Países europeos rechazan agresiones contra líderes ambientales en Colombia
Embajadores de varias naciones se mostraron preocupados ante las amenazas y asesinatos. En el foro ‘El medio ambiente y quienes defienden sus derechos’ también resaltaron varias iniciativas que se están desarrollando en el país.
“Es triste ver cómo en Colombia a veces no se reconoce el valor de la vida”, dijo Francisco Javier Vera, el niño ambientalista que fue amenazado la semana pasada por su liderazgo. Su intervención en el foro El medio ambiente y quienes defienden sus derechos tuvo eco en varios embajadores de países europeos, quienes también expresaron su preocupación por las agresiones en contra de líderes ambientales. “Nos duele mucho el asesinato de Gonzalo Cardona, guardián de la reserva natural del loro orejiamarillo, y también nos impacta mucho las amenazas contra Francisco Vera, es un acto repudiable”, enfatizó Patricia Llombardt, embajadora de la Unión Europea en Colombia.
“La defensa de los derechos humanos y del medio ambiente son legítimas y necesarias, por eso el Estado tiene que garantizarlas”, aseveró Juliette de Rivero, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien también insistió en que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (creada en el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc) podría ser útil para ponerle fin a la violencia.
(Lea también: Ecocidio en la serranía de La Macarena (Meta))
“Uno de los grandes riesgos que están enfrentando los líderes ambientales es la estigmatización con justificaciones para una violencia injustificable”, complementó Llombart. Las afirmaciones de la embajadora fueron respaldadas por el embajador de Noruega en Colombia, John Petter Opdahl, quien calificó de “inaceptable” la violencia contra los ambientalistas.
Los embajadores y algunas organizaciones de la sociedad civil le pidieron al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú como una herramienta para combatir las agresiones contra los líderes. El gobierno del presidente Iván Duque envió, en julio de 2020, el tratado al Congreso para que fuera ratificado, pero esta institución no le ha dado trámite.
En el evento también se discutieron problemáticas urgentes, como la deforestación. Como una medida para contrarrestarla, Opdahl dijo que Noruega va a financiar “hasta 30 fiscales” para investigar ese flagelo. El diplomático se mostró preocupado por la situación que se vive en el Parque Nacional Natural La Macarena (Meta), donde contó que pudo constatar que hay latifundios, sembradíos de coca y deforestación. “No entiendo dónde está la Fiscalía para preguntar dónde están los documentos para hacer un latifundio dentro de un parque nacional”, cuestionó.
Por otro lado, se destacaron varios procesos comunitarios que buscan la protección del medio ambiente. Uno de esos es el que ha llevado a cabo el consejo comunitario del río Anchicayá (zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca), que adelanta un proceso judicial en contra de la Empresa de Energía del Pacífico S.A., corporación que en 2001 abrió las compuertas de una hidroeléctrica y vertió 500 mil metros cúbicos de sedimentos al afluente, lo que causó graves daños ambientales.
Por su parte, Héctor Jaime Vinasco, del resguardo Cañamomo Lomaprieta (ubicado en los municipios de Riosucio y Supía, Caldas), contó que en su comunidad han sembrado 61.000 árboles y que tienen varias áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad. También relató que su pueblo ha legislado para prohibir la minería a mediana y gran escala en su territorio y que declararon al resguardo como un espacio libre de transgénicos.
(Escuche el podcast: El príncipe de Anchicayá que ha resistido a la guerra y a una hidroeléctrica)
El colectivo de Guarda Parques resaltó su labor en la resolución de conflictos medioambientales que se dan en áreas protegidas. “No tenemos armas y no las necesitamos”, enfatizó Antonio Martínez, integrante de esa organización, quien a su vez dijo que recurren al diálogo con las comunidades para llegar a acuerdos.
La embajadora de Suecia en Colombia, Helena Storm, señaló que su país está trabajando en el fortalecimiento de los Guardianes del Atrato, una organización social que vela por el cuidado del río Atrato (en Chocó). El espíritu del encuentro lo resumió Gisela Paredes, del colectivo Guarda Parques, quien concluyó: “Creemos en la vida y por eso estamos acá”, una posición que se contrapone al accionar de quienes agreden líderes por defender el medio ambiente.
