4 Jan 2021 - 2:00 a. m.

Liderazgos en Sucre: una labor de bajo perfil

Cuatro años después del Acuerdo de Paz se han registrado al menos 47 agresiones a líderes y lideresas sociales de ocho municipios en el departamento de Sucre. De ellas, 30 son amenazas, 11 asesinatos y seis atentados contra quienes lideran procesos de víctimas, comunitarios y de restitución de tierras.

Valeria Arias Suarez, Carlos Mayorga, Silvia Corredor Rodríguez - La Paz en el Terreno*

Sucre está ubicado en el norte del país, con salida al mar Caribe por los municipios de San Onofre, Tolú y Coveñas, y hacia el sur, donde integra la Depresión Momposina, confluyen los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. Esta riqueza hídrica convierte al departamento sucreño en una de las despensas agrícolas más importantes del país y también en una ruta estratégica para el desplazamiento de grupos armados ilegales y sus economías.

La conexión con los departamentos de Antioquia, Córdoba y Bolívar no solo ha generado la expansión de grupos armados ilegales y la violencia que traen, sino también la creación de rutas del narcotráfico por las vías fluviales. Según el Informe de Riesgo 042-17 de la Defensoría del Pueblo, “el dominio sobre (los municipios de) Guaranda y Majagual permite al grupo armado ilegal hegemónico —las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)—, controlar las rutas del narcotráfico y de otras economías ilegales entre los departamentos de Córdoba, Bolívar y Antioquia, a través del intrincado sistema de caños, ciénagas y arroyos que comunica los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge”.

La Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 003-20, referenció otra ruta del narcotráfico que inicia en San Jacinto del Cauca (Bolívar), pasa por San Benito Abad buscando la salida por el mar y cruza las sabanas hasta llegar al golfo de Morrosquillo (San Onofre). Aunque Sucre es clave para la movilidad del negocio del narcotráfico, según el Observatorio de Drogas de Colombia, no se registra presencia de cultivos de hoja de coca en el departamento.

Todo este engranaje hídrico utilizado para el narcotráfico está bajo el mando de las Agc, conocidas en el departamento como Clan del Golfo o Los Urabeños. A la fecha, este grupo condiciona a las comunidades a través del control del orden público, sanciones económicas —por eso se les llama la “DIAN rural”—, restricciones a la movilidad y aplicación de justicia, entre otros. Esta estructura ilegal tiene una alta presencia y dominio territorial en el sur de Córdoba, el norte de Antioquia y el sur de Bolívar, áreas limítrofes con Sucre.

Los líderes sociales también identifican la presencia transitoria del Ejército de Liberación Nacional (Eln) principalmente en San Onofre, San Benito Abad, Guaranda y Majagual, generando riesgo a la población si esta se niega a prestar los servicios que solicitan. La Defensoría del Pueblo alertó que “la colindancia con las zonas de presencia del Eln en el departamento de Bolívar hace que este riesgo se aumente por las incursiones esporádicas que hacen milicianos de esa guerrilla a los corregimientos y veredas de Guaranda y Majagual para reclutar adolescentes y jóvenes”.

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El Bloque Virgilio Peralta Arenas (Bvpa), también llamados Los Caparros, están presentes en la parte sur de Sucre y, según los líderes, existe una presunta alianza entre este grupo, las Agc y lo que se ha conocido como el Cartel de Sinaloa —supuesta organización mexicana dedicada al narcotráfico, señalada de controlar masivos cultivos de coca en Colombia— con incidencia en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño. La presencia de estos grupos armados ilegales en el territorio y su fortalecimiento, debido a la ubicación geoestratégica, la conexión con otros departamentos y la pandemia, ha repercutido en las agresiones a los liderazgos sociales en Sucre.

Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta octubre de 2020 se registraron 47 agresiones a líderes de los municipios investigados. Sincelejo, la capital, concentra la mayoría de los casos (18), de acuerdo con un cruce de bases de datos realizado por La Paz en el Terreno con información de Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo e Indepaz-Marcha Patriótica. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en Sucre afirmó que “en Sincelejo, el tema de los liderazgos es fuerte porque la mayoría de las organizaciones se concentran allí, tienen medios y son más visibles” y resalta que los líderes que están en la capital tienen una inclinación al trabajo más político.

