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Por allá en el siglo VI existió un papa romano, conocido como Gregorio Magno, que definió la lista que hasta hoy se conoce como los Siete pecados capitales. Se llaman capitales porque son los más graves, los que generan otros pecados y vicios que enturbian la vida cristiana, según santo Tomás de Aquino. Allí están la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza.
Durante cincuenta años de conflicto armado entre la exguerrilla de las Farc y el Gobierno se cometieron también “pecados capitales”, graves violaciones a los derechos humanos, cometidas en ocasiones por todos los actores armados, que deberán tener su propio capítulo en el sistema de Justicia para la Paz que abrió sus puertas a la ciudadanía.
Esta es nuestra selección de los pecados capitales de ese conflicto armado interno:
La cifra es aterradora: 16.879 niños han hecho parte del conflicto armado colombiano, de acuerdo al último informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. Todos los actores han utilizado a niños, niñas y adolescentes para hacer la guerra en el país, aunque reiteradamente han negado el fenómeno.
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El más reciente informe Una guerra sin edad da cuenta de cómo, desde 1960, menores de edad colombianos han integrado las filas de los grupos armados -legales e ilegales- y han sido utilizados para diversas labores, como rancheros, ecónomos, radistas, enfermeros, combatientes, guardias y cocineros.
“Patrón, le trajimos una presita bichecita”. La frase la dijeron unos paramilitares al secuestrar a una mujer y a su hija que terminaron esclavizadas sexualmente durante cuatro días. La frase expone bien la fijación que todos los actores armados, legales e ilegales, han tenido sobre las niñas y adolescentes, particularmente sobre su virginidad, y así lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su último informe: La guerra inscrita en el cuerpo.
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Las cifras del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) arrojan que del total de 15.076 personas que han sido víctimas de violencia sexual en el conflicto armado desde 1958, al menos 5.013 han sido niñas y adolescentes. Y de esas, 2.094 fueron casos entre los 10 y los 14 años. El mayor número de víctimas femeninas se registraron en el rango de 15 a 19 años, con 2.865 casos.
“Si tú no regresas pienso que la pena moral puede acabar conmigo. Ojalá nunca más vuelva a existir una persona desaparecida. Es la peor tortura que existe en la vida. Vivos se los llevaron y vivos los queremos". Esas fueron las palabras de Luz Dary Santiesteban, familiar de Pedro Manuel Satiesteban, desaparecido y a quién aún su familia espera con vida.
Las cifras de los desparecidos de la guerra no coinciden. La Fiscalía General de la Nación ha registrado un total de 32.000 casos denunciados; la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas unos 45.000 casos, y el Centro Nacional de Memoria Histórica en su último informe sobre dicho delito reporta más de 66.000 casos. Ese es el reto que tiene hoy la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el conflicto armado.
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“A los Mercado los trajeron de otra forma. Estaban descompuestos e hinchados. Les pusieron bolsas en las cabezas porque los habían degollado y tenían miedo de que se les cayeran las cabezas, que bamboleaban como un péndulo. Los trajimos a San Cayetano y la gente les hizo una calle de honor. Lloraban con las manos en la cabeza”. Así recordó recientemente Rafel Posso, líder de Las Brisas donde hace 18 años los paramilitares asesinaron y torturaron a 12 personas de esta vereda. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado 1.982 masacres ocurridas a lo largo de medio siglo de conflicto. Todos los actores han sido protagonistas en alguna de estas y es uno de los capítulos más importantes de la memoria del país.
Entre 1980 y 2012,13 los grupos paramilitares perpetraron 1.166, es decir el 58,9% de ellas. Las guerrillas fueron responsables de 343 y la Fuerza Pública de 158, lo que equivale al 17,3% y 7,9% respectivamente. Por otra parte, 295 masacres, el 14,8% del total, fueron cometidas por grupos armados cuya identidad no se ha podido esclarecer. Las veinte masacres restantes corresponden a acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, o a acciones de otros grupos armados. Esto significa que, aproximadamente, por cada masacre que perpetraron los grupos guerrilleros, los paramilitares efectuaron tres.
