La marcha contra el exterminio de los pueblos indígenas

“Ya tenemos una colección de panfletos amenazantes”. Esa frase, de una indígena nasa del norte del Cauca, refleja cómo la paz, que se ha celebrado con bombos y platillos en Colombia, aún no llega a los pueblos indígenas.

Entre enero de 2015 y febrero de 2017, cada hora un indígena se desplazó de manera forzada, cada día cuatro fueron confinados y cada mes 39 líderes recibieron amenazas. Esos datos los expuso la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en un informe de marzo de este año, cuando alertaron: si las cosas siguen igual, en menos de diez años, desaparecerían 34 pueblos aborígenes.

Sienten que el gobierno de Juan Manuel Santos se ha negado a aceptar que el conflicto armado se transformó, pero no se acabó. En sus territorios conviven con los actores armados que aún quedan y que se están fortaleciendo. “Eso es una realidad. Nosotros lo estamos viviendo en los territorios. Nos están hacinando y exterminando”, contó Rosa Guerra Ariza, asesora de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Chocó es el departamento que presenta la situación más crítica. Tanto que la Secretaría Técnica de la Comisión se reunió en Quibdó, entre el 3 y el 4 de mayo pasado, para evaluar la situación. El balance es aterrador: 461 familias de las etnias embera y wounaan fueron desplazadas forzosamente entre 2016 y 2017. En total, 3.796 nativos se desplazaron internamente en esta región.

La situación en Chocó se ha tornado insostenible debido a que, en el departamento, la guerrilla del ELN, por medio de los frentes Cacique Calarcá, Che Guevara, Manuel Hernández, El Boche y Resistencia Cimarrón, ha empezado a copar los territorios antiguos de las Farc.

Y en esa búsqueda, esta insurgencia se ha enfrentado con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que es otro actor que golpea a esta región del Pacífico. Incluso, como lo documentó La Silla Vacía, la Defensoría del Pueblo ha emitido 27 alertas tempranas en las que advierte sobre el fortalecimiento de este último grupo. “Estamos abandonados frente a la reparamilitarización del país”, sentenció Rosa Guerra.

Los combates entre las AGC, el ELN y la Fuerza Pública no dan tregua. La región es un corredor estratégico para los armados, que se enfrentan por el control de las rentas ilegales, derivadas de la explotación de madera, la minería ilegal y el narcotráfico. Un ejemplo es el municipio de Riosucio, que facilita el tránsito hacia Panamá, el golfo de Urabá y Antioquia.

Esas dinámicas de guerra no solamente han generado desplazamientos. Otras dos formas de victimización están entre las principales preocupaciones de los pueblos indígenas en Chocó: el confinamiento y la presencia de minas antipersona.

La misma Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas reportó que, en febrero de 2017, los enfrentamientos entre las AGC, el ELN y la Fuerza Pública confinaron a más de 2.223 indígenas. Eso quiere decir que no podían moverse libremente por su territorio para desarrollar actividades como la pesca y la recolección de alimentos.

A eso se suma que, para detener el avance de las AGC, el ELN ha optado por sembrar minas antipersona. En Riosucio, la situación es dramática. El 19 de marzo de 2017, un indígena de 14 años pisó un artefacto explosivo que le ocasionó la amputación de su pierna derecha.

Pero el fortalecimiento de grupos armados en zonas donde anteriormente estaban las Farc no es un fenómeno exclusivo en Chocó. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que agrupa a 286.000 aborígenes, ha alertado sobre la aparición de actores armados en sus territorios. Sin embargo, no han podido establecer si son paramilitares, disidencias de las Farc u otro tipo de actores.

Lo que la población indígena del Cauca ya sabe es que estos grupos desarmonizan sus territorios. En febrero de este año, más de cien familias se desplazaron hacia el casco urbano de Timbiquí (costa Pacífica caucana) debido a los combates en el área rural de ese municipio.

Denuncian que, en la región de Tierradentro (oriente caucano) y en los municipios de Sotará, Bolívar y Almaguer (Macizo Colombiano), en el día hacen presencia las fuerzas estatales y en la noche llegan otros grupos armados.

“No podemos transitar libremente por nuestro territorio. La gente no puede cuidar su chagra (huerta)”, contó María Ovidia Palechor, coordinadora del Programa por la Defensa de la Vida, del Cric.

