La paz y el pesimismo de los personeros

Si algo ha dejado claro la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc es que una cosa es el país que se percibe desde Bogotá y otro el que se vive en las regiones. Y siendo los personeros municipales los responsables de salvaguardar en los territorios la defensa de los derechos humanos y el primer contacto de las víctimas —eje de lo pactado, dicen— con la institucionalidad, preocupa que hoy sus voces sean de angustia y temor porque este proceso no tenga un fin exitoso.

Eso fue lo que expresaron esta semana en la capital del país, en el marco del Encuentro Nacional de Personerías “Territorios por la paz: Un propósito nacional”, evento que pasó desapercibido y que tuvo como objetivo, precisamente, analizar la implementación de los acuerdos de La Habana en los territorios y los retos que esto supone desde la institucionalidad. Las conclusiones generan intranquilidad, pues para las personerías, que hacen presencia en los 1.102 municipios de Colombia y reciben algo más del 80 % de las declaraciones de víctimas del conflicto, en muchas zonas la violencia no se redujo y, por el contrario, ha habido un incremento y la aparición de nuevos grupos armados.

Uno de esos municipios, por ejemplo, es Suárez, en el norte del Cauca. Karina García, su personera, denunció el aumento de la violencia en la zona urbana y rural, y el miedo que persiste entre la comunidad de que se repitan los enfrentamientos que tanto los afectaron en el pasado: “Los guerrilleros de las Farc siguen operando en la zona, pero identificados como Epl; los comandantes siguen siendo los mismos. Además, tenemos presencia de Eln y se está gestando un nuevo grupo paramilitar”, reveló. Con una denuncia adicional: que esos grupos tienen en su poder armamento de largo alcance y moderno, que ha sido analizado en varios consejos de seguridad y ni siquiera lo posee el Ejército.

También lea: “El posconflicto no ha aterrizado”: Leyner Palacios

Óscar Mosquera, personero de Cértegui, en el Chocó, habló de la llegada de otros grupos al margen de la ley a copar los espacios abandonados por las Farc, lo que le ha impedido a la región sentir un cambio significativo en el posconflicto. “Sigue siendo una situación bastante compleja porque las zonas que fueron desocupadas por las Farc ahora han sido nuevamente copadas por otro tipo de grupos armados, como bandas criminales, Eln y las mismas disidencias. Sigue existiendo una violación a los derechos humanos de todas las poblaciones de esta región”, dijo.

Para Camilo Fonseca, director ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), parece que lo que se acordó en Cuba no tuviera en cuenta lo que realmente sucede en los territorios, pues hasta el momento los personeros no han logrado percibir como positivo lo que está pasando con la implementación, ya que crecen las denuncias de aumento de cultivos de coca, presión a las comunidades para movilizarse y presencia de nuevos grupos armados, lo que demuestra que el problema del país no era la presencia de la guerrilla sino la falta de presencia del Estado para generar desarrollo y llegar con seguridad o servicios públicos.

“Evidenciamos que en la etapa de alistamiento para la implementación de los acuerdos nunca hubo una preparación real de los territorios y sus capacidades institucionales. Las personerías no fueron preparadas para atender las situaciones de derechos humanos y el Gobierno no tiene respuestas. No hubo una estrategia clara por parte del Estado para llegar con servicios esenciales, como infraestructura, servicios públicos, seguridad, salud y educación en esta etapa”, enfatizó Fonseca.

A su turno, Borja Paladini, director del Instituto Kroc en Colombia, que hace seguimiento a la implementación de los acuerdos, advirtió que, si bien hay avances que se deben reconocer, como el cese del fuego y la dejación de armas por parte de la guerrilla, a la vez hay atrasos significativos en el proceso de reintegración, seguridad y sistemas de alertas tempranas, lo que se refleja en que las personas sientan inseguridad y no participen en procesos de restitución de tierras, reparación a las víctimas ni en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Según indicó, en departamentos como Chocó, Norte de Santander, Cauca y Nariño se percibe que la situación de violencia ha empeorado y son zonas que requieren mucho más que la dejación de armas de las Farc.

También lea: Nariño: dos masacres por resolver

En conclusión, mientras defensores y opositores del proceso de paz con las Farc discuten en el Congreso sobre leyes y reformas, muchos asumiéndose como voceros de las víctimas, en las regiones el posconflicto no deja de ser pura retórica. Y las palabras de Todd Howland, alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien participó en este encuentro de personeros, son lacónicas: “Quiero pedir disculpas porque ustedes son huérfanos del sistema político, que no es el mejor. Las personerías no tienen plata porque no tienen votos”.

De hecho, los personeros le pidieron a Howland su apoyo para atender las necesidades y dificultades para poder cumplir con sus labores en protección de los derechos humanos. Las dificultades más recurrentes manifestadas fueron problemas de seguridad, amenazas, falta de recursos económicos, físicos y humanos. Es cierto, como dijo recientemente Rafael Pardo, ministro del Posconflicto, que cerrar una guerra no es tarea fácil, que son muchos los retos y que se han logrado avances significativos, pero mientras él cree que hay razones para estar optimistas, los personeros, que son los que viven el día a día de las dificultades en los territorios, creen que no.

