Liderazgos en Córdoba: bajo el fuego cruzado de AGC y las disidencias de las FARC
Defensores y defensoras de derechos humanos, así como personas que ejercen como líderes de ese departamento denunciaron amenazas y presiones de grupos armados. La Coordinadora Humanitaria señala que la situación en la región se ha agravado.
“Tenemos dos hechos graves: lo que sucedió en San Felipe de Cadillo, donde el Clan del Golfo toma la decisión de acabar con nuestras organizaciones, y otro hecho que sucedió el 7 de mayo, en donde logramos identificar que 20hombres del Clan del Golfo iban a asesinar al presidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú”. Este testimonio es de Daniel*, un importante líder campesino del sur de Córdoba, a quien reservamos su identidad por motivos de seguridad.
Daniel ha acompañado procesos como la Coordinadora Humanitaria y la Mesa Humanitaria para Córdoba, que buscan desescalar el conflicto armado en la región. Sus denuncias además fueron ratificadas por otros líderes de la zona durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado que realizó una audiencia en Montería a finales de mayo, precisamente para analizar la difícil situación de orden público y amenazas a los liderazgos que se vive en el departamento.
“Eso es grave, porque el Clan del Golfo (también llamado AGC) plantea que está abierto a avanzar en la Paz Total (...) pero están intentando acabar, desarticular y asesinar a los líderes que han hecho un trabajo por la paz en los territorios”, prosigue Daniel.
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De acuerdo con la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor), desde noviembre de 2022 se incrementó el accionar bélico contra las organizaciones, especialmente contra la propia Acsucor, pero también contra otros colectivos como la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú y Cordoberxia. “Pasa que las AGC han empezado una campaña de desprestigio, le han prohibido a los líderes en los territorios, les dicen que deben desafiliarse de las organizaciones”, puntualiza uno de los líderes.
La situación se agravó a comienzos de este año cuando dos grupos armados que no tenían presencia en la zona aparecieron para recuperar el control de estos territorios. El primero fue un frente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que cruzó por el Nudo del Paramillo en límites con Antioquia, y después, a mediados de mayo la disidencia del frente 18 de la Segunda Marquetalia intentó penetrar hacia la zona de Puerto Libertador y las cabeceras del río San Jorge, en donde sostuvo un combate con las AGC, también llamadas Clan del Golfo, cerca a la vereda La Jagua.
En regiones cercanas al Bajo Cauca, como San José de Uré, subsiste un reducto de los antigugos Caparros, quienes se hacen llamar ahora “Los de Abajo”, y constituyen una facción que se escindió del Clan del Golfo hace varios años y ahora se enfrenta con ellos.
De acuerdo con testimonios conocidos por Colombia+20, en ese combate resultó capturado el comandante de la tropa de la disidencia “que se pasó al Clan y empezó a señalar a la gente”. Esto provocó zozobra entre los pobladores, pues temieron que los señalamientos de supuestos colaboradores de la disidencia acabaran en represalias contra la población civil. “Cuando [los del Clan del Golfo] sospechan que alguien tiene un familiar en la disidencia, en seguida se le presentan a esa persona haciéndose pasar por la disidencia a ver cómo los tratan”, puntualizó Daniel, el lider citado antes.
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De acuerdo con datos de la Comisión Colombiana de Juristas, en lo corrido del año se han registrado 56 agresiones de los grupos armados hacia la población civil y los liderazgos en el departamento. Algunas de ellas llegan incluso a atentar contra la vida, como ocurrió apenas el pasado 6 de junio con Néider Alzate, un comerciante y dirigente comunal de una vereda de Puerto Libertador, que fue asesinado por hombres desconocidos.
Las denuncias de los campesinos y sus organizaciones fueron ratificadas por la oficina local de la Defensoría del Pueblo. El defensor regional, Ricardo Madera, aseguró que “reconocemos en el liderazgo social y la participación ciudadana las bases para poder construir Estado y esa paz que tanto anhelamos”, agregando que las advertencias hechas por la entidad a través de las alertas tempranas son “coherentes con los riesgos señalados”, pero lamentablemente en algunos lugares como Cereté, Montería y San Pelayo, o en la subregión del San Jorge, se produjeron “hechos de consumación”.
Un líder de los cultivadores de coca de la región aseguró que “cada liderazgo cuando va a salir del territorio tiene que hacer un informe puntual: dónde va a salir y qué funciones va cumplir por fuera, luego a su llegada tiene que manifestar qué estaba haciendo y cómo quedaron las cosas donde él participó. Tiene que pedir permiso”. Quienes ejercen este control son las AGC o Clan del Golfo que “en cada vereda tienen una persona que lo hacen llamar “punto” y es el encargado de recibir las informaciones”, puntualizó este hombre, que asegura que incluso los jóvenes que prestan su servicio militar en el Ejército o la Policía “deben solicitar un permiso para poder entrar”, de lo contrario, corren el riesgo de ser asesinados.
