La importancia de que la Jep conozca los archivos del Das

Está demostrado que desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se cometieron delitos, algunos de lesa humanidad. Un claro ejemplo es el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis por el cual está condenado el exdirector del organismo de inteligencia, Jorge Noguera Cotes. Por antecedentes como ese la secretaría ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) le ordenó al Gobierno, mediante un auto emitido el 12 de marzo del 2018, poner a disposición de ese órgano de justicia transicional los archivos del extinto Das.

“La preservación y disponibilidad (de los archivos del Das) para la Jurisdicción Especial para la Paz es de suma importancia, para la consecución de la verdad y el restablecimiento de los derechos de las víctimas”, dice el documento.

“Los crímenes del Das deben hacer parte del informe de la Comisión de la Verdad. Es necesario que el sistema de verdad, justicia y reparación tenga acceso a ellos”, afirma Claudia Julieta Duque, periodista que fue torturada psicológicamente por el organismo de inteligencia. En un allanamiento a la sede de la institución se halló un manual para torturarla elaborado al interior de la entidad.

La periodista, sin embargo, hace énfasis en que su caso no debería ir a la Jep debido a que asegura que los crímenes en su contra “no se dieron en el marco del conflicto armado, sino en el marco de una persecución estatal en contra de la oposición y la población civil”. Emiro Rojas Granados, exsubdirector del Das que está en juicio por presuntamente haber participado en la tortura contra Duque, se postuló a la Jep y pidió quedar en libertad. La solicitud de libertad le fue negada. Por el mismo caso hay tres personas condenadas, ocho en juicio y han sido investigadas 12 exfuncionarios de la entidad.

“Experiencias nacionales e internacionales nos muestran que los archivos son evidencias importantes en el trabajo que va a realizar la Jep”, opina Vivian Newman, subdirectora del centro de estudios De Justicia. Cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos del caso Guerrilla de Araguaia contra Brasil. Varias organizaciones de la sociedad civil brasileña denunciaron que las desapariciones forzadas de miembros de la guerrilla, perpetradas entre 1972 y 1975, estaban en la impunidad. En el fallo el organismo internacional, entre otras medidas de reparación, le ordenó al Estado brasileño buscar información para esclarecer los hechos.

“Si no sabemos qué fue lo que se hizo, cómo se hizo y en qué obramos mal no podemos analizar nuestra propia conducta para tratar de corregirla futuro”, opina Newman. Dice también que medidas de este tipo son importantes para las garantías de no repetición de los hechos.  

Los riesgos para los archivos

Una de los cargos por el que fue condenado el exdirector de Das Jorge Noguera fue por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público. En junio de 2014 Claudia Julieta Duque denunció la desaparición de archivos de las áreas de Inteligencia, Contrainteligencia y gastos reservados del Das que estaban bajo la custodia del gobierno nacional.

“Es una medida cautelar tardía”, afirma Duque. Newman dice: “no sé por qué no lo habían hecho antes”. El auto de la secretaría jurídica de la Jep admite que en años anteriores se presentaron denuncias por la destrucción de archivos. “Tanto organizaciones defensoras de derechos humanos como medios de comunicación han evidenciado en diversas ocasiones riesgos que pueden recaer sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS”, dice el documento.

En el mismo auto se ordena a la Procuraduría y la Fiscalía presentar un informe el 16 de abril del 2018 sobre denuncias que tengan acerca de la destrucción, sustracción, falsificación, eliminación o pérdida de información de los archivos del Das.

Otro riesgo que advierte Newman es la tensión entre la ley de inteligencia y la ley de transparencia. Llama la atención sobre el decreto 2149 del 20 de diciembre de 2017, por medio del cual se creó el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. Dice que a pesar de que una comisión de expertos le dio recomendaciones al Gobierno para el manejo de los archivos estas no fueron tenidas en cuenta a la hora de redactar esa norma.

“El Archivo General de la Nación mantendrá la custodia de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Para los trámites de acceso y consulta de la documentación correspondiente a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS, será la Dirección Nacional de Inteligencia la autoridad competente para autorizar el acceso o consulta de los mencionados archivos.”, dice el mencionado decreto. “Tiene unas protecciones que no son propias de la transparencia de un país democrático como el nuestro”, señala Newman.

El auto de la secretaría jurídica de la Jep le ordenó al Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia “no aplicar ningún tipo de procedimiento de depuración o archivístico sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del Das, hasta que la Jep defina y ordene otras medidas que garanticen la preservación”.

“Si en esos archivos hay violaciones de derechos humanos tienen que ser abiertos al público. No pueden ocultar que hubo una violación para salvar la reputación de quien lo hizo”, concluye Newman.

