No iba a quedarme en Barranquilla esperando a que me mataran: profesor Luis Trejos

A finales de enero, el académico Luis Trejos, profesor del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, salió del país por amenazas contra su vida. Algunos hallazgos de sus investigaciones, de los que habló en algunos medios de comunicación, hicieron que grupos armados sentenciaran de muerte al docente.

En concreto, fue uno de sus planteamientos el que lo puso en la mira del Clan del Golfo, conocido también como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la organización armada ilegal más grande del país, sucesora del paramilitarismo.

De acuerdo con un artículo suyo, publicado en el libro Barranquilla: política, economía y sociedad, esa estructura ilegal estaría aplicando principios empresariales a su práctica criminal y estaría subcontratando bandas locales en la capital del Atlántico para sacar el clorhidrato de cocaína por el puerto de esa ciudad.

Lea: "El plan para proteger a líderes es totalmente militarista": plataformas de DD.HH.

Según su investigación, los actores armados se dieron cuenta que entrar en confrontación abierta es muy costoso en términos de recursos y de visibilidad para el negocio y habrían pactado un acuerdo de mutuo beneficio.

Desde el exilio, lejos del continente americano, Luis Trejos, quien tiene una larga trayectoria en los estudios de construcción de paz en la región Caribe, cuenta las amenazas por las que dejó el país y expresa su visión sobre la implementación del Acuerdo de La Habana en dicha región.

¿Cuáles son los hechos que motivaron su salida del país?

El 18 de noviembre, en el periódico El Tiempo se publicó una entrevista que me hicieron sobre la presencia del Clan del Golfo en la ciudad de Barranquilla. Luego, el 5 de diciembre, en un evento en Cartagena sobre posconflicto, un señor me dice que a mí me van a matar porque yo soy muy bocón y que yo estoy hablando de cosas que no debía hablar y que cómo a mí se me ocurría haber ido a Bogotá a contar esas cosas. Que por eso la gente del Clan del Golfo estaba muy rabiosa y me iba a matar. 

¿Ya había recibido otras amenazas u hostigamientos?

Desde el mismo mes de noviembre había dado una entrevista en Caracol Radio de Barranquilla sobre los primeros 100 días de la administración Duque. Dos días después, una persona que es homónimo de un funcionario de Presidencia, de nombre David Romo, empezó a quejarse de manera reiterada ante las directivas de la universidad por lo que él consideraba que yo había engañado a la audiencia diciendo mentiras en contra del presidente Duque.

En un correo electrónico él pone un derecho de petición y pide el tipo de vinculación que tengo con la universidad y que le diga en qué materias y los contenidos de las materias que yo dicto. Eso a todas luces era una intimidación en clave de coartar mi libertad de opinión.

Lea también: “Este año las amenazas se pueden agudizar”: director de la UNP

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades a esas amenazas?

El 11 de diciembre instauro la denuncia en la Defensoría del Pueblo para que se active la ruta de protección. Conté con todo el respaldo de esa entidad desde el primer momento, pero el 4 de enero me llamó la Policía, hablé con un patrullero, que realmente me entregó una fotocopia con medidas de autoprotección.

Él me dice que no encajo en los perfiles de protección porque yo no soy ni defensor de derechos humanos ni tampoco soy líder social, y la persona me dice que en la UNP me iban a decir lo mismo. Entonces ante ese panorama yo no iba a quedarme esperando en Barranquilla a ver qué sucedía conmigo. Pasé todo diciembre y parte de enero escondido y con el acompañamiento de la universidad se define la salida mía del país. 

Usted tiene una larga trayectoria en investigación en temas de paz en el Caribe. ¿Cómo avanza la implementación del Acuerdo de La Habana en esa región?

En el Caribe la paz está en una encrucijada. En la zona norte, que comprende los tres sistemas montañosos que fueron epicentro de la violencia armada durante los 90 y parte de este siglo (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta y Montes de María) se avanza con relativa tranquilidad hacia la construcción de paz territorial. Primero, porque no hay disidencias de Farc ni grupos rearmados en esos territorios y segundo, porque no hay presencia de rentas ilícitas, no hay coca. En el informe de Naciones Unidas del año pasado aparece algo en La Guajira, pero muy poco. Y lo otro es que en las tres zonas se construyeron o llegaron a buen puerto los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

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Aunque la Defensoría ha emitido alertas tempranas justamente sobre la situación en Montes de María (específicamente El Carmen de Bolívar y María la Baja) y en la Sierra Nevada de Santa Marta, zonas que tuvieron un inicio de año difícil por cuenta de actores armados...

