Nariñenses se sienten engañados con plan de sustitución de cultivos de coca
Con grandes movilizaciones y una acción de cumplimiento, los nariñenses que firmaron acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos coca protestarán por los retrasos en los pagos del programa y por los anuncios de fumigación con glifosato.
Gloria Castrillón / @glocastri
Se avecina una movilización social en el departamento de Nariño. Más de 16.000 familias de Tumaco que firmaron el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito en desarrollo del Acuerdo Final entre el Estado y las Farc están inconformes por el atraso en los pagos que el Gobierno Nacional debe hacer cada dos meses ($2 millones por familia) y porque no se concretan los proyectos productivos para garantizar su sustento y evitar que vuelvan a sembrar coca o amapola.
Esto sin contar con 23.500 familias de los otros 26 municipios que firmaron un primer pacto de voluntades para entrar al programa y no tuvieron respuesta del gobierno de Juan Manuel Santos, que alentó en su momento a los cultivadores de todo el país para que suscribieran el acuerdo. “Nosotros encauzamos todas las baterías, pusimos a 14 personas a ir por las veredas y corregimientos. Llegamos a un censo y a la manifestación de 50.000 familias que estaban dispuestas a la sustitución. Luego el Gobierno dijo que solo podía asumir el compromiso en Tumaco. Y ahora se retrasa en los pagos. Esto es un engaño a la población de Nariño”, concluye el gobernador del departamento, Camilo Romero.
El Programa Nacional de Sustitución Voluntaria (PNIS) nació desfinanciado, asegura. Según las cuentas del mandatario, el Gobierno Nacional debió invertir $1,8 billones para que las 50.000 familias acabaran con los cultivos de uso ilícito, pero los recursos comprometidos no alcanzan los $50.000 millones. “Pretender que haya solución definitiva al problema con esa inversión es una ilusión”, agrega.
Estos serán algunos de los temas que se desarrollarán en el conversatorio regional “Retos para encontrar alternativas sostenibles a los cultivos de uso ilícito”, que se realiza hoy en Pasto, en asocio con la Unión Europea y con el apoyo de PNUD, Acnur y Fescol.
Las comunidades, por su parte, reclaman una atención integral. No está presente el Ministerio de Agricultura para apoyar los proyectos productivos, el Ministerio de Comercio Exterior tampoco se ha dejado ver con una propuesta para garantizar la comercialización de los productos con los que sustituirán la coca y no está presente la institucionalidad que haga realidad el pedido histórico de mejorar las vías terciarias.
El malestar ahora es con el nuevo gobierno. El presidente Iván Duque visitó Tumaco dos días después de su posesión y, además de anunciar que “a Guacho se le acabará la guachafita”, en referencia a la persecución al líder de las disidencias de las Farc, se comprometió a cumplir los acuerdos adquiridos por el Estado con las familias que firmaron el Programa de Sustitución Voluntaria. “¿Y qué pasa con los 26 municipios donde se suscribieron acuerdos colectivos? ¿Qué respuesta hay para esos pobladores?”, se pregunta Hárold Ruiz, coordinador del programa en la Gobernación. “Nuestra ciudadanía no ha tenido ni el apego ni la mano del Estado y cuando se lo encuentra, lo engaña. Eso tiene un peso simbólico muy fuerte: es decirles a los ciudadanos que el Estado no tiene palabra y que les va mejor con los ilegales”, sentencia el gobernador Romero.
Falta de confianza
Esa es la misma sensación que tiene Rider Nastascuás, líder de la comunidad indígena awá, que habita parte del territorio nariñense (Tumaco, Barbacoas, Samaniego, Roberto Payán y Ricaurte). Sus resguardos no firmaron el Programa de Sustitución Voluntaria porque no creen en las promesas del Estado. “Nosotros hemos estado en contacto con el Gobierno Nacional, hemos hecho las mingas, hay autos de la Corte, y nada se ha cumplido”, dice. Se refiere al auto de la Corte Constitucional de 2009, que llevó al Estado a firmar un convenio de salvaguarda para evitar el exterminio de 102 pueblos indígenas de todo el país. Se incluían programas de electrificación, saneamiento básico y arreglo de carreteras que no se han cumplido. Además se determinó que la erradicación de cultivos en sus territorios se debe hacer de forma manual, previa consulta con las comunidades y respetando los sitios sagrados de hoja de coca.El líder awá dice no tener cifras sobre la cantidad de hectáreas sembradas con coca o el número de familias que derivan su sustento de ese cultivo, pero asegura que mientras su territorio siga olvidado y no existan vías de acceso, será imposible salir adelante con proyectos alternativos. Por eso la comunidad quiere establecer un canal de comunicación con el Ministerio del Interior.