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Siete mínimos humanitarios para Córdoba
Lina Mejía, abogada y encargada de derechos humanos en la Coordinadora Humanitaria, la organización que ha liderado algunas de estas denuncias, dijo a Colombia+20 que la situación de orden público ha provocado “afectación a defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales” y que es aún más “preocupante las amenazas recientes que han recibido Acsucor y Asodecas, diferentes juntas de acción comunal y también activistas que hacen seguimiento al conflicto”.
Pero esas amenazas no son sólo contra los campesinos, sino que han llegado incluso contra líderes políticos y periodistas de la región, como sucedió con los periodistas Luis Gabriel Pereira y Rafael Moreno, ambos asesinados en los últimos meses.
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“Córdoba está dentro de los cinco departamentos o regiones más afectados a nivel nacional por victimización y hechos violentos que ocurren allí”, puntualiza Mejía, explicando que “preocupa que existe cooptación de las organizaciones sociales por parte de los grupos armados para incidir en época electoral y hacer coerción respecto del voto, antes de la época electoral lo hacían para abonar a los procesos de diálogos y acercamientos con el Gobierno nacional”.
La Coordinadora Humanitaria ha construido un acuerdo de mínimos para el departamento, al que pide que se sumen todos los grupos armados que operan en la región, incluyendo al Clan del Golfo.
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Este acuerdo plantea que se respete a los liderazgos y sus organizaciones, desvincular de la guerra los bienes protegidos y sitios sagrados de las comunidades, respetar el cuerpo de las mujeres y las diversidades sexuales, poner fin al reclutamiento forzoso de menores, no contaminar el territorio con minas antipersona, respetar a las misiones médicas y humanitarias, y finalmente, respetar la libre movilidad de la población civil.
La senadora Jahel Quiroga, quién ha liderado desde la institucionalidad algunas de estas denuncias, aseguró que “es importante que la Fuerza Pública cumpla con su misión en el territorio, proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
Quiroga fue crítica con el Clan del Golfo, descartando que el Gobierno Nacional pudiera darles algún tipo de estatus o reconocimiento político, como este grupo ha pedido. “El Derecho Internacional Humanitario no le da estatus político a nadie, es una obligación en tiempos de guerra”, aseguró la senadora.
“No es justo que la Fiscalía no avance con los procesos de esclarecer los hechos, mientras no haya justicia y persecución al delito, eso tampoco ayuda, la Unidad Nacional de Protección sólo protege a la persona cuando han sucedido los hechos, el Ministerio del Interior debe hacer prevención y la Fiscalía debe hacer investigación”, concluyó Quiroga.
*Nombre cambiado.
“Tenemos dos hechos graves: lo que sucedió en San Felipe de Cadillo, donde el Clan del Golfo toma la decisión de acabar con nuestras organizaciones, y otro hecho que sucedió el 7 de mayo, en donde logramos identificar que 20hombres del Clan del Golfo iban a asesinar al presidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú”. Este testimonio es de Daniel*, un importante líder campesino del sur de Córdoba, a quien reservamos su identidad por motivos de seguridad.
Daniel ha acompañado procesos como la Coordinadora Humanitaria y la Mesa Humanitaria para Córdoba, que buscan desescalar el conflicto armado en la región. Sus denuncias además fueron ratificadas por otros líderes de la zona durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado que realizó una audiencia en Montería a finales de mayo, precisamente para analizar la difícil situación de orden público y amenazas a los liderazgos que se vive en el departamento.
“Eso es grave, porque el Clan del Golfo (también llamado AGC) plantea que está abierto a avanzar en la Paz Total (...) pero están intentando acabar, desarticular y asesinar a los líderes que han hecho un trabajo por la paz en los territorios”, prosigue Daniel.
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De acuerdo con la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor), desde noviembre de 2022 se incrementó el accionar bélico contra las organizaciones, especialmente contra la propia Acsucor, pero también contra otros colectivos como la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú y Cordoberxia. “Pasa que las AGC han empezado una campaña de desprestigio, le han prohibido a los líderes en los territorios, les dicen que deben desafiliarse de las organizaciones”, puntualiza uno de los líderes.
La situación se agravó a comienzos de este año cuando dos grupos armados que no tenían presencia en la zona aparecieron para recuperar el control de estos territorios. El primero fue un frente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que cruzó por el Nudo del Paramillo en límites con Antioquia, y después, a mediados de mayo la disidencia del frente 18 de la Segunda Marquetalia intentó penetrar hacia la zona de Puerto Libertador y las cabeceras del río San Jorge, en donde sostuvo un combate con las AGC, también llamadas Clan del Golfo, cerca a la vereda La Jagua.
En regiones cercanas al Bajo Cauca, como San José de Uré, subsiste un reducto de los antigugos Caparros, quienes se hacen llamar ahora “Los de Abajo”, y constituyen una facción que se escindió del Clan del Golfo hace varios años y ahora se enfrenta con ellos.