Efectivamente. Cuando digo que en la zona norte avanza la construcción de paz con relativo optimismo, me refiero a que no hay presencia de disidencias ni presencia de rentas ilícitas porque los municipios como El Carmen de Bolívar o María la baja son municipios de paso de clorhidrato de cocaína hacia puntos de exportación.

El caso de la Sierra Nevada es el más preocupante porque un grupo que emergió después de la desmovilización de las AUC, como los Pachencas, ha logrado ir ganándole terreno a la institucionalidad usando a la Sierra Nevada como retaguardia estratégica y desde ahí adelanta acciones criminales sobre Santa Marta. Pero aún así, si se compara con la zona sur de la región, todavía la situación llama al optimismo en el norte del Caribe.

¿Y qué pasa en la zona sur de la región?

El contraste está en los ‘sures’ del Caribe: el sur del Cesar, el sur de Bolívar y el sur de Córdoba. En esos tres escenarios lo que ha habido es un recrudecimiento de la violencia: en el sur del Cesar hay una presencia muy marcada del Eln y esa violencia viene desde el Catatumbo e interactúa con esa región. En sur de Bolívar también hay una marcada presencia del Eln, y esa violencia va más hacia el Magdalena Medio.

Y está el sur de Córdoba que es la zona más compleja en este momento, que es una violencia que viene desde Urabá y el Bajo Cauca. Se ha trasladado el eje de la violencia principalmente a Tierralta, San José de Uré, Valencia y Montelíbano. Como están perdiendo rentas ilícitas en Urabá, ahora están predando rentas legales, extorsionando a comerciantes. A diferencia del sur del Cesar o el sur de Bolívar donde solo hay un actor hegemónico que es el Eln, en el sur de Córdoba hay una competencia armada por lograr los liderazgos de ese territorio: está el Clan del Golfo contra Los Caparrapos, y hay también una disidencia de las Farc que viene desde Antioquia. 

¿Cuál es su percepción sobre la oleada de asesinatos a líderes sociales en el país?

El grueso de la violencia que se dirige contra los líderes sociales se escenifica en territorios rurales de municipios periféricos, es decir, territorios en los cuales la presencia de Estado es casi que inexistente. Así, el Estado no les puede garantizar seguridad a todos los líderes que están amenazados. Para que eso se sucediera, los líderes tendrían que trasladarse de los territorios en los cuales ejercen el liderazgo hacia cabeceras municipales y eso ya termina afectando los procesos. 

Hay que tener en cuenta la cercanía de las elecciones, que es una variable que va a exacerbar la violencia en muchos territorios porque algunos actores políticos locales perciben a los liderazgos sociales como posibles competidores políticos y porque los liderazgos sociales incomodan de cara a las elecciones porque denuncian hechos de corrupción o malos manejos administrativos. 

También se esperaría mayor celeridad y eficacia de la Fiscalía en torno a las investigaciones y ver a la Procuraduría muy activa en términos de sanción y de investigación a aquellos funcionarios públicos que estén relacionados por acción o por omisión con los asesinatos de los líderes sociales. En la medida en que hay justicia se opaca la impunidad y se deja de incentivar este tipo de prácticas en contra de los líderes. 

¿Qué está haciendo en el exilio? 

Sigo investigando. Acá es más difícil porque no tengo todas las herramientas y los recursos que tenía en Colombia para hacerlo, pero sigo vinculado a una universidad. Ahora estoy trabajando una línea que tenía hace tiempo inactiva y es el tema de la seguridad en las fronteras colombianas. 

¿Piensa volver?

Por supuesto. Quiero retomar mi vida, retomar mi rutina: dar mis clases, investigar. Quiero estar cerca de los míos. Y estando allá puedo contribuir de manera más eficaz a que Colombia sea mejor. 

A finales de enero, el académico Luis Trejos, profesor del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, salió del país por amenazas contra su vida. Algunos hallazgos de sus investigaciones, de los que habló en algunos medios de comunicación, hicieron que grupos armados sentenciaran de muerte al docente.

En concreto, fue uno de sus planteamientos el que lo puso en la mira del Clan del Golfo, conocido también como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la organización armada ilegal más grande del país, sucesora del paramilitarismo.

De acuerdo con un artículo suyo, publicado en el libro Barranquilla: política, economía y sociedad, esa estructura ilegal estaría aplicando principios empresariales a su práctica criminal y estaría subcontratando bandas locales en la capital del Atlántico para sacar el clorhidrato de cocaína por el puerto de esa ciudad.

Lea: "El plan para proteger a líderes es totalmente militarista": plataformas de DD.HH.

Según su investigación, los actores armados se dieron cuenta que entrar en confrontación abierta es muy costoso en términos de recursos y de visibilidad para el negocio y habrían pactado un acuerdo de mutuo beneficio.

Desde el exilio, lejos del continente americano, Luis Trejos, quien tiene una larga trayectoria en los estudios de construcción de paz en la región Caribe, cuenta las amenazas por las que dejó el país y expresa su visión sobre la implementación del Acuerdo de La Habana en dicha región.

¿Cuáles son los hechos que motivaron su salida del país?

El 18 de noviembre, en el periódico El Tiempo se publicó una entrevista que me hicieron sobre la presencia del Clan del Golfo en la ciudad de Barranquilla. Luego, el 5 de diciembre, en un evento en Cartagena sobre posconflicto, un señor me dice que a mí me van a matar porque yo soy muy bocón y que yo estoy hablando de cosas que no debía hablar y que cómo a mí se me ocurría haber ido a Bogotá a contar esas cosas. Que por eso la gente del Clan del Golfo estaba muy rabiosa y me iba a matar. 

¿Ya había recibido otras amenazas u hostigamientos?

Desde el mismo mes de noviembre había dado una entrevista en Caracol Radio de Barranquilla sobre los primeros 100 días de la administración Duque. Dos días después, una persona que es homónimo de un funcionario de Presidencia, de nombre David Romo, empezó a quejarse de manera reiterada ante las directivas de la universidad por lo que él consideraba que yo había engañado a la audiencia diciendo mentiras en contra del presidente Duque.

En un correo electrónico él pone un derecho de petición y pide el tipo de vinculación que tengo con la universidad y que le diga en qué materias y los contenidos de las materias que yo dicto. Eso a todas luces era una intimidación en clave de coartar mi libertad de opinión.

Lea también: “Este año las amenazas se pueden agudizar”: director de la UNP

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades a esas amenazas?

El 11 de diciembre instauro la denuncia en la Defensoría del Pueblo para que se active la ruta de protección. Conté con todo el respaldo de esa entidad desde el primer momento, pero el 4 de enero me llamó la Policía, hablé con un patrullero, que realmente me entregó una fotocopia con medidas de autoprotección.

Él me dice que no encajo en los perfiles de protección porque yo no soy ni defensor de derechos humanos ni tampoco soy líder social, y la persona me dice que en la UNP me iban a decir lo mismo. Entonces ante ese panorama yo no iba a quedarme esperando en Barranquilla a ver qué sucedía conmigo. Pasé todo diciembre y parte de enero escondido y con el acompañamiento de la universidad se define la salida mía del país. 

Usted tiene una larga trayectoria en investigación en temas de paz en el Caribe. ¿Cómo avanza la implementación del Acuerdo de La Habana en esa región?

En el Caribe la paz está en una encrucijada. En la zona norte, que comprende los tres sistemas montañosos que fueron epicentro de la violencia armada durante los 90 y parte de este siglo (Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta y Montes de María) se avanza con relativa tranquilidad hacia la construcción de paz territorial. Primero, porque no hay disidencias de Farc ni grupos rearmados en esos territorios y segundo, porque no hay presencia de rentas ilícitas, no hay coca. En el informe de Naciones Unidas del año pasado aparece algo en La Guajira, pero muy poco. Y lo otro es que en las tres zonas se construyeron o llegaron a buen puerto los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

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Aunque la Defensoría ha emitido alertas tempranas justamente sobre la situación en Montes de María (específicamente El Carmen de Bolívar y María la Baja) y en la Sierra Nevada de Santa Marta, zonas que tuvieron un inicio de año difícil por cuenta de actores armados...