Yesenia Montaño es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Chilvisito, en la vía Tumaco-Pasto. Ella ha liderado la vinculación de 115 familias de su comunidad al plan de sustitución voluntaria que están a la espera del sexto pago por $2 millones que debió hacerse en agosto y no llega. También están pendientes de la llegada de los recursos para emprender sus proyectos productivos: $1’800.000 para la compra de especies menores en cada una de las iniciativas.
Ya cumplieron con todos los requisitos de la asistencia técnica para su formulación. “Yo los animé para que se unieran al programa, les dije que creyeran en el Gobierno, que nos fuéramos por lo legal, y ahora la gente me pregunta por qué no llegan los recursos. Yo me quedé sin respuestas”, dice desconsolada Yesenia, viuda y madre de tres hijos de 12, 10 y 4 años. Cerca de 50 familias en esta vereda están encabezadas, como ella, por mujeres. Para ellas, estos incumplimientos las ponen en una situación apremiante, ya que no pueden, como los hombres de las otras familias, salir a jornalear o trabajar en otros oficios fuera de la vereda. “¿Cómo cree que uno sostiene tres hijos con los $2 millones que nos entregan cada dos meses?”, pregunta Yesenia. ¿Y qué hacer cuando ya casi completan cuatro meses sin pago?, se cuestiona cualquiera.
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Aun así, esta lideresa destaca que la seguridad en las veredas de la carretera está mejorando. Ya no hay esa zozobra que les hacía encerrarse en las casas a las seis de la tarde. Y recuerda, como un hecho que no quiere volver a vivir, el momento en 2009 en el que 180 familias de tres veredas completas debieron desplazarse al coliseo de Tumaco.
Radiografía del PNIS
El Gobierno Nacional determinó adelantar el programa solo con 16.476 familias (de las 50.000 que firmaron el pacto inicial), ubicadas en cuatro sectores de Tumaco. La primera fase contempla seis pagos, cada uno de $2 millones (cada dos meses), y una segunda fase contempla la asistencia técnica para que los cultivadores establezcan sus proyectos productivos sostenibles.El 6 febrero de 2017 se firmó un convenio con 2.000 familias de 25 veredas en el sector Carretera. Se hicieron cinco pagos de $2 millones y están atrasados desde agosto de ese año. Desde febrero se contrató la asistencia técnica con Cordeagropaz. Ya se hizo la caracterización e identificación de los proyectos productivos, pero no se ha hecho el desembolso para que los campesinos los implementen.
En junio de 2017 se acordó la vinculación de 4.800 familias pertenecientes al Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. Se han hecho apenas tres pagos en 16 meses. Se suscribió el memorando de entendimiento con el operador para la asistencia técnica, ya iniciaron el proceso de caracterización.
En febrero de 2018 se vincularon 5.000 familias, en su mayoría colonos, en el corregimiento de Llorente. Se ha hecho apenas un pago de $2 millones. El martes pasado se cerró la invitación para elegir el operador de asistencia técnica y se presentaron seis proponentes. En marzo de 2018 se vincularon 4.676 familias de los consejos comunitarios de Río Rosario, Río Chagüí y Río Mejicana, y aunque se debía empezar a pagar en agosto, no se ha hecho. Queda pendiente allí la selección del operador para la asistencia técnica de los proyectos productivos.
En contraste, la ONU certifica que el 91 % de las familias de Tumaco han cumplido con el acuerdo, como recalca el gobernador Romero. En su último reporte, esta entidad muestra una disminución de hectáreas cultivadas en el municipio (de 23.000 a 19.000), hecho que el mandatario interpreta como un éxito del programa.
Daniel Ramírez, coordinador del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria, que hace parte de la Alta Consejería para la Estabilización, indicó que el Gobierno Nacional honrará todos los compromisos adquiridos con las comunidades. “Debemos garantizar que los recursos llegan a las familias que cumplen los requisitos. Hace 15 días la ONU entró a verificar el cumplimiento de las comunidades y con ese informe procederemos a organizar los pagos. Más que un atraso es un proceso de verificación de compromisos”, explicó. El sector de Carretera es el que está más avanzado, explica el funcionario. “Allá estamos a punto de entregar insumos para más de 1.700 proyectos de seguridad alimentaria, con una inversión de más de $3.000 millones. En otros territorios es más complejo entrar, como en Alto Mira y Frontera, que es el sector con más cultivos de coca y queremos que sea el primer consejo comunitario libre de coca”.
Sustitución vs. erradicación
Además de la creciente inconformidad de las familias que le apostaron a la sustitución voluntaria está el doloroso saldo que deja el programa de erradicación forzosa, que cobró este fin de semana su más reciente víctima: el patrullero de la Policía Naren Daryan Mora, de 23 años, que murió por la activación de un artefacto explosivo cuando adelantaba labores de erradicación en la vereda La Marranera, en Tumaco.Esta muerte se suma a la de otro patrullero, también de 23 años, que perdió la vida en un enfrentamiento con la comunidad en Llorente, en abril de 2017. Además de los siete campesinos que murieron durante un ataque de la Policía en la vereda Tandil de Tumaco, en octubre de 2017, de cuya muerte no se conocen los responsables. “El 16 de marzo de 2016 fue el primer consejo de seguridad con el gobierno Santos. Ese día advertimos que esto iba a pasar, que la erradicación forzosa traería enfrentamientos con las comunidades. Nunca fue escuchada nuestra voz. Ya hemos tenido cinco bloqueos de las carreteras y once muertos, entre campesinos y miembros de la fuerza pública”, recuerda el gobernador.
Lea: “Fumigar no es la solución”: gobernador de Caquetá
La erradicación forzosa, que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa, debe comprometer las grandes extensiones, no a los pequeños cultivadores, que son la mayoría en el departamento, dice Hárold Ruiz. Y muestra, otra vez, sus cuentas y cálculos para demostrar que es mucho más costosa esta vía, que la sustitución voluntaria. “El programa de erradicación forzosa dice que eliminó en Nariño 15.694 hectáreas que le cuestan al presupuesto nacional $313.800 millones, es decir, $20 millones por hectárea. Cada soldado les cuesta $57.000 diarios. Si contamos 10 días de sostenimiento de los 11.000 soldados que están en Tumaco se cubre lo que se ha destinado a la sustitución en todo el año 2017”.
Se avecina una movilización social en el departamento de Nariño. Más de 16.000 familias de Tumaco que firmaron el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito en desarrollo del Acuerdo Final entre el Estado y las Farc están inconformes por el atraso en los pagos que el Gobierno Nacional debe hacer cada dos meses ($2 millones por familia) y porque no se concretan los proyectos productivos para garantizar su sustento y evitar que vuelvan a sembrar coca o amapola.
Esto sin contar con 23.500 familias de los otros 26 municipios que firmaron un primer pacto de voluntades para entrar al programa y no tuvieron respuesta del gobierno de Juan Manuel Santos, que alentó en su momento a los cultivadores de todo el país para que suscribieran el acuerdo. “Nosotros encauzamos todas las baterías, pusimos a 14 personas a ir por las veredas y corregimientos. Llegamos a un censo y a la manifestación de 50.000 familias que estaban dispuestas a la sustitución. Luego el Gobierno dijo que solo podía asumir el compromiso en Tumaco. Y ahora se retrasa en los pagos. Esto es un engaño a la población de Nariño”, concluye el gobernador del departamento, Camilo Romero.
El Programa Nacional de Sustitución Voluntaria (PNIS) nació desfinanciado, asegura. Según las cuentas del mandatario, el Gobierno Nacional debió invertir $1,8 billones para que las 50.000 familias acabaran con los cultivos de uso ilícito, pero los recursos comprometidos no alcanzan los $50.000 millones. “Pretender que haya solución definitiva al problema con esa inversión es una ilusión”, agrega.
Estos serán algunos de los temas que se desarrollarán en el conversatorio regional “Retos para encontrar alternativas sostenibles a los cultivos de uso ilícito”, que se realiza hoy en Pasto, en asocio con la Unión Europea y con el apoyo de PNUD, Acnur y Fescol.
Las comunidades, por su parte, reclaman una atención integral. No está presente el Ministerio de Agricultura para apoyar los proyectos productivos, el Ministerio de Comercio Exterior tampoco se ha dejado ver con una propuesta para garantizar la comercialización de los productos con los que sustituirán la coca y no está presente la institucionalidad que haga realidad el pedido histórico de mejorar las vías terciarias.