Si algo ha dejado claro la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc es que una cosa es el país que se percibe desde Bogotá y otro el que se vive en las regiones. Y siendo los personeros municipales los responsables de salvaguardar en los territorios la defensa de los derechos humanos y el primer contacto de las víctimas —eje de lo pactado, dicen— con la institucionalidad, preocupa que hoy sus voces sean de angustia y temor porque este proceso no tenga un fin exitoso.

Eso fue lo que expresaron esta semana en la capital del país, en el marco del Encuentro Nacional de Personerías “Territorios por la paz: Un propósito nacional”, evento que pasó desapercibido y que tuvo como objetivo, precisamente, analizar la implementación de los acuerdos de La Habana en los territorios y los retos que esto supone desde la institucionalidad. Las conclusiones generan intranquilidad, pues para las personerías, que hacen presencia en los 1.102 municipios de Colombia y reciben algo más del 80 % de las declaraciones de víctimas del conflicto, en muchas zonas la violencia no se redujo y, por el contrario, ha habido un incremento y la aparición de nuevos grupos armados.

Uno de esos municipios, por ejemplo, es Suárez, en el norte del Cauca. Karina García, su personera, denunció el aumento de la violencia en la zona urbana y rural, y el miedo que persiste entre la comunidad de que se repitan los enfrentamientos que tanto los afectaron en el pasado: “Los guerrilleros de las Farc siguen operando en la zona, pero identificados como Epl; los comandantes siguen siendo los mismos. Además, tenemos presencia de Eln y se está gestando un nuevo grupo paramilitar”, reveló. Con una denuncia adicional: que esos grupos tienen en su poder armamento de largo alcance y moderno, que ha sido analizado en varios consejos de seguridad y ni siquiera lo posee el Ejército.

También lea: “El posconflicto no ha aterrizado”: Leyner Palacios

Óscar Mosquera, personero de Cértegui, en el Chocó, habló de la llegada de otros grupos al margen de la ley a copar los espacios abandonados por las Farc, lo que le ha impedido a la región sentir un cambio significativo en el posconflicto. “Sigue siendo una situación bastante compleja porque las zonas que fueron desocupadas por las Farc ahora han sido nuevamente copadas por otro tipo de grupos armados, como bandas criminales, Eln y las mismas disidencias. Sigue existiendo una violación a los derechos humanos de todas las poblaciones de esta región”, dijo.

Para Camilo Fonseca, director ejecutivo de la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), parece que lo que se acordó en Cuba no tuviera en cuenta lo que realmente sucede en los territorios, pues hasta el momento los personeros no han logrado percibir como positivo lo que está pasando con la implementación, ya que crecen las denuncias de aumento de cultivos de coca, presión a las comunidades para movilizarse y presencia de nuevos grupos armados, lo que demuestra que el problema del país no era la presencia de la guerrilla sino la falta de presencia del Estado para generar desarrollo y llegar con seguridad o servicios públicos.

“Evidenciamos que en la etapa de alistamiento para la implementación de los acuerdos nunca hubo una preparación real de los territorios y sus capacidades institucionales. Las personerías no fueron preparadas para atender las situaciones de derechos humanos y el Gobierno no tiene respuestas. No hubo una estrategia clara por parte del Estado para llegar con servicios esenciales, como infraestructura, servicios públicos, seguridad, salud y educación en esta etapa”, enfatizó Fonseca.

A su turno, Borja Paladini, director del Instituto Kroc en Colombia, que hace seguimiento a la implementación de los acuerdos, advirtió que, si bien hay avances que se deben reconocer, como el cese del fuego y la dejación de armas por parte de la guerrilla, a la vez hay atrasos significativos en el proceso de reintegración, seguridad y sistemas de alertas tempranas, lo que se refleja en que las personas sientan inseguridad y no participen en procesos de restitución de tierras, reparación a las víctimas ni en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Según indicó, en departamentos como Chocó, Norte de Santander, Cauca y Nariño se percibe que la situación de violencia ha empeorado y son zonas que requieren mucho más que la dejación de armas de las Farc.

También lea: Nariño: dos masacres por resolver

En conclusión, mientras defensores y opositores del proceso de paz con las Farc discuten en el Congreso sobre leyes y reformas, muchos asumiéndose como voceros de las víctimas, en las regiones el posconflicto no deja de ser pura retórica. Y las palabras de Todd Howland, alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien participó en este encuentro de personeros, son lacónicas: “Quiero pedir disculpas porque ustedes son huérfanos del sistema político, que no es el mejor. Las personerías no tienen plata porque no tienen votos”.

De hecho, los personeros le pidieron a Howland su apoyo para atender las necesidades y dificultades para poder cumplir con sus labores en protección de los derechos humanos. Las dificultades más recurrentes manifestadas fueron problemas de seguridad, amenazas, falta de recursos económicos, físicos y humanos. Es cierto, como dijo recientemente Rafael Pardo, ministro del Posconflicto, que cerrar una guerra no es tarea fácil, que son muchos los retos y que se han logrado avances significativos, pero mientras él cree que hay razones para estar optimistas, los personeros, que son los que viven el día a día de las dificultades en los territorios, creen que no.