5 Jun 2021 - 2:00 a. m.

La historia de violencia en Algeciras que parece repetirse

El 31 de mayo, nueve personas fueron asesinadas en una finca de la zona rural de este municipio de Huila. Una masacre que vuelve a llamar la atención sobre la difícil situación de orden público que vive la conocida “despensa agrícola” del departamento. Desde enero del 2020 a la fecha, el pueblo ha llorado la muerte de 44 pobladores. Otros 300 han salido desplazados.

“Después de la firma del Acuerdo de Paz nosotros sentimos la esperanza, sentimos que la paz por fin se arrimaba a nuestro municipio”, dice Mireya Sandino, quien ha vivido la mayor parte de sus 41 años en el municipio huilense de Algeciras. Para Sandino, presidenta de Asojuntas, asociación que congrega 64 de las 103 Juntas de Acción Comunal que hay en el municipio, es claro que aunque hubo un breve momento de calma en el territorio, desde 2019 han vuelto nuevas olas de violencia más nefastas, quizás. Solo en el último año se han registrado tres masacres, la más reciente con un saldo fatal de nueve víctimas.

En este municipio del nororiente del Huila, la violencia no es algo nuevo. “Las condiciones geográficas y su posición en el territorio convierten a Algeciras en un corredor estratégico para ingresar a la zona del Caquetá, por Puerto Rico o San Vicente del Caguán, y también para conectarse con el centro y occidente del país”, explica Libardo Pinto, alcalde del municipio, en un análisis que aplica tanto para el presente como para hace medio siglo.

Algeciras fue escenario de enfrentamientos en épocas de la Violencia y, con el surgimiento de las Farc en la década de los 60, se convirtió en uno de los primeros asentamientos de la naciente guerrilla. Desde 1965 hasta 2013, según cálculos del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Bloque Oriental de las Farc atacó en doce ocasiones el municipio y se tomaron el pueblo cuatro veces. Tres años después de la firma del Acuerdo de Paz que desarmó a esta guerrilla, grupos disidentes regresaron al municipio sembrando de nuevo el terror.

De acuerdo con alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en julio de 2018 y agosto de 2020, en la zona rural del municipio hay cuatro facciones de grupos disidentes de la extinta guerrilla: la comisión financiera de la unidad Manuel Marulanda Vélez, la Comisión del Frente 62, la unidad Óscar Mondragón de la columna Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia y, por último, la columna móvil Teófilo Forero.

Para Mauricio Trujillo, presidente del concejo municipal, el origen de este problema es evidente: “En el momento que se dio el plebiscito por la paz, se habló de que en todos los lugares donde tenían incidencia la Farc el Estado colombiano tenía que entrar a ocupar estos lugares que ellos dejaban, para que no se ocasionara lo que hoy día se está viviendo”. Trujillo resalta que si bien el Ejército ha desplegado algunos uniformados en las veredas más afectadas, “vemos que cuanto más se militariza el municipio, más situaciones de alteración del orden público se dan”.

Pero la presencia de las disidencias no es el único problema que padece Algeciras. Entre enero de 2020 y mayo de 2021 en el municipio han asesinado a 44 personas y, al indagar por los responsables de estos asesinatos, no hay ninguna respuesta clara. Los habitantes del pueblo prefieren callar para evitar problemas con los grupos armados, mientras que los funcionarios públicos señalan que, debido a la inoperancia de la Fiscalía, aún no se sabe quiénes están detrás de estas muertes.

Un ejemplo de esto pueden ser las tres masacres que tuvieron lugar entre julio de 2020 y mayo de este año, en la finca del señor Álvaro Herrera, padre de un exguerrillero de las Farc que cumplía su proceso de reincorporación en el lugar. En estos lotes, ubicados en la vereda La Primavera, hombres armados ingresaron el 16 de julio y asesinaron a cuatro personas. La tragedia se repitió un mes más tarde, cuando otras tres personas fueron asesinadas allí. El último episodio de violencia ocurrió el pasado 31 de mayo y dejó un saldo de nueve personas asesinadas.

“En todos los consejos de seguridad nosotros exigimos que nos den resultados. Le pedimos a la Fiscalía que les dé celeridad a los procesos de investigación para poder darles una respuesta tanto a los familiares, porque la necesitan y la merecen, como a la comunidad en general, porque vive a toda hora en zozobra, angustia y temor. La respuesta de ellos siempre es ‘estamos en investigaciones’”, sostiene Esther Cabrera, personera de Algeciras.

Las investigaciones en el municipio no solo tienen que ver con los responsables de los asesinatos, sino también con las personas que están detrás de las amenazas a varios habitantes del lugar. Además de las 300 personas que salieron desplazadas de Algeciras en 2020 a raíz de estos hechos, funcionarios como la personera y el presidente del concejo también han sido blancos de intimidaciones. En abril de este año, luego del asesinato del inspector de Policía, el alcalde Libardo Pinto también decidió trasladarse a Neiva por “recomendaciones de las autoridades”, explica.

La decisión de Pinto no cayó bien entre los pobladores del municipio, a quienes, inevitablemente, la situación de orden público y la espiral de violencia que se vive en la zona les traen recuerdos de los peores años de la guerra, cuando los mandatarios locales debían despachar desde la capital del departamento por la inseguridad en el municipio. Mientras Trujillo dice que la ausencia del mandatario empieza a tener consecuencias sobre la gobernabilidad en el pueblo, Mireya Sandino resalta el impacto simbólico de la decisión y que “uno espera que esa persona esté allí, en el territorio, donde uno se siente que él es nuestro respaldo”.

En lo que sí parecen coincidir el presidente del concejo y el alcalde es en la poca interlocución e interés que manifiesta el Gobierno Nacional por la situación en Algeciras. Dos días después de la última masacre, el ministro de Defensa, Diego Molano, presidió un consejo de seguridad en Pitalito, Huila, donde se reunió con varios alcaldes de la zona sur del departamento. “¿Sobre qué trató el consejo? Sobre el desbloqueo de vías”, dice Trujillo, mientras el alcalde Libardo señala que no fue invitado para participar en dicho encuentro.

Además de la poca interlocución que existe con el Gobierno Nacional, hay otro punto en el que todos los sectores de Algeciras parecen estar de acuerdo: la falta de inversión social y de infraestructura en el municipio. A pesar de ser uno de los 170 municipios priorizados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que surgió de los Acuerdos de Paz del 2016, que buscaba realizar altas inversiones en los lugares más afectados por la guerra, en la “despensa agrícola” del Huila, como se conoce a este municipio, por las numerosas toneladas de comida que salen de allí, no se ha sentido el impacto del programa. Un líder social del sector Quebradón Sur, donde han ocurrido las tres masacres, quien pidió reserva de su nombre, señala que del PDET lo único que han visto son unas baterías sanitarias, y dice con preocupación que los jóvenes del municipio no tienen oportunidades.

Pinto dice que desde su administración ha impulsado quince proyectos para ser priorizados, entre los que se cuenta la reconstrucción de catorce puentes que fueron destruidos por una avalancha hace más de doce años, pero que, dadas “las trabas burocráticas para acceder a estos recursos, los proyectos difícilmente ven la luz”, por lo que hace un llamado al Gobierno Nacional para que “se flexibilice el acceso a estos dineros”.

Lo que sí es cierto es que desde todos los sectores insisten en que el camino para que Algeciras pueda volver a vivir tiempos de tranquilidad es que se cumpla el Acuerdo de Paz y se generen oportunidades para los jóvenes y comunidades del municipio.

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