El cese al fuego que no fue en Chocó: continúan confinamientos, minas y suicidios

Cerca de 530 comunidades de los pