“La inversión social también hace parte de la respuesta al Cauca”: Óscar Campo

Trece personas asesinadas en tan solo una semana: dos masacres, un atentado, varios ataques y múltiples amenazas. En los municipios de Toribío, Corinto y Suárez, del norte del Cauca, los pobladores están hoy en medio del temor y la incertidumbre ante el recrudecimiento de una violencia que ha tenido como blanco principal a las comunidades indígenas.

La crisis llevó a que en menos de seis días el presidente, Iván Duque, tuviera que liderar dos consejos de seguridad en el departamento para buscar medidas que ayudaran a enfrentar la crisis de seguridad en esta región del país. En conclusión, el Gobierno atenderá la situación en el Cauca a través de dos líneas de acción: una militar, con la llegada de 2.500 nuevos uniformados, y una social, con la puesta en marcha de un plan que buscará una presencia más integral del Estado.

Mientras que la primera medida fue rechazada por varios sectores, incluidas las mismas comunidades indígenas, que han insistido en que hay una desconfianza profunda hacia la Fuerza Pública y que la militarización no soluciona los problemas estructurales que originan la violencia, la segunda genera dudas, pues tanto la implementación como el efecto de los planes sociales no son soluciones inmediatas para un fenómeno en crecimiento.

El Espectador habló con el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, sobre la crisis que atraviesa el departamento, los poderes ilegales que se mueven en el territorio, la importancia de que se proteja a las comunidades indígenas y la necesidad de promover la denominada Carpa Blanca como la herramienta para coordinar a todas las entidades del Estado y crear un espacio de diálogo con las autoridades indígenas para evitar más hechos de violencia.

¿Cuál es la estrategia para detener la ola de crímenes en el norte del Cauca?

Está claro que no solo con presencia militar se puede atender una situación tan compleja en estos municipios, particularmente en Corinto, Toribío y Caloto; por eso se trabajó en una agenda que tiene que ver con la atención de estos sectores más vulnerables por la presencia de economías ilegales. Por ejemplo, se estableció lo importante que es la implementación del proceso de paz y se hará una evaluación de lo que han sido los PDETS con las distintas iniciativas. La inversión social también hace parte de la respuesta. A eso se suma la relación con las comunidades, porque la interlocución es necesaria y por eso se ha hablado e insistido en la estrategia de la Carpa Blanca, para que a través de este mecanismo se logre romper ese escepticismo o desconfianza de las comunidades indígenas con el Estado y que se pueda brindar apoyo y acompañamiento a las comunidades. Los indígenas están siendo atacados porque los controles territoriales que hace la guardia en los resguardos han incomodado y generado malestar en las disidencias. Por eso hemos visto cómo la respuesta de los ilegales han sido los asesinatos, los crímenes y los ataques.

Pero se requieren medidas inmediatas que tengan efectos a corto plazo…

Estamos hablando de un problema muy complejo, porque no solo es en el norte del Cauca. Sabemos que la atención al foco del problema —que son las economías ilegales y los cultivos ilícitos— puede darse a través de la inversión social o el cumplimiento del Acuerdo de Paz en los apartes referentes a la sustitución, el desarrollo con enfoque territorial o incluso el capítulo étnico, que permitirá poder instalar una comisión indígena para el diálogo. Pero además de esto es urgente entender y apoyar a la guardia indígena, que es una autoridad de orden civil y comunitario, que no está armada y debe tener un acompañamiento de orden social. El control territorial del Estado debe hacerse con Fuerza Pública, pero no necesariamente dentro del resguardo. Se debe atacar el tráfico haciendo los controles en las carreteras y en las distintas entradas y salidas de las poblaciones. La acción inmediata del Estado debe dejarse ver copando todo lo que se requiera en este momento desde la inversión, la Fuerza Pública, el diálogo social y la implementación del Acuerdo de Paz.

¿Eso incluye también el fortalecimiento de la guardia que tanto han pedido las comunidades indígenas?

