Líderes de Quibdó (Chocó) denuncian que no cesa el reclutamiento de jóvenes
Según ellos, hay una alianza con las estructuras armadas que operan en el Pacífico Nariñense para el microtráfico y temen que los homicidios incrementen. La Policía está indagando si la aparición de panfletos de un grupo autodenominado “Fuerzas Armadas Mexicanas” tiene que ver con este fenómeno.
En octubre de 2017, el entonces alcalde Diego Chalá de Quibdó (Chocó) tuvo acercamientos con representantes de las pandillas locales para desescalar la violencia y ofrecerles garantías de seguridad social y laboral, como alternativa a la delincuencia. Para abril de 2018, más de 600 miembros de estos grupos iniciaron un proceso de desarme y orientaron sus vidas a la legalidad. Aunque se esperaban mejores resultados, hoy la violencia de las pandillas sigue vigente y se desconocen desde los barrios iniciativas concretas para frenar a una manifestación criminal que no sólo está reclutando a más jóvenes sino que también se han aliado con estructuras armadas que operan en el Pacífico Nariñense. Temen que incrementen los homicidios.
Según Martín Sánchez, alcalde de Quibdó, uno de sus mayores deseos como gobernante es que su ciudad “no vuelva a vivir episodios como los de un sangriento 2016″, año en el que la Fiscalía reportó una tasa de homicidios de 107 por cada 100.000 habitantes, cifra que triplicaba la media departamental y era casi cuatro veces más grande que la media nacional por esos días.
(Puede leer también: Falta de clases aumentó el reclutamiento forzado en Colombia)
A pesar de que las entidades oficiales, como la Personería local, en cabeza de Henry Cuesta, quieran reconocer avances respecto a años pasados, cuando por ejemplo en 2019 Medicina Legal reportó que en la capital chocoana era la capital en la que había más homicidios, tras Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Montería; otras instituciones, como la Pastoral Social local, a través de su vocería desde territorio, le dijeron a este diario que “temen regresar a los días más oscuros, porque nadie quiere denunciar por miedo a ser asesinado. Así la Policía no puede seguir pistas o capturar señalados.”.
De hecho, en octubre del año pasado, el alcalde Sánchez también hizo denuncias sobre la situación de orden público en su municipio y advirtió que los problemas vigentes en Quibdó también se podían interpretar a partir de descuidos sociales del Gobierno Nacional, para dar una mano con el desarrollo integral de los quibdoseños. “Necesitamos obras macro y oportunidades de empleo con más alcance en nuestras galerías. Esto, por ejemplo, ayudaría a que muchos jóvenes que están metidos en bandas obtengan oportunidades y redireccionen su vida”, afirmó el alcalde.
En lugares como Las Mercedes o en las zonas periféricas que conectan a la carretera hacia Pereira (Risaralda), estos objetivos que señaló la Alcaldía parecen no cumplirse. Una lideresa del corregimiento Las Mercedes, a quien le protegemos su identidad por la situación de seguridad en la zona, le contó a Colombia2020 que percibe una mayor inseguridad cerca a su casa y que ha visto cómo han aumentado la cantidad de jóvenes, especialmente menores de edad, que les sirven a los miembros de las pandillas como mensajeros de droga y “campaneros” cuando se acerca la Policía. “Algunos de mis vecinos son blanco de extorsiones, los atracos que cometen los pandilleros son casi diarios y la gente no denuncia por miedo. Pareciera como si en los últimos meses ellos hicieran su propia ley, cosa que no veíamos por acá al menos desde hace tres años”, agregó.
Por otro lado, pero con las mismas preocupaciones, Efraín*, residente en el corregimiento de Sanceno, sostiene que Las Mercedes no es la única zona en Quibdó ampliamente rodeada por las pandillas, sino que teme que su influencia en las calles se ha multiplicado de forma exponencial en las últimas semanas. “Unos días antes de Año Nuevo, mi hijo de 17 años y dos muchachos de otras familias de por acá fueron reclutados por unos tipos que les ofrecían una mejor vida, poder con armas y la promesa de no volver a ser rechazados por nadie, a cambio de mover droga por Quibdó y hacer correr la voz de que se expandirían por todo el Chocó”, relató el quibdoseño.
Hace un par de meses, otra lideresa también le comentó a este diario que tenía sospechas de que en algún momento estas pandillas se podían juntar con grupos de mayor dimensión para cooptar mayores espacios en Quibdó y así tener un mayor acceso a los jóvenes, cuestión que ella intenta evitar por medio de actividades culturales.