De acuerdo con testimonios conocidos por Colombia+20, en ese combate resultó capturado el comandante de la tropa de la disidencia “que se pasó al Clan y empezó a señalar a la gente”. Esto provocó zozobra entre los pobladores, pues temieron que los señalamientos de supuestos colaboradores de la disidencia acabaran en represalias contra la población civil. “Cuando [los del Clan del Golfo] sospechan que alguien tiene un familiar en la disidencia, en seguida se le presentan a esa persona haciéndose pasar por la disidencia a ver cómo los tratan”, puntualizó Daniel, el lider citado antes.
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De acuerdo con datos de la Comisión Colombiana de Juristas, en lo corrido del año se han registrado 56 agresiones de los grupos armados hacia la población civil y los liderazgos en el departamento. Algunas de ellas llegan incluso a atentar contra la vida, como ocurrió apenas el pasado 6 de junio con Néider Alzate, un comerciante y dirigente comunal de una vereda de Puerto Libertador, que fue asesinado por hombres desconocidos.
Las denuncias de los campesinos y sus organizaciones fueron ratificadas por la oficina local de la Defensoría del Pueblo. El defensor regional, Ricardo Madera, aseguró que “reconocemos en el liderazgo social y la participación ciudadana las bases para poder construir Estado y esa paz que tanto anhelamos”, agregando que las advertencias hechas por la entidad a través de las alertas tempranas son “coherentes con los riesgos señalados”, pero lamentablemente en algunos lugares como Cereté, Montería y San Pelayo, o en la subregión del San Jorge, se produjeron “hechos de consumación”.
Un líder de los cultivadores de coca de la región aseguró que “cada liderazgo cuando va a salir del territorio tiene que hacer un informe puntual: dónde va a salir y qué funciones va cumplir por fuera, luego a su llegada tiene que manifestar qué estaba haciendo y cómo quedaron las cosas donde él participó. Tiene que pedir permiso”. Quienes ejercen este control son las AGC o Clan del Golfo que “en cada vereda tienen una persona que lo hacen llamar “punto” y es el encargado de recibir las informaciones”, puntualizó este hombre, que asegura que incluso los jóvenes que prestan su servicio militar en el Ejército o la Policía “deben solicitar un permiso para poder entrar”, de lo contrario, corren el riesgo de ser asesinados.
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Siete mínimos humanitarios para Córdoba
Lina Mejía, abogada y encargada de derechos humanos en la Coordinadora Humanitaria, la organización que ha liderado algunas de estas denuncias, dijo a Colombia+20 que la situación de orden público ha provocado “afectación a defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales” y que es aún más “preocupante las amenazas recientes que han recibido Acsucor y Asodecas, diferentes juntas de acción comunal y también activistas que hacen seguimiento al conflicto”.
Pero esas amenazas no son sólo contra los campesinos, sino que han llegado incluso contra líderes políticos y periodistas de la región, como sucedió con los periodistas Luis Gabriel Pereira y Rafael Moreno, ambos asesinados en los últimos meses.
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“Córdoba está dentro de los cinco departamentos o regiones más afectados a nivel nacional por victimización y hechos violentos que ocurren allí”, puntualiza Mejía, explicando que “preocupa que existe cooptación de las organizaciones sociales por parte de los grupos armados para incidir en época electoral y hacer coerción respecto del voto, antes de la época electoral lo hacían para abonar a los procesos de diálogos y acercamientos con el Gobierno nacional”.
La Coordinadora Humanitaria ha construido un acuerdo de mínimos para el departamento, al que pide que se sumen todos los grupos armados que operan en la región, incluyendo al Clan del Golfo.
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Este acuerdo plantea que se respete a los liderazgos y sus organizaciones, desvincular de la guerra los bienes protegidos y sitios sagrados de las comunidades, respetar el cuerpo de las mujeres y las diversidades sexuales, poner fin al reclutamiento forzoso de menores, no contaminar el territorio con minas antipersona, respetar a las misiones médicas y humanitarias, y finalmente, respetar la libre movilidad de la población civil.
La senadora Jahel Quiroga, quién ha liderado desde la institucionalidad algunas de estas denuncias, aseguró que “es importante que la Fuerza Pública cumpla con su misión en el territorio, proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
Quiroga fue crítica con el Clan del Golfo, descartando que el Gobierno Nacional pudiera darles algún tipo de estatus o reconocimiento político, como este grupo ha pedido. “El Derecho Internacional Humanitario no le da estatus político a nadie, es una obligación en tiempos de guerra”, aseguró la senadora.
“No es justo que la Fiscalía no avance con los procesos de esclarecer los hechos, mientras no haya justicia y persecución al delito, eso tampoco ayuda, la Unidad Nacional de Protección sólo protege a la persona cuando han sucedido los hechos, el Ministerio del Interior debe hacer prevención y la Fiscalía debe hacer investigación”, concluyó Quiroga.
*Nombre cambiado.