Como si fuéramos a encontrar las cenizas del principal laboratorio de la mafia en los llanos del Yarí, con el fotógrafo Mauricio Alvarado y el colono Eliécer Caicedo, en julio de 2017 llegamos al hato donde existió Tranquilandia. Días antes, conversando con el general de la Policía, Luis Ernesto Gilibert Vargas, quien en marzo de 1984 dirigió el operativo que desmanteló este emporio de poder, le comenté: “voy a la hacienda donde hace 33 años empezó el fin del cartel de Medellín”. Él, desde su condición de consultor de una empresa de seguridad, replicó: “No quiero revivir ese muerto”.
Al lado de las tierras que alguna vez fueron del potentado Oliverio Lara está la hacienda de Tranquilandia. A unos 100 kilómetros de San Vicente del Caguán, en el Caquetá. Para llegar a ella hay que cruzar por los hatos ganaderos de Caquetania, Guadalajara, Méjico y El Recreo. Según Carlos Faryd Perdomo y su libro “Gotas de aceite”, el fundador de Tranquilandia fue Aurelio Ferro, un colono comerciante de quina y caucho que llegó desde el Huila al Yarí y se hizo a esta porción de tierra baldía. Un campesino de la región recuerda cómo llegó después el narcotráfico.
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Le dicen Lilo, hace 53 años nació en las sabanas del Yarí, y cuenta que él vio a Rodríguez Gacha en Tranquilandia antes de que se desatara la guerra con las Farc. “Ellos atraían a la gente para que se les uniera. Fue lo más complicado, porque las Farc, si nos veían allá con los mafiosos, también nos amenazaban. Un día Rodríguez Gacha ordenó a sus mayordomos que nos regalaran mulas viejas a los campesinos”. En esa época, un finquero llamado Arnulfo Amaya tenía un cristalizadero de coca y hombres para defenderse de la guerrilla. Por eso él era quien autorizaba el paso por la sabana.
Arnulfo Amaya pasó inadvertido y hoy no figuran antecedentes en su contra. En cambio, se sabe que la columna Teófilo Forero de las Farc lo secuestró en febrero de 1995 y luego apareció muerto en Cartagena del Chairá (Caquetá) con un aviso en el pecho: “paramilitar”. En la práctica, Amaya era propietario de uno de los laboratorios que existían en Tranquilandia porque el que desmanteló la Policía Antinarcóticos en marzo de 1984 en la misma zona, era apenas el más sofisticado de todos. En la actualidad, el otrora emporio de Rodríguez Gacha y compañía queda en la vereda Paraísos del Yarí.
Para acceder al sitio se debe atravesar la sabana feroz y dejar atrás tupidos bosques que se forman en los caños de agua. En ellos nace la palma Canangucha, de la que se alimentan los cajuches. A sus 74 años, el general retirado Luis Ernesto Gilibert recuerda que cuando recibió de manos del comandante de la Policía Antinarcóticos, coronel Jaime Ramírez, la orden de ocupar Tranquilandia, ni siquiera sabían que los Llanos del Yarí existían y tampoco se hablaba de que las Farc estuvieran en el narcotráfico.
Así luce hoy la casa principal del hato Tranquilandia, donde funcionó el laboratorio de cocaína más grande del continente.
El general Gilibert rememora que primero aterrizaron en San José del Guaviare y luego accedieron a una pista aérea clandestina. Allí los estaban esperando para darles plomo. “Eran hombres vestidos de caqui”, recalca. Según el oficio que el exoficial entregó al juez que instruyó el proceso penal por los hallazgos, las autoridades encontraron cien construcciones rústicas, siete aeronaves, diez lanchas, tres vehículos, cuatro tractores, seis pistas de aterrizaje, 21 armas largas, siete radios de comunicación, 34 plantas eléctricas, 38 motosierras, 10 compresores y 12 estufas.
Aparte del complejo destruido, la Policía incineró 13,8 toneladas métricas de cocaína, avaluadas en US$1.2 billones. Pero en medio del allanamiento y el ruido mediático que desató, lo que Gilibert refiere con mayor énfasis es “el muerto” que después le trajo problemas. En concreto, la aeronave Hughes 500 HK – 2704-X, que estaba parqueada en una de las pistas de Tranquilandia y cuya propiedad resultó asociada al ganadero Alberto Uribe Sierra, asesinado por las Farc ocho meses antes del operativo. Uribe era el padre del ya reconocido político antioqueño Álvaro Uribe Vélez.
Según archivos de la Aeronáutica Civil, la licencia de operaciones para este helicóptero fue otorgada en octubre de 1981, cuando Álvaro Uribe era su director. Pero la empresa que lo importó, Afa Ltda. Aerofoto Amórtegui & Cía., lo había traído al país para tomar fotos aéreas. En el momento del allanamiento a Tranquilandia, el tema de este helicóptero no trascendió mucho, aunque quedó incluido en las matrículas de las aeronaves encontradas. Sólo después del asesinato del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla en abril de 1984 comenzó a cobrar importancia.
