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María es una mujer cultivadora de coca del sur del país. Desde que se despierta a las cuatro de la mañana, hasta que se duerme a las diez de la noche, su día transcurre en medio de una frenética rutina. Temprano en la mañana hace el desayuno para su familia, alista lo necesario para que sus hijos vayan al colegio, prepara el almuerzo para ella y para todos los trabajadores de la tierra, trabaja aproximadamente ocho horas en los cultivos, plancha, lava, les ayuda a sus hijos con las tareas, limpia, cuida y sigue cocinando.
Como si esto fuera poco, saca tiempo de donde no lo tiene para participar en las organizaciones sociales. Pertenece a cuatro colectivos desde los que se moviliza para exigir salud, educación, vivienda y carreteras para el campo. Ahora, en el contexto del acuerdo de paz, espera que el Gobierno cumpla y que, finalmente, ella y su comunidad puedan acceder a los bienes básicos para vivir, sin tener que buscarlos y lucharlos con las uñas, como lo han venido haciendo durante décadas.
Foto de los dibujos que realizaron mujeres rurales del Putumayo en talleres con Dejusticia.
¿Qué le espera a María y a las otras muchas mujeres que, como ella, cultivan coca en zonas con precaria presencia estatal y con altos índices de pobreza y abandono? ¿Cómo le responde el actual acuerdo de paz a las mujeres cocaleras y cuáles son los retos que ellas le plantean a la implementación del enfoque de género en el acuerdo? El pasado 29 de mayo, el gobierno expidió el decreto 896 de 2017, a partir del cual crea el Programa de Sustitución de cultivos de uso Ilícito -PNIS-, como parte de la transformación estructural del campo en aras de contribuir a generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por los cultivos ilícitos. Aunque el enfoque de género se plantea como un principio rector del Acuerdo de paz, en el Decreto no se incorpora ni se tienen en cuenta las situaciones particulares de las mujeres de coca, que sufren discriminaciones por el hecho de ser mujeres en un mundo rural inequitativo.
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, llevada a cabo por el DANE entre 2012 y 2013, diariamente las mujeres rurales dedican, en promedio, 8 horas y 10 minutos en labores de cuidado, mientras los hombres gastan, al día, apenas 3 horas y 6 minutos en estas tareas. La carga del hogar tiende a recaer con más peso en las mujeres rurales no solo porque, tradicionalmente, la división del trabajo que predomina en el campo colombiano suele asignar a las mujeres las tareas del cuidado del hogar y de los hijos; sino porque, además, las mujeres también salen a trabajar a la par con los hombres y lideran procesos políticos y organizativos en sus comunidades.
El peso de la triple jornada de trabajo se vincula con las marcas de violencia y estigmatización que cargan las mujeres cocaleras. Muchas de ellas fueron víctimas de violencia sexual por parte de los actores armados, quienes impusieron órdenes de género que castigaban cruelmente a aquellas que no se ajustaban a los parámetros de lo que, para ellos, era una “buena mujer”. Pedían mujeres sumisas, calladas, y las mujeres cocaleras, como lideresas y trabajadoras del campo, al alzar su voz y ser percibidas como transgresoras del orden de género tradicional por cultivar coca, se convertían en el blanco de la violencia armada. Muchas de ellas también fueron víctimas de la violencia al interior de sus hogares: sus esposos y familiares les reprochaban constantemente que invirtieran tiempo en sus organizaciones cuando su deber era estar en la casa cuidando a los hijos; también les reclamaban que salieran a trabajar porque, según ellos, lo que ellas hacían en realidad era salir a conseguir amantes. Algunas narran experiencias de maltrato y violencia sexual por parte de miembros de sus familias.
En este panorama, para las mujeres campesinas la coca ha significado posibilidades para paliar el contexto de inequidad y violencia en el que viven. María lo dijo de manera contundente: la coca ha sido trabajo, educación para los hijos, salud, sustento, alimentación y, en muchos casos, autonomía económica para poder liberarse de esposos abusadores. Por eso, a pesar de que la economía de la coca trae consigo altos riesgos, violencias y estigmatizaciones, es considerada una opción viable para quienes cargan en sus cuerpos y sus vidas los costos de la exclusión y la desigualdad social.
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Todo lo anterior evidencia la importancia de que el PNIS, en su implementación, incorpore el enfoque de género como principio rector. En aras de la integralidad y sostenibilidad de la política pública de sustitución de cultivos de uso ilícito, y a fin de alcanzar una igualdad real y efectiva, es imperativo que estas regulaciones tengan en cuenta las particularidades de las mujeres rurales y reconozcan las múltiples formas de victimización que las han impactado.
El enfoque de género no puede convertirse en una expresión vacía que cumpla con un mero requisito formal. En este caso, la materialización de dicho enfoque en la solución al problema de los cultivos ilícitos implica necesariamente tener en cuenta que la injusta triple jornada de trabajo que recae sobre las mujeres rurales, es un elemento que contribuye fuertemente a reproducir la desigualdad en el campo. Los planes de sustitución y los proyectos de desarrollo alternativo deben orientarse de tal manera que promuevan la distribución equitativa del tiempo y del trabajo entre mujeres y hombres en el seno de las familias. Todo ello, por medio del fortalecimiento del sistema nacional de economía del cuidado.
De igual manera, con el fin de superar las barreras derivadas de violencias y estigmatizaciones, que les impiden a las mujeres participar activamente, es esencial que se impulsen mecanismos de participación directa para las mujeres y sus organizaciones, y que se garantice su presencia física en los espacios de toma de decisión de los planes de sustitución. Estas medidas, además de responder a los objetivos del PNIS, contribuirían a que mujeres como María superen la marginalidad, la inequidad y la violencia en razón del género.
* Investigadoras de Dejusticia