La condena contra el soldado que mató al campesino Alejandro Carvajal en Catatumbo

El campesino Alejandro Carvajal, de 22 años, murió el 26 de marzo de 2020 tras recibir un disparo de un militar mientras participaba en un asentamiento campesino contra la erradicación forzada de coca.

La bala de fusil que atravesó a Alejandro Carvajal entró por la espalda, a la altura del tórax, le perforó el corazón y tras salir de la caja torácica se le llevó un dedo de la mano izquierda que estaba alineada con la trayectoria del disparo. Más abajo, en la montaña, a 239 metros estaba el soldado profesional Jhon Eider Arbeláez López, quien ese 26 de marzo de 2020 fungía como centinela en ese pelotón del Batallón de Operaciones Terrestres (Batot) número 9. “Mi sargento, la cagué, acabé con mi vida, se me fue un disparo”, le habría dicho el soldado instantes después al sargento Erick David Corby Argumedo, que comandaba el pelotón y había acudido al puesto del centinela después de escuchar el disparo.

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Cuando Alejandro Carvajal se desplomó, fue Teófilo – su padre – quien recogió su cuerpo y lo apoyó sobre su regazo. Alrededor empezaron a aglutinarse decenas de labriegos que participaban del asentamiento campesino sobre esa loma de la vereda Santa Teresa, en Sardinata, cuidando que los militares no les arrancaran sus matas de coca. “¿Por qué lo mataron?”, gritaban los campesinos hacia los uniformados que estaban más abajo.

Los 239 metros que separaban al soldado Arbeláez López de Alejandro Carvajal fueron siempre la base de la defensa de la víctima para controvertir la versión del uniformado según la cual se había tratado de un accidente. “Yo agarré el fusil, miré hacia arriba y se me fue un disparo”, dijo en interrogatorio el uniformado. En esa misma diligencia también dijo: “Yo lo que hice fue sentarme y como mi fusil lo tenía señalando hacia donde estaban los civiles, se me accionó, yo no le apunté a nadie, solo que el fusil lo estaba señalando en esa dirección”.

Pero el testimonio del cabo Pablo Efraín Martínez lo contradijo. Él llegó con el sargento Corby hasta el puesto del centinela después de haber escuchado el disparo y cuando le preguntó al soldado Arbeláez López qué había pasado, este le respondió: “mi cabo, me embalé, me puse a apuntar y se me fue el disparo”.

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A la versión del soldado tampoco le dio credibilidad la Corte Constitucional en la decisión que sacó el caso de la justicia penal militar y lo dejó en la jurisdicción ordinaria en agosto de 2021. “Existe incertidumbre acerca de qué fue lo que verdaderamente ocurrió, pues al momento de los hechos el centinela Arbeláez López se encontraba solo y, minutos después de lo acontecido, fue él quien informó al sargento a cargo del pelotón que “se le había ido un disparo”, los testigos refieren no saber qué fue lo que sucedió ni los motivos por los cuales el soldado disparó el arma, pues para ese momento no había ninguna situación de amenaza que implicara abrir fuego”.

De hecho, el centinela debía tener en su fusil el cartucho de seguridad y no cargarlo con otra munición a no ser que hubiera una orden de su superior o un peligro inminente. Por el contrario, lo que había en la loma eran unos cincuenta o sesenta labriegos en asentamiento campesino, desarmados y protestando de forma pacífica frente a esa erradicación que les arranca su sustento: la coca.

Ese jueves 26 de marzo, Alejandro Carvajal almorzó con su esposa, María Alejandrina Uribe, y su hijo Jesús David, de cinco años, en su casa en la vereda Guayacanes, en el corregimiento La Victoria, en Sardinata. Se despidió y cogió la trocha a pie hacia la vecina vereda de Santa Teresa, para sumarse a los labriegos que desde hacía tres días estaban instalados al filo de una montaña en asentamiento campesino, turnándose para vigilar que los militares no empezaran a arrancarles sus matas de coca sin que ellos se dieran cuenta. La caminata lo dejó exhausto y entonces guindó de dos árboles la hamaca que había llevado para prestar guardia junto a sus compañeros. Recostado en esa hamaca lo atravesó la bala hacia las 3:30 p.m. y le quitó la vida de inmediato. Tenía 22 años y promovía un proyecto de sustitución de cultivos de coca por caña panelera en Sardinata.

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La Fiscalía imputó al soldado por homicidio doloso, como lo había pedido la defensa de la víctima, es decir, que él tuvo la intención de matarlo. Aunque en la audiencia de imputación no aceptó los cargos, después reconoció su culpabilidad y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, por el que quedaría condenado por homicidio, pero en la modalidad de culpa con representación, que le permitía una reducción en la pena. Por eso, el juzgado 01 penal municipal con función de control de garantías ambulante de Cúcuta lo condenó a 40 meses de prisión (tres años y medio), 52 meses sin portar armas y una multa de 39 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Una condena que ratificó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.

Gustavo Quintero es uno de los abogados que llevó el caso de Alejandro Carvajal que terminó en esa condena. Le dijo a Colombia+20 que la decisión “fija un precedente muy importante en el sentido de que demuestra que esa forma de lucha contra el narcotráfico es un evidente fracaso, porque esto ocurre en el marco de un operativo de erradicación manual violenta y forzada en el gobierno Duque, que no implementó el cuarto punto del Acuerdo de Paz y en su lugar priorizó las medidas de fuerza. ¿El resultado? Un campesino muerto; hoy hay una condena, pero él sigue muerto”.

El 2020, el año en que murió Alejandro Carvajal, fue el año en que la erradicación de coca se llevó a su máximo histórico por el Gobierno Duque: 130.000 hectáreas. Pero ese mismo año, fueron cinco los campesinos que murieron en operativos de erradicación forzada de coca a manos de miembros de la fuerza pública. Los otros cuatro fueron Segundo Girón y Ángel Artemio Nastacuás, en Tumaco; Educardo Alemeza Papamija, en Puerto Asís; y Digno Emérito Buendía, en zona rural de Cúcuta.

Este último caso también lo lleva el equipo jurídico que llevó el caso de Alejandro Carvajal y que pertenece a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat). Sin embargo, a la fecha, ya se han citado siete audiencias para avanzar en el proceso, pero los abogados defensores de los implicados no asisten a las diligencias y han seguido dilatando. En ese proceso, son 12 los militares implicados. La pelea de la defensa de la víctima es que el caso también se quede en la justicia ordinaria y no se la lleve la penal militar.

Durante el trámite de ambos casos, los abogados que están al frente – Gustavo Quintero y Marissela Puerta – han denunciado amenazas y hostigamientos de parte de miembros de la fuerza pública. Los episodios han ocurrido en distintos puntos del Catatumbo y durante los últimos meses. En algunos de esos casos, cuentan, agentes de Policía se han referido a Quintero como el “abogado guerrillero” o el “abogado de la guerrilla del Catatumbo”. Ambos denuncian procedimientos arbitrarios de la Policía y relatan que en una ocasión los agentes desenfundaron sus armas de fuego para intimidarlos.

Ahora, ese equipo jurídico alista la demanda de reparación directa contra el Estado por el caso de Alejandro Carvajal, al que anexarán la sentencia que condenó al soldado Arbeláez López.