Según la Coalico, el fenómeno del reclutamiento se ha incrementado desde 2019, cuando Chocó reportó altos índices con 34 casos, sin embargo, los líderes denuncian que el subregistro es alto. Las denuncias, aún en medio de la pandemia generada por el Covid-19, tampoco cesaron ni el campo, donde hubo un incremento de un 113%, ni en la ciudad, cuya medición es más difícil de leer.
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Julia Castellanos, encargada del Observatorio de Niñez y Conflicto de Coalico, explicó el año pasado que “el reclutamiento no solamente es cuando el niño se pone un camuflado y se va al monte. En áreas urbanas es más difícil de identificar, porque a los grupos les sale barato que los jóvenes duerman en sus casas; sin embargo, le tienen controlado su espacio social y el niño les tiene que obedecer”. Y lo delicado es que, por el contexto violento, muchos terminan siendo asesinados. En junio de 2020, se reportaron 97 homicidios de jóvenes en Quibdó.
Investigaciones policiales
La Policía de Quibdó está indagando, desde finales de diciembre de 2020, si la aparición de panfletos de un grupo autodenominado “Fuerzas Armadas Mexicanas” tienen algún tipo de relación con la acrecentada del pandillismo y la ola de inseguridad en la capital chocoana. Esto, a partir de una serie de denuncias que llegaron desde diferentes comunas en las que aseguraban que desconocidos amenazaban a los civiles con toques de queda diarios, desde las 7:00 p.m., al igual que como se veían en los panfletos que abarrotaron decenas de barrios.
Desde la comandancia de Policía en Quibdó aseguraron que ya existe un protocolo para mitigar estas situaciones. De hecho, reiteraron que desde mayo de 2020 se han ejecutado operativos que han desarticulado bandas y perfilado dinámicas de este tipo de grupos en zonas como la Yesquita, histórico bastión para los enfrentamientos armados entre los llamados “combos” y escenario de transacciones mediadas por el microtráfico de estupefacientes.
Desde estas mismas oficinas aseveraron que en las últimas cinco semanas han tenido apenas tres denuncias por los actos delincuenciales señalados por los líderes, siendo una subida de la violencia armada urbana algo “todavía especulativo”.
La lideresa de Las Mercedes, tras discutir con conocidos las dinámicas de su barrio, señaló que el grupo delincuencial Los Negritos, ubicado principalmente en el casco urbano de Tumaco (Nariño), podrían tener nexos con algunas pandillas en el noroccidente de Quibdó, que son las que, según ella, más “están más de lleno en la búsqueda de menores para sus filas”. Y agregó: “Le pido a la Alcaldía interceda y conecte a las secretarías que tengan incidencia en las políticas juveniles, para así al menos prevenir que esto se nos salga más de las manos”.
Hasta la fecha de publicación de este artículo, la Defensoría del Pueblo mantiene vigente la alerta temprana 049 de 2019, por medio de la cual advierte de la presencia y presión hacia la población civil que cometen en el territorio grupos armados organizados y estructuras de crimen organizado, como la que los líderes sociales consultados denuncian. Sin embargo, esta entidad desconoce de fondo las denuncias sobre presuntos nuevos intereses en reclutar jóvenes en las calles del municipio.
(Lea también: Tejedoras de Urabá luchan por ser reparadas)
Ante la incertidumbre que genera un escenario así, especialmente en lo relacionado a manifestaciones de crimen organizado urbano, la propuesta que expresó Carlos Mario Perea, investigador del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia y experto en violencias urbanas, es no sesgarse en un solo tipo de violencia y tener en cuenta que la criminalidad las pandillas se puede rastrear y controlar más fácilmente si, por ejemplo, se desguerreriza la mirada de las formas en las que hay violencia en las ciudades: “Es decir, no se puede asimilar que son violencias que funcionan igual que en la zona rural”.
Sin embargo, el tema se vuelve más complejo, teniendo en cuenta que el Clan del Golfo, también autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las estructuras residuales de las antiguas Farc y frentes de la guerrilla del Eln, como el Manuel Hernández El Boche, también hacen presión en la capital chocoana.
Si bien la semana pasada la La Fuerza de Tarea Conjunta Titán capturó a cuatro presuntos cabecillas de la estructura criminal, organizaciones como Codechocó sugieren que para una verdadera intervención estatal ante este tipo de situaciones, lo ideal sería “una presencia más constante de las autoridades y no solo cuando se disparan los homicidios o los grupos se mueven a su gusto”.
Antes de salir de su cargo, el exprocurador Fernando Carrillo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que atendiera la crítica situación de violencia y abandono que vive el departamento del Chocó. Entre las prioridades mencionó proteger a los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, estrategias para disminuir fenómenos como el reclutamiento y la urgente necesidad de implementar el Acuerdo de Paz, firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, en 2016.
*Cambio de nombre por petición de la fuente
En octubre de 2017, el entonces alcalde Diego Chalá de Quibdó (Chocó) tuvo acercamientos con representantes de las pandillas locales para desescalar la violencia y ofrecerles garantías de seguridad social y laboral, como alternativa a la delincuencia. Para abril de 2018, más de 600 miembros de estos grupos iniciaron un proceso de desarme y orientaron sus vidas a la legalidad. Aunque se esperaban mejores resultados, hoy la violencia de las pandillas sigue vigente y se desconocen desde los barrios iniciativas concretas para frenar a una manifestación criminal que no sólo está reclutando a más jóvenes sino que también se han aliado con estructuras armadas que operan en el Pacífico Nariñense. Temen que incrementen los homicidios.
Según Martín Sánchez, alcalde de Quibdó, uno de sus mayores deseos como gobernante es que su ciudad “no vuelva a vivir episodios como los de un sangriento 2016″, año en el que la Fiscalía reportó una tasa de homicidios de 107 por cada 100.000 habitantes, cifra que triplicaba la media departamental y era casi cuatro veces más grande que la media nacional por esos días.
(Puede leer también: Falta de clases aumentó el reclutamiento forzado en Colombia)
A pesar de que las entidades oficiales, como la Personería local, en cabeza de Henry Cuesta, quieran reconocer avances respecto a años pasados, cuando por ejemplo en 2019 Medicina Legal reportó que en la capital chocoana era la capital en la que había más homicidios, tras Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Montería; otras instituciones, como la Pastoral Social local, a través de su vocería desde territorio, le dijeron a este diario que “temen regresar a los días más oscuros, porque nadie quiere denunciar por miedo a ser asesinado. Así la Policía no puede seguir pistas o capturar señalados.”.
De hecho, en octubre del año pasado, el alcalde Sánchez también hizo denuncias sobre la situación de orden público en su municipio y advirtió que los problemas vigentes en Quibdó también se podían interpretar a partir de descuidos sociales del Gobierno Nacional, para dar una mano con el desarrollo integral de los quibdoseños. “Necesitamos obras macro y oportunidades de empleo con más alcance en nuestras galerías. Esto, por ejemplo, ayudaría a que muchos jóvenes que están metidos en bandas obtengan oportunidades y redireccionen su vida”, afirmó el alcalde.
En lugares como Las Mercedes o en las zonas periféricas que conectan a la carretera hacia Pereira (Risaralda), estos objetivos que señaló la Alcaldía parecen no cumplirse. Una lideresa del corregimiento Las Mercedes, a quien le protegemos su identidad por la situación de seguridad en la zona, le contó a Colombia2020 que percibe una mayor inseguridad cerca a su casa y que ha visto cómo han aumentado la cantidad de jóvenes, especialmente menores de edad, que les sirven a los miembros de las pandillas como mensajeros de droga y “campaneros” cuando se acerca la Policía. “Algunos de mis vecinos son blanco de extorsiones, los atracos que cometen los pandilleros son casi diarios y la gente no denuncia por miedo. Pareciera como si en los últimos meses ellos hicieran su propia ley, cosa que no veíamos por acá al menos desde hace tres años”, agregó.
Por otro lado, pero con las mismas preocupaciones, Efraín*, residente en el corregimiento de Sanceno, sostiene que Las Mercedes no es la única zona en Quibdó ampliamente rodeada por las pandillas, sino que teme que su influencia en las calles se ha multiplicado de forma exponencial en las últimas semanas. “Unos días antes de Año Nuevo, mi hijo de 17 años y dos muchachos de otras familias de por acá fueron reclutados por unos tipos que les ofrecían una mejor vida, poder con armas y la promesa de no volver a ser rechazados por nadie, a cambio de mover droga por Quibdó y hacer correr la voz de que se expandirían por todo el Chocó”, relató el quibdoseño.
Hace un par de meses, otra lideresa también le comentó a este diario que tenía sospechas de que en algún momento estas pandillas se podían juntar con grupos de mayor dimensión para cooptar mayores espacios en Quibdó y así tener un mayor acceso a los jóvenes, cuestión que ella intenta evitar por medio de actividades culturales.
Según la Coalico, el fenómeno del reclutamiento se ha incrementado desde 2019, cuando Chocó reportó altos índices con 34 casos, sin embargo, los líderes denuncian que el subregistro es alto. Las denuncias, aún en medio de la pandemia generada por el Covid-19, tampoco cesaron ni el campo, donde hubo un incremento de un 113%, ni en la ciudad, cuya medición es más difícil de leer.
