Este año en Tumaco (Nariño) han asesinado a 185 personas. Luego de la masacre de siete campesinos, el ataque a la comisión de verificación de derechos humanos y el asesinato del líder social Jair Cortés, el presidente Juan Manuel Santos anunció inversiones sociales y el fortalecimiento de la Fuerza Pública con la implementación de la campaña Atlas.
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Sin embargo, los factores que sostienen la violencia en Tumaco persisten. Eso lo sabe muy bien el vicario de la diócesis, Arnulfo Mina, quien dice que el Estado está a tiempo de intervenir antes de que el derramamiento de sangre aumente. Le preocupa, y se atreve a sugerir soluciones, sobre los cultivos de coca, los choques entre comunidades negras, indígenas y campesinas y las disidencias de las Farc.
En la Perla del Pacífico hay 14 grupos armados que se disputan el negocio del narcotráfico, se han presentado fuertes conflictos interétnicos y no se están adelantando con éxito los programas de desmovilización a los que se acogieron 117 personas este año.
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¿Se han visto cambios con la intervención que prometieron el presidente y el vicepresidente, Óscar Naranjo?
Todavía no. En cuanto a inversión social no he visto cambios. El pie de fuerza aumentó y va a seguir aumentando, pero esa no es la solución. Puede ser parte de ella, pero no es la solución. La solución es concertar con las comunidades y cumplir lo que han acordado, llevar algunos técnicos, agrónomos, arreglar las carreteras y garantizar la comercialización de los productos o darles valor agregado. Las comunidades no han escuchado eso.
¿Los anuncios del Gobierno son similares a los anteriores o ve algo diferente?
No dudo que el Estado pueda tener buena intención, pero si no se cumple todo se queda en palabras y eso genera resistencia en las comunidades. Este es el momento en el que el Estado podría decirnos que no estamos solos y que tiene un plan de inversión, pero nos han dejado a merced de los violentos. No vemos una respuesta en inversión, sino en represión y fuerza militar.
¿Cree que el Estado abandonó a los líderes que están tratando de implementar los Acuerdos de Paz de La Habana en Tumaco?
Hombre, la acción del Estado ha sido darles a algunos chaleco, teléfono y carro blindado, pero los sicarios les están disparando a la cabeza. ¿De qué sirven los chalecos en una zona tan compleja como la nuestra? Tumaco es una zona estratégica, es un laberinto de esteros.
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El gobernador ha dicho que hay una estrategia esquizofrénica del Estado con los cultivos de coca, que un día dicen algo y al siguiente hacen lo contrario. ¿Han evidenciado eso?
Sí. No hay coordinación del Estado. Le dije a una persona que mandaron del alto Gobierno cuando hubo el primer paro de los campesinos en Llorente que les explicara a las comunidades qué es un cultivo industrial y desde cuántas hectáreas se considera así. Me dijo que no lo tenía claro. La gente tiene buenas intenciones, pero hay debilidad por parte del Estado y tampoco hay claridad.
Usted ha planteado la legalización como una solución para el narcotráfico. ¿Por qué?
Sería la mejor salida. Sé que no es fácil para el Gobierno colombiano, porque tiene la presión internacional, pero sugiero que el señor Presidente de la República reúna a todos los gremios y las fuerzas vivas del país para discutir eso y hacer alianzas estratégicas, porque, ¿hasta cuándo vamos a poner muertos? Si hay consenso a nivel nacional y se establece un plan de formación en las familias y las instituciones educativas buscando concientización para que las drogas no destruyan sus vidas podría ser la mejor salida.
Usted se ha mostrado preocupado por el consumo de drogas en los jóvenes de Tumaco ¿Qué cree que tienen que implementar para que este fenómeno no crezca?
Un plan de contingencia que contemple formación en las familias, que en Tumaco están muy golpeadas, y en las instituciones educativas. También pedimos un centro de rehabilitación. No hay un programa definido de prevención y los jóvenes están consumiendo bastante.
