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Cuatro de los principales dirigentes de las extintas Farc, hoy Partido Comunes, recibieron correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas de supuestos funcionarios de la Embajada de Colombia en Washington donde les ofrecían, a cambio de dinero, presunta información confidencial y delicada que podría poner en juego su continuidad en el proceso de paz.
Los contactos se dieron entre junio y julio de 2021 a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y hoy presidente de Comunes; y los senadores de esa colectividad Pablo Catatumbo, Sandra Ramírez y Victoria Sandino. Todos interpusieron denuncias ante la Fiscalía por extorsión y amenazas que Colombia+20 conoció en detalle.
Los chats de “Silvia D”
El pasado 4 de julio Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, recibió un mensaje en su teléfono personal de una persona que se identificaba como Silvia D, quien dijo ser funcionaria de una Unidad de Trabajo Legislativo del Centro Democrático. Londoño sostiene que en los chats le plantearon “la existencia de una información confidencial que, según dicha persona, podría ser de mi interés”.
En los mensajes, que llegaban desde distintos números telefónicos y correos electrónicos, le solicitaban a Londoño dinero a cambio de información sobre presuntos hechos irregulares que involucrarían a los congresistas Paloma Valencia, Ernesto Macías y María Fernanda Cabal. Londoño hizo caso omiso.
Sin embargo, el 7 de julio recibió una llamada del número +1 202 387 8338, que, tal como se ve en la página oficial de la Embajada de Colombia en Washington, es la línea telefónica local de esa representación. Quien lo llamó se identificó de nuevo como Silvia D, la misma persona que le había enviado los mensajes anteriores.
Ante las negativas de Londoño a las propuestas de entregar dinero a cambio de información, en un último mensaje del mismo 7 de julio la supuesta Silvia D escribió: “No las caletas no dan tiempo y ya nos demoramos mucho en éste Rolla dejemos así que este bien Sr (sic)”. Por esas mismas fechas y de una forma casi calcada, los senadores Pablo Catatumbo y Sandra Ramírez también fueron contactados. En ambos casos, la interlocutora también se presentó como Silvia y aseguró ser funcionaria de la Embajada en Washington, según la denuncia conjunta que presentaron los tres (Londoño, Catatumbo y Ramírez) el pasado 14 de julio ante la Fiscalía.
(Lea: Los audios de la DEA y la Fiscalía que le negaron a la JEP sobre el caso “Santrich”)
En uno de los apartes de la denuncia, el senador Catatumbo dice: “Se me informa que existe una grabación fílmica de treinta minutos, donde se evidencia una conversación entre el ‘saliente embajador Francisco y la nueva canciller que también es vice’, quienes señalan la posibilidad de que yo corra con la misma suerte que Jesús [Santrich] e Iván [Márquez], pues, al parecer, es un plan que debe activarse antes de que culmine el actual gobierno”.
“El hecho de que se nos induzca a decir algunas cosas o cometer actos que contrarían la Constitución y la ley penal colombiana genera una conducta constitutiva de entrampamiento, cuya pretensión posiblemente es la de utilizar dicha información para involucrarnos en un proceso y constituir un fraude procesal”, se lee en el documento que conoció Colombia+20, que fue entregado ante el ente acusador.
De acuerdo con la denuncia, Ramírez fue contactada por esta persona desde diferentes números y correos electrónicos, pero también desde la misma línea de la que llamaron a Londoño y que aparece como teléfono oficial en la página de la Embajada de Colombia en Washington. En la comunicación, dice la denuncia, la persona se presentó abiertamente como la funcionaria Silvia Dangond. Según ese documento, la interlocutora aseguraba que tenía en su poder una grabación de Germán Vargas Lleras donde este supuestamente hablaba de un plan para sacar de la política a Sandra Ramírez, con miras a “afectar la contienda electoral”.
En los tres casos, la persona que contactaba a los exmiembros de las Farc intentó incluir en las conversaciones asuntos de dinero y palabras en clave que pudieran tener interpretaciones ambiguas. A Londoño, por ejemplo, le decía: “Son 5 y el resto después que todo esté bajo su control confiando así como lo hará usted con nosotros en que usted cómo persona seria cumplirá con el resto después que ya es una suma grande pero de seguridad que no le parecerá tal después de tener ese tesoro en las manos (sic)”. A Catatumbo le mencionaba: “Son tres tigres a los que se busca, pero el más astuto sabrá decidir… (sic)”.
Para sus abogados resulta llamativo que, aunque la persona que contactaba a los miembros del Partido Comunes siempre siguió el mismo patrón, el contenido de los mensajes parecía responder a un perfilamiento psicológico de cada uno de los implicados. A Londoño, por ejemplo, le mencionaba en uno de los correos a su hijo insinuando que quizás había un plan para atentar contra él. A Catatumbo le señalaban la existencia de un supuesto video que lo vincularía con las disidencias de las Farc y a Sandra Ramírez le insinuaban la posibilidad de una denuncia falsa en su contra. “A cada uno le hablaban con lo que más le dolía o a lo que más miedo le tiene”, asegura Diego Martínez, uno de los abogados. Colombia+20 corroboró que en la Embajada de Colombia en Estados Unidos hay una funcionaria llamada Silvia Dangond y su nombre aparece consignado en el listado oficial de los funcionarios en la página oficial. Allí ejerce como ministra consejera para Educación, Cultura y Deporte. Contactamos a la funcionaria y la consultamos sobre esas denuncias. Su respuesta fue taxativa, asegurando que no tiene nada que ver con el tema y que por ninguna vía ha contactado a los dirigentes de Comunes.
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El caso de Victoria Sandino
A través de distintas redes, la senadora por el Partido Comunes Victoria Sandino también fue contactada. Así quedó consignado en la denuncia que el pasado 30 de julio radicó la senadora ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz y la fiscalía primera delegada del Tribunal Superior de Bogotá.
Según su asesora jurídica, el primer contacto fue el pasado 11 de junio a través de un correo electrónico escrito en inglés por un hombre que se identificaba como socio de Jesús Santrich. En el mensaje, lamentaba la muerte del jefe guerrillero —ocurrida pocas semanas antes, el 18 de mayo— y le aseguraba que tenía negocios en marcha con él. De acuerdo con su asesora, el hombre le dijo que acudía a ella porque estaba buscando a otro integrante de la organización para llevar a buen término esos proyectos. La senadora no respondió el correo.
De acuerdo con la asistente de Sandino en el Congreso, un mes después, el 14 de julio, un hombre que se identificó como Mario Hernández y que también dijo ser funcionario de la Embajada de Colombia en Washington, se comunicó con ella y le pidió insistentemente hablar con la senadora. Según su relato, el hombre afirmaba que tenía una información muy importante y era urgente que la congresista la conociera. En este caso, la llamada también se hizo desde la línea telefónica citada, que aparece en la página de la Embajada. Como en apariencia era el número oficial, Sandino accedió a hablar con él.
El supuesto funcionario de la Embajada le pidió comunicarse vía WhatsApp y en los mensajes le habló de la existencia de un video de casi una hora de duración en poder de un “curtido y antiguo agente de la DEA” en el que, según él, Rodrigo Londoño y los senadores de Comunes Sandra Ramírez y Pablo Catatumbo conspiraban contra ella, en aras de “sacarla del juego político”. “El hombre sostenía que era un video muy valioso que podía ser trascendental para su futuro y para el proceso de paz. Insinuaba que era una información tan delicada que incluso podría amenazar su permanencia en el proceso de paz”, explica su asesora jurídica. Para entregárselo el supuesto funcionario le pidió “cinco millones”, sin especificar moneda alguna. Dijo que cuando lo tuviera en sus manos, se daría cuenta de que es un “tesoro de incalculable valor”.
Sandino se negó a la petición y le exhortó a entregarlo a las autoridades. El supuesto funcionario sostuvo que estas ya tenían conocimiento de esa información, pero que no tenían interés en investigarla, para “no afectar el proceso de paz”.
Al día siguiente también intentó hablar insistentemente con la senadora un hombre que se identificó como Mark Sheller, pero, ante lo que había sucedido, la congresista se negó a atenderlo.
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El pasado 20 de julio —día de la instalación del Congreso— Hernández, el supuesto funcionario de la Embajada, volvió a escribirle mensajes a Sandino en los que le daba a entender que la estaban observando, de acuerdo con la asesora. En ellos, le describió en detalle la ropa que llevaba o acciones que hacía dentro del recinto del Congreso durante la sesión pública. El grado de detalle de los pormenores con el que le hablaba era tal que no podía ser conocido simplemente a través de la transmisión en vivo de ese evento en el Congreso. Sandino no volvió a responder.
“Lo que vemos es que se acercan con ofrecimientos muy particulares, que además involucran una transacción económica y que pueden prestarse para cualquier cosa. Hay una clara intención de entrampar, de sembrar pruebas, de facilitar que se caiga en un engaño que pueda terminar en cualquier tipo de proceso, judicial o no, porque también puede ser un desprestigio, pero que resulte evidentemente negativo para la paz”, sostiene su asesora.
Colombia+20 verificó y, en efecto, hay una persona identificada como Mario Hernández que figura como funcionario adscrito a la Embajada de Colombia en Washington, cuyo cargo oficial es ministro consejero para asuntos económicos y sector privado. Es hijo del empresario colombiano Mario Hernández, propietario de la marca de marroquinería que lleva su nombre.
A través del correo electrónico oficial, se consultó al funcionario sobre estos presuntos contactos con la senadora del Partido Comunes. El mensaje fue respondido desde el Departamento de Comunicaciones de la Embajada en Estados Unidos, donde aseguraron que Hernández no haría comentarios al respecto porque no estaba autorizado para dar declaraciones públicas.
El nombre de Mark Sheller no aparece en el listado de funcionarios de esa Embajada.
A través de la oficina de prensa de la Cancillería de Colombia también se indagó sobre esos contactos de quienes se identifican supuestamente como Silvia Dangond y Mario Hernández con los dirigentes de Comunes, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta.
El caso de Aroca en Putumayo
A mediados de octubre de 2017, en medios nacionales y regionales circuló una noticia titulada “Ejército confirma disidencia de las Farc en el Putumayo”. En esta, se replicaban las declaraciones del general del Ejército Adolfo León Hernández, para entonces comandante de la Brigada 27 de Selva en ese departamento, quien aseguraba que estaban tras la pista de un grupo armado en el municipio de Puerto Guzmán. De acuerdo con León, se trataría de una mezcla entre exguerrilleros y miembros de la “banda delincuencial de segundo nivel ‘La Constru’”, y que estaría bajo el mando de alguien conocido como ‘Colombino’, disidente del Frente 32 de la antigua guerrilla.
Ese alias perteneció durante la guerra a Aroca Sánchez, quien en efecto hizo parte de ese frente. Para el momento en que el general León lo señaló como el cabecilla de ‘La Constru’, el exguerrillero llevaba 10 meses en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Carmelita, ubicado en Puerto Asís, donde se instalaron los hombres de los frentes 32, 48 y 49 que dejaron las armas con las antiguas Farc. En ese espacio Aroca se convirtió, además, en uno de los fundadores de la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (Comuccom) que crearon entre un puñado de excombatientes.
Durante meses, el exguerrillero sorteó los señalamientos de la Fuerza pública trabajando en la cooperativa de excombatientes hasta que, en marzo de 2019, luego de visitar un predio donde se ejecutaría su proyecto productivo, hombres del Gaula y la Fiscalía lo capturaron en un restaurante por el delito de extorsión agravada. Las pruebas eran la denuncia que una docente de la zona había interpuesto en su contra por una extorsión en agosto de 2018 y un informe de inteligencia del mayor Francisco Alexander Sánchez, comandante del Gaula Militar Putumayo, que lo identificaba a él como el responsable de la extorsión, en el que se decía que la víctima le había hecho un reconocimiento fotográfico. Aroca Sánchez fue enviado a la cárcel de Pitalito (Huila).
Sin embargo, meses después fue la misma Fiscalía la que solicitó la preclusión del caso, y explicó que sus investigadores intentaron buscar a la víctima para recibir su versión sobre la extorsión, pero ella los evadió en repetidas ocasiones. A su vez, el abogado del exguerrillero señaló que se había comunicado con la docente y que ella le aseguró nunca haber presentado denuncia alguna contra Aroca, ni haber hecho un reconocimiento fotográfico de él. En algunas de las ocasiones en que la denunciante contestó las llamadas de los investigadores, sostenía que no los atendería hasta que no hablara con el mayor Jonathan Alarcón del Gaula Militar.
Hasta octubre de 2019, siete meses después de la captura del exguerrillero, la presunta víctima atendió a la Fiscalía y sostuvo que no había presentado ninguna denuncia contra Armando Aroca, a quien entre otras conocía desde cuando era guerrillero y pasaba cerca de la escuela en la que ella enseñaba. La docente dijo haber sido “mal asesorada” por el coronel Ruiz del Batallón No. 9 La Concordia con sede en La Hormiga (Putumayo) y aseguró que no había sido extorsionada por el excombatiente. Además, dijo que si era necesario ella testificaría a su favor.
“La conducta investigada en cabeza del señor Armando Aroca nunca existió, es decir nos encontramos frente a una conducta atípica (…) habrá de tenerse en cuenta que es la misma víctima que ha manifestado que ella no ha denunciado al señor Aroca, que ella de manera voluntaria le ha colaborado al aquí procesado y que nunca ha sido objeto de extorsión por parte de este ciudadano”, dice la solicitud de la Fiscalía. El 14 de noviembre de 2019, el juzgado tercero penal de Mocoa decretó la preclusión de la investigación en contra de Aroca por el delito de extorsión agravada y ordenó su libertad.
“Reventar el proceso”
Lorena Medina es la abogada de Elmer Caviedes, conocido en la guerra como Albeiro Córdoba y quien también estuvo involucrado en un presunto montaje, cuando la Fiscalía lo acusó de ser de la disidencia de Iván Márquez a raíz del parecido de otro guerrillero con él. Luego la JEP desestimó el caso. Según Medina, este tipo de contactos y señalamientos a dirigentes de la antigua guerrilla obedecen a una estrategia que consiste en “quebrar la moral de las antiguas bases guerrilleras para que retornen a la ilegalidad”. Agrega que el razonamiento de muchos excombatientes rasos es “si cogen al líder, me pueden coger a mí” y que por eso algunos prefieren volver a las armas cuando sienten que no existen garantías para la vida y seguridad jurídica.
Por su parte, Diego Martínez, abogado defensor en varios de estos casos, opina que los montajes y entrampamientos son otra “modalidad de agresión” contra el proceso de paz. “Todo el mundo piensa siempre en los asesinatos de excombatientes, pero también están los montajes judiciales que al final la misma justicia prueba que son falsos. Son patrones que estimulan que la gente siga en la ilegalidad, ese es el objetivo”, afirma.