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Han pasado nueve años desde la firma del Acuerdo de Paz, y aunque esta semana seis miembros del último secretariado de las FARC reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el reclutamiento forzado y lo calificaron como una “herida profunda” de la guerra, en el país se siguen cometiendo los mismos crímenes contra niños, niñas y adolescentes, cada vez de manera más directa e intensa.
El conflicto armado también se recicla para los más pequeños, pues en cinco años consecutivos la tendencia va al alza cuando se habla de violencia contra la niñez en Colombia. Los recientes informes de diferentes organizaciones sociales y de las Naciones Unidas dan cuenta de este fenómeno, en el que los actores armados que emergen o se fortalecen en los territorios continúan reclutando, violando, asesinando, mutilando y atacando a niños y niñas. Así quedó reportado en el informe anual del secretario general de la ONU sobre niñez y conflicto armado en el capítulo Colombia, que recoge información de 2024.
De entrada el panorama es desalentador cuando se sabe que desde 2019 la violencia ha crecido exponencialmente contra los menores. Solo en 2024 se reportaron 646 graves violaciones que afectaron a 513 niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. Esa cifra, en comparación a 2023, representó un incremento del 42 % de los ataques.
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Del número total de menores afectados, el informe del secretario general determinó que 317 son niños víctimas del conflicto, 189 niñas y siete de sexo no determinado. De ellos, 195 eran niños indígenas, 47 niños afrodescendientes y 13 niños de nacionalidad venezolana.
Las cifras y las realidades en territorio hablan de un impacto desproporcionado contra las poblaciones indígenas y afro en el país. Para Hilda Molano, coordinadora de Coalico (Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia), que tiene efectos sobre la vida de los niños, pero también de las comunidades enteras. “Esto rompe el tejido social. Cuando se habla del pueblo étnico, el que los niños y niñas terminan en una dinámica por fuera de sus comunidades pone en riesgo la supervivencia del pueblo. Un evento violento no solo afecta al niño o a la niña, sino a la familia, a la comunidad en su conjunto, a la sociedad y a todos como nación”, señaló.
El reclutamiento está ligado a la expansión de los grupos armados
Pero las cifras que revela el informe se quedan tímidas ante la magnitud real de la situación. Cada vez más territorios del país reportan ataques contra los niños, lo que expertos logran explicar como efectos de la expansión territorial y consolidación de los grupos armados. El informe de la ONU muestra que el ELN, el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y las disidencias de las FARC son responsables de cometer violaciones graves incluyendo el reclutamiento, homicidios, mutilaciones, violencia sexual, ataques contra escuelas y hospitales, secuestros y obstrucción del acceso humanitario.
En el caso de reclutamiento, el análisis del secretario general de la ONU registró que en 2024 se reportaron 453 casos, lo que representó un aumento del 64 % en comparación con 2023, en el que se denunciaron 277 casos. El documento también señala que las principales estructuras responsables de reclutamiento son las disidencias de las FARC, que del total de casos tuvieron participación en 326 reclutamientos; seguidas por el ELN, con 56 casos; Clan del Golfo, con 39; Comandos de la Frontera, con 15, y Segunda Marquetalia, con 14 casos.
La Política de Paz Total que ha implementado el presidente Gustavo Petro ha logrado que en las mesas de diálogo se hable y se aborden compromisos para frenar la violencia contra los niños y niñas. Por ejemplo, en uno de los procesos más avanzados, la negociación con Comuneros del Sur, las delegaciones acordaron un grupo de trabajo para atender a niños en condición de reclutamiento. En el laboratorio de paz urbana en Buenaventura, con las principales bandas criminales, se firmó un acuerdo para frenar la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades ilegales. Sin embargo, los diálogos en el puerto parecieran estar estancados y algunos expertos en conflicto reconocen que son temas complicados que a veces no logran ser prioritarios y las situaciones se siguen presentando.
