La apuesta contra la coca en el municipio de Briceño, Antioquia

Los preparativos comenzaron desde la tarde del sábado con la llegada del plenipotenciario en la mesa de conversaciones de La Habana, Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias Pastor Alape, a la vereda El Carmín, del municipio de Anorí, norte de Antioquia. Allí, en el área de influencia del frente 36 de las Farc, el negociador se reunió con otros cinco integrantes de la guerrilla para completar así el equipo que estará a cargo de implementar el plan conjunto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Pero la cita oficial fue ayer en la escuela de la vereda de Pueblo Nuevo, en Briceño (Antioquia), en donde Alape, como representante de las Farc; el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, como delegado del Gobierno, y varios líderes comunitarios instalaron la mesa de trabajo formal e hicieron la presentación de la estrategia de sustitución.

El primer paso fue la conformación de un grupo integrado por el Gobierno, las Farc, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) y voceros de la comunidad, que se encargarán de acompañar el proceso en su totalidad.

Además se establecerán mesas temáticas que contarán con la asesoría y el apoyo de equipos técnicos para presentar los lineamientos y las propuestas a las autoridades. Aunque se creía que la hoja de ruta estaría lista en máximo 15 días, el Gobierno reveló que los trabajos para concretarla pueden tardar por lo menos dos meses más.

La idea es que se pueda establecer, trabajando con las comunidades y de forma concertada, cuál sera el plan de atención inmediata que ejecutará el Gobierno para brindar a las comunidades programas de desarrollo sostenible que les permitan obtener ingresos de otras fuentes y comprometerse con la no resiembrade cultivos ilícitos, que para ellos son muy rentables. Por cada libra de base de coca, por ejemplo, un trabajador puede ganar hasta $1’200.000 cada dos meses; mientras que a un raspachín se le paga la arroba de hoja de coca a $10.000 y en un día puede alcanzar a recoger hasta 10 arrobas.

De ahí que las comunidades insistan en la necesidad de tener claro cuáles serán las alternativas de cultivos. “Los campesinos están esperando que les digan qué es lo que les van a ofrecer, porque el Estado ha incumplido muchas veces y, por ejemplo, con el proyecto de Hidroituango sacaron del río a los pequeños mineros artesanales que, sin otras opciones, tuvieron que sembrar coca”, aseguró José Orlando González, presidente de la Asociación de Víctimas de Megaproyetos.

Y aunque la siembra de cacao es una de las posibilidades que más suena, existen algunos reparos por parte de las comunidades que consideran que para que sea realmente productivo se necesitan mayores extensiones de tierra. A eso se suma que existen otras necesidades básicas que también deben ser atendidas para que los proyectos que se desarrollen tengan éxito. “Hay que tener en cuenta las necesidades de la comunidad. El Gobierno tiene que entender como eje fundamental las vías, porque si no mejoran va a ser un fracaso total”, manifestó el alcalde de Briceño, José Danilo Agudelo.

Un punto con el que también coincidió el jefe guerrillero Pastor Alape, quien señaló que para que el plan se convierta realmente en una medida para desescalar el conflicto, es necesario que haya una intervención completa con las comunidades. “Ningún campesino se ha vuelto millonario cultivando, pero se les ha perseguido más que a otros actores de la cadena productiva”, refirió.

Para el alto consejero Rafael Pardo, el sentido de este programa es que se empoderen a las comunidades y se entienda que la paz va más allá de un acuerdo firmado en La Habana. “La paz tiene que llegar al territorio y uno de los temas centrales es el de los cultivos de uso ilícito. Vamos a estar aquí de manera permanente, no sé si se puedan resolver todos los problemas que se plantean, pero la disposición del Gobierno es trabajar seriamente con las comunidades en los temas más inmediatos para que puedan tener una vida distinta”, sostuvo Pardo.

Con la estrategia ya andando, Briceño se consolida aún más como territorio piloto de paz, primero como zona para implementar el desminado humanitario y ahora como eje del programa de sustitución, ambas medidas acordadas por los equipos negociadores de paz en la mesa de diálogos de La Habana.

Se trata de una zona de alta vulnerabilidad en la que se calcula existen cerca de 1.500 hectáreas de cultivos ilícitos distribuidos en 10 veredas que serán intervenidas en el marco del programa: Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos de Chiri, Ro blal y Palmichal.

