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El pasado 14 de julio una persona le contó a integrantes del Proceso de Comunidades Negras (PCN) que había un plan para asesinar a Danelly Estupiñán, una lideresa social de Buenaventura, y que ya le habían pagado a unos sicarios. Por eso a ella le tocó huir de la ciudad. Días antes, el 9 de julio, cuando Danelly llegó a su casa encontró la puerta abierta. “El mensaje es que soy tan vulnerable que pueden entrar a mi casa cuando sea”, infirió. Durante todo el 2019 ella ha denunciado seguimientos e intimidaciones. Su situación de seguridad es tan alarmante que varias organizaciones internacionales le han pedido al Estado colombiano que le garantice la vida y que dé con los responsables de los ataques.
La última carta fue suscrita por Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés). La misiva fue dirigida al fiscal general encargado, Fabio Espitia, y en su primer párrafo dice “expresamos nuestra profunda preocupación por el caso de Danelly Estupiñan”. En el documento expone que la lideresa ha registrado 16 episodios de seguimientos contra ella y su hija en lo que va corrido del año. Enfatiza en que al parecer ha habido irregularidades por parte de la Fiscalía con las denuncias que ella ha presentado. Luego de que Estupiñán denunció las intimidaciones, aportando videos y fotografías, recibió la notificación de que había sido denunciada por dos agentes del CTI que la señalaban de injuriarlos y calumniarlos, lo cual le hizo sospechar que el ente investigativo rompió la cadena de custodia de las pruebas que ella le entregó. “Esto resulta muy sospechoso, ya que la Sra. Estupiñán no divulgó la evidencia a nadie más y solo la Fiscalía tendría acceso a las fotos y videos”, insisten en la carta. La petición de Wola es directamente para esa entidad: “Insistimos en que la Fiscalía encamine una investigación minuciosa, imparcial, y eficaz hacia los seguimientos sospechosos a Danelly Estupiñan y a su hija”, prosigue, “le peticionamos salvaguardar su bienestar y no permitir que su caso se torne en un falso positivo judicial o en otra tragedia para la comunidad de derechos humanos y el país”.
Las amenazas contra la lideresa empezaron en 2015, justo después de participar en tres investigaciones que develan las afectaciones que la expansión portuaria ha generado en las comunidades negras de Buenaventura. Su trabajo, se ha centrado, sobre todo, en documentar los impactos del puerto de TC Buen sobre los habitantes del barrio La Inmaculada. Estupiñán registró casos de destrucción de viviendas y problemas auditivos de niños en la zona que colinda con el puerto. Además, ella hace parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y participó del Paro Cívico que se desarrolló en esa ciudad en 2017. Por eso, su liderazgo es importante para las comunidades.
Otras organizaciones internacionales también han salido en defensa de la labor de Estupiñán. Amnistía Internacional publicó en su página web el 13 de agosto una Acción Urgente en la que llamaba a las personas a enviarle una carta al fiscal Fabio Espitia: “Instamos a las autoridades nacionales a investigar de forma rápida y completa todos estos incidentes relativos a la seguridad”, recalcaron. Ese pronunciamiento se suma a uno que había hecho la misma organización el primero de julio en el que señalaron a la Fiscalía de no actuar con rapidez en este caso.
La situación de seguridad de Danelly también fue grave en 2018, por lo que fue acogida por el Programa Vasco de protección de Defensores y Defensoras de derechos humanos. El primero de agosto se conoció un comunicado de La Delegación vasca de observación de Derechos Humanos que estuvo en Colombia entre el 14 y el 19 de julio. La comitiva estaba integrada por seis personas de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco, integrantes de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, funcionarios encargados de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi y otras entidades de ese país. “La Delegación desea mostrar su profunda preocupación por el agravamiento de la situación de inseguridad de la defensora Danelly Estupiñán durante los últimos días y por la alta probabilidad de que se consumen ataques en su contra”, advirtieron en el escrito.
El Gobierno vasco también ha estado pendiente de su situación y busca que las autoridades colombianas eviten una tragedia más que anunciada. El 26 de julio Monika Hernando Porres, directora de víctimas y derechos humanos del gobierno vasco, envió cuatro cartas en las que solicitaba la "puesta en marcha de las acciones necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de la defensora Danelly Estupiñán Valencia y de sus familiares. Durante la visita a Colombia (de la Delegación) pudimos comprobar la grave y sostenida situación de inseguridad en la que se encuentra la defensora". La misiva fue enviada a Francisco Barbosa, consejero presidencial para los derechos humanos; Guillermo Fernández de Soto, embajador de Colombia ante la ONU; Luz Angélica Mariño, de la Fiscalía y Carlos Negret, defensor del Pueblo. No es el primer pronunciamiento del Gobierno vasco, el primero de abril ya había enviado una carta al fiscal Néstor Humberto Martínez en la que le pidieron proteger tanto a Estupiñán como a Leyla Arroyo, otra lideresa social de Buenaventura víctima de seguimientos.
A esos llamados se sumó otro de siete organizaciones y plataformas de Suiza, Alemania, Noruega, la Unión Europea y Cataluña. El 26 de julio le enviaron una carta a Espitia en la que le dijeron “a las organizaciones firmantes nos preocupa que la vida de la Sra. Estupiñan pueda estar en peligro y por ello instamos a la Fiscalía General de la Nación a iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la vigilancia de la Sra. Estupiñan”. Copias de la misiva fueron enviadas al Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial de DDHH, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad Nacional de Protección, las empresas TCBuen (Terminal de Contenedores de Buenaventura) y APM Terminals, la Delegación de la Unión Europea en Colombia, el Alto Comisionado Naciones Unidas para los DDHH, la Embajada de Colombia en España y la Embajada de Colombia en Holanda.
La vida de Estupiñán está en riesgo, por eso las organizaciones internacionales han entendido como urgente la intervención del Estado para dar con los responsables de los hostigamientos en su contra. "Es la preocupación de la comunidad internacional de salvar una vida que se puede salvar o tal vez dos", concluye ella quien considera que su hija, de 14 años, también corre riesgo porque también ha sido víctima de seguimientos ilegales. El 28 de agosto Danelly rendirá una entrevista ante la Fiscalía buscando que se haga justicia en su caso. Las autoridades no han establecido la identidad de las personas que están detrás de los hostigamientos a pesar de que la lideresa entregó fotos y videos de quienes iban detrás de ella en las calles.
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