También dijo que, en varias zonas del departamento, las minas que quedaron de la confrontación armada entre el Estado y las Farc representan un peligro para las comunidades. Han logrado que en los últimos años los indígenas no las pisen, pero con un costo muy alto: el impedimento de transitar por sus territorios sagrados.

La disidencia

Unos 7.000 guerrilleros de las Farc se encuentran en las zonas veredales de normalización, que esperan dejar sus armas. Sin embargo, en julio de 2016, una centena de hombres del Frente Primero de esa guerrilla, que opera en el sur de Guaviare, Meta, Vichada, Guainía y Vaupés, se declaró en disidencia.

Los pueblos indígenas del Vaupés (makuna, tanikuma, letuama, kabiyariyujup-tanimuka y yauna) también saben lo que eso significa en términos humanitarios. Entre 2016 y 2017, tres indígenas han sido secuestrados. A Maximiliano Sánchez (de la etnia kabiyari), inspector de policía de Buenos Aires (corregimiento de Tacoa), se lo llevaron tres guerrilleros sin uniformes, el miércoles 8 de marzo. Su familia intentó rescatarlo dos veces al establecer diálogos con los subversivos, pero no obtuvo respuesta.

El 4 de abril, Sánchez fue liberado. Además, los armados le devolvieron a la comunidad unos equipos de internet y varios implementos de la emisora comunitaria que se habían llevado. Les dijeron que habían “decomisado” esos instrumentos porque, supuestamente, los pobladores estaban suministrando información al Ejército. También le advirtieron a Sánchez que no podía seguir trabajando como inspector.

En esta zona del Vaupés, la presión que ejerce este grupo armado ha generado por los menos 30 casos de desplazamiento forzado. Asimismo, varios profesores de la escuela de Buenos Aires fueron amenazados.

Esos hechos condujeron a que, el pasado 5 de abril, el gobernador del Vaupés, Jorge Enrique Vargas, le enviara una carta al presidente Juan Manuel Santos para pedirle la apertura de diálogos con ese grupo armado. “De mi parte, reciba la total disposición para que la administración de Vaupés desarrolle el apoyo logístico y el acompañamiento que usted considere pertinente”, expresó el mandatario en la misiva y le contó que en el departamento se han registrado varios casos de reclutamiento forzado.

El conflicto armado que parece cerrarse por ahora con las Farc ha dejado secuelas imborrables en los pueblos ancestrales. Según cifras de la Unidad para las Víctimas, 182.828 indígenas fueron afectados por la confrontación. Esa cifra representa el 13,3 % de los indígenas en el país.

Los líderes

En Colombia, los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales siguen siendo recurrentes. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, se registraron 120 asesinatos, 33 atentados y 27 agresiones.

Ejercer liderazgos en las comunidades nativas, dijo Rosa Guerra, es “como ponerse una cruz encima”.

La situación no es nueva. Por ejemplo, el 14 de enero de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 32 líderes del Cric. Las razones: “serían blancos de actos de violencia, amenaza y estigmatización por causa de sus actividades como líderes indígenas”.

El panorama del orden público en el Cauca cambió desde que los frentes sexto, 60, 29, octavo y las columnas móviles Jacobo Arenas y Daniel Aldana abandonaron sus territorios de influencia para dirigirse a las zonas de dejación de armas. Los grupos que copan estos espacios son los que están amenazando a los dirigentes ancestrales.

El 17 de mayo pasado, un grupo armado no identificado llegó a Timbiquí (Cauca) preguntando por un líder que cuenta con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La guardia indígena logró que los armados desistieran de su idea de encontrarlo, pero el episodio fue interpretado como un campanazo de alerta.

El miedo cunde debido a que, en algunos casos, los grupos armados cumplen sus amenazas. El miércoles 19 de abril, el gobernador del resguardo, Kite Kiwe, ubicado en el municipio de Timbío (Cauca), murió tras recibir un impacto de bala.

La resistencia es característica de los indígenas. En medio del conflicto con las Farc, incluso, salieron a marchar y se derramó mucha sangre aborigen. Ellos no quieren que eso se repita y por eso mañana marcharán en el Valle del Cauca, desde Jamundí hasta Cali. “No queremos guerra que nos mate ni paz que nos acabe”, concluye Guerra.