Eso es un trabajo que debe darse para que se entienda que se trata de un esfuerzo comunitario. Hay que respetar las autonomías y por eso la importancia de la Carpa Blanca que impulsa la Defensoría. Esperamos que sea una herramienta importante para el diálogo social y la articulación con las entidades como Fiscalía y Procuraduría, para que pueda haber un diálogo en el marco de los derechos humanos. La idea es poder brindar incluso apoyo a la justicia indígena y al fortalecimiento de las herramientas comunitarias étnicas.

¿Cuál es la radiografía que han hecho desde la Gobernación sobre la presencia de estas estructuras ilegales responsables de los crímenes en el departamento?

Antes de los diálogos de paz la presencia en estos municipios era del sexto frente de las Farc y una vez firmado el Acuerdo pudimos ver que hubo mejoría en términos de convivencia en varios municipios. Pero hay algo que también hay que ver claramente y es que las economías ilegales persistieron y que rápidamente fueron entrando actores armados, algunos de ellos disidentes de lo que fueron las Farc y otros nuevos. Lo cierto es que estos grupos al servicio de la economía ilegal se hicieron llamar la disidencia columna Dagoberto Ramos, que opera en los municipios del norte del Cauca: Caloto, Miranda, Corinto, Toribío y Jambaló. En diciembre de 2018 asesinaron al gobernador del resguardo indígena de Caloto y la guardia indígena ha intensificado sus controles territoriales en las zonas de resguardo y además capturó a varios de estos integrantes de la Dagoberto Ramos, entregándolos a la justicia, a la Fiscalía. Esto incrementó el malestar de este grupo, que a través de panfletos y comunicados amenazó e intimidó a las comunidades indígenas.

Se dice además que varios de estos grupos tienen injerencia de carteles internacionales del narcotráfico…

Esa hipótesis ha salido particularmente de los medios y no hay consejo de seguridad o reunión con Fiscalía y Policía en la que no se ponga sobre la mesa la presencia de los carteles mexicanos. Sin embargo, no hay una confirmación oficial de que haya estructuras mexicanas acompañando a estos grupos criminales que hemos mencionado. Sabemos, eso sí, que todo el producido tiene como objetivo el mercado internacional y que este lo dominan carteles mexicanos.

Trece personas asesinadas en tan solo una semana: dos masacres, un atentado, varios ataques y múltiples amenazas. En los municipios de Toribío, Corinto y Suárez, del norte del Cauca, los pobladores están hoy en medio del temor y la incertidumbre ante el recrudecimiento de una violencia que ha tenido como blanco principal a las comunidades indígenas.

La crisis llevó a que en menos de seis días el presidente, Iván Duque, tuviera que liderar dos consejos de seguridad en el departamento para buscar medidas que ayudaran a enfrentar la crisis de seguridad en esta región del país. En conclusión, el Gobierno atenderá la situación en el Cauca a través de dos líneas de acción: una militar, con la llegada de 2.500 nuevos uniformados, y una social, con la puesta en marcha de un plan que buscará una presencia más integral del Estado.

Mientras que la primera medida fue rechazada por varios sectores, incluidas las mismas comunidades indígenas, que han insistido en que hay una desconfianza profunda hacia la Fuerza Pública y que la militarización no soluciona los problemas estructurales que originan la violencia, la segunda genera dudas, pues tanto la implementación como el efecto de los planes sociales no son soluciones inmediatas para un fenómeno en crecimiento.

El Espectador habló con el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, sobre la crisis que atraviesa el departamento, los poderes ilegales que se mueven en el territorio, la importancia de que se proteja a las comunidades indígenas y la necesidad de promover la denominada Carpa Blanca como la herramienta para coordinar a todas las entidades del Estado y crear un espacio de diálogo con las autoridades indígenas para evitar más hechos de violencia.

¿Cuál es la estrategia para detener la ola de crímenes en el norte del Cauca?