En Tumaco hay confrontaciones entre negros, indígenas y campesinos por el territorio. ¿En qué sectores se vienen dando los conflictos más agudos?
En este momento en la zona de carretera, pero se van expandiendo a otras zonas. El Estado va persiguiendo los cultivos de coca y los colonos van migrando a otras zonas del país. No sólo en Tumaco hay consejos comunitarios, también hay en Francisco Pizarro, Barbacoas, Mosquera, Satinga, El Charco y Guapi. Los colonos llegan buscando su subsistencia porque no tienen un territorio definido. Ellos quieren hacer su proyecto de vida, pero el problema es que los consejos comunitarios y los resguardos indígenas están titulados. Algunos políticos les han dado aval a unas juntas de acción comunal y eso va a producir mucha dificultad.
¿En qué sectores han dado avales?
En Candelillas, La Espriella, Altaquer, Llorente y parte del río Mira. Espero que no lo vayan a tomar a mal, pero ahí está Asominuma y Asoporca (organizaciones campesinas). Sería bueno que el Estado colombiano mediara y miráramos la manera de ayudarles para que tracen su proyecto de vida y no lleguen a confrontaciones. Los mismos pobres nos estamos matando por la subsistencia.
¿Se han presentado episodios de violencia?
Sí, no han salido a la luz pública, pero en la zona de carretera ha habido choques entre las comunidades. Se ha manejado de manera diplomática y se ha concertado.
¿Todavía están llegando colonos?
Sí.
Las Farc se comprometieron a devolver territorios del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera. ¿Qué se sabe de eso?
Ese tema no lo tocan.
¿Los campesinos quieren sustituir?
Sí, pero la tierra no es de ellos sino de los indígenas y los negros. ¿Si no tienen tierra qué les van a dar a ellos?
¿Qué se puede hacer antes de que el conflicto se degrade?
Podemos hacer muchísimo, pero si el Gobierno no toma cartas en el asunto habrá enfrentamientos.
¿Qué salida le ven al tema de las disidencias?
La concertación. El problema es que les hemos mandado un mensaje pésimo a los que querían desmovilizarse. Hicimos un primer intento con los 127 muchachos que se desmovilizaron. Le dije al general Sergio Tafur que si eso lo llevábamos a feliz término se desmovilizarían el resto, pero en este momento los muchachos están en la incertidumbre. A cuatro ya los mataron, algunos han tenido que salir de Tumaco y otros están entre seguir o dejarse enrolar en las filas del narcotráfico. El Estado está en un proceso paquidérmico de caracterización y de formación, pero no a la par con lo que quieren trabajar, como la pesca y la panadería. El Gobierno les está dando $480 mil para que se mantengan a muchachos que tienen 3 y 4 hijos, los narcotraficantes les están dando millón y medio o dos millones y con tantas necesidades juntas… Hay unos que se han sostenido y otros que han recaído.
¿Cuántos eran?
Eran 300, pero algunos se echaron para atrás porque dijeron que el Gobierno no iba a cumplir. Sin embargo, 117 se desarmaron. Los otros esperaban que a ellos les fuera bien, como no ha habido una respuesta acertada del Gobierno los otros se han puesto en contra de los que dejaron las armas, porque dicen que son sapos y conocen algunos secretos del narcotráfico.
¿Fracasó esa desmovilización?
No diría que fracasó, en este momento se puede recuperar, pero todavía está en la incertidumbre. Hay jóvenes que ya no quieren estar más en la guerra, esperamos que las necesidades y la presión no los empujen a seguir delinquiendo.
¿De eso depende una hoja de ruta para las disidencias?
Exactamente. Si las disidencias ven que el Estado llega con planes concretos para que se desmovilicen, estoy seguro de que lo harán, pero si no hay credibilidad ni seriedad por parte del Estado va a seguir esta oleada sangrienta.