El malestar ahora es con el nuevo gobierno. El presidente Iván Duque visitó Tumaco dos días después de su posesión y, además de anunciar que “a Guacho se le acabará la guachafita”, en referencia a la persecución al líder de las disidencias de las Farc, se comprometió a cumplir los acuerdos adquiridos por el Estado con las familias que firmaron el Programa de Sustitución Voluntaria. “¿Y qué pasa con los 26 municipios donde se suscribieron acuerdos colectivos? ¿Qué respuesta hay para esos pobladores?”, se pregunta Hárold Ruiz, coordinador del programa en la Gobernación. “Nuestra ciudadanía no ha tenido ni el apego ni la mano del Estado y cuando se lo encuentra, lo engaña. Eso tiene un peso simbólico muy fuerte: es decirles a los ciudadanos que el Estado no tiene palabra y que les va mejor con los ilegales”, sentencia el gobernador Romero.
Falta de confianza
Esa es la misma sensación que tiene Rider Nastascuás, líder de la comunidad indígena awá, que habita parte del territorio nariñense (Tumaco, Barbacoas, Samaniego, Roberto Payán y Ricaurte). Sus resguardos no firmaron el Programa de Sustitución Voluntaria porque no creen en las promesas del Estado. “Nosotros hemos estado en contacto con el Gobierno Nacional, hemos hecho las mingas, hay autos de la Corte, y nada se ha cumplido”, dice. Se refiere al auto de la Corte Constitucional de 2009, que llevó al Estado a firmar un convenio de salvaguarda para evitar el exterminio de 102 pueblos indígenas de todo el país. Se incluían programas de electrificación, saneamiento básico y arreglo de carreteras que no se han cumplido. Además se determinó que la erradicación de cultivos en sus territorios se debe hacer de forma manual, previa consulta con las comunidades y respetando los sitios sagrados de hoja de coca.El líder awá dice no tener cifras sobre la cantidad de hectáreas sembradas con coca o el número de familias que derivan su sustento de ese cultivo, pero asegura que mientras su territorio siga olvidado y no existan vías de acceso, será imposible salir adelante con proyectos alternativos. Por eso la comunidad quiere establecer un canal de comunicación con el Ministerio del Interior.
Yesenia Montaño es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Chilvisito, en la vía Tumaco-Pasto. Ella ha liderado la vinculación de 115 familias de su comunidad al plan de sustitución voluntaria que están a la espera del sexto pago por $2 millones que debió hacerse en agosto y no llega. También están pendientes de la llegada de los recursos para emprender sus proyectos productivos: $1’800.000 para la compra de especies menores en cada una de las iniciativas.
Ya cumplieron con todos los requisitos de la asistencia técnica para su formulación. “Yo los animé para que se unieran al programa, les dije que creyeran en el Gobierno, que nos fuéramos por lo legal, y ahora la gente me pregunta por qué no llegan los recursos. Yo me quedé sin respuestas”, dice desconsolada Yesenia, viuda y madre de tres hijos de 12, 10 y 4 años. Cerca de 50 familias en esta vereda están encabezadas, como ella, por mujeres. Para ellas, estos incumplimientos las ponen en una situación apremiante, ya que no pueden, como los hombres de las otras familias, salir a jornalear o trabajar en otros oficios fuera de la vereda. “¿Cómo cree que uno sostiene tres hijos con los $2 millones que nos entregan cada dos meses?”, pregunta Yesenia. ¿Y qué hacer cuando ya casi completan cuatro meses sin pago?, se cuestiona cualquiera.
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Aun así, esta lideresa destaca que la seguridad en las veredas de la carretera está mejorando. Ya no hay esa zozobra que les hacía encerrarse en las casas a las seis de la tarde. Y recuerda, como un hecho que no quiere volver a vivir, el momento en 2009 en el que 180 familias de tres veredas completas debieron desplazarse al coliseo de Tumaco.
