Las rutas estatales para prevenir y atender los riesgos por reclutamiento
Además de la existencia de una política pública destinada a la prevención de las situaciones de reclutamiento forzado a menores de edad, existen mecanismos para acompañar a los jóvenes desvinculados de las filas de grupos armados ilegales.
En zonas del país en las que las tasas de reclutamiento forzado infantil son altas, los niños, niñas y adolescentes se encuentran con diversos factores de riesgos familiares, que aceleran sus posibilidades de ser un blanco fácil de este tipo de delitos. Según la Defensoría del Pueblo, en estos lugares hay antecedentes de violencia intrafamiliar y de violencia sexual, la pertenencia de algún miembro del núcleo familiar a un grupo armado ilegal y la exposición de los menores de edad a trabajo infantil.
Esto, en los casos en los que aplica, imposibilita que dentro de la ruta de prevención ante el reclutamiento forzado se acuda a la familia como primera instancia, lo que lleva a que esta población caiga más fácil en factores de riesgo individuales o sociales.
Lea: Reclutamiento forzado, la otra pandemia de Colombia
En Colombia está vigente la política pública de Prevención del Reclutamiento y Utilización de niñas, niños y adolescentes, surgida en el marco del conflicto armado mediante el CONPES 3673 de 2010 y actualizada en 2019, año en el que se le agregó el componente de prevención de violencia sexual.
Desde hace siete años, en diferentes informes, la Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre el especial acento que debe ponerle el Estado a esta política de prevención, en tanto que la información oficial sobre el uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es casi inexistente y la poca información que se encuentra, está dispersa y no se encuentra sistematizada o centralizada. De ahí la dificultad en la conceptualización y comprensión por parte de los y las funcionarios/as, sobre las nuevas dinámicas en la vinculación de menores de edad a los grupos armados.
Esta es una alternativa a la ruta de atención estatal propuesta por el Estado colombiano pero, como se ve en la gráfica adjunta, no se pueden desestimar las instancias acompañadas por actores internacionales, autoridades políticas de nivel subnacional y redes locales y comunales de apoyo impulsadas por la Defensoría, en las que las mesas de diálogo y las campañas pedagógicas no permiten que los lazos entre grupos armados y jóvenes colombianos se unan.
En la política pública se definen medidas claves que se identifican con cada una de las dimensiones del riesgo de los menores de edad.
En el documento emitido por la Defensoría del Pueblo se muestra que algunos de estos factores de vulnerabilidad que intenta mitigar la política pública están relacionados con: el mejoramiento de las condiciones territoriales, como el óptimo acceso a la educación, salud, cuidados de primera infancia o prevención de mortalidad infantil; el trabajar sobre las dinámicas de violencia e inseguridad, especialmente si se identifica la presencia de grupos armados, cultivos de uso ilícito o demás acciones armadas; o robustecer la capacidad institucional para afrontar amenazas ligadas con el reclutamiento y con dinámicas socioeconómicas que hagan aún más susceptibles a las poblaciones más afectadas, entre otros.
Lea también: Reclutamiento forzado: un delito que ningún grupo armado ha reconocido en Colombia
La atención a los menores de edad desvinculados de la guerra también es señalada como una política de choque contra las dinámicas de reclutamiento por parte de grupos armados.
Además de los pasos y lineamientos que propone el gráfico anexo, en esta ruta de atención también es imprescindible que la Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado Interno oriente su trabajo hacia la protección de la identidad de los niños, niñas y adolescentes involucrados en cada caso y que en todo momento se tome su respectiva declaración como víctima y ni ellos ni sus familias sean expuestos a situaciones de riesgo o de inteligencia.
En zonas del país en las que las tasas de reclutamiento forzado infantil son altas, los niños, niñas y adolescentes se encuentran con diversos factores de riesgos familiares, que aceleran sus posibilidades de ser un blanco fácil de este tipo de delitos. Según la Defensoría del Pueblo, en estos lugares hay antecedentes de violencia intrafamiliar y de violencia sexual, la pertenencia de algún miembro del núcleo familiar a un grupo armado ilegal y la exposición de los menores de edad a trabajo infantil.
Esto, en los casos en los que aplica, imposibilita que dentro de la ruta de prevención ante el reclutamiento forzado se acuda a la familia como primera instancia, lo que lleva a que esta población caiga más fácil en factores de riesgo individuales o sociales.
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En Colombia está vigente la política pública de Prevención del Reclutamiento y Utilización de niñas, niños y adolescentes, surgida en el marco del conflicto armado mediante el CONPES 3673 de 2010 y actualizada en 2019, año en el que se le agregó el componente de prevención de violencia sexual.
Desde hace siete años, en diferentes informes, la Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre el especial acento que debe ponerle el Estado a esta política de prevención, en tanto que la información oficial sobre el uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es casi inexistente y la poca información que se encuentra, está dispersa y no se encuentra sistematizada o centralizada. De ahí la dificultad en la conceptualización y comprensión por parte de los y las funcionarios/as, sobre las nuevas dinámicas en la vinculación de menores de edad a los grupos armados.
Esta es una alternativa a la ruta de atención estatal propuesta por el Estado colombiano pero, como se ve en la gráfica adjunta, no se pueden desestimar las instancias acompañadas por actores internacionales, autoridades políticas de nivel subnacional y redes locales y comunales de apoyo impulsadas por la Defensoría, en las que las mesas de diálogo y las campañas pedagógicas no permiten que los lazos entre grupos armados y jóvenes colombianos se unan.
En la política pública se definen medidas claves que se identifican con cada una de las dimensiones del riesgo de los menores de edad.
En el documento emitido por la Defensoría del Pueblo se muestra que algunos de estos factores de vulnerabilidad que intenta mitigar la política pública están relacionados con: el mejoramiento de las condiciones territoriales, como el óptimo acceso a la educación, salud, cuidados de primera infancia o prevención de mortalidad infantil; el trabajar sobre las dinámicas de violencia e inseguridad, especialmente si se identifica la presencia de grupos armados, cultivos de uso ilícito o demás acciones armadas; o robustecer la capacidad institucional para afrontar amenazas ligadas con el reclutamiento y con dinámicas socioeconómicas que hagan aún más susceptibles a las poblaciones más afectadas, entre otros.
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Además de los pasos y lineamientos que propone el gráfico anexo, en esta ruta de atención también es imprescindible que la Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado Interno oriente su trabajo hacia la protección de la identidad de los niños, niñas y adolescentes involucrados en cada caso y que en todo momento se tome su respectiva declaración como víctima y ni ellos ni sus familias sean expuestos a situaciones de riesgo o de inteligencia.