Enero cerró como mes con más masacres desde 2023 en Colombia: hubo una muerte cada 12 horas

El balance de masacres en enero equivale, en promedio, a una muerte violenta cada doce horas, lo que representa un aumento del 40 % frente a los dos últimos años.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El asfalto quedó teñido por manchas de sangre que luego el sol secó. Aunque nadie estaba en la cancha, la comunidad de Tarso (Antioquia) sabía lo que había ocurrido: tres pobladores habían sido asesinados en la placa polideportiva, y sus cuerpos quedaron a la vista.

Hombres armados habían llegado al caserío de la vereda El Cedrón de ese municipio hacia las 11:30 p. m. del 28 de enero. Fueron a las casas, preguntaron por tres personas, dijeron sus nombres. Eran la lideresa comunal y expresidenta de la Junta de Acción Comunal Elizabeth Zapata Osorno, de 35 años; su esposo Alonso Cano Ramírez; y Edinsson Molina Marulanda, un joven de 27 años.

Los sacaron de sus viviendas, los llevaron hasta el polideportivo y los ejecutaron con armas de fuego. Según las primeras hipótesis de las autoridades, la acción obedecería a la disputa territorial entre el Clan del Golfo y la banda criminal “Los Pachecos”.

Esa masacre fue una de las doce registradas durante los primeros 31 días del año, que en total dejaron 63 víctimas y convirtieron a enero en el mes con más masacres desde 2023, según los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El balance equivale, en promedio, a una muerte violenta cada 12 horas, lo que representa un aumento del 40 % frente a los dos últimos años.

Leonardo González, director de Indepaz, explicó a este diario que esa dinámica violenta ha sido interpretada como una forma de enviar mensajes armados a la población. “Las masacres buscan generar ruido, miedo y terror, y dejar claro que un grupo armado está presente y puede ejercer la violencia con impunidad. Lo ocurrido en Tarso fue un mensaje no solo contra las víctimas, sino contra la Junta de Acción Comunal y la comunidad, una demostración de gobernanza armada en el territorio”, dijo González.

Además de Tarso, las otras masacres ocurridas en enero se registraron en Santander de Quilichao (Cauca), San José de Cúcuta (Norte de Santander), los límites entre Remedios y Amalfi (Antioquia), Maicao y Riohacha (La Guajira), Abejorral (Antioquia), Lérida (Tolima), La Gloria (Cesar), Ansermanuevo (Valle del Cauca) y El Retorno (Guaviare).

En este último municipio, el 16 de enero, ocurrió la masacre más letal del mes: 27 personas fueron asesinadas. Las primeras versiones del hecho habían apuntado a un enfrentamiento entre las disidencias Estado Mayor Central y Estado Mayor de los Bloques y Frente.

Sin embargo, la Fiscalía descartó que la muerte de hombres al mando de Iván Mordisco se debiera a un combate con el grupo de Calarcá Córdoba, pues los cuerpos presentaron tiros de gracia realizados a corta distancia. El hecho fue interpretado, entonces, como una muestra de que Calarcá se ha enfocado en mostrar su pie de fuerza en la guerra y no en avanzar en el proceso de paz.

“Estos hechos siempre van a afectar las mesas de negociación porque pues aunque sabemos que se está negociando con criminales las mesas de negociación parten de una buena voluntad y especialmente de una exigencia por el respeto al Derecho Internacional Humanitario, al respeto a la población civil. Que se presenten este tipo de hechos pues genera una serie de interrogantes al respecto”, dijo González.

La escalada de violencia se produce en la antesala del ciclo electoral y ha marcado el pulso del inicio del año, profundizando las preocupaciones sobre las garantías de seguridad de cara a las elecciones de 2026.

“Esto ocurre en un ambiente electoral y también previo a un cambio de gobierno, en el que la mayoría de los grupos armados buscan imponer un orden violento en los territorios y fortalecer su capacidad de guerra”, explicó González. Ese propósito, añadió, pasa por el control de economías ilegales –como la minería, la deforestación, el tráfico de personas y la extorsión–, una dinámica que ha encendido las alarmas entre comunidades, organizaciones sociales y entidades de control como la Defensoría sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses.

Un vacío que ha dejado la implementación del Acuerdo de Paz

Según el informe “Comunidades en medio de la violencia: balance 2025” de Indepaz, las masacres siguen siendo una de las expresiones más persistentes de la violencia armada en Colombia. Su comportamiento entre 2016 y 2025 no responde a episodios aislados, sino a dinámicas estructurales que se repiten en el tiempo. Como advierte la organización, se trata de una violencia que “no puede leerse como coyuntural”.

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El 2020 marcó el punto más alto de esa escalada: 91 masacres y 378 personas asesinadas. Para Indepaz, ese pico “no fue un hecho aislado”, sino la consecuencia de procesos acumulados como la reconfiguración de actores armados, la expansión de economías ilegales y el debilitamiento de la presencia estatal en los territorios, agravados por el contexto de la pandemia. Desde entonces, señala el informe, “las masacres se consolidan como una herramienta sistemática de control social y territorial, especialmente en periferias urbanas estratégicas”.

Aunque entre 2021 y 2023 el número de víctimas por evento comenzó a descender, la recurrencia de las masacres se mantuvo en niveles altos.

Según Indepaz, en 2024 se registró una disminución en el número de masacres (76) y en el de víctimas (267), una tendencia que podría interpretarse como una mejora. Sin embargo, esta reducción no se consolidó en 2025, cuando las masacres aumentaron a 78, mientras que el número de víctimas descendió levemente a 256. La organización advierte que esta dinámica refleja una transformación del patrón de violencia: “menos víctimas por evento, pero una práctica que sigue plenamente vigente como mecanismo de control armado”.

Para el director de Indepaz estas cifras se explican, en buena medida, en los vacíos de implementación del Acuerdo de Paz, en particular en las garantías de seguridad previstas para los territorios que dejaron las antiguas FARC: “El acuerdo preveía garantías de seguridad para los territorios y los primeros años pues no se dio esa esa garantía. No llegó la Fuerza Pública a los territorios que habían dejado las FARC y fueron copados por los otros grupos, como disidencias, ELN, el Clan del Golfo, entre otros grupos, generando unas acciones violentas contra la misma población civil”, explicó.

A esto se suma la presencia simultánea de varias estructuras ilegales disputándose el control territorial. “Hay zonas donde hay dos o tres grupos armados enfrentándose, y en medio de esos enfrentamientos queda la población civil”, añadió González.

Frente a ese mapa violento y a casi un mes de las elecciones legislativas, la preocupación por el aumento de las masacres como forma de gobernanza se profundiza. La seguridad será un reto no solo durante los últimos meses del Gobierno Petro, sino también para el próximo mandatario. Mientras tanto, la población civil de las zonas más golpeadas por la guerra vivirá con el temor de que en su pueblo se repita una escena como la ocurrida en Tarso.

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