Está demostrado que desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se cometieron delitos, algunos de lesa humanidad. Un claro ejemplo es el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis por el cual está condenado el exdirector del organismo de inteligencia, Jorge Noguera Cotes. Por antecedentes como ese la secretaría ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) le ordenó al Gobierno, mediante un auto emitido el 12 de marzo del 2018, poner a disposición de ese órgano de justicia transicional los archivos del extinto Das.

“La preservación y disponibilidad (de los archivos del Das) para la Jurisdicción Especial para la Paz es de suma importancia, para la consecución de la verdad y el restablecimiento de los derechos de las víctimas”, dice el documento.

“Los crímenes del Das deben hacer parte del informe de la Comisión de la Verdad. Es necesario que el sistema de verdad, justicia y reparación tenga acceso a ellos”, afirma Claudia Julieta Duque, periodista que fue torturada psicológicamente por el organismo de inteligencia. En un allanamiento a la sede de la institución se halló un manual para torturarla elaborado al interior de la entidad.

La periodista, sin embargo, hace énfasis en que su caso no debería ir a la Jep debido a que asegura que los crímenes en su contra “no se dieron en el marco del conflicto armado, sino en el marco de una persecución estatal en contra de la oposición y la población civil”. Emiro Rojas Granados, exsubdirector del Das que está en juicio por presuntamente haber participado en la tortura contra Duque, se postuló a la Jep y pidió quedar en libertad. La solicitud de libertad le fue negada. Por el mismo caso hay tres personas condenadas, ocho en juicio y han sido investigadas 12 exfuncionarios de la entidad.

“Experiencias nacionales e internacionales nos muestran que los archivos son evidencias importantes en el trabajo que va a realizar la Jep”, opina Vivian Newman, subdirectora del centro de estudios De Justicia. Cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos del caso Guerrilla de Araguaia contra Brasil. Varias organizaciones de la sociedad civil brasileña denunciaron que las desapariciones forzadas de miembros de la guerrilla, perpetradas entre 1972 y 1975, estaban en la impunidad. En el fallo el organismo internacional, entre otras medidas de reparación, le ordenó al Estado brasileño buscar información para esclarecer los hechos.

“Si no sabemos qué fue lo que se hizo, cómo se hizo y en qué obramos mal no podemos analizar nuestra propia conducta para tratar de corregirla futuro”, opina Newman. Dice también que medidas de este tipo son importantes para las garantías de no repetición de los hechos.  

Los riesgos para los archivos

Una de los cargos por el que fue condenado el exdirector de Das Jorge Noguera fue por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público. En junio de 2014 Claudia Julieta Duque denunció la desaparición de archivos de las áreas de Inteligencia, Contrainteligencia y gastos reservados del Das que estaban bajo la custodia del gobierno nacional.

“Es una medida cautelar tardía”, afirma Duque. Newman dice: “no sé por qué no lo habían hecho antes”. El auto de la secretaría jurídica de la Jep admite que en años anteriores se presentaron denuncias por la destrucción de archivos. “Tanto organizaciones defensoras de derechos humanos como medios de comunicación han evidenciado en diversas ocasiones riesgos que pueden recaer sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS”, dice el documento.

En el mismo auto se ordena a la Procuraduría y la Fiscalía presentar un informe el 16 de abril del 2018 sobre denuncias que tengan acerca de la destrucción, sustracción, falsificación, eliminación o pérdida de información de los archivos del Das.

Otro riesgo que advierte Newman es la tensión entre la ley de inteligencia y la ley de transparencia. Llama la atención sobre el decreto 2149 del 20 de diciembre de 2017, por medio del cual se creó el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. Dice que a pesar de que una comisión de expertos le dio recomendaciones al Gobierno para el manejo de los archivos estas no fueron tenidas en cuenta a la hora de redactar esa norma.

“El Archivo General de la Nación mantendrá la custodia de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Para los trámites de acceso y consulta de la documentación correspondiente a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS, será la Dirección Nacional de Inteligencia la autoridad competente para autorizar el acceso o consulta de los mencionados archivos.”, dice el mencionado decreto. “Tiene unas protecciones que no son propias de la transparencia de un país democrático como el nuestro”, señala Newman.

El auto de la secretaría jurídica de la Jep le ordenó al Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia “no aplicar ningún tipo de procedimiento de depuración o archivístico sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del Das, hasta que la Jep defina y ordene otras medidas que garanticen la preservación”.

“Si en esos archivos hay violaciones de derechos humanos tienen que ser abiertos al público. No pueden ocultar que hubo una violación para salvar la reputación de quien lo hizo”, concluye Newman.