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Para Julien Hayois, especialista de protección de Unicef, hay varios factores que permiten contextualizar la violencia contra los niños por parte de los actores armados. “Esto está ligado también a la reestructuración de los grupos, la expansión territorial y las necesidades de fortalecer sus rangos. Además, hay una serie de factores estructurales que favorecen esas graves violaciones. Es recurrente que ocurran en territorios con altos niveles de pobreza, con poca presencia del Estado, una oferta limitada de servicios y de oportunidades educativas, de empleo para adolescentes y jóvenes”, explicó.
En una mirada general al panorama, desde 2019 se han verificado 1.206 niños, niñas y adolescentes separados de sus familias y comunidades para vincularlos al conflicto armado.
“Una vez que los niños entran en los rangos de los grupos armados o empiezan a ser utilizados, eso conlleva a otros crímenes y graves violaciones dentro de las estructuras como los temas de violencia sexual, malos tratos, niños que intentaron escapar y fueron asesinados, niños que mueren en combate. Igual vemos que las amenazas de reclutamiento tienen consecuencias más dramáticas, como el suicidio, que se da en muchas comunidades indígenas. También familias que se han tenido que desplazar porque la única forma de prevenir el reclutamiento es salir del territorio, con todas las dificultades que eso implica para reintegrarse en otra comunidad”, afirma Hayois, de la Unicef.
Las niñas más pequeñas son las más reclutadas
Del total de niños reclutados en 2024, 59 de ellos sufrieron violencias adicionales. 22 fueron asesinados, 14 fueron mutilados y 23 fueron víctimas de violencia sexual. “Frecuentemente, niños, niñas y adolescentes son utilizados para labores de vigilancia y obligados a cometer delitos como extorsión, sicariato, microtráfico y otras actividades antes de ser reclutados”, señala el informe de la ONU.
A eso se le suma que los niños están siendo utilizados para actividades en la guerra. Molano, coordinadora de Coalico, señala que son usados para casos relacionados con el manejo de drones. “Los grupos armados están aprovechando las habilidades de los niños, niñas y jóvenes. Lo que podría ser una habilidad para la vida termina siendo instrumentalizado para mantenerlos en la dinámica del conflicto”.
Otros coletazos del reclutamiento infantil se expresan en los docentes, que en los territorios intentan rescatar a los niños de la guerra. Así lo explica Molano. “Los grados de frustración que encontramos en los territorios con los docentes por vivir en la angustia de no poder hacer algo más que evite que estas situaciones pasen o asumir las consecuencias cuando lo intentan. Muchos docentes han sido desplazados, amenazados o acosados, y es evidente que tiene que ver con el tema de prevenir que se lleven a los niños”.
El informe de la ONU resalta que las niñas están siendo reclutadas y utilizadas a edades más tempranas que los niños. El 47 % de las niñas reclutadas y utilizadas en 2024 tenían entre 10 y 14 años, mientras que el 23 % de los niños se encontraban en ese rango de edad.
“Esto puede estar asociado directamente a casos de explotación sexual o violencias basadas en género o violencia sexual. Entre más pequeñas son las niñas, son un objetivo más claro, porque precisamente es con fines de explotación sexual lo que está detrás de esos casos en particular. Cada vez son niñas más pequeñas las que terminan siendo reclutadas o utilizadas por los grupos armados”, agregó Molano.
Para Hayois, especialista de la Unicef, es claro que las niñas sufren de manera diferenciada el conflicto armado. Precisamente, para el caso de la violencia sexual, el informe del secretario general reportó que todas las 33 víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres que sufrieron violación, abuso sexual, planificación forzada o uniones tempranas forzadas. “Esto es solo la punta del iceberg. Algunos casos no son denunciados debido al estigma que existe alrededor de la violencia sexual, así como por la limitación de espacios de denuncia o de reporte seguro. La posibilidad de obtener información es muy limitada. La afectación diferencial es muy marcada y hay un subregistro muy fuerte de estos casos”, dice el experto.
