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Al menos 13.800 personas enfrentan afectaciones de restricciones a la movilidad, suspensión del transporte y confinamientos en las cuencas de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza, en medio de los enfrentamientos entre el Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco, y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), bajo el mando de Calarcá Córdoba y con el que el Gobierno de Gustavo Petro tiene una mesa de negociación en el marco de la paz total.
La cifra incluye a más de 6.300 habitantes de Puerto Guzmán; más de 5.800 de Puerto Leguízamo y ocho comunidades indígenas Murui Muina y Coreguaje; y 488 núcleos familiares confinados en el departamento del Amazonas, que incluyen a 1.706 personas, que hacen parte de 14 comunidades de la jurisdicción del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA).
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La alerta fue emitida este 15 de mayo por la Defensoría del Pueblo, luego de que circulara “un audio en el que se anuncia un nuevo paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán”, escribió la entidad.
Las consecuencias ya se reflejan en la vida cotidiana. La Defensoría describió que “estas comunidades han reportado graves restricciones a la movilidad, aumento en los costos de los alimentos, falta de combustible para los botes comunitarios y dificultades para acceder a bienes y servicios esenciales”.
Según alerta la entidad, en Putumayo fue suspendido el transporte público fluvial y también el transporte escolar para niñas, niños y adolescentes que viven en las riberas del río Caquetá y algunas rutas del río Putumayo. En Caquetá, por su parte, la suspensión afectó el sector oriental de Cartagena del Chairá y la comunidad de Peñas Rojas, en el municipio de Solano.
Además, las comunidades ribereñas del río Orteguaza también están afectadas, y los resguardos indígenas de Andoke de Aduche, Monochoa, Puerto Sábalo y Los Monos se encuentran en “una situación de riesgo extremo”, escribió la Defensoría en el pronunciamiento.
La entidad subrayó que no se trata de hechos aislados. Desde diciembre de 2025 ha emitido “cinco oficios de consumación por confinamientos, restricciones a la movilidad y enfrentamientos armados”, además de haber advertido la situación en la Alerta Temprana 001 de 2025.
La crisis también amenaza las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. La Defensoría alertó sobre “las dificultades para transportar material electoral por vía fluvial e instalar 12 mesas de votación en Puerto Leguízamo y 14 mesas en Puerto Guzmán”, lo que podría dejar a comunidades rurales sin posibilidad de votar en los comicios.
Las exigencias al gobierno y a los grupos armados
Ante la magnitud de la crisis, la entidad pidió fortalecer la presencia institucional y exigió al Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías una respuesta articulada para “proteger a la población civil, garantizar la movilidad por los corredores fluviales y asegurar que la ayuda humanitaria llegue a las comunidades que enfrentan confinamiento, desabastecimiento y restricciones para acceder a servicios básicos”.
A los grupos armados, la Defensoría también les dejó un mensaje: “la población civil no puede ser sometida a paros armados, confinamientos ni restricciones a la movilidad. Instamos a estos grupos a levantar cualquier limitación impuesta contra las comunidades, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar a la misión médica”.
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