“Cuando el juez llamó a declarar a Ramírez Gómez y dijo que quienes habían matado a Lara Bonilla habían sido los del Yarí, los de Tranquilandia, se impuso la urgencia de evaluar los hallazgos del operativo”, insistió Gilibert. Sin embargo, a pesar de que las autoridades encontraron otras tres avionetas Cessna y un avión, lo cierto es las aeronaves volvieron a sus dueños. El Tiempo, en un artículo del 23 de abril de 2002, cita al entonces jefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Gabriel Merchan, quien afirmó: “Un fiscal sin rostro ordenó devolver tres de ellas en 1995”. Lo mismo sucedió con el helicóptero de Uribe Sierra.
Documentos de la Aeronáutica Civil refieren que las matrículas de dichas aeronaves fueron canceladas solo nueve años después del operativo. En el certificado de tradición y libertad de la Oficina de Registro Aeronáutico, correspondiente al helicóptero de Uribe Sierra se lee: “Matrícula cancelada. Resolución 3280. Fecha de cancelación el 6 de mayo de 1993”. Es decir, antes de los diez años, Tranquilandia había pasado a ser una leyenda porque de sus hallazgos y responsabilidades no se volvió a hablar y la información judicial quedó guardada en los anaqueles de la impunidad.
Las ruínas de esos laboratorios 33 años después del operativo aún resaltan en las sabanas del Yarí.
Del asunto se volvió a hablar en la época en la que Álvaro Uribe Vélez ocupó la presidencia de Colombia. Y entre los debates políticos o los reportes de la prensa, en 2007 en El Nuevo Herald de Miami, el periodista Gerardo Reyes divulgó una declaración juramentada de julio de 1984, que poco se conocía, a través de la cual Cecilia Lara Bonilla, hermana del ministro Rodrigo Lara, aseguró que, "días antes de su muerte, él le había dicho que lo de Tranquilandia era grave y comprometía a gente importante de la política, que el helicóptero que habían hallado en Tranquilandia era del papá de Álvaro Uribe Vélez’’.
Cuando se dio esa revelación, el hoy presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo, hijo del inmolado ministro Rodrigo Lara, renunció a su cargo de zar anticorrupción. “Mi papá quedó sorprendido por lo que se encontró en Tranquilandia. El general Jaime Ramírez, único policía en el que mi papá confiaba en esa época, le alcanzó a decir que había un plan para matarlo y que los responsables eran los dueños de los aviones y los del helicóptero incautados. Por eso renuncié. No podía trabajar con él”, resaltó el dirigente político.
Álvaro Uribe ha dicho que, un mes antes del operativo, su familia vendió ese helicóptero para pagar una deuda que tenía su padre, pero como fue después incautado en Tranquilandia, nunca se logró hacer el traspaso. El hoy senador refuerza su defensa con un aviso publicado un mes después del operativo en la revista Cromos, donde Carlos Amórtegui Romero, socio de Alberto Uribe Sierra, anunció: “el día 6 de febrero (1984) fue vendido y entregado por la compañía el helicóptero HK-2704X”. El expresidente reitera su negativa a cualquier vínculo de su familia con el narcotráfico.
Fascimil de la cancelación de la matricula del helicóptero de Alberto Uribe Sierra.
“¿Quién autorizó su matrícula? ¿Quién era el jefe de la Aeronáutica cuando se hizo? Esas son preguntas que la gente se sigue haciendo”, resalta el ex director de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert. Los mismos interrogantes que también se hacen respecto a las Farc y Tranquilandia. En agosto de 2014, el exsecretario general de la Policía, Ciro Carvajal, hizo pública el acta del operativo, en la cual se lee: “Las Farc se encargaban de la seguridad de dicho complejo, constituyéndose en la primera evidencia sobre la participación de la organización en actividades vinculadas con el narcotráfico”.
Hoy, la gente de la región todavía no tiene claro si hubo alianza con el cartel, o si fue únicamente el cobro de impuesto al gramaje. Mauricio Jaramillo, miembro del Secretariado y excomandante del Bloque Oriental, aseguró que la disputa fue por territorio y que nunca recibieron plata de Escobar o Gacha a cambio de seguridad. “Fue después que abrieron sus fábricas. Las Farc entraron en guerra con Rodríguez Gacha y ahí es cuando nacieron las autodefensas del Magdalena Medio, para darles la pelea”, concluye el general Gilibert.
En septiembre de 2012, el homicidio del ministro Lara fue decretado crimen de lesa humanidad. La investigación sigue abierta con 115 cuadernos originales y sus anexos. De lo que hay poca memoria es sobre el misterio de Tranquilandia. Una tierra donde se resume la historia de las últimas décadas en Colombia: colonos que desalojan familias indígenas, terratenientes que se quedan con las tierras, guerrilla que llega a controlarlas, narcotráfico que las aprovecha, y nombres de políticos. El último rastro es de 2011, cuando en el mismo sitio fue capturado Aldemar Soto Charry, “El Ingeniero”, un guerrillero de las Farc señalado de preparar una casa bomba en Neiva para atentar contra el entonces presidente Uribe Vélez.