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Decenas de personas se pusieron cita en diferentes ciudades del país para exigir el respeto de la vida de los guardaparques en Colombia. Con velas y camisetas blancas se manifestaron el martes 29 de enero. Lo hicieron debido a que el 2019 arrancó con una noticia nefasta: el asesinato del funcionario Wilton Orrego en la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en el departamento de Magdalena. El crimen hace parte de la historia de violencia que se sigue escribiendo en el país contra quienes se dedican a proteger los Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN).
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Los riesgos habían sido advertidos. En una alerta temprana, emitida por la Defensoría del Pueblo el 7 de mayo de 2018, se reseñaba que en el 2016 algunos funcionarios y contratistas de PNN se vieron obligados a salir de Magdalena debido a amenazas. A eso se suma que en el 2014 fueron desaparecidos forzosamente dos guías turísticos en el Parque Tayrona.
El año pasado se presentaron 17 denuncias ante la Fiscalía por agresiones en contra de guardaparques. La violencia contra los funcionarios de PNN es de vieja data. El primer hecho se dio el 13 de noviembre de 1988, cuando murió, presuntamente a manos del Eln, Ricardo Antonio Elías Campo, quien era el jefe del parque El Cocuy (Boyacá). Su caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 27 de abril de 2017. Solo en el Tayrona han sido asesinados cinco. El primer homicidio en esa área se registró en 1994, año en el cual los violentos acabaron con la vida de tres personas que trabajaban para PNN. Esa entidad registra cuatro asesinatos desde 2004 hasta la fecha, de los cuales tres se dieron entre el Parque Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Los guardaparques velan por el cumplimiento de la normatividad ambiental, por lo cual tienen que actuar ante cualquier irregularidad. Es por eso que sus funciones muchas veces chocan con las pretensiones de los grupos armados que tratan de instaurar, por ejemplo, economías ilegales en las áreas protegidas. “Son los encargados de asegurar que esas áreas cumplan con el cometido de protección de la biodiversidad y para la recreación de los colombianos”, resumió Manuel Rodríguez, quien fue ministro de Ambiente y director del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente entre 1990 y 1994.
Rodríguez recuerda que, antes de que él llegara a esos cargos, ya se hablaba de los ataques contra los funcionarios. Cuando estuvo en esas instituciones vio cómo el Parque Los Katíos se quedaba sin guardaparques debido a que debieron trasladar a los funcionarios por amenazas de los grupos armados. “Llevamos 30 años con un proceso de violencia contra los funcionarios, sus instalaciones, su movilidad y su gestión”, aseguró Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.
Apenas un ejemplo de esa situación se encuentra en los parques ubicados en La Macarena (Meta). Según señala Rodríguez, se supo que durante algunos períodos el fundador de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, vivió en el Parque Los Picachos. El experto también se refiere al parque Los Katíos, ubicado entre los departamentos de Antioquia y Chocó, como un sector que estuvo muy amenazado por el accionar de los grupos paramilitares.
Los grupos armados ilegales son los actores a los que más se atribuye la violencia contra los guardaparques. Guerrillas, paramilitares y, en menor medida, la Fuerza Pública han tenido choques con los funcionarios. Rodríguez coincide con Botero al afirmar que esos episodios se explican por que los actores armados intentan imponer sus reglas en zonas donde la autoridad son los guardaparques.
Los riesgos que encaran los guardaparques tienen una explicación en la que también coinciden Rodríguez y Botero: la falta de presencia estatal en las áreas protegidas. La Alta Consejería para el posconflicto lo reconoció en un boletín publicado en el 2017, en uno de cuyos apartes se lee: “gracias a las estrategias diseñadas en el marco de la gestión del riesgo público, Parques Nacionales Naturales logró permanecer en muchos territorios como la única presencia del Estado”.
“Los funcionarios son víctimas de la desatención del Estado en esos territorios y quedan a merced de cualquier cantidad de grupos que se están disputando el control”, aseguró Botero. “No hay quien les dé soporte cuando están claramente amenazadas sus vidas”, complementó Rodríguez.
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Desde la oficina de prensa de PNN respondieron que existe un protocolo para la protección de los guardaparques. Las amenazas son informadas a diversas entidades para que desarrollen las investigaciones y se le notifica el riesgo a la Unidad Nacional de Protección. Aunque desde el pasado martes intentamos comunicarnos con Julia Miranda, directora de PNN, nunca obtuvimos respuesta.
En cuanto a los roces con la Fuerza Pública, Botero cuenta que se dieron en parques de La Macarena en los cuales hubo molestias de los uniformados por la presencia de los guardaparques en zonas donde se desarrollaban operaciones. Luego de esos choques, cuenta el experto, se estipularon procedimientos a los cuales las fuerzas se tiene que ceñir para transitar por los parques.
Pero no son solo los asesinatos. Botero llama la atención sobre otras afectaciones. Dice que se reportan amenazas, desplazamientos, destrucción de la infraestructura y que hay casos en los que los guardaparques quedan con afectaciones psicológicas por haber presenciado hechos de guerra.
