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En manos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y de la Subdirección de Asuntos Étnicos de esta entidad está definir si, por primera vez, el territorio que habita la comunidad indígena Aseinpome, en la Inspección El Porvenir, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), podrá ser reconocido legalmente como territorio ancestral. Con apoyo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, se busca que adicionalmente el caso se convierta en el primero de protección ancestral de territorios indígenas, tras un decreto de 2014 creado para proteger a las comunidades étnicas.
La comunidad de Aseinpome (Asentamiento Indígena de El Porvenir) está conformada por indígenas de las etnias sikuani y kubeo, que se dividen en 42 familias que habitan en las 1.000 hectáreas que quedaron del territorio ubicado en el Meta, que además siempre han considerado sagrado. Los indígenas de Aseinpome han tenido que vivir, por lo menos, tres desplazamientos que marcaron su historia a lo largo de los tiempos, dejando un rastro de resistencia en su tradición oral, que mantiene arraigo en su cultura gracias a una idea que no desaparece: la lucha por recobrar su territorio y reiterar su condición de tierra sagrada.
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El Porvenir se encuentra a 45 minutos de Orocué y 40 de San Pedro de Arimena, espacio que primero fue zona de disputa entre liberales y conservadores en la época de La Violencia. Este proceso interfirió en la cotidianidad de la comunidad indígena que, ante las masacres y constantes amenazas, tuvo que dispersarse. Años después, tras sobrevivir al antagonismo partidista que vivió el país, la comunidad indígena fue presa de un proceso en contra de sus intereses. Ante el imperativo del desarrollo económico, las exigencias de crecimiento ignoraron los derechos de las comunidades ancestrales.
Los sikuanis y kubeos cuentan que fueron víctimas de la llegada del “hombre blanco”, inicialmente con las máquinas de la multinacional Rubber Corporation, que volvió a desplazarlos. De nuevo, las comunidades se fueron dispersando y, como en la época de las llamadas “guahibiadas”, se convirtieron en esclavos o fueron exterminados tras ser tachados de aborígenes. Sin embargo, sikuanis y kubeos supieron volver. Aunque con menos gente y menos recuerdos de la zona que sus ancestros habitaron, pero con las mismas ganas, que hasta hoy perduran, de recuperar terrenos que les fueron dados por herencia.
Sin embargo, no habían terminado sus problemas. En los años 90, nuevamente fueron víctimas del segundo desplazamiento, esta vez causado por las Farc, al mando de Arturo Guevara, conocido como el Negro Acacio, quien movido por los intereses de la expansión cocalera, los expulsó de la zona rural de La Primavera, en el Vichada en donde se encontraban asentados. La comunidad fue regresando, siempre tratando de quedarse en terrenos aledaños, pero en vez de concretar el retorno, pronto llegó el nuevo coloso de la guerra para forzar su destierro. Hacia 2000, por acción directa del paramilitarismo, se concretó su tercer desplazamiento, esta vez con total desalojo del casco urbano de La Primavera, donde tuvieron que llegar después de la arremetida, de años atrás, por parte de las Farc.
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Entre 2000 y 2015, la comunidad estuvo viviendo, en condición de desplazamiento, en el casco urbano del municipio de La Primavera, en el Vichada, a dos horas de El Porvenir; pero volvió al territorio después de tres lustros de destierro. La comunidad que intentó regresar señaló ser víctima de familiares vinculados al empresario esmeraldero Víctor Carranza, conocido por control en varios territorios de la región. Incluso, aún hay quienes aseguran que esa tierra fue vendida, entregada o heredara por el mismo Carranza.
En medio de los contratiempos, producto de un largo proceso ante la ANT, se expidió el decreto 2333 de 2014 considerado por sus beneficiarios como “triunfo del movimiento indígena, y particularmente de la ONIC, gracias a varias movilizaciones que se dieron desde el año 2013. “Eso fue una lucha histórica, pero el decreto nació con el propósito de proteger los territorios ancestrales que, para nosotros, no son baldíos, así no se tengan los títulos. Las disposiciones legales admiten que deben ser protegidos mientras se constituyen como resguardos”, señaló Elizabeth Apolinar, abogada de la ONIC.
En esta perspectiva, para 2016 la comunidad realizó la solicitud formal de su reclamo de las tierras de El Porvenir ante el Ministerio del Interior. Esta entidad trasladó el caso a la ANT e interiormente a la Subdirección de Asuntos Étnicos, encargada de este tipo de casos. La ANT abrió un expediente e inició los procesos de estudio solicitados por la ley que, entre otros aspectos, comprende un análisis socioeconómico para establecer las pretensiones territoriales y una investigación antropológica e histórica de la comunidad indígena que está solicitando la protección ancestral de los terrenos.
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El caso Aseinpome es hoy uno de los procesos mejor documentados, pues la comunidad, por medio de su lucha, está agotando todos los lineamientos que la ley permite. En 2013, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello tomó la defensa y, según sus integrantes, en caso de lograr la protección ancestral de territorios indígenas en El Porvenir, sería el primer caso en Orinoquia y en Colombia tras la expedición del decreto 2333 de 2014. El caso es de tal importancia para el desarrollo de las comunidades ancestrales, que la ONIC lo priorizó junto con 20 asuntos más, no sólo para la organización sino para todos los pueblos indígenas.
“Estamos a la espera de voluntad política para cumplir el decreto, aunque ya vamos cuatro años en este proceso”, comentó un vocero de la comunidad. “Aseinpome es un territorio fundamental para el posconflicto y la documentación de la violencia, pues siempre ha sido territorio desprotegido”, agregó la abogada de la ONIC, Elizabeth Apolinar, quien recalcó que desde que se expidió el decreto, en 2014, no se ha expedido una sola resolución con medidas provisionales de protección para territorios ancestrales y por eso confía en que la respuesta del Ejecutivo sea estrenando el decreto para proteger a una de las comunidades más afectadas por la violencia.
“Nosotros pertenecemos a esta tierra, los ancestros y los viejos murieron acá, y todos ellos sufrieron la violencia partidista, la de los colonos blancos, la de la guerrilla de las Farc, la del paramilitarismo y hasta la de Víctor Carranza. Por esta razón, estamos reclamando lo que nos pertenece. Nuestros ancestros están enterrados aquí, debajo de los árboles de yopo, que en la lengua arawak significa “corazón”. Estos árboles, en últimas, son la única escritura pública que tenemos”, concluyó Mauro Chipiaje, gobernador kubeo-sikuani. La respuesta está en manos de la Agencia Nacional de Tierras.
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En respuesta a los requerimientos de este diario, la ANT observó que, desde abril de 2018, la Subdirección de Asuntos Étnicos emitió un auto para asumir el conocimiento. Entre el 17 y el 23 de mayo efectuó una visita a la comunidad. En la actualidad, reportó la ANT, el proceso está en revisión final del estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras. Una vez consolidada la información, la oficina jurídica evaluará su viabilidad. La ANT destacó su diálogo permanente con la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la ONIC para darle solución al caso.