Los preparativos comenzaron desde la tarde del sábado con la llegada del plenipotenciario en la mesa de conversaciones de La Habana, Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias Pastor Alape, a la vereda El Carmín, del municipio de Anorí, norte de Antioquia. Allí, en el área de influencia del frente 36 de las Farc, el negociador se reunió con otros cinco integrantes de la guerrilla para completar así el equipo que estará a cargo de implementar el plan conjunto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Pero la cita oficial fue ayer en la escuela de la vereda de Pueblo Nuevo, en Briceño (Antioquia), en donde Alape, como representante de las Farc; el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, como delegado del Gobierno, y varios líderes comunitarios instalaron la mesa de trabajo formal e hicieron la presentación de la estrategia de sustitución.

El primer paso fue la conformación de un grupo integrado por el Gobierno, las Farc, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) y voceros de la comunidad, que se encargarán de acompañar el proceso en su totalidad.

Además se establecerán mesas temáticas que contarán con la asesoría y el apoyo de equipos técnicos para presentar los lineamientos y las propuestas a las autoridades. Aunque se creía que la hoja de ruta estaría lista en máximo 15 días, el Gobierno reveló que los trabajos para concretarla pueden tardar por lo menos dos meses más.

La idea es que se pueda establecer, trabajando con las comunidades y de forma concertada, cuál sera el plan de atención inmediata que ejecutará el Gobierno para brindar a las comunidades programas de desarrollo sostenible que les permitan obtener ingresos de otras fuentes y comprometerse con la no resiembrade cultivos ilícitos, que para ellos son muy rentables. Por cada libra de base de coca, por ejemplo, un trabajador puede ganar hasta $1’200.000 cada dos meses; mientras que a un raspachín se le paga la arroba de hoja de coca a $10.000 y en un día puede alcanzar a recoger hasta 10 arrobas.

De ahí que las comunidades insistan en la necesidad de tener claro cuáles serán las alternativas de cultivos. “Los campesinos están esperando que les digan qué es lo que les van a ofrecer, porque el Estado ha incumplido muchas veces y, por ejemplo, con el proyecto de Hidroituango sacaron del río a los pequeños mineros artesanales que, sin otras opciones, tuvieron que sembrar coca”, aseguró José Orlando González, presidente de la Asociación de Víctimas de Megaproyetos.

Y aunque la siembra de cacao es una de las posibilidades que más suena, existen algunos reparos por parte de las comunidades que consideran que para que sea realmente productivo se necesitan mayores extensiones de tierra. A eso se suma que existen otras necesidades básicas que también deben ser atendidas para que los proyectos que se desarrollen tengan éxito. “Hay que tener en cuenta las necesidades de la comunidad. El Gobierno tiene que entender como eje fundamental las vías, porque si no mejoran va a ser un fracaso total”, manifestó el alcalde de Briceño, José Danilo Agudelo.

Un punto con el que también coincidió el jefe guerrillero Pastor Alape, quien señaló que para que el plan se convierta realmente en una medida para desescalar el conflicto, es necesario que haya una intervención completa con las comunidades. “Ningún campesino se ha vuelto millonario cultivando, pero se les ha perseguido más que a otros actores de la cadena productiva”, refirió.

Para el alto consejero Rafael Pardo, el sentido de este programa es que se empoderen a las comunidades y se entienda que la paz va más allá de un acuerdo firmado en La Habana. “La paz tiene que llegar al territorio y uno de los temas centrales es el de los cultivos de uso ilícito. Vamos a estar aquí de manera permanente, no sé si se puedan resolver todos los problemas que se plantean, pero la disposición del Gobierno es trabajar seriamente con las comunidades en los temas más inmediatos para que puedan tener una vida distinta”, sostuvo Pardo.

Con la estrategia ya andando, Briceño se consolida aún más como territorio piloto de paz, primero como zona para implementar el desminado humanitario y ahora como eje del programa de sustitución, ambas medidas acordadas por los equipos negociadores de paz en la mesa de diálogos de La Habana.

Se trata de una zona de alta vulnerabilidad en la que se calcula existen cerca de 1.500 hectáreas de cultivos ilícitos distribuidos en 10 veredas que serán intervenidas en el marco del programa: Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos de Chiri, Ro blal y Palmichal.