El control territorial al que se han hecho los actores armados ha acarreado afectaciones tanto a los funcionarios como a las áreas protegidas. Por ejemplo, en 25 parques hay presencia de minas antipersonal. Se estima que los parques Sierra de La Macarena, Cordillera Los Picachos, Sumapaz y Tinigua tienen contaminadas por esos artefactos el 28,05, 12,24, 9,44 y 5,76 % de su extensión, respectivamente. Además, en el 62,7 % de ellos hay presencia y tránsito de grupos armados, según datos de un boletín de 2017 publicado por la Alta Consejería para el Posconflicto.
El accionar de los grupos armados también ha estado acompañado de los cultivos de uso ilícito. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Undoc), los sembradíos de coca aumentaron de 7.995 a 8.301 hectáreas entre el 2016 y el 2017. En 16 parques hay presencia de dichos cultivos, pero el 67 % se concentra en tres: Serranía de La Macarena, Nukak y Paramillo. Tan solo en el primero se encuentran 2.832 hectáreas. El informe de dicha organización alertó sobre el crecimiento en cuatro de esas áreas: El Tuparro (Vichada), Alto Fragua Indi Wasi (Caquetá), Los Farallones (Valle del Cauca) y Munchique (Cauca). En esas regiones aumentaron los cultivos de coca en 87, 85, 96 y 64 %, respectivamente.
En julio de 2018, el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas anunció que a través de la erradicación manual lograron arrancar la totalidad de los cultivos de uso ilícito de 10 PNN. Según el exfuncionario, las áreas protegidas que no tendrían sembradíos son Doña Juana, Los Katíos, Los Picachos, Nukak, Las Hermosas, Sierra Nevada de Santa Marta, Sumapaz, Serranía de Chiribiquete y ahora Serranía de Yariguíes.
Pero los grupos armados ilegales no son los únicos generadores de riesgo en contra de los funcionarios de PNN. Rodríguez habla de “empresarios criminales que están interesados en explotar los parques”. Cuenta que se trata de algunos particulares que encomiendan la tarea de deforestar para poder, por ejemplo, poner a pastar al ganado. Dice que históricamente se han presentado conflictos con campesinos que habitaban los parques, pero los problemas se recrudecen cuando quienes se oponen a la labor de los funcionarios son los grupos armados.
Otros factores de riesgo para los parques y sus funcionarios son: la minería ilegal, que está presente en cinco áreas; la tala selectiva del bosque para la comercialización, que está en 11, y la ganadería extensiva, que se desarrolla en 12. Los datos fueron publicados en 2017 por la Alta Consejería para el Posconflicto.
Proponen soluciones
Botero insiste en que las afectaciones no solamente han recaído sobre los funcionarios, sino también han tenido impactos graves sobre los parques. Por ejemplo, dentro de sus perímetros se han construido carreteras, campamentos, bases de operaciones. Es por eso que le han pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz que reconozca esas áreas como víctimas del conflicto. Para demostrar que eso es posible, cita la sentencia en la cual se reconoció a la Amazonia como sujeto de derechos. Existen otros precedentes, como la sentencia que ampara al río Atrato (Chocó).Asimismo cree que las afectaciones contra los PNN deben ser investigadas y hacer parte de la construcción de verdad alrededor de los hechos que ocurrieron en medio del conflicto armado, espera que esas áreas protegidas tengan derecho a una reparación y hace énfasis en la no repetición. “El punto importante es cómo generar las condiciones para que no haya repetición de la conflictividad”, resalta Botero. Advierte que en este momento hay un gran riesgo de que la violencia siga teniendo lugar en dichas áreas. Eso lo reconoce PNN, que asegura que las zonas que producen mayor preocupación son: La Macarena (Meta), Tinigua (Meta), Los Picachos (Caquetá y Meta), Catatumbo (Norte de Santander), Paramillo (Córdoba y Antioquia), La Paya (Putumayo), Farallones (Valle del Cauca), Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena), Sanquianga (Nariño), Orquídeas (Antioquia y Chocó) y la Reserva Nacional Natural Nukak (Guaviare y Vaupés).
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Otro aspecto que enfatiza Botero son las condiciones laborales de los guardaparques. Según el experto, resulta “increíble” que dichos funcionarios no cuenten con un régimen especial que reconozca su labor como una profesión de altísimo riesgo. Además denuncia que no son bien remunerados y que les hace falta apoyo interinstitucional para hacer frente a las presiones de las cuales son víctimas. Debido al silencio de la directora de PNN, esta información no pudo ser contrastada.
Rodríguez plantea la posibilidad de que la Policía ambiental “se especialice en parques y esté debidamente armada”. Cita los ejemplos de países africanos en los cuales hay cuerpos armados protegiendo algunas zonas de los cazadores furtivos. “Uno no le puede pedir a un guardaparques nada distinto a que defienda los parques sin tener ninguna forma para defenderse”, recalca.
Ambos expertos concluyen que se necesita más presencia del Estado y control efectivo de las zonas. “Eso no es un asunto de militarizar los parques, sino una gestión conjunta del Estado en esos territorios”, concluye Botero. Mientras eso no ocurra, Colombia seguirá en deuda de construir la paz con el medio ambiente.