“Es triste ver cómo en Colombia a veces no se reconoce el valor de la vida”, dijo Francisco Javier Vera, el niño ambientalista que fue amenazado la semana pasada por su liderazgo. Su intervención en el foro El medio ambiente y quienes defienden sus derechos tuvo eco en varios embajadores de países europeos, quienes también expresaron su preocupación por las agresiones en contra de líderes ambientales. “Nos duele mucho el asesinato de Gonzalo Cardona, guardián de la reserva natural del loro orejiamarillo, y también nos impacta mucho las amenazas contra Francisco Vera, es un acto repudiable”, enfatizó Patricia Llombardt, embajadora de la Unión Europea en Colombia.
“La defensa de los derechos humanos y del medio ambiente son legítimas y necesarias, por eso el Estado tiene que garantizarlas”, aseveró Juliette de Rivero, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien también insistió en que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (creada en el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc) podría ser útil para ponerle fin a la violencia.
(Lea también: Ecocidio en la serranía de La Macarena (Meta))
“Uno de los grandes riesgos que están enfrentando los líderes ambientales es la estigmatización con justificaciones para una violencia injustificable”, complementó Llombart. Las afirmaciones de la embajadora fueron respaldadas por el embajador de Noruega en Colombia, John Petter Opdahl, quien calificó de “inaceptable” la violencia contra los ambientalistas.
Los embajadores y algunas organizaciones de la sociedad civil le pidieron al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú como una herramienta para combatir las agresiones contra los líderes. El gobierno del presidente Iván Duque envió, en julio de 2020, el tratado al Congreso para que fuera ratificado, pero esta institución no le ha dado trámite.
En el evento también se discutieron problemáticas urgentes, como la deforestación. Como una medida para contrarrestarla, Opdahl dijo que Noruega va a financiar “hasta 30 fiscales” para investigar ese flagelo. El diplomático se mostró preocupado por la situación que se vive en el Parque Nacional Natural La Macarena (Meta), donde contó que pudo constatar que hay latifundios, sembradíos de coca y deforestación. “No entiendo dónde está la Fiscalía para preguntar dónde están los documentos para hacer un latifundio dentro de un parque nacional”, cuestionó.
Por otro lado, se destacaron varios procesos comunitarios que buscan la protección del medio ambiente. Uno de esos es el que ha llevado a cabo el consejo comunitario del río Anchicayá (zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca), que adelanta un proceso judicial en contra de la Empresa de Energía del Pacífico S.A., corporación que en 2001 abrió las compuertas de una hidroeléctrica y vertió 500 mil metros cúbicos de sedimentos al afluente, lo que causó graves daños ambientales.
Por su parte, Héctor Jaime Vinasco, del resguardo Cañamomo Lomaprieta (ubicado en los municipios de Riosucio y Supía, Caldas), contó que en su comunidad han sembrado 61.000 árboles y que tienen varias áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad. También relató que su pueblo ha legislado para prohibir la minería a mediana y gran escala en su territorio y que declararon al resguardo como un espacio libre de transgénicos.
(Escuche el podcast: El príncipe de Anchicayá que ha resistido a la guerra y a una hidroeléctrica)
El colectivo de Guarda Parques resaltó su labor en la resolución de conflictos medioambientales que se dan en áreas protegidas. “No tenemos armas y no las necesitamos”, enfatizó Antonio Martínez, integrante de esa organización, quien a su vez dijo que recurren al diálogo con las comunidades para llegar a acuerdos.
La embajadora de Suecia en Colombia, Helena Storm, señaló que su país está trabajando en el fortalecimiento de los Guardianes del Atrato, una organización social que vela por el cuidado del río Atrato (en Chocó). El espíritu del encuentro lo resumió Gisela Paredes, del colectivo Guarda Parques, quien concluyó: “Creemos en la vida y por eso estamos acá”, una posición que se contrapone al accionar de quienes agreden líderes por defender el medio ambiente.