El informe reportó, de igual manera, que se verificaron casos de violencia sexual perpetrados por el ELN (12), grupos disidentes de las FARC-EP (12), Clan del Golfo (7) y autores no identificados (2).
En cuanto a los departamentos, Cauca sigue siendo el territorio más violento para los niños, niñas y adolescentes. En 2024 se registraron más de 200 casos de ataques contra los menores.
Al norte y al sur de Cauca la guerra se recrudece. Varios procesos organizativos liderados por mujeres pidieron esta semana a las estructuras del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco” y a la guerrilla del ELN frenar la guerra en el territorio. En una carta abierta también le pidieron al presidente Petro abrir canales de diálogo directo, exigir compromisos humanitarios inmediatos y proponer acciones concretas para desescalar el conflicto.
Esto sucede mientras la disidencia de “Mordisco” anunció hace unos días la creación de un nuevo frente de guerra llamado Andrés Patiño, con especial incursión en el macizo colombiano. En Guaviare, además, se disputan el control territorial con la disidencia de “Calarcá Córdoba”, lo que ha provocado asesinatos, confinamientos y control armado.
Cada vez son más los territorios en los que los niños son afectados directa y abiertamente por el conflicto. Solo entre 2022 y 2024, el número de municipios afectados por graves violaciones aumentó en un 87 %, pasando de 70 a 140 municipios. Incluso, para el año pasado, en algunos departamentos se reportó el doble de casos. El 66 % de las graves violaciones se centró en la Costa Pacífica y en departamentos fronterizos con Venezuela.
7.024 niños y niñas han sido afectados por ataques a sus escuelas
Los ataques a escuelas por parte de los grupos armados aumentaron durante 2024, pasando de 27 a 42 casos, que incluyen amenazas, ataques a profesores, daños a la infraestructura o instalación de artefactos explosivos.
También se ha identificado un incremento en el uso de escuelas como escudo o trinchera en combates, lugar para pasar la noche o para almacenar armamento, entre otros. Según el informe, alrededor de 35 escuelas fueron utilizadas con fines militares por las disidencias de las FARC, Comandos de la Frontera, Clan del Golfo, ELN y las Fuerzas Armadas de Colombia.
“Esto pone en riesgo a los estudiantes, a los docentes y a los padres de familia. Como consecuencia, muchas veces tienen que cerrar por períodos largos, lo que impacta la vida de los niños. Con frecuencia lleva a la desescolarización”, apuntó Julien Hayois, especialista de protección de la Unicef.
En total, 7.024 estudiantes se vieron afectados por los ataques y el uso de escuelas.
¿Cómo proteger a los niños y niñas?
Uno de los grandes avances que reconoce el secretario general es precisamente la imputación por parte de la JEP a excomandantes de las FARC por los crímenes de guerra contra más de 18.000 niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, ese logro se debe acompañar de varias recomendaciones, como el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones.
Para Hayois es importante aumentar la presencia del Estado con servicios de denuncia seguros, además de adaptarlos a las comunidades con enfoque étnico. Esto como una respuesta a la falta de confianza entre la población y lograr mejorar los reportes del fenómeno.
Dentro de las recomendaciones del informe igual se destaca la puesta en marcha de una estrategia de prevención del reclutamiento a la que se le asignen recursos adecuados para su implementación. El secretario general hace un llamado a las Fuerzas Armadas para que cese la organización de actividades cívico-militares que involucren a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, que las partes negociadoras en los diálogos de paz consideren medidas de protección infantil en sus acuerdos.
Mientras esto sucede, organizaciones sociales le siguen midiendo el pulso a la violencia contra la niñez, y el panorama no parece alentador al cierre de este 2025. El llamado sigue siendo urgente e insistente para que el Gobierno y las entidades encargadas les presten atención a los niños.
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