Alerta por aumento de desplazados por guerra de ELN y Frente 33 en Catatumbo que llega a 300

El presidente firmó el decreto que extiende por siete meses la ZUT en Tibú.

Foto: EFE - Mario Caicedo

Las últimas 48 horas en el Catatumbo confirman la crudeza de una guerra que sigue golpeando sin piedad a las comunidades. El recrudecimiento de los enfrentamientos armados, los desplazamientos forzados y el miedo instalado en la población reflejan una crisis humanitaria que se ha profundizado al cierre de 2025.

Según un comunicado emitido este 29 de diciembre por organizaciones sociales y humanitarias de la región, los nuevos choques entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han dejado el desplazamiento de más de 300 personas, restricciones a la movilidad, bloqueos a misiones médicas y humanitarias, así como afectaciones a la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación.

De acuerdo con el documento, el 14 de diciembre se registró el desplazamiento de 74 familias de distintas veredas de El Tarra y Tibú; el 17 de diciembre, unas 1.500 familias en Pacheli, Tibú, se vieron confinadas por enfrentamientos y el paro armado del ELN; entre el 22 y el 26 de diciembre, 223 personas de la vereda Kilómetro 16, Tibú, se desplazaron hacia Cúcuta y el casco urbano de Tibú, y la noche del 28 de diciembre, nuevos combates en Filo Gringo provocaron que más familias se trasladaran al casco urbano de El Tarra.

“Esta situación ha incrementado el miedo, el confinamiento y la vulnerabilidad de las comunidades, afectando gravemente su estabilidad social, comunitaria y familiar, así como el acceso a derechos fundamentales como la movilidad, la educación, la salud y el trabajo. Nos preocupa de manera especial el impacto que estos hechos tienen sobre niñas, niños, adolescentes, personas mayores y líderes sociales”, se lee en el documento que dio a conocer Vivamos Humanos y que fue firmado por 26 organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos, entre ellas la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz.

El uso de artefactos explosivos, incluidos drones, aumenta el riesgo para la población civil. En otro comunicado emitido este lunes, la Defensoría del Pueblo señala que el uso de estos dispositivos se ha exacerbado.

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Como lo advierte la entidad, los ataques con esos dispositivos no han cesado en el corregimiento Filo Gringo (El Tarra) desde el 24 de diciembre. “Debido al alto riesgo y a las restricciones impuestas por el conflicto, las comunidades no han podido desplazarse hacia la zona urbana. No obstante, líderes comunitarios advierten sobre el desplazamiento masivo de más familias provenientes de distintas zonas rurales del municipio”, señala la Defensoría.

Las alertas emitidas y las preocupaciones por la prórroga de la ZUT en Tibú

Las organizaciones del Catatumbo advierten en la misiva que esta escalada de violencia ya había sido prevista. Desde la Mesa Humanitaria y otras entidades de la región –dicen en el documento– se habían emitido alertas tempranas sobre el riesgo de un aumento de los enfrentamientos en diciembre, que quedaron registradas en el informe de hallazgos de la Comisión de Verificación Humanitaria presentado en noviembre. Sin embargo, denunciaron que las autoridades no implementaron medidas preventivas efectivas.

La Defensoría también recordó en su comunicado que el pasado 29 de octubre emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, en la que señalaba los riesgos que enfrentan las comunidades frente a la intensificación del conflicto entre el ELN y el Frente 33. En este contexto, la entidad recordó que, en mayo, el presidente autorizó la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural de Tibú, Norte de Santander, aunque desde el inicio se evidenciaron dudas sobre su operatividad.

“La Defensoría alertó sobre los riesgos para las comunidades aledañas y miembros del grupo que se concentraran por el conflicto activo. Desde entonces no se han acordado los protocolos necesarios, y el conflicto entre el Frente 33 y el ELN se ha mantenido sin desescalar y concentrado en Tibú, haciendo aún más dudosa esta operatividad”, dice el comunicado.

Aún en medio de esas preocupaciones –señala la Defensoría– el presidente firmó el decreto que extiende por siete meses la ZUT en ese municipio.

La violencia aumenta en medio de treguas

El escalamiento del conflicto en Catatumbo se produce incluso en medio de anuncios de ceses temporales de operaciones ofensivas contra la Fuerza Pública, que, aunque reducen los riesgos para militares y policías, resultan insuficientes para la población civil.

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Frente a esta situación, las organizaciones sociales de Catatumbo hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para adoptar medidas integrales de protección, atención humanitaria y prevención del desplazamiento forzado.

La Defensoría, por su parte, señala que la Alcaldía de Cúcuta y Tibú “cuentan con capacidades limitadas para ofrecer, de manera sostenida, la atención de los eventos recientes de desplazamiento y confinamiento”. En ese contexto, hace un llamado a las autoridades locales y nacionales para fortalecer la atención humanitaria en Cúcuta y Tibú.

Al igual que las organizaciones sociales, insta a los grupos armados ilegales a cesar las confrontaciones, proteger a la población civil, respetar el Derecho Internacional Humanitario y permitir la activación de corredores humanitarios.

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