Radiografía del PNIS
El Gobierno Nacional determinó adelantar el programa solo con 16.476 familias (de las 50.000 que firmaron el pacto inicial), ubicadas en cuatro sectores de Tumaco. La primera fase contempla seis pagos, cada uno de $2 millones (cada dos meses), y una segunda fase contempla la asistencia técnica para que los cultivadores establezcan sus proyectos productivos sostenibles.El 6 febrero de 2017 se firmó un convenio con 2.000 familias de 25 veredas en el sector Carretera. Se hicieron cinco pagos de $2 millones y están atrasados desde agosto de ese año. Desde febrero se contrató la asistencia técnica con Cordeagropaz. Ya se hizo la caracterización e identificación de los proyectos productivos, pero no se ha hecho el desembolso para que los campesinos los implementen.
En junio de 2017 se acordó la vinculación de 4.800 familias pertenecientes al Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. Se han hecho apenas tres pagos en 16 meses. Se suscribió el memorando de entendimiento con el operador para la asistencia técnica, ya iniciaron el proceso de caracterización.
En febrero de 2018 se vincularon 5.000 familias, en su mayoría colonos, en el corregimiento de Llorente. Se ha hecho apenas un pago de $2 millones. El martes pasado se cerró la invitación para elegir el operador de asistencia técnica y se presentaron seis proponentes. En marzo de 2018 se vincularon 4.676 familias de los consejos comunitarios de Río Rosario, Río Chagüí y Río Mejicana, y aunque se debía empezar a pagar en agosto, no se ha hecho. Queda pendiente allí la selección del operador para la asistencia técnica de los proyectos productivos.
En contraste, la ONU certifica que el 91 % de las familias de Tumaco han cumplido con el acuerdo, como recalca el gobernador Romero. En su último reporte, esta entidad muestra una disminución de hectáreas cultivadas en el municipio (de 23.000 a 19.000), hecho que el mandatario interpreta como un éxito del programa.
Daniel Ramírez, coordinador del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria, que hace parte de la Alta Consejería para la Estabilización, indicó que el Gobierno Nacional honrará todos los compromisos adquiridos con las comunidades. “Debemos garantizar que los recursos llegan a las familias que cumplen los requisitos. Hace 15 días la ONU entró a verificar el cumplimiento de las comunidades y con ese informe procederemos a organizar los pagos. Más que un atraso es un proceso de verificación de compromisos”, explicó. El sector de Carretera es el que está más avanzado, explica el funcionario. “Allá estamos a punto de entregar insumos para más de 1.700 proyectos de seguridad alimentaria, con una inversión de más de $3.000 millones. En otros territorios es más complejo entrar, como en Alto Mira y Frontera, que es el sector con más cultivos de coca y queremos que sea el primer consejo comunitario libre de coca”.
Sustitución vs. erradicación
Además de la creciente inconformidad de las familias que le apostaron a la sustitución voluntaria está el doloroso saldo que deja el programa de erradicación forzosa, que cobró este fin de semana su más reciente víctima: el patrullero de la Policía Naren Daryan Mora, de 23 años, que murió por la activación de un artefacto explosivo cuando adelantaba labores de erradicación en la vereda La Marranera, en Tumaco.Esta muerte se suma a la de otro patrullero, también de 23 años, que perdió la vida en un enfrentamiento con la comunidad en Llorente, en abril de 2017. Además de los siete campesinos que murieron durante un ataque de la Policía en la vereda Tandil de Tumaco, en octubre de 2017, de cuya muerte no se conocen los responsables. “El 16 de marzo de 2016 fue el primer consejo de seguridad con el gobierno Santos. Ese día advertimos que esto iba a pasar, que la erradicación forzosa traería enfrentamientos con las comunidades. Nunca fue escuchada nuestra voz. Ya hemos tenido cinco bloqueos de las carreteras y once muertos, entre campesinos y miembros de la fuerza pública”, recuerda el gobernador.
Lea: “Fumigar no es la solución”: gobernador de Caquetá
La erradicación forzosa, que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa, debe comprometer las grandes extensiones, no a los pequeños cultivadores, que son la mayoría en el departamento, dice Hárold Ruiz. Y muestra, otra vez, sus cuentas y cálculos para demostrar que es mucho más costosa esta vía, que la sustitución voluntaria. “El programa de erradicación forzosa dice que eliminó en Nariño 15.694 hectáreas que le cuestan al presupuesto nacional $313.800 millones, es decir, $20 millones por hectárea. Cada soldado les cuesta $57.000 diarios. Si contamos 10 días de sostenimiento de los 11.000 soldados que están en Tumaco se cubre lo que se ha destinado a la sustitución en todo el año 2017”.