Está claro que no solo con presencia militar se puede atender una situación tan compleja en estos municipios, particularmente en Corinto, Toribío y Caloto; por eso se trabajó en una agenda que tiene que ver con la atención de estos sectores más vulnerables por la presencia de economías ilegales. Por ejemplo, se estableció lo importante que es la implementación del proceso de paz y se hará una evaluación de lo que han sido los PDETS con las distintas iniciativas. La inversión social también hace parte de la respuesta. A eso se suma la relación con las comunidades, porque la interlocución es necesaria y por eso se ha hablado e insistido en la estrategia de la Carpa Blanca, para que a través de este mecanismo se logre romper ese escepticismo o desconfianza de las comunidades indígenas con el Estado y que se pueda brindar apoyo y acompañamiento a las comunidades. Los indígenas están siendo atacados porque los controles territoriales que hace la guardia en los resguardos han incomodado y generado malestar en las disidencias. Por eso hemos visto cómo la respuesta de los ilegales han sido los asesinatos, los crímenes y los ataques.

Pero se requieren medidas inmediatas que tengan efectos a corto plazo…

Estamos hablando de un problema muy complejo, porque no solo es en el norte del Cauca. Sabemos que la atención al foco del problema —que son las economías ilegales y los cultivos ilícitos— puede darse a través de la inversión social o el cumplimiento del Acuerdo de Paz en los apartes referentes a la sustitución, el desarrollo con enfoque territorial o incluso el capítulo étnico, que permitirá poder instalar una comisión indígena para el diálogo. Pero además de esto es urgente entender y apoyar a la guardia indígena, que es una autoridad de orden civil y comunitario, que no está armada y debe tener un acompañamiento de orden social. El control territorial del Estado debe hacerse con Fuerza Pública, pero no necesariamente dentro del resguardo. Se debe atacar el tráfico haciendo los controles en las carreteras y en las distintas entradas y salidas de las poblaciones. La acción inmediata del Estado debe dejarse ver copando todo lo que se requiera en este momento desde la inversión, la Fuerza Pública, el diálogo social y la implementación del Acuerdo de Paz.

¿Eso incluye también el fortalecimiento de la guardia que tanto han pedido las comunidades indígenas?

Eso es un trabajo que debe darse para que se entienda que se trata de un esfuerzo comunitario. Hay que respetar las autonomías y por eso la importancia de la Carpa Blanca que impulsa la Defensoría. Esperamos que sea una herramienta importante para el diálogo social y la articulación con las entidades como Fiscalía y Procuraduría, para que pueda haber un diálogo en el marco de los derechos humanos. La idea es poder brindar incluso apoyo a la justicia indígena y al fortalecimiento de las herramientas comunitarias étnicas.

¿Cuál es la radiografía que han hecho desde la Gobernación sobre la presencia de estas estructuras ilegales responsables de los crímenes en el departamento?

Antes de los diálogos de paz la presencia en estos municipios era del sexto frente de las Farc y una vez firmado el Acuerdo pudimos ver que hubo mejoría en términos de convivencia en varios municipios. Pero hay algo que también hay que ver claramente y es que las economías ilegales persistieron y que rápidamente fueron entrando actores armados, algunos de ellos disidentes de lo que fueron las Farc y otros nuevos. Lo cierto es que estos grupos al servicio de la economía ilegal se hicieron llamar la disidencia columna Dagoberto Ramos, que opera en los municipios del norte del Cauca: Caloto, Miranda, Corinto, Toribío y Jambaló. En diciembre de 2018 asesinaron al gobernador del resguardo indígena de Caloto y la guardia indígena ha intensificado sus controles territoriales en las zonas de resguardo y además capturó a varios de estos integrantes de la Dagoberto Ramos, entregándolos a la justicia, a la Fiscalía. Esto incrementó el malestar de este grupo, que a través de panfletos y comunicados amenazó e intimidó a las comunidades indígenas.

Se dice además que varios de estos grupos tienen injerencia de carteles internacionales del narcotráfico…

Esa hipótesis ha salido particularmente de los medios y no hay consejo de seguridad o reunión con Fiscalía y Policía en la que no se ponga sobre la mesa la presencia de los carteles mexicanos. Sin embargo, no hay una confirmación oficial de que haya estructuras mexicanas acompañando a estos grupos criminales que hemos mencionado. Sabemos, eso sí, que todo el producido tiene como objetivo el mercado internacional y que este lo dominan carteles mexicanos.