La región de La Mojana, en el sur del departamento, ha sido particularmente azotada por estas victimizaciones contra educadores. En julio de 2016, las autoridades prendieron las alarmas ante la proliferación de panfletos contra 35 docentes de los municipios de Guaranda, Majagual y Sucre. A la situación de La Mojana se le suma una tardía y limitada respuesta por parte de la fuerza pública a la hora de hacer frente a las Agc. Según el Informe de Riesgo 042-17, “la región (La Mojana) se encuentra alejada de los principales ejes viales de la región Caribe, así como de los centros administrativos y políticos del departamento de Sucre, por lo que la comunicación y la capacidad de reacción inmediata de las autoridades regionales es tardía”. Sobre este punto fueron enfáticos los líderes, pues además de resaltar las distancias, cuestionaron los recursos y el número de miembros de la institución para atender las situaciones de la subregión.

Al respecto se le preguntó al Ejército Nacional, mediante derecho de petición, con cuántas personas cuenta la institución para incidir sobre La Mojana y si las Fuerzas Militares tienen los instrumentos y el presupuesto suficiente para movilizarse y garantizar la seguridad en la región de La Mojana sucreña. Sin embargo, el Ejército redireccionó el cuestionario a Fernando Álvarez Martínez, coronel de Infantería de Marina y comandante de la Brigada de Infantería de Marina N.° 1, pero en la respuesta explicaron que es la Brigada 11 del Ejército Nacional la que tiene jurisdicción en La Mojana sucreña. El Ejército Nacional omitió su respuesta.

La Brigada de Infantería de Marina N.° 1 indicó que en lo concerniente a extorsión y secuestro, el Grupo Gaula Militar Sucre opera en los 26 municipios del departamento. La Paz en el Terreno se contactó con esta unidad de fuerza especial a finales de noviembre para una entrevista sobre la situación de orden público, pero no respondió a los mensajes enviados.

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Con 21 casos, el 2018 se posicionó como el año con más registros de agresiones a los líderes sociales: 16 amenazas, cuatro asesinatos y un atentado. Uno de los hallazgos de esta investigación es que, a pesar de que las cifras disminuyeron con los años, las agresiones a los líderes se volvieron más letales. De los once asesinatos registrados desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2019 se tiene un solo caso, mientras que a octubre de 2020 la cifra aumentó a seis; es decir, el 55 % del total de este tipo de registros.

Los liderazgos más afectados, según los registros de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones Somos Defensores, Marcha Patriótica-Indepaz y la Misión de Observación Electoral (MOE), son los de víctimas (trece casos), los comunitarios (diez) y los reclamantes de tierras (ocho). De los 47 casos registrados por estas organizaciones, trece son mujeres. Para las lideresas, el panorama no es esperanzador, porque “no hay garantías para ejercer el liderazgo de las mujeres. Hemos sido muy victimizadas, se nos trata muy mal y siempre amenazan con hacer daño a nuestros hijos”, señalaron. Algunas de las ofensas y comentarios que reciben son: “No tienen oficio”, “están buscando marido” o “están locas” y alertan que la mayoría de las amenazas llegan por medio de sus hijos y familiares.

Los liderazgos de la comunidad LGBTI+ son particularmente atacados en la región. “Existe una ola enorme de rechazo social”, alertó Juan Carlos Salas, vicepresidente de la organización Sucre Diversa. Fue enfático en que la población civil y los actores armados han arremetido contra personas LGBTI+, atentando contra sus vidas u obligándolos a abandonar sus municipios. Además, identificó que persiste un subregistro en las victimizaciones acaecidas contra la comunidad LGBTI+ y sus líderes por el rechazo, la negación y la estigmatización provenientes de miembros del Estado. De los ocho municipios investigados, Salas afirma que “los liderazgos funcionan con temores”, pero solo en Sincelejo la situación es diferente, porque “les hemos enseñado que las luchas y nuestras necesidades no tienen tinte político”.

