Impunidad, el capítulo colombiano de los ambientalistas asesinados

Global Witness, una ONG inglesa que se dedica a recolectar casos sobre líderes ambientales y de tierras asesinados en 22 países del mundo, lleva poniendo su lupa sobre Colombia desde el 2012. Casi cada año, junto a Brasil y Filipinas, Colombia se bate el penoso puesto de estar entre los tres países más peligrosos para estos defensores. En el 2016, con 37 asesinatos, estuvo en segundo lugar y en el 2017, con 24 muertes, bajó al tercer lugar.

Pero el informe global de este año, titulado “¿A qué precio?”, vino con un tinte aún peor: el de la impunidad en Colombia. Ha sido tal el grado de reincidencia en las amenazas y los asesinatos, que parecen heredarse de familia en familia y de comunidad en comunidad, que aparte del informe mundial, Global Witness decidió hacer un minucioso estudio para conocer qué estaba pasando en las fiscalías con los casos de asesinatos a líderes ambientales en nuestro país.

El estudio desarrollado por abogados locales —que prefieren no ser mencionados por seguridad— pero encargado por Global Witness y el Vance Center, llega a una conclusión dolorosa: desde el 2011 hasta el 2016 el grado de impunidad de estos casos ha llegado al 92 %. Para llegar a esta cifra la ONG seleccionó 122 casos, pero sobre diez casos no recibieron respuesta de la Fiscalía y sobre diez más les dijeron que no Había información. Así que, “dándole el beneficio de la duda al Estado”, se basaron en los 102 casos que sí han sido o están siendo investigados, para hallar que sólo en ocho casos se ha encontrado culpable (ver infografía).

De esos 102 casos, 79 se encuentran activos, dos archivados, dos inactivos y 19 sin certeza si están activos o no. El Espectador habló con Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness, para conocer más sobre la impunidad en Colombia.

También lea: 2017: El año en el que más defensores del medio ambiente fueron asesinados

¿Por qué decidieron elegir Colombia para hacer este estudio adicional?

Hemos visto que cada año Colombia está entre los tres primeros países con más asesinatos de defensores del medio ambiente y la tierra, así que queríamos explorar por qué. Una opinión compartida que tenemos con las organizaciones con las cuales trabajamos en Colombia es que la impunidad es uno de los factores principales que hace que Colombia sea tan peligroso para esta actividad, porque funciona como un oxígeno para generar estos ataques.

A la vez este gobierno y los anteriores han dicho que tienen un compromiso para batir la impunidad, que tienen voluntad y esquemas para combatirla; así que queríamos tener evidencia de si se estaba combatiendo. Por ende, trabajamos junto con el Vince Center y abogados locales en Colombia para pedir información a las fiscalías y saber, precisamente, cuáles de todos los casos que hemos documentado han llegado a la justicia, cuántos han sido sancionados y cuántos quedaron en la impunidad. Es la primera vez que tenemos datos duros para demostrar que la gran mayoría de casos sí están en la impunidad.

Si hay un compromiso del gobierno para combatir esta impunidad, ¿por qué no se materializa?

Es importante decir que somos expertos en este tema a escala internacional, no en el sistema jurídico colombiano, pero lo que sí podemos decir es que cuando tienes tantos casos que ni siquiera están superando la primera etapa de investigación (61 casos), no tienes la información mínima necesaria para definir el crimen como un asesinato. ¿Por qué? Porque no hay ni voluntad política ni capacidad. Estamos de acuerdo con Somos Defensores cuando ellos dicen que los fiscales carecen de una capacitación y recursos necesarios para investigar estos casos. Pero que a la vez, y quizá más importante, existe una corrupción con intereses muy fuertes, tanto políticos como empresariales, para obstaculizar esta investigación.

En medio de tan poca certeza Global Witness dice que tiene la convicción de que 11 asesinatos en Colombia están relacionados con nueve proyectos de compañías de Canadá, Estados Unidos y bancas multilaterales...

Tenemos claridad sobre cuáles fueron las empresas que estaban llevando a cabo los proyectos a los que se opuso el defensor antes de ser asesinado, pero con esto no estamos diciendo que la empresa ordenó el asesinato (por eso en los informes no publicamos los nombres). Lo cierto es que esto sí demuestra que las empresas no están llevando a cabo su debida diligencia. No es válido que una empresa entre a un contexto como el colombiano, donde hay riesgos para los defensores, con conflicto social, y que digan que no tienen responsabilidad de mitigar estos riesgos. Para nosotros es claro que si ellos tienen probabilidad de provocar un conflicto o provocar asesinatos, no deben insistir en desarrollarse en estos esos escenarios.

¿Desde su punto de vista consideran que se trata de asesinatos sistemáticos?

Sin tener los culpables es muy difícil decirlo. Lo que sí podemos decir es que el informe sugiere que por lo menos la impunidad sí es sistemática.

¿Y podría tratarse de una impunidad más alta?

Claro. De los 122 casos 10 no fueron respondidos y en 10 más no se abrieron investigaciones. Nosotros preferimos dar el beneficio de la duda y no incluir estos 20 casos para calcular la tasa de impunidad (se hizo 8/102 y no 8/122), pero creo que es legítimo especular que la cifra real podría ser aún más alta. Pero lo cierto es que al menos es de 92 %.