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Julia Castellanos, encargada del Observatorio de Niñez y Conflicto de Coalico, explicó el año pasado que “el reclutamiento no solamente es cuando el niño se pone un camuflado y se va al monte. En áreas urbanas es más difícil de identificar, porque a los grupos les sale barato que los jóvenes duerman en sus casas; sin embargo, le tienen controlado su espacio social y el niño les tiene que obedecer”. Y lo delicado es que, por el contexto violento, muchos terminan siendo asesinados. En junio de 2020, se reportaron 97 homicidios de jóvenes en Quibdó.
Investigaciones policiales
La Policía de Quibdó está indagando, desde finales de diciembre de 2020, si la aparición de panfletos de un grupo autodenominado “Fuerzas Armadas Mexicanas” tienen algún tipo de relación con la acrecentada del pandillismo y la ola de inseguridad en la capital chocoana. Esto, a partir de una serie de denuncias que llegaron desde diferentes comunas en las que aseguraban que desconocidos amenazaban a los civiles con toques de queda diarios, desde las 7:00 p.m., al igual que como se veían en los panfletos que abarrotaron decenas de barrios.
Desde la comandancia de Policía en Quibdó aseguraron que ya existe un protocolo para mitigar estas situaciones. De hecho, reiteraron que desde mayo de 2020 se han ejecutado operativos que han desarticulado bandas y perfilado dinámicas de este tipo de grupos en zonas como la Yesquita, histórico bastión para los enfrentamientos armados entre los llamados “combos” y escenario de transacciones mediadas por el microtráfico de estupefacientes.
Desde estas mismas oficinas aseveraron que en las últimas cinco semanas han tenido apenas tres denuncias por los actos delincuenciales señalados por los líderes, siendo una subida de la violencia armada urbana algo “todavía especulativo”.
La lideresa de Las Mercedes, tras discutir con conocidos las dinámicas de su barrio, señaló que el grupo delincuencial Los Negritos, ubicado principalmente en el casco urbano de Tumaco (Nariño), podrían tener nexos con algunas pandillas en el noroccidente de Quibdó, que son las que, según ella, más “están más de lleno en la búsqueda de menores para sus filas”. Y agregó: “Le pido a la Alcaldía interceda y conecte a las secretarías que tengan incidencia en las políticas juveniles, para así al menos prevenir que esto se nos salga más de las manos”.
Hasta la fecha de publicación de este artículo, la Defensoría del Pueblo mantiene vigente la alerta temprana 049 de 2019, por medio de la cual advierte de la presencia y presión hacia la población civil que cometen en el territorio grupos armados organizados y estructuras de crimen organizado, como la que los líderes sociales consultados denuncian. Sin embargo, esta entidad desconoce de fondo las denuncias sobre presuntos nuevos intereses en reclutar jóvenes en las calles del municipio.
(Lea también: Tejedoras de Urabá luchan por ser reparadas)
Ante la incertidumbre que genera un escenario así, especialmente en lo relacionado a manifestaciones de crimen organizado urbano, la propuesta que expresó Carlos Mario Perea, investigador del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia y experto en violencias urbanas, es no sesgarse en un solo tipo de violencia y tener en cuenta que la criminalidad las pandillas se puede rastrear y controlar más fácilmente si, por ejemplo, se desguerreriza la mirada de las formas en las que hay violencia en las ciudades: “Es decir, no se puede asimilar que son violencias que funcionan igual que en la zona rural”.
Sin embargo, el tema se vuelve más complejo, teniendo en cuenta que el Clan del Golfo, también autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las estructuras residuales de las antiguas Farc y frentes de la guerrilla del Eln, como el Manuel Hernández El Boche, también hacen presión en la capital chocoana.
Si bien la semana pasada la La Fuerza de Tarea Conjunta Titán capturó a cuatro presuntos cabecillas de la estructura criminal, organizaciones como Codechocó sugieren que para una verdadera intervención estatal ante este tipo de situaciones, lo ideal sería “una presencia más constante de las autoridades y no solo cuando se disparan los homicidios o los grupos se mueven a su gusto”.
Antes de salir de su cargo, el exprocurador Fernando Carrillo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que atendiera la crítica situación de violencia y abandono que vive el departamento del Chocó. Entre las prioridades mencionó proteger a los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, estrategias para disminuir fenómenos como el reclutamiento y la urgente necesidad de implementar el Acuerdo de Paz, firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, en 2016.
*Cambio de nombre por petición de la fuente