Navidad minada por la violencia para los indígenas awá de Nariño

Indígenas Awá en el resguardo Inda Sabaleta llevan meses denunciando alertas de desplazamientos, reclutamiento, homicidios y minas antipersonales.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En las primeras dos semanas de diciembre, cuatro indígenas awá del resguardo El Gran Sábalo (jurisdicción de los municipios de Tumaco y Barbacoas) han caído en minas antipersonales en su territorio. El caso más reciente fue el de Alirio Pai García, de 39 años, quien falleció tras pisar una mina en el camino que conduce de la finca donde trabaja hasta su casa.

Este ha sido uno de los años más violentos para los awá en Nariño, dice Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), una organización que lleva varias décadas acompañando a los indígenas en este territorio en programas de educación en riesgo de minas. En esa zona del país, la CCCM no ha podido nunca adelantar procesos de desminado humanitario porque la presencia de los actores armados es latente y el conflicto no cesa en las veredas ni en las áreas urbanas.

De hecho, el 10 de diciembre pasado fueron desplazadas 20 personas de las veredas Achotal y San Juan. “Unos señores que se identificaron como guerrilleros de la Segunda Marquetalia nos sacaron de las casas diciendo que se iban a tomar el municipio, comenzando por Alto Mira y Frontera. Si el gobierno no nos escucha quizás esa amenaza se cumpla pronto”, dijo una persona que lleva 10 años viviendo en la zona y que prefiere no decir su nombre por seguridad. Llegaron hasta el casco urbano de Tumaco antes de que se cumplieran esas amenazas.

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Alto Mira y Frontera es un consejo comunitario en el suroccidente de Tumaco rozando el límite con Ecuador, que ahora es uno de los epicentros de una crisis humanitaria en esa zona del Pacífico. Los desplazamientos masivos desde esas veredas no han cesado en todo el mes. Según la secretaria de Gobierno, Paola Gómez, el llamado más urgente fue el pasado 14 de diciembre cuando 30 familias se vieron obligadas a salir de sus fincas en la vereda La Balsa -en el sur de Alto Mira- luego de horas de fuego cruzado a cargo de disidencias que se disputan el territorio, la Segunda Marquetalia y la disidencia del antiguo frente 30 de las Farc -también conocido como ‘Rafael Aguilera’-.

“Tenemos activados los planes de contingencia más urgentes, porque en los desplazamientos de La Balsa han llegado decenas de mujeres, ancianos y menores de edad en condiciones altísimas de vulnerabilidad. Llevamos cinco semanas muy dolorosas, ni Naciones Unidas ni la Defensoría del Pueblo han podido hacer mucho por nosotros”, dijo Gómez.

Floriberto Canticus, líder awá del resguardo El Gran Sábalo aseguró que apenas en los últimos dos meses han sido desplazadas más de 1.340 personas de sus territorios. “Acá nunca sentimos el Acuerdo de paz, pero justo ahora la violencia que estamos viviendo es una de las más duras de los últimos 10 años. Ni siquiera en la época paramilitar habíamos visto algo así”, dijo.

Para Canticus, una de las problemáticas más graves ha sido la instalación de minas antipersonal en su territorio porque han hecho que la población permanezca confinada. “Tenemos una deserción estudiantil de más del 7% en el último mes. Ya nadie quiere mandar sus hijos a estudiar porque estamos completamente minados, cualquier carretera rural está llena de artefactos explosivos”.

En lo que va de 2022, el Observatorio de Derechos Humanos de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) ha reportado 22 homicidios contra indígenas en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán y Samaniego. Precisamente la Defensoría emitió una alerta el 8 de noviembre de 2022 en la que hacía un llamado de atención sobre la situación crítica en las zonas rurales tumaqueñas de Viboral, Bajo Mira y Frontera, y Santo Domingo, indicando confinamientos y tiroteos constantes en esos lugares.

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Otro líder de ese territorio, que también prefiere mantener su identidad en reserva, señaló que aunque el consejo comunitario lleva más de cuatro años con medidas cautelares que les otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se han visto cambios en las dinámicas territoriales. “¿Al final eso de qué nos sirve? Nos están persiguiendo, ahora nos sacan de nuestros hogares y a la Alcaldía se les están acabando los medios para ayudarnos. Requerimos de asistencia alimentaria urgente, necesitamos que nos miren y que no solo sea queriendo resolver con militares”.

“Se ensañaron con nosotros”

Gonzalo* lidera procesos de atención de salud en los resguardos awá de San Andrés de Tumaco y otras zonas del Pacífico nariñense. Ha visto en carne propia cómo los grupos armados al margen de la ley los han querido exterminar por décadas y aunque aseguran que apoyan los procesos de acercamiento con otros grupos armados, no cree que la paz total llegue a su territorio pronto. “Intento ser optimista, pero hablar de paz total en tan poco tiempo más que ser ambicioso es ser irrespetuoso con la realidad de muchos pueblos. Incluyo el mío, porque con o sin Acuerdo de Paz los señores de la guerrilla se ensañaron con nosotros. Se matan entre ellos, a mitad de todo quedamos los awá y no les importa llevarnos por delante si es necesario”.

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Rider Pai, consejero mayor en el resguardo Tortugaña Telembí, en el municipio de Barbacoas, llegó hasta Bogotá el pasado 15 de diciembre para exigir una reunión con funcionarios del Gobierno central. Desde la capital, denuncia que este año han perdido a 15 compañeros indígenas. “Muchos de nuestros hogares están cercados por minas. Los grupos armados nos persiguen y nosotros solo queremos estar tranquilos dentro de nuestro entorno. Siempre hemos estado del lado de la paz y si el presidente nos quiere incluir en sus objetivos de hacer la paz con todos los actores armados, allí estaremos. Eso sí, como acompañamos también pedimos que no nos dejen sin protección”.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Unipa, hay 248 personas confinadas. En 2021 ocurrieron 23 asesinatos y en 2020, 32. El gobernador del resguardo Inda Sabaleta, Álex Guanga, dice que nadie del Estado llega a atenderles porque su resguardo está ubicado en lo que se considera zona roja. “El Estado se ha olvidado de nosotros y de todas nuestras comunidades. Sabemos que la misma institucionalidad tiene temor de venir”.

El panorama es mucho más complejo para los niños y niñas indígenas Awá. Dayana Bisbicuis Ortiz, la consejera de educación de la Unipa, asegura que todavía no se han dimensionado las afectaciones que están sufriendo los menores y jóvenes del resguardo con los ataques armados. La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Ambiental Bilingüe, uno de los centros educativos más grandes de la zona, en agosto de 2021 llegó a albergar a 400 personas por ocho días mientras pasaban los enfrentamientos en el resguardo. “Nos preocupa no poder atender los riesgos al reclutamiento forzado en este regreso a clases. Sabemos que muchos de los que no volvieron fue porque se desplazaron con sus familias, pero otros podrían haber sido llevados a los grupos o a trabajar a los cultivos de coca”, señala.

Frente a este tema, Floriberto Canticus también señala que una de sus preocupaciones más grandes ha sido que la institucionalidad, en cabeza del mandato del presidente Petro, no se volque a esta región para incluirlos en los acercamientos con actores armados. “Es fundamental que cese el exterminio contra los Awá porque somos una de las regiones del país con más presencia de actores en disputa constante, y eso parece no ser suficiente”. El consejero asegura que las comunidades étnicas declararán en las próximas semanas una Minga Humanitaria en el territorio hasta que logren tener una mesa de concertación con el Gobierno Nacional que les permita implementar estrategias de acción y prevención para evitar que los ataques contra los Awá sigan perpetrándose.

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