También lea: La labor de líder social no puede ser estigmatizada

Conozca proyecto periodístico La Paz en el terreno

Global Witness, una ONG inglesa que se dedica a recolectar casos sobre líderes ambientales y de tierras asesinados en 22 países del mundo, lleva poniendo su lupa sobre Colombia desde el 2012. Casi cada año, junto a Brasil y Filipinas, Colombia se bate el penoso puesto de estar entre los tres países más peligrosos para estos defensores. En el 2016, con 37 asesinatos, estuvo en segundo lugar y en el 2017, con 24 muertes, bajó al tercer lugar.

Pero el informe global de este año, titulado “¿A qué precio?”, vino con un tinte aún peor: el de la impunidad en Colombia. Ha sido tal el grado de reincidencia en las amenazas y los asesinatos, que parecen heredarse de familia en familia y de comunidad en comunidad, que aparte del informe mundial, Global Witness decidió hacer un minucioso estudio para conocer qué estaba pasando en las fiscalías con los casos de asesinatos a líderes ambientales en nuestro país.

El estudio desarrollado por abogados locales —que prefieren no ser mencionados por seguridad— pero encargado por Global Witness y el Vance Center, llega a una conclusión dolorosa: desde el 2011 hasta el 2016 el grado de impunidad de estos casos ha llegado al 92 %. Para llegar a esta cifra la ONG seleccionó 122 casos, pero sobre diez casos no recibieron respuesta de la Fiscalía y sobre diez más les dijeron que no Había información. Así que, “dándole el beneficio de la duda al Estado”, se basaron en los 102 casos que sí han sido o están siendo investigados, para hallar que sólo en ocho casos se ha encontrado culpable (ver infografía).

De esos 102 casos, 79 se encuentran activos, dos archivados, dos inactivos y 19 sin certeza si están activos o no. El Espectador habló con Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness, para conocer más sobre la impunidad en Colombia.

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¿Por qué decidieron elegir Colombia para hacer este estudio adicional?

Hemos visto que cada año Colombia está entre los tres primeros países con más asesinatos de defensores del medio ambiente y la tierra, así que queríamos explorar por qué. Una opinión compartida que tenemos con las organizaciones con las cuales trabajamos en Colombia es que la impunidad es uno de los factores principales que hace que Colombia sea tan peligroso para esta actividad, porque funciona como un oxígeno para generar estos ataques.

A la vez este gobierno y los anteriores han dicho que tienen un compromiso para batir la impunidad, que tienen voluntad y esquemas para combatirla; así que queríamos tener evidencia de si se estaba combatiendo. Por ende, trabajamos junto con el Vince Center y abogados locales en Colombia para pedir información a las fiscalías y saber, precisamente, cuáles de todos los casos que hemos documentado han llegado a la justicia, cuántos han sido sancionados y cuántos quedaron en la impunidad. Es la primera vez que tenemos datos duros para demostrar que la gran mayoría de casos sí están en la impunidad.

Si hay un compromiso del gobierno para combatir esta impunidad, ¿por qué no se materializa?

Es importante decir que somos expertos en este tema a escala internacional, no en el sistema jurídico colombiano, pero lo que sí podemos decir es que cuando tienes tantos casos que ni siquiera están superando la primera etapa de investigación (61 casos), no tienes la información mínima necesaria para definir el crimen como un asesinato. ¿Por qué? Porque no hay ni voluntad política ni capacidad. Estamos de acuerdo con Somos Defensores cuando ellos dicen que los fiscales carecen de una capacitación y recursos necesarios para investigar estos casos. Pero que a la vez, y quizá más importante, existe una corrupción con intereses muy fuertes, tanto políticos como empresariales, para obstaculizar esta investigación.

En medio de tan poca certeza Global Witness dice que tiene la convicción de que 11 asesinatos en Colombia están relacionados con nueve proyectos de compañías de Canadá, Estados Unidos y bancas multilaterales...

Tenemos claridad sobre cuáles fueron las empresas que estaban llevando a cabo los proyectos a los que se opuso el defensor antes de ser asesinado, pero con esto no estamos diciendo que la empresa ordenó el asesinato (por eso en los informes no publicamos los nombres). Lo cierto es que esto sí demuestra que las empresas no están llevando a cabo su debida diligencia. No es válido que una empresa entre a un contexto como el colombiano, donde hay riesgos para los defensores, con conflicto social, y que digan que no tienen responsabilidad de mitigar estos riesgos. Para nosotros es claro que si ellos tienen probabilidad de provocar un conflicto o provocar asesinatos, no deben insistir en desarrollarse en estos esos escenarios.

¿Desde su punto de vista consideran que se trata de asesinatos sistemáticos?

Sin tener los culpables es muy difícil decirlo. Lo que sí podemos decir es que el informe sugiere que por lo menos la impunidad sí es sistemática.

¿Y podría tratarse de una impunidad más alta?

Claro. De los 122 casos 10 no fueron respondidos y en 10 más no se abrieron investigaciones. Nosotros preferimos dar el beneficio de la duda y no incluir estos 20 casos para calcular la tasa de impunidad (se hizo 8/102 y no 8/122), pero creo que es legítimo especular que la cifra real podría ser aún más alta. Pero lo cierto es que al menos es de 92 %.

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