“Ya tenemos una colección de panfletos amenazantes”. Esa frase, de una indígena nasa del norte del Cauca, refleja cómo la paz, que se ha celebrado con bombos y platillos en Colombia, aún no llega a los pueblos indígenas.

Entre enero de 2015 y febrero de 2017, cada hora un indígena se desplazó de manera forzada, cada día cuatro fueron confinados y cada mes 39 líderes recibieron amenazas. Esos datos los expuso la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en un informe de marzo de este año, cuando alertaron: si las cosas siguen igual, en menos de diez años, desaparecerían 34 pueblos aborígenes.

Sienten que el gobierno de Juan Manuel Santos se ha negado a aceptar que el conflicto armado se transformó, pero no se acabó. En sus territorios conviven con los actores armados que aún quedan y que se están fortaleciendo. “Eso es una realidad. Nosotros lo estamos viviendo en los territorios. Nos están hacinando y exterminando”, contó Rosa Guerra Ariza, asesora de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Chocó es el departamento que presenta la situación más crítica. Tanto que la Secretaría Técnica de la Comisión se reunió en Quibdó, entre el 3 y el 4 de mayo pasado, para evaluar la situación. El balance es aterrador: 461 familias de las etnias embera y wounaan fueron desplazadas forzosamente entre 2016 y 2017. En total, 3.796 nativos se desplazaron internamente en esta región.

La situación en Chocó se ha tornado insostenible debido a que, en el departamento, la guerrilla del ELN, por medio de los frentes Cacique Calarcá, Che Guevara, Manuel Hernández, El Boche y Resistencia Cimarrón, ha empezado a copar los territorios antiguos de las Farc.

Y en esa búsqueda, esta insurgencia se ha enfrentado con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que es otro actor que golpea a esta región del Pacífico. Incluso, como lo documentó La Silla Vacía, la Defensoría del Pueblo ha emitido 27 alertas tempranas en las que advierte sobre el fortalecimiento de este último grupo. “Estamos abandonados frente a la reparamilitarización del país”, sentenció Rosa Guerra.

Los combates entre las AGC, el ELN y la Fuerza Pública no dan tregua. La región es un corredor estratégico para los armados, que se enfrentan por el control de las rentas ilegales, derivadas de la explotación de madera, la minería ilegal y el narcotráfico. Un ejemplo es el municipio de Riosucio, que facilita el tránsito hacia Panamá, el golfo de Urabá y Antioquia.

Esas dinámicas de guerra no solamente han generado desplazamientos. Otras dos formas de victimización están entre las principales preocupaciones de los pueblos indígenas en Chocó: el confinamiento y la presencia de minas antipersona.

La misma Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas reportó que, en febrero de 2017, los enfrentamientos entre las AGC, el ELN y la Fuerza Pública confinaron a más de 2.223 indígenas. Eso quiere decir que no podían moverse libremente por su territorio para desarrollar actividades como la pesca y la recolección de alimentos.

A eso se suma que, para detener el avance de las AGC, el ELN ha optado por sembrar minas antipersona. En Riosucio, la situación es dramática. El 19 de marzo de 2017, un indígena de 14 años pisó un artefacto explosivo que le ocasionó la amputación de su pierna derecha.

Pero el fortalecimiento de grupos armados en zonas donde anteriormente estaban las Farc no es un fenómeno exclusivo en Chocó. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que agrupa a 286.000 aborígenes, ha alertado sobre la aparición de actores armados en sus territorios. Sin embargo, no han podido establecer si son paramilitares, disidencias de las Farc u otro tipo de actores.

Lo que la población indígena del Cauca ya sabe es que estos grupos desarmonizan sus territorios. En febrero de este año, más de cien familias se desplazaron hacia el casco urbano de Timbiquí (costa Pacífica caucana) debido a los combates en el área rural de ese municipio.

Denuncian que, en la región de Tierradentro (oriente caucano) y en los municipios de Sotará, Bolívar y Almaguer (Macizo Colombiano), en el día hacen presencia las fuerzas estatales y en la noche llegan otros grupos armados.

“No podemos transitar libremente por nuestro territorio. La gente no puede cuidar su chagra (huerta)”, contó María Ovidia Palechor, coordinadora del Programa por la Defensa de la Vida, del Cric.

