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Cuando el entonces coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo iba a ser ascendido a brigadier general, en noviembre de 2016, la organización internacional Human Rights Watch recomendó no hacerlo. Dijo que su ascenso, así como el de otros dos coroneles y dos generales del Ejército, debía frenarse al estar implicado “con evidencias creíbles y convincentes” en casos de falsos positivos. A pesar de la recomendación, fue ascendido, y desde entonces ha sido director del Centro de Educación Militar, comandante de la Décimo Tercera Brigada y comandante de la Segunda División del Ejército.
A esta última llegó en enero de este año. Entre su jurisdicción está la convulsionada zona del Catatumbo y en general el departamento de Norte de Santander, una región en la que desde el año pasado las comunidades han vuelto a denunciar el regreso de los ‘falsos positivos’, que se sintieron con particular fuerza en el pasado en esta zona del país. Ahora, solo entre marzo y junio cuatro civiles – tres campesinos y un indígena – murieron a manos de integrantes del Ejército, todos adscritos a diferentes unidades militares de la Segunda División, al mando de Pinto Lizarazo. Las organizaciones campesinas de la zona han condenado el actuar del Ejército en particular porque tras la muerte de los civiles, los han señalado de estar involucrados en actividades ilícitas.
El caso más reciente fue el de Salvador Jaimes Durán. El campesino murió el 27 de junio, al parecer, por disparos de integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres no. 11 en Teorama. Por la reacción de la comunidad, seis militares involucrados en el hecho fueron retenidos y posteriormente entregados a la Defensoría del Pueblo. En los días siguientes empezaron a rondar unas fotografías que señalaban al campesino de ser guerrillero del ELN, principalmente sobre la base de que el peinado de Salvador Jaimes era muy similar al de un insurgente que había participado en la entrega por parte de esa guerrilla de dos auxiliares de Policía a una comisión humanitaria.
El general Marcos Evangelista Pinto publicó en su cuenta de Twitter un video en el que el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Olveiro Pérez, daba a entender que el campesino muerto era el guerrillero del ELN que aparecía en las fotos. Sin embargo, días después el ELN desmintió que Salvador Jaimes hubiera pertenecido a sus filas, y el guerrillero con el que lo asociaban apareció en cámara reafirmando que él no era el joven asesinado.
Antes de ese campesino, ya había muerto por disparos del Ejército Joel Aguablanca Villamizar, un líder indígena del pueblo u’wa, en Chitagá. Según la denuncia de ese pueblo indígena, el pasado 30 de mayo a la vereda Río Colorado, entraron hombres del Eln y tras ellos llegaron integrantes del batallón de infantería Custodio García Rovira. Estos últimos habrían llegado disparando y, según la denuncia, “cuando el líder indígena u’wa se asomó a la puerta de su casa para ver lo que sucedía, miembros del Ejército le dispararon a quemarropa, hiriéndolo y tratándolo de guerrillero”. Tras hacerse evidente que no era un insurgente, denuncia la comunidad, los militares no agilizaron su traslado a un centro de salud y Joel Aguablanca “estuvo dos horas desangrándose ante la mirada impotente de su familia, luego de lo cual, finalmente falleció”.
El primero de junio, el general Pinto publicó en su cuenta de Twitter el video en el que el general Olveiro Pérez entregaba el balance de la operación. Allí, el general dijo que “en desarrollo de los hechos resultan heridas dos personas, las cuales son atendidas por los enfermeros de la unidad militar, una de ellas fallece en el punto de extracción. La otra persona es atendida en un centro médico, se encuentra estable y es uno de los capturados. Todos estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. De esa manera, el uniformado no hizo distinción entre la persona herida y capturada y el indígena que murió por los disparos del Ejército. No dijo el general que Joel Aguablanca Villamizar nada tenía que ver con el Eln y que era el coordinador de Educación de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cablidos u’wa (ASOU’WA) y líder de ese resguardo indígena.
Semanas antes de ese hecho, el campesino Digno Emérito Buendía ya había muerto también por disparos del Ejército, esta vez a manos de integrantes del batallón Hermógenes Maza, en medio de operativos de erradicación forzada en el área rural de Cúcuta, el 18 de mayo, y nuevamente las comunidades tuvieron que defender que el campesino no estaba vinculado en actividades ilícitas, como lo habría sugerido el Ejército. El mismo general Pinto salió ante medios de comunicación y entregó unas contradictorias declaraciones sobre lo sucedido. Habló de intercambio de disparos, pero dijo que los campesinos portaban machetes y palos.
“Se presentó una protesta ilegal violenta, donde lamentablemente hubo un intercambio de disparos cuando esto se salió de control (…) Un grupo de personas con machetes y palos atacaron a los soldados, los soldados se vieron en la obligación de replegarse y en ese movimiento se presentó el intercambio de disparos”, dijo el general.
Pero, además, hizo otro señalamiento, rechazado por las organizaciones. “En esa área hay gran cantidad de cultivos ilícitos que en este momento son disputados entre los Rastrojos y el Eln. La información que se tiene es que hay personas que están siendo motivadas y pagas por los Rastrojos para hacer protestas violentas; no todos los campesinos lo hacen de manera violenta, pero hay gente que está infiltrada y ha vuelto violenta esta protesta.”
(Lea: El campesino que murió por un disparo del Ejército en el Catatumbo)
Y el 26 de marzo, también por balas de integrantes de la Segunda División, murió el joven campesino Alejandro Carvajal a manos de hombres del Batallón de operaciones terrestres No. 9, en Sardinata. Esa vez, en medio de un asentamiento campesino para defender las plantaciones de coca de los uniformados que venían a erradicarlas. Carvajal recibió un disparo que lo atravesó y le quitó la vida de inmediato. En aquella ocasión no hubo ni choques ni refriegas entre campesinos y militares.
Colombia2020 buscó al general Marcos Evangelista Pinto para consultarlo sobre el accionar del Ejército en Norte de Santander que ha dejado esas víctimas mortales y los señalamientos con actividades ilícitas a los civiles muertos. Desde su oficina de comunicaciones respondieron que el general no atendería la entrevista y que la posición de la División es la que remitieron en las respuestas a las preguntas enviadas específicamente sobre esos casos. En esa respuesta, aseguraron que los cuatro casos están en investigación disciplinaria en sus respectivos batallones y que están en etapa de instrucción. Igualmente, que hasta la fecha ningún uniformado ha sido sancionado a nivel disciplinario como tampoco condenado a nivel penal.
En el caso de Alejandro Carvajal, el primero de los cuatro, el fiscal delegado ya radicó imputación de cargos, pero no se ha avanzado más en ese proceso, al que está vinculado el soldado profesional John Eider Arbeláez López. Sin embargo, ya se puede ver la que, según el abogado del caso, Gustavo Quintero, será otra pelea para la defensa. La Fiscalía ha hablado de homicidio culposo, esto es, de que habría sido en circunstancias accidentales. “Nosotros defendemos el argumento de que se trató de un homicidio doloso, premeditado. Alejandro fue impactado en línea recta, por la espalda, sin que hubiera ningún tipo de confrontación en ese momento y a plena luz del día. Un disparo de esas características no es fortuito”, defiende el abogado.
Pero el comandante de la Segunda División tiene otras cuentas pendientes con la justicia. La Fiscalía investiga la responsabilidad penal del general Pinto Lizarazo en las muertes de al menos 42 campesinos que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, cuando comandó dos batallones militares. En diciembre de 2018, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz un informe en el marco del caso 003, sobre Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, en el que documentó esos casos.
El primero es el Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot, con jurisdicción en el centro y norte de Antioquia. Pinto Lizarazo comandó ese batallón entre el 25 de abril de 2006 y el 16 de abril de 2007. En ese lapso, particularmente entre noviembre de 2006 y abril de 2007, hombres de ese batallón habrían asesinado a 11 campesinos e intentado presentarlos como guerrilleros. En el caso del campesino Carlos Mario Jaramillo Holguín, asesinado en Yarumal el 26 de febrero de 2007, los soldados Víctor Alfonso Vargas y Andrés Horacio Builes ya fueron condenados a 20 años de prisión. Los otros casos sucedieron en San Andrés de Cuerquia, Valdivia, Briceño, Yarumal y Angostura.
El otro es el batallón de infantería No. 27 Magdalena, con jurisdicción en el Huila, donde se le investiga su responsabilidad por los asesinatos de 31 víctimas registrados en su periodo de comandancia, entre el 5 de diciembre de 2007 y el 2 de septiembre de 2009. Los hechos ocurrieron en los municipios de Acevedo, Pitalito, San Agustín y Neiva, y buena parte de las víctimas eran habitantes de calle y personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas. Por varios de esos casos también hay soldados condenados e incluso fue condenado el mayor Francisco Adrián Álvarez Calderón, quien fue el oficial de operaciones del batallón Magdalena durante la comandancia de Pinto Lizarazo.
El informe argumenta la posible responsabilidad del general Pinto como comandante de esas unidades militares. En las declaraciones que un suboficial a cargo de uno de los pelotones del batallón Magdalena entregó a la justicia, dijo que “el comandante era mi coronel Pinto Lizarazo Marcos Evangelista, un señor de grado teniente coronel, con el estudio que tiene yo creo cómo no se vaya a dar cuenta que en la unidad que lidera se estén realizando falsos positivos o que le muevan armas dentro de las oficinas y que no se haya dado cuenta de eso; si yo vi todo lo que sucedía, él con más razón”.
A pesar de ser investigado por esos hechos cometidos bajo su comandancia, el general Pinto Lizarazo rechaza categóricamente ser vinculado con casos de falsos positivos. Así lo demostró luego de que en octubre de 2019 apareciera reseñado en el mural conocido como “¿Quién dio la orden?”, sobre ejecuciones extrajudiciales, elaborado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), entre otras organizaciones defensoras de DD.HH. Allí, al general se le atribuían 45 falsos positivos y aparecía junto a los generales Nicacio Martínez, Mario Montoya, Adolfo León Hernández y Juan Carlos Barrera.
Primero, hombres de la Décimo Tercera Brigada del Ejército, en ese momento comandada por el general Pinto Lizarazo, borraron ese mural cuando artistas lo pintaban en la calle 80 con carrera 30, en Bogotá. Luego, cuando el mural circuló por redes sociales el general decidió presentar una tutela contra el Movice al considerar que había vulnerado sus derechos fundamentales de dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia, debido proceso y buen nombre de su núcleo familiar. Aunque en principio un juez la declaró improcedente, en febrero de este año el juzgado 13 civil de Bogotá la concedió y le ordenó al Movice eliminar en 48 horas esa imagen de murales, redes sociales y otros medios de comunicación, pues el general, al igual que los otros generales que allí aparecen, no ha sido condenado por esos casos.