Entre ciénagas y tierras baldías

En el sur del departamento se ubican los municipios de San Marcos, San Benito Abad, Majagual, Guaranda y Sucre, los cuales integran las subregiones del San Jorge y La Mojana, respectivamente. El territorio permanece rodeado de agua pero en verano, cuando ciénagas, caños y ríos se secan, quedan territorios fértiles para los cultivos de pancoger, los cuales son catalogados como baldíos; es decir, extensiones de tierra no tituladas, consideradas bienes públicos de la nación, que pueden ser utilizadas o atribuidas a población campesina pobre. Esta particularidad del territorio ha generado que el despojo de tierras a comunidades campesinas e indígenas sea silencioso y violento.

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De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras, en los cinco municipios investigados del sur de Sucre se concentran cerca de 300 solicitudes de restitución. “El liderazgo de tierras es muy arriesgado porque prácticamente no existen garantías para ejercerlo. Nosotros vamos al terreno, totalmente desprotegidos, no tenemos seguridad, ha sido ineficiente, pero aún así seguimos esperanzados aunque se siente el temor”, alertó un líder de tierras y víctimas, quien en 2019 recibió la devolución de algunas hectáreas que habían sido despojadas de su familia hace 17 años. Según un comunicado oficial de Presidencia, esta es la primera sentencia de restitución de tierras entregada en la región de La Mojana.

Las tierras que ofrecen las ciénagas en época de verano no son utilizadas solamente para agricultura sino también para la introducción de ganado de búfalos, que al parecer son traídos de África por terratenientes de la región, cuya presencia ha generado el acaparamiento de tierras por parte de privados, contaminación de ciénagas, pérdida de fertilidad en la tierra y deforestación, de acuerdo con los líderes. “El búfalo ha dañado todo, entró y quedó seco. La tierra ya no está para cultivar; los campesinos ya no tenemos tierras para cultivar y el Estado nos deja solos”, expresaron los liderazgos de la región.

Silenciamiento, narcotráfico y control territorial en el golfo de Morrosquillo

El golfo de Morrosquillo está ubicado en la zona costera de los departamentos de Sucre y Córdoba, donde se encuentran los municipios sucreños de Coveñas, Tolú y San Onofre, analizados con los líderes en el ejercicio de mapeo. Se identificó que es un lugar clave en la ruta del narcotráfico por los corredores estratégicos y “las playas, sistemas fluviomarinos y de manglares propicios para el embarque y desembarque de drogas y otras mercancías ilegales”, como alerta la Defensoría del Pueblo en la AT 061-18. Quienes han denunciado las dinámicas de narcotráfico en San Onofre han sido intimidados por los grupos paramilitares, según cuentan los liderazgos sociales. Por hacer parte del golfo de Morrosquillo, los líderes de San Onofre y Coveñas están en constante tensión con las Agc o Clan del Golfo, que sacan estupefacientes por esta zona del país.

San Onofre, sin duda, es uno de los municipios claves para entender las dinámicas de conflicto que se presentan en el territorio, no solo por su conexión con el mar Caribe sino también por ser el puente con la región de los Montes de María, integrada por municipios de Sucre y Bolívar.

“Nosotros estamos viviendo de la zozobra, nosotros prácticamente ejercemos el liderazgo desde el bajo perfil, nos autocuidamos porque no confiamos en las autoridades”, alertan los líderes de Sucre. Una situación que ha repercutido en que no se conozcan algunas violencias y situaciones en el departamento, así como que los procesos organizativos estén poco consolidados. Quienes se mantienen en la defensa de los derechos humanos no quieren seguir sintiendo que luchan solos, pues el recrudecimiento de la violencia pronostica que los años venideros pueden ser más difíciles.

*La Paz en el Terreno es una alianza entre Colombia 2020 y Rutas del Conflicto que rastrea la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y la exguerrilla de las Farc en dos temas claves: la situación de los líderes sociales y el proceso de reincorporación de los excombatientes. Para mayor información, consultar lapazenelterreno.com. Esta publicación es posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.

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