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A mediados de 2014 comenzó una persecución inclemente contra de Maydany Salcedo, una lideresa social tolimense que desde el 11 de septiembre de 2012 se ha dedicado a proteger derechos humanos en Piamonte, sur de Cauca.
Hace ocho años, desde el frente 49 de las Farc le dijeron a Salcedo y a su comunidad que no podían trabajar en liderazgos sociales porque, según ellos, interferían en sus intenciones de tener todo el control territorial. No acatar esas condiciones de la antigua guerrilla significaba inmediatamente convertirse en objetivo militar de ellos. Maydany nunca calló y eso le generó problemas con grupos armados que desde ese entonces no han cesado.
“Hicimos todo lo posible para hablar sobre esas amenazas, se enviaron cartas a La Habana para que los negociadores estuvieran al tanto de la situación. No nos escucharon, pero tiempo después supimos que desde allí dieron la orden para que Orlando Porcelana (antiguo comandante de ese frente guerrillero) nos pidiera disculpas y nos dejara tranquilos. Mi vida nunca dejó de estar en riesgo. En 2019 quisieron atentar contra mi vida, posteriormente me asignaron un esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y con eso solo me metieron en una “caja de sardinas” (camioneta blindada) y me asignaron a dos hombres como escoltas. Desde ese año para acá no nos han dejado en paz distintos grupos armados, que incluso llegaron a intimidarme en Bogotá”, narró la lideresa.
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En las últimas semanas, las amenazas en contra de la vida de Maydany se hicieron más fuertes, pero con la diferencia de que ahora desconoce la identidad de sus agresores. Sin embargo, esa no es su mayor frustración. Salcedo dice que lo que la atormenta cada vez que tiene que ir a Piamonte es ver que durante la última década para acá ha habido muy pocos avances en materia de una defensa real de la vida de quienes protegen los derechos humanos de las comunidades más vulnerables.
“Hace diez años Piamonte estaba lleno de bombardeos, enfrentamientos entre fuerza pública y grupos armados al margen de la ley, que en últimas lo que hacían era dejar al campesinado solo y a merced de cualquier cantidad de peligros. Nosotros no hemos dejado de velar por la dignidad de ellos y si bien la acogida del pueblo ha sido buena y hemos avanzado en ser más visibles para el departamento, eso no basta para que las amenazas en nuestra contra se detengan. Se me han acercado personas que dicen ser paramilitares, otros que no se quieren identificar y así es muy complicado. A mí y a otros compañeros nos ha tocado alejarnos de nuestras familias para cuidarlas y esperar a que un milagro nos salve”, denunció Salcedo.
Una estigmatización que no termina
“Hay personas armadas que no se identifican, que lo tildan a uno de guerrillero. ¡No somos eso! Somos campesinas y campesinos que exigimos nuestros derechos, queremos tener una vida en nuestros territorios un poco mejor de la que existe, en paz, tener nuestros derechos que nos los da la Constitución” Este testimonio de Maydany es apenas la punta del iceberg de un conjunto de conductas criminales de las cuales ha sido blanco por velar por la defensa de los derechos humanos en Piamonte y el sur del Cauca.
De acuerdo con su testimonio, la estigmatización en su contra inició en 2012 cuando ella y otro grupo de líderes sociales denunciaron prácticas dañinas contra el medioambiente y la convivencia de comunidades por parte de compañías mineras transnacionales (a las cuales la lideresa no se quiso referir de manera específica, alegando que estas compañías siguen teniendo una influencia en su territorio que la puede poner en riesgo), que afectaron la potabilidad en las aguas de Piamonte e incluso llegaron a contaminar aguas del río Caquetá.
“Denunciamos a esos señores ante todas las autoridades competentes, desde Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), hasta el Ministerio de Medioambiente y nada funcionó. Al tiempo que eso sucedía, grupos armados nos increparon para que guardáramos silencio… las empresas los mandaban y temo que ellos algo tengan que ver con las amenazas que seguimos recibiendo al día de hoy”, contó Salcedo.
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En octubre de 2020, Salcedo estaba por fuera de Piamonte, porque por seguridad no podía estar allí, y recibió una llamada en la que le notificaron que habían amenazado a su madre y que le daban a toda su familia un plazo de 24 horas para abandonar el municipio o que se atuvieran a las consecuencias.
“Ese día fue uno de los peores de mi vida. Empezaron a llegar mensajes de texto firmados por Farc, otros por las ‘Cobras’, otros por los ‘Escorpiones’ (estos dos últimos, bandas de crimen organizado en Piamonte), otros por el Cartel de Sinaloa y así me hicieron un calvario. Ese día quebraron la unidad de mi familia”, lamentó Maydany.
Así fueron transcurriendo los meses en la vida de la lideresa: irremediablemente alejada de los suyos y con el corazón en la mano defendiendo los derechos territoriales en Piamonte. En marzo de 2022, a nivel nacional se volvieron a tener noticias de ella.
El 2 de marzo, un grupo de hombres armados la amenazaron en una reunión comunitaria que ella presidía en el departamento del Cauca; allí le dijeron, según su testimonio, que en la guerra que ellos (sin identificarse) tenían para controlar el territorio no iban a discriminar entre civiles y militares para pasarle por encima a quien tocara. “En ese momento le hice un llamado al gobierno nacional en el que con pruebas mostré las voluntades de estas personas en matarnos… al final a nadie le importó y seguimos en las mismas”, le dijo a Colombia+20.
“He sido terca, no me quiero exiliar”
Distintas organizaciones internacionales le han tendido la mano a Maydany para que difunda su caso, busque mecanismos de protección y así proteja su integridad. En los últimos años ha visto el asesinato de compañeros suyos, amenazas hacia varios más y aún así nada de eso ha cambiado su vocación de vida.
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Salcedo fue parte del empalme transversal de drogas y narcotráfico entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. Su respaldo a familias cocaleras en el Cauca la llevó a esa instancia en Bogotá, pero justamente allí fue donde vivió una serie de amenazas que nuevamente la tienen hoy sin rumbo fijo para proteger su vida. En un hotel de la capital, tuvo una conversación con un hombre que le aseguró que pertenecía a los Comandos de Frontera (una de las disidencias de las Farc), que la lideresa describió de la siguiente manera:
“Llegué al hotel y le dije a una trabajadora de allí que tenía una humedad en la habitación, para que por favor me colaborara. Nadie contestó y luego al lado mío escuché una voz de un hombre que me agarró de la mano y me pidió que lo llevara a mi cuarto que estaba en el primer piso. Los escoltas estaban afuera, no se percataron de eso y casi sin mediar palabra ni saber quién era él le pedí que no matara a ninguno de esos muchachos ni a nadie de mi familia. Él me dijo que solo estaba allí para advertirme que no me querían volver a ver en Piamonte o si no ya sabía lo que me podía pasar. Estoy amenazada más que nunca: si vuelvo a ir a Piamonte seguramente me van a matar. Muchas organizaciones me han querido ayudar y les agradezco. Me han puesto opciones y todo se ha evaluado, pero me quiero morir aquí en mi país... tal vez no sea lo correcto pero me voy defendiendo lo mío. He sido terca, no me quiero exiliar ni algo parecido”, relató.
Maydany y su entorno están al tanto de los diálogos sociales que el gobierno comenzó hace más de cinco semanas con distintos grupos armados, en el marco de la Paz Total. Sin embargo, a ella le generan dudas que primero se quieran acercar a estos grupos que a sus víctimas. “No estamos de acuerdo con que tengan que negociar primero con un grupo al margen de la ley, cuando nosotros como campesinos estamos en la disputa en medio de lo que ellos hacen. Por favor protéjannos, nuestro proceso organizativo se tiene que cuidar”, concluyó.
Según cifras de Indepaz, 149 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en 2022. Desde la firma del Acuerdo de Paz, esa cifra ya suma 1.376 muertes.