También dijo que, en varias zonas del departamento, las minas que quedaron de la confrontación armada entre el Estado y las Farc representan un peligro para las comunidades. Han logrado que en los últimos años los indígenas no las pisen, pero con un costo muy alto: el impedimento de transitar por sus territorios sagrados.

La disidencia

Unos 7.000 guerrilleros de las Farc se encuentran en las zonas veredales de normalización, que esperan dejar sus armas. Sin embargo, en julio de 2016, una centena de hombres del Frente Primero de esa guerrilla, que opera en el sur de Guaviare, Meta, Vichada, Guainía y Vaupés, se declaró en disidencia.

Los pueblos indígenas del Vaupés (makuna, tanikuma, letuama, kabiyariyujup-tanimuka y yauna) también saben lo que eso significa en términos humanitarios. Entre 2016 y 2017, tres indígenas han sido secuestrados. A Maximiliano Sánchez (de la etnia kabiyari), inspector de policía de Buenos Aires (corregimiento de Tacoa), se lo llevaron tres guerrilleros sin uniformes, el miércoles 8 de marzo. Su familia intentó rescatarlo dos veces al establecer diálogos con los subversivos, pero no obtuvo respuesta.

El 4 de abril, Sánchez fue liberado. Además, los armados le devolvieron a la comunidad unos equipos de internet y varios implementos de la emisora comunitaria que se habían llevado. Les dijeron que habían “decomisado” esos instrumentos porque, supuestamente, los pobladores estaban suministrando información al Ejército. También le advirtieron a Sánchez que no podía seguir trabajando como inspector.

En esta zona del Vaupés, la presión que ejerce este grupo armado ha generado por los menos 30 casos de desplazamiento forzado. Asimismo, varios profesores de la escuela de Buenos Aires fueron amenazados.

Esos hechos condujeron a que, el pasado 5 de abril, el gobernador del Vaupés, Jorge Enrique Vargas, le enviara una carta al presidente Juan Manuel Santos para pedirle la apertura de diálogos con ese grupo armado. “De mi parte, reciba la total disposición para que la administración de Vaupés desarrolle el apoyo logístico y el acompañamiento que usted considere pertinente”, expresó el mandatario en la misiva y le contó que en el departamento se han registrado varios casos de reclutamiento forzado.

El conflicto armado que parece cerrarse por ahora con las Farc ha dejado secuelas imborrables en los pueblos ancestrales. Según cifras de la Unidad para las Víctimas, 182.828 indígenas fueron afectados por la confrontación. Esa cifra representa el 13,3 % de los indígenas en el país.

Los líderes

En Colombia, los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales siguen siendo recurrentes. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, se registraron 120 asesinatos, 33 atentados y 27 agresiones.

Ejercer liderazgos en las comunidades nativas, dijo Rosa Guerra, es “como ponerse una cruz encima”.

La situación no es nueva. Por ejemplo, el 14 de enero de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 32 líderes del Cric. Las razones: “serían blancos de actos de violencia, amenaza y estigmatización por causa de sus actividades como líderes indígenas”.

El panorama del orden público en el Cauca cambió desde que los frentes sexto, 60, 29, octavo y las columnas móviles Jacobo Arenas y Daniel Aldana abandonaron sus territorios de influencia para dirigirse a las zonas de dejación de armas. Los grupos que copan estos espacios son los que están amenazando a los dirigentes ancestrales.

El 17 de mayo pasado, un grupo armado no identificado llegó a Timbiquí (Cauca) preguntando por un líder que cuenta con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La guardia indígena logró que los armados desistieran de su idea de encontrarlo, pero el episodio fue interpretado como un campanazo de alerta.

El miedo cunde debido a que, en algunos casos, los grupos armados cumplen sus amenazas. El miércoles 19 de abril, el gobernador del resguardo, Kite Kiwe, ubicado en el municipio de Timbío (Cauca), murió tras recibir un impacto de bala.

La resistencia es característica de los indígenas. En medio del conflicto con las Farc, incluso, salieron a marchar y se derramó mucha sangre aborigen. Ellos no quieren que eso se repita y por eso mañana marcharán en el Valle del Cauca, desde Jamundí hasta Cali. “No queremos guerra que nos mate ni paz que nos acabe”, concluye Guerra.