Limpiando las manchas negras de Colombia

Resignación. No les quedó otra alternativa a los habitantes de la vereda Nueva Granada, en Puerto Asís, que acostumbrarse a convivir con un territorio manchado de petróleo. Por más de cuatro décadas, entre la tupida selva que los rodeaba, ocultas entre el verde de las hojas sobresalían manchas negras y oscuras que les recordaban una vieja tragedia. Con el posconflicto, la esperanza ha vuelto.

Hoy las acciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos lideran un cambio en beneficio de las comunidades. Se trata generar beneficios ambientales y mayor desarrollo social para todos los habitantes de las zonas petroleras como lo ha dispuesto el presidente Juan Manuel Santos, tras firmar el acuerdo de paz.

La historia de Pozo Azul Grande, uno de los pasivos ambientales más emblemáticos de Colombia, se remonta al 3 de enero de 1967, cuando un grupo de ingenieros de la Texas Petroleum Company llegaron hasta Nueva Granada para perforar y comenzar una operación de extracción de hidrocarburos. Las cosas no salieron como esperaban y un mes más tarde, el 6 de febrero, decidieron cerrar el pozo y marcharse.

Lo que ocurrió después no está muy claro para nadie. Según informes oficiales, “terceros” llegaron hasta el pozo para intentar explotarlo por su cuenta. El resultado de la intervención no autorizada fue un derrame de hidrocarburos que dejaría una mancha en toda la vereda.

Medio siglo después de la tragedia ambiental, un grupo de funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, apoyados por Corpoamazonia, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Gran Tierra, viajaron al lugar para evaluar si entre todos podían limpiar el lugar y poner fin a ese “pasivo ambiental”.

“Pensamos que era una obligación nuestra ayudar al país a solucionar casos como el de Pozo Azul, especialmente ahora que entramos en una etapa de posconflicto –destaca Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos–. Decidimos comenzar con algunos casos emblemáticos para ensayar pilotos de intervención”.

Una iniciativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que rápidamente empezó a rendir frutos. El 5 de octubre de 2017, finalmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la empresa Gran Tierra Energy Colombia firmaron un acuerdo de intención para la restauración del área contaminada. Adrián Coral Pantoja, presidente de Gran Tierra Energy Colombia, que asumió el reto, comentó en esa oportunidad que “el desarrollo de nuestras operaciones parte del principio de la sostenibilidad, lo cual implica no sólo cumplir la ley, sino propender por iniciativas que generen bienestar y progreso para las comunidades”.

Pozo Azul Grande es tan sólo una muestra de la tragedia ambiental que provocaron la guerra, la ilegalidad y la irresponsabilidad de algunos actores. Pero, como lo señaló el presidente Juan Manuel Santos al entregar este año el Premio Caracol a la Protección del Medio Ambiente, “ahora uno de los temas más importantes del posconflicto es precisamente cómo revertimos esa situación y cómo sacamos el dividendo ambiental a la paz”.

La mayor parte de esos pasivos ambientales por hidrocarburos están asociados a la guerra. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, el primer ataque contra la infraestructura petrolera ocurrió en el año 1965, cuando el Eln atentó contra un oleoducto de la compañía Cities Services Intercol cerca de Barrancabermeja. A partir de ahí, volar oleoductos o derramar el cargamento de los carrotanques se convirtieron en una práctica habitual entre los grupos armados, en una táctica para debilitar al Estado colombiano.

En un análisis del impacto de la guerra en la industria del petróleo, Luis Fernando Issa, de la Universidad Nueva Granada, señaló que “las compañías dedicadas al transporte de petróleo crudo históricamente se vieron golpeadas por grupos terroristas como las Farc y el Eln, con diferentes motivaciones pero que afectaban la operación de las compañías, el medio ambiente donde se presenta el ataque, las comunidades y las finanzas de las compañías”. De hecho, un gran número de los 5.655 kilómetros de oleoductos vinculados con Ecopetrol atraviesan departamentos como Arauca, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Putumayo, donde históricamente se libró la guerra más intensa.

También lea: El Eln y la política minero-energética

En una revisión de datos presentada por Ecopetrol, sus oleoductos sufrieron 2.575 atentados hasta el año 2015. El oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sido la estructura más afectada, al concentrar 1.283 atentados. El segundo lugar lo ocupó el oleoducto San Miguel-Orito, en el Putumayo, con 598 atentados. Al clasificar estos atentados por departamentos, la más afectada históricamente fue la infraestructura de Putumayo, con 1.001 hechos violentos; seguido de Arauca con 655 y Nariño con 469, Nariño con 170, Cesar con 79, Boyacá con 63, Bolívar con 7, Sucre con 7 y Magdalena con 3. El 2001 fue el año con más ataques: 253.