Efectivamente. Cuando digo que en la zona norte avanza la construcción de paz con relativo optimismo, me refiero a que no hay presencia de disidencias ni presencia de rentas ilícitas porque los municipios como El Carmen de Bolívar o María la baja son municipios de paso de clorhidrato de cocaína hacia puntos de exportación.

El caso de la Sierra Nevada es el más preocupante porque un grupo que emergió después de la desmovilización de las AUC, como los Pachencas, ha logrado ir ganándole terreno a la institucionalidad usando a la Sierra Nevada como retaguardia estratégica y desde ahí adelanta acciones criminales sobre Santa Marta. Pero aún así, si se compara con la zona sur de la región, todavía la situación llama al optimismo en el norte del Caribe.

¿Y qué pasa en la zona sur de la región?

El contraste está en los ‘sures’ del Caribe: el sur del Cesar, el sur de Bolívar y el sur de Córdoba. En esos tres escenarios lo que ha habido es un recrudecimiento de la violencia: en el sur del Cesar hay una presencia muy marcada del Eln y esa violencia viene desde el Catatumbo e interactúa con esa región. En sur de Bolívar también hay una marcada presencia del Eln, y esa violencia va más hacia el Magdalena Medio.

Y está el sur de Córdoba que es la zona más compleja en este momento, que es una violencia que viene desde Urabá y el Bajo Cauca. Se ha trasladado el eje de la violencia principalmente a Tierralta, San José de Uré, Valencia y Montelíbano. Como están perdiendo rentas ilícitas en Urabá, ahora están predando rentas legales, extorsionando a comerciantes. A diferencia del sur del Cesar o el sur de Bolívar donde solo hay un actor hegemónico que es el Eln, en el sur de Córdoba hay una competencia armada por lograr los liderazgos de ese territorio: está el Clan del Golfo contra Los Caparrapos, y hay también una disidencia de las Farc que viene desde Antioquia. 

¿Cuál es su percepción sobre la oleada de asesinatos a líderes sociales en el país?

El grueso de la violencia que se dirige contra los líderes sociales se escenifica en territorios rurales de municipios periféricos, es decir, territorios en los cuales la presencia de Estado es casi que inexistente. Así, el Estado no les puede garantizar seguridad a todos los líderes que están amenazados. Para que eso se sucediera, los líderes tendrían que trasladarse de los territorios en los cuales ejercen el liderazgo hacia cabeceras municipales y eso ya termina afectando los procesos. 

Hay que tener en cuenta la cercanía de las elecciones, que es una variable que va a exacerbar la violencia en muchos territorios porque algunos actores políticos locales perciben a los liderazgos sociales como posibles competidores políticos y porque los liderazgos sociales incomodan de cara a las elecciones porque denuncian hechos de corrupción o malos manejos administrativos. 

También se esperaría mayor celeridad y eficacia de la Fiscalía en torno a las investigaciones y ver a la Procuraduría muy activa en términos de sanción y de investigación a aquellos funcionarios públicos que estén relacionados por acción o por omisión con los asesinatos de los líderes sociales. En la medida en que hay justicia se opaca la impunidad y se deja de incentivar este tipo de prácticas en contra de los líderes. 

¿Qué está haciendo en el exilio? 

Sigo investigando. Acá es más difícil porque no tengo todas las herramientas y los recursos que tenía en Colombia para hacerlo, pero sigo vinculado a una universidad. Ahora estoy trabajando una línea que tenía hace tiempo inactiva y es el tema de la seguridad en las fronteras colombianas. 

¿Piensa volver?

Por supuesto. Quiero retomar mi vida, retomar mi rutina: dar mis clases, investigar. Quiero estar cerca de los míos. Y estando allá puedo contribuir de manera más eficaz a que Colombia sea mejor.