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Para los actores armados, las masacres fueron centrales en sus estrategias de control de la población, por su capacidad para generar terror, desterrar y destruir a las comunidades. Las 1.982 masacres perpetradas entre 1980 y 2012 dejaron como saldo 11.751 muertes.
Aída Abella, hoy senadora por el movimiento Decentes, recuerda con dolor la indolencia de las autoridades frente a los asesinatos contra miembros de la UP en los años 80. No hay consenso sobre las cifras. Los números oscilan entre los 1.500 y los 3.000 integrantes de esta colectividad política, surgida de los acuerdos de paz entre el gobierno del expresidente Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc.
Abella recuerda, por ejemplo, las palabras del exministro Carlos Lemos: “el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica”. Días después asesinaron a Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de esa colectividad. “El país se llenó de afiches que decían: El ministro señaló, el sicario disparó”, recuerda. El daño político se ha evidenciado históricamente en la persecución que han padecido sin cesar las organizaciones cívicas y políticas, sindicatos, asociaciones campesinas, movimientos y partidos de oposición política y reclamación social. “Dicha persecución ha estado dirigida a los líderes, militantes e incluso simpatizantes de tales grupos de presión política” aseguró el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe general del grupo de memoria histórica: Basta Ya, Colombia: memorias de guerra y dignidad
En este documento las víctimas relatan el asesinato de familiares, personas vecinas y amigas que defendieron derechos laborales, que protestaron por los abusos de poder ejercidos por empresas, terratenientes, autoridades y funcionarios públicos, y que lideraron formas de organización para promover ordenamientos políticos, económicos y sociales alternativos e incluyentes. “Las expresiones de protesta, de movilización social y de pensamiento crítico han sido asociadas a subversión o terrorismo y condenadas a la criminalización y la persecución”, sentencia el documento.
A estas prácticas de violencia se sumaron otros mecanismos de agresión. “Varios líderes sociales y comunitarios, defensores y defensoras de Derechos Humanos e incluso autoridades políticas locales, fueron objeto de falsas acusaciones y de procesos judiciales adelantados con testigos fantasmas. Debido a su precariedad probatoria, estos procesos casi nunca desembocaron en condenas”, sostiene el informe. La violencia ha contribuido a la pérdida de pluralidad política y a la desintegración de procesos organizativos comunitarios y partidistas.
El secuestro se volvió masivo e indiscriminado en el periodo más crítico de escalamiento de la guerra (1996-2002). En ese escenario, además de los secuestros masivos en las grandes ciudades y en aviones comerciales, se produjeron secuestros también masivos e indiscriminados de ciudadanos en las carreteras del país por medio de las llamadas: “pescas milagrosas”. Esta modalidad se perpetró mediante la instalación de retenes ilegales. Allí los guerrilleros detenían a las personas, y una vez corroboraban su situación económica o identificaban sus nombres en listas que tenían y las secuestraban.
De los 27.023 secuestros reportados entre 1970 y 2010, las guerrillas son autoras de 24.482, lo que equivale al 90,6%. Los paramilitares han realizado 2.541 secuestros, correspondientes al 9,4%, mientras que otros grupos armados han secuestrado a 578 personas, con un total del 2,6%. De cada diez secuestros, aproximadamente, las guerrillas son responsables de nueve y los grupos paramilitares de uno, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, el Gobierno aseguró en un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP), presentado en marzo de 2016, que "por cada año de paz, Colombia ahorraría $7,1 billones en degradación ambiental". De 1990 a 2013, el 58% de la deforestación en el país ocurrió en áreas afectadas por el conflicto, con 6 millones de hectáreas perdidas, según las cifras de la fundación Piensa Verde. Los numerosos atentados contra oleoductos durante los últimos 35 años han resultado en 4.1 millones de barriles derramados. Hoy en día, la crisis medio ambiental producto de la deforestación sigue imparable. De hecho, “durante el último trimestre de 2017 se presentó un incremento muy significativo de las alertas de deforestación en el departamento del Caquetá, específicamente en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Además, el análisis identifica en este departamento 75 parches deforestados con una superficie de más de 50 ha, y de estos, 20 parches tienen una extensión de entre 100 y 230 hectareas”, anotaron expertos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en febrero de 2018. Las zonas deforestadas coinciden con las zonas que desocuparon las Farc, tras la firma del proceso de paz.
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