Por cuenta de estos hechos violentos, sobre los distintos ecosistemas colombianos se derramaron 4’119.667 barriles de hidrocarburos. Muchos de ellos fueron controlados y retirados de las zonas afectadas con un alto precio para empresas como Ecopetrol, pero muchos otros permanecen ahí como una prueba más de la guerra que experimentó el país.

Ante este panorama, la Agencia Nacional de Hidrocarburos tomó la decisión de trabajar para revertir esa situación y apoyar a las comunidades que resultaron afectadas. El plan consiste en invertir recursos propios, buscar aliados, ensayar nuevas metodologías, apalancar recursos públicos y privados. Pozo Azul, en el departamento de Putumayo es un piloto para demostrar que es posible borrar ese pasado oscuro si existen voluntad y trabajo en equipo.

En este caso, la fase de planeación y comunicación a la comunidad ya está finalizando. De hecho, en una de las primeras visitas a la vereda, varios líderes locales estaban sorprendidos y no entendían cuál era el interés en reparar el daño hecho después de tanto tiempo. Tras las primeras conversaciones descubrieron que nadie tenía intenciones ocultas. El único propósito era ayudarlos a recuperar sus ecosistemas, cuerpos de agua y la salud de su territorio. Varios ingenieros y expertos ya están activando la segunda fase, que consiste en un diagnóstico más preciso y la valoración del riesgo y niveles de descontaminación. Todos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos esperan que a partir del próximo año se ejecute la recuperación de la zona y Pozo Azul se convierta en un símbolo de la protección del medio ambiente en una nueva etapa del país como lo es el posconflicto.

“Nuestra acción decidida busca seguir liderando la política pública demostrando que es posible la explotación de hidrocarburos con conciencia ambiental y desarrollo para las comunidades. De lo que se trata es de generar riqueza sostenible para todos. Seguiremos trabajando para que otras instituciones locales, empresas y organizaciones civiles se sumen a esta política de gobierno”, enfatizó Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Resignación. No les quedó otra alternativa a los habitantes de la vereda Nueva Granada, en Puerto Asís, que acostumbrarse a convivir con un territorio manchado de petróleo. Por más de cuatro décadas, entre la tupida selva que los rodeaba, ocultas entre el verde de las hojas sobresalían manchas negras y oscuras que les recordaban una vieja tragedia. Con el posconflicto, la esperanza ha vuelto.

Hoy las acciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos lideran un cambio en beneficio de las comunidades. Se trata generar beneficios ambientales y mayor desarrollo social para todos los habitantes de las zonas petroleras como lo ha dispuesto el presidente Juan Manuel Santos, tras firmar el acuerdo de paz.

La historia de Pozo Azul Grande, uno de los pasivos ambientales más emblemáticos de Colombia, se remonta al 3 de enero de 1967, cuando un grupo de ingenieros de la Texas Petroleum Company llegaron hasta Nueva Granada para perforar y comenzar una operación de extracción de hidrocarburos. Las cosas no salieron como esperaban y un mes más tarde, el 6 de febrero, decidieron cerrar el pozo y marcharse.

Lo que ocurrió después no está muy claro para nadie. Según informes oficiales, “terceros” llegaron hasta el pozo para intentar explotarlo por su cuenta. El resultado de la intervención no autorizada fue un derrame de hidrocarburos que dejaría una mancha en toda la vereda.

Medio siglo después de la tragedia ambiental, un grupo de funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, apoyados por Corpoamazonia, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Gran Tierra, viajaron al lugar para evaluar si entre todos podían limpiar el lugar y poner fin a ese “pasivo ambiental”.

“Pensamos que era una obligación nuestra ayudar al país a solucionar casos como el de Pozo Azul, especialmente ahora que entramos en una etapa de posconflicto –destaca Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos–. Decidimos comenzar con algunos casos emblemáticos para ensayar pilotos de intervención”.

Una iniciativa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que rápidamente empezó a rendir frutos. El 5 de octubre de 2017, finalmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la empresa Gran Tierra Energy Colombia firmaron un acuerdo de intención para la restauración del área contaminada. Adrián Coral Pantoja, presidente de Gran Tierra Energy Colombia, que asumió el reto, comentó en esa oportunidad que “el desarrollo de nuestras operaciones parte del principio de la sostenibilidad, lo cual implica no sólo cumplir la ley, sino propender por iniciativas que generen bienestar y progreso para las comunidades”.

Pozo Azul Grande es tan sólo una muestra de la tragedia ambiental que provocaron la guerra, la ilegalidad y la irresponsabilidad de algunos actores. Pero, como lo señaló el presidente Juan Manuel Santos al entregar este año el Premio Caracol a la Protección del Medio Ambiente, “ahora uno de los temas más importantes del posconflicto es precisamente cómo revertimos esa situación y cómo sacamos el dividendo ambiental a la paz”.

La mayor parte de esos pasivos ambientales por hidrocarburos están asociados a la guerra. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, el primer ataque contra la infraestructura petrolera ocurrió en el año 1965, cuando el Eln atentó contra un oleoducto de la compañía Cities Services Intercol cerca de Barrancabermeja. A partir de ahí, volar oleoductos o derramar el cargamento de los carrotanques se convirtieron en una práctica habitual entre los grupos armados, en una táctica para debilitar al Estado colombiano.

En un análisis del impacto de la guerra en la industria del petróleo, Luis Fernando Issa, de la Universidad Nueva Granada, señaló que “las compañías dedicadas al transporte de petróleo crudo históricamente se vieron golpeadas por grupos terroristas como las Farc y el Eln, con diferentes motivaciones pero que afectaban la operación de las compañías, el medio ambiente donde se presenta el ataque, las comunidades y las finanzas de las compañías”. De hecho, un gran número de los 5.655 kilómetros de oleoductos vinculados con Ecopetrol atraviesan departamentos como Arauca, Norte de Santander, Cauca, Nariño, Putumayo, donde históricamente se libró la guerra más intensa.

También lea: El Eln y la política minero-energética

En una revisión de datos presentada por Ecopetrol, sus oleoductos sufrieron 2.575 atentados hasta el año 2015. El oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sido la estructura más afectada, al concentrar 1.283 atentados. El segundo lugar lo ocupó el oleoducto San Miguel-Orito, en el Putumayo, con 598 atentados. Al clasificar estos atentados por departamentos, la más afectada históricamente fue la infraestructura de Putumayo, con 1.001 hechos violentos; seguido de Arauca con 655 y Nariño con 469, Nariño con 170, Cesar con 79, Boyacá con 63, Bolívar con 7, Sucre con 7 y Magdalena con 3. El 2001 fue el año con más ataques: 253.

Por cuenta de estos hechos violentos, sobre los distintos ecosistemas colombianos se derramaron 4’119.667 barriles de hidrocarburos. Muchos de ellos fueron controlados y retirados de las zonas afectadas con un alto precio para empresas como Ecopetrol, pero muchos otros permanecen ahí como una prueba más de la guerra que experimentó el país.

Ante este panorama, la Agencia Nacional de Hidrocarburos tomó la decisión de trabajar para revertir esa situación y apoyar a las comunidades que resultaron afectadas. El plan consiste en invertir recursos propios, buscar aliados, ensayar nuevas metodologías, apalancar recursos públicos y privados. Pozo Azul, en el departamento de Putumayo es un piloto para demostrar que es posible borrar ese pasado oscuro si existen voluntad y trabajo en equipo.

En este caso, la fase de planeación y comunicación a la comunidad ya está finalizando. De hecho, en una de las primeras visitas a la vereda, varios líderes locales estaban sorprendidos y no entendían cuál era el interés en reparar el daño hecho después de tanto tiempo. Tras las primeras conversaciones descubrieron que nadie tenía intenciones ocultas. El único propósito era ayudarlos a recuperar sus ecosistemas, cuerpos de agua y la salud de su territorio. Varios ingenieros y expertos ya están activando la segunda fase, que consiste en un diagnóstico más preciso y la valoración del riesgo y niveles de descontaminación. Todos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos esperan que a partir del próximo año se ejecute la recuperación de la zona y Pozo Azul se convierta en un símbolo de la protección del medio ambiente en una nueva etapa del país como lo es el posconflicto.

“Nuestra acción decidida busca seguir liderando la política pública demostrando que es posible la explotación de hidrocarburos con conciencia ambiental y desarrollo para las comunidades. De lo que se trata es de generar riqueza sostenible para todos. Seguiremos trabajando para que otras instituciones locales, empresas y organizaciones civiles se sumen a esta política de gobierno”, enfatizó Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.