones abiertas cuando buscaban al tiempo tener mayor cohesión”.
De hecho, cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro inició los diálogos de paz con algunas de esas estructuras, esos grupos -que habían quedado dispersos tras abandonar o no firmar el Acuerdo de Paz de 2016- estaban resolviendo cómo convertirse en organizaciones armadas.
“El Estado Mayor Central (De Iván Mordisco) y el EMBF (de Calarcá Córdoba) intentaban pasar de la coordinación a la verticalidad, pero terminaron divididos; y la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB, al mando de Walter Mendoza) crearon una organización sombrilla, pero terminaron separados”, concluye el informe.
Aunque gracias a esa fragmentación el país hoy tiene cuatro grupos armados -algunos más débiles que otros- el Gobierno solo tiene dos mesas activas. Una con la disidencia de Calarcá y otra con la de Mendoza.
El caso más representativo es el de las disidencias de las FARC. Según el informe, el entonces Estado Mayor Central de Mordisco, venía intentando desde años atrás consolidar bajo un solo mando a múltiples grupos armados regionales que operaban de forma relativamente autónoma.
Sin embargo, el proceso nunca terminó de consolidarse. “Un comandante de frente en ese momento describía la relación interna como ‘unas coordinaciones’”, relata el documento.
Con el inicio de la política de Paz Total, ese intento de cohesión tomó mayor relevancia. El informe afirma que “en abril 2023, el EMC tuvo su primera reunión presencial de todos sus comandantes en los llanos del Yarí, propiciada por el gobierno nacional en su mesa de negociación con el grupo”.
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En otras palabras, y a la luz no solo de las divisiones que se han presentado sino de hechos posteriores, el Gobierno puede estar negociando con comandantes que no necesariamente controlan ni tienen capacidad de mando sobre las estructuras que dicen representar.
Un ejemplo reciente se da con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. La responsabilidad del crimen apunta hacia el Frente 36, una estructura que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes(EMBF), la disidencia comandada por Calarcá Córdoba y con la que el Ejecutivo mantiene una mesa de negociación.
Sin embargo, la respuesta de la disidencia fue que el asesinato del periodista “jamás fue autorizado por esta Dirección Nacional” y afirmó que “ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar”.
La estructura afirmó que “de ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar”.
El hecho violento evidencia dos fenómenos interrelacionados que se ha venido presentando con varias estructuras armadas ilegales en el país en los últimos años. Por un lado, las divisiones que se vienen presentando dentro de ese grupos-la misma disidencia de Calarcá se creó por una fragmentación con el Estado Mayor Central-y por consecuencia, que el Gobierno negocia con estructuras que no tienen mando, cohesión y capacidad de responder políticamente por sus hombres en los territorios.
Para CORE, uno de los riesgos de ese proceso era que las negociaciones terminaran fortaleciendo internamente a grupos que todavía estaban en proceso de reorganización. “Si el proceso fracasaba, el grupo hubiera salido más fuerte gracias al gobierno”, advierte el informe.
La Segunda Marquetalia vivió una situación similar. El grupo encabezado por Iván Márquez intentó consolidar una alianza nacional con los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, pero el proyecto terminó fracturado y ahora el Gobierno solo dialoga con la CNEB de Mendoza. .
Detrás de las fracturas, dice el informe de CORE, hay disputas sobre liderazgo y tomas de decisiones, recursos económicos y, por supuesto, sus visiones sobre lo que debería ser y/o hacer en el grupo armado, entre otros.
Más combatientes y más territorio ganado por los Grupos Armados Organizados
Esa flexibilidad ayuda a explicar por qué la fragmentación no produjo necesariamente una reducción de la violencia o del poder armado. Mientras varias estructuras se dividían, también expandían su presencia territorial y fortalecían economías ilegales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras rentas criminales.
Un punto importante es que el documento sostiene que el período de expansión de los grupos armados organizados en Colombia, no solo compromete al gobierno de Gustavo Petro, sino que este fenómeno venía desde la administración de Iván Duque.
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El informe señala que la mayoría de los grupos armados crecieron en capacidad militar, presencia territorial, poder económico y control político. El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), fue el grupo armado ilegal que más se fortaleció o que se fortaleció en todos sus aspectos -especialmente durante el gobierno Petro-, seguido del ELN y de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente, lideradas por Calarcá Córdoba, y del Estado Mayor Central e Iván Mordisco.
Sobre el ELN, el documento señala que “por su parte, es un caso más difícil. En el sentido estricto militar, de municipios con injerencia, desde 2018 se ha expandido, pero en los últimos años en lo militar, se ha estancado. Una parte de su expansión que sí ha mantenido ha sido por trabajo político”.
“El debate público suele enfocarse solo en la dimensión militar, pero es importante analizar todas”, señala el informe, que estudia cinco dimensiones del fortalecimiento armado: militar, económica, organizacional, política e ideológica.
Este panorama ha conllevado al crecimiento sostenido del número de integrantes de los grupos armados. Según cifras de la Fuerza Pública citadas por CORE, en 2018 había 12.883 integrantes en los principales grupos armados organizados. Para 2022 la cifra subió a 15.120 y, a diciembre de 2025, alcanzó 27.121 miembros.
Otros informes como el de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de enero de este año también coinciden con esa cifra.
Esto representa un aumento de más del 110 % entre 2018 y 2025 y de 79 % entre 2022 y 2025. Por ejemplo, el ELN pasó de 4.857 integrantes en 2018 a 6.810 en 2025.
Las disidencias de las Farc también mostraron crecimiento. El EMC y el EMBF, que hasta 2024 eran contabilizados como una sola estructura, pasaron de 3.749 integrantes en 2018 a 6.977 en 2025.
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En el caso del EGC o Clan del Golfo, el informe registra un incremento de 3.632 integrantes en 2018 a 9.840 en 2025. “El EGC ha logrado un crecimiento sostenido, sobre todo desde 2022 hasta 2025”, señala CORE.
“Es importante recordar que una parte de esta dinámica es por la inclusión de nueva información para actualizar las cifras año a año. Al mismo tiempo, el EGC ha estrechado sus relaciones con organizaciones con las que tenía una relación de tercerización, lo cual ha aumentado la cantidad de personas consideradas integrantes directas del grupo”, dice el documento.
Asimismo, el informe advierte que este crecimiento ocurre a pesar de capturas, muertes en operaciones militares, sometimientos y desmovilizaciones. “Los grupos tienen que reemplazar sus integrantes perdidos si quieren, al menos, mantener su poder militar actual”, indica el documento.
Expansión territorial de los Grupos Armados Organizados
La mayoría de los grupos armados ampliaron su presencia territorial. En el caso de la guerrilla del ELN, esta pasó de tener injerencia en 135 municipios en 2018 a 219 en 2025. El Clan del Golfo, por su parte, pasó de 179 municipios a 292 en ese mismo período.
El EMC creció de 61 municipios a 133, mientras que el EMBF pasó de 30 a 113 municipios. Sin embargo, no todos aumentaron su presencia en las mismas regiones.
Por ejemplo, el Clan del Golfo reportó un incremento especialmente en la costa Caribe, Montes de María, Magdalena Medio y Chocó.
El EMC, por su parte, se fortaleció en Amazonas, Huila, Tolima y Valle del Cauca, mientras que el EMBF avanzó en Antioquia, sur de Bolívar y parte del centro del país.
En el caso del ELN, este grupo no solo se expandió militarmente, sino también mediante trabajo político y redes de milicianos. El informe asegura que en 2025 esa guerrilla tenía injerencia en 219 municipios: en 169 operaban estructuras militares, en 101 sus milicianos y en 62 desarrollaba trabajo político.
Reclutamiento y adaptación de los Grupos Armados Organizados
El informe de CORE plantea que el fortalecimiento militar de los grupos armados está ligado a una alta capacidad de adaptación frente a las operaciones estatales. Aunque los combates entre Fuerza Pública y grupos armados aumentaron en los últimos años, las organizaciones ilegales continuaron creciendo.
Según datos citados en el documento, en 2025 hubo 563 combates entre Fuerza Pública y grupos armados, frente a 408 en 2024 y 294 en 2023.
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Pese a las ofensivas, los grupos armados han desarrollado estrategias para resistir la presión militar. Entre ellas menciona el uso de drones, restricciones a la movilidad de las comunidades y mayores controles sobre la población civil. Esto último, por ejemplo, lo hemos visto en departamentos como Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.
Otro punto importante y que ha vuelto a despertar preocupación por el crecimiento de integrantes en estos grupos es el aumento del reclutamiento, especialmente desde la pandemia. El informe señala que, durante el trabajo de campo realizado por la organización, “las comunidades, autoridades, organizaciones y otros actores locales reportan que han percibido un incremento en reclutamiento por los grupos armados ilegales”.
Además, sostiene que los grupos han diversificado sus métodos de reclutamiento mediante redes sociales como Facebook y TikTok y el uso de reclutadores independientes.
El informe insiste en que el fortalecimiento de los grupos armados no puede explicarse únicamente por la política de Paz Total del gobierno Petro.
Atribuir todos los problemas de seguridad a esa política sería una lectura simplista, según CORE. “Terminar con la Paz Total por sí solo no llevará a mejoras en seguridad, pues es necesario ajustar otras políticas adicionalmente”, afirma el documento.
Sin embargo, también advierte que ignorar el impacto que pudo tener la estrategia de negociación sería equivocado. “No hay nada que revisar en las negociaciones que han ocurrido” sería otra conclusión equivocada, añade el informe.
Finalmente, se concluye que tanto el gobierno de Iván Duque como el de Gustavo Petro “tenían la responsabilidad de cambiar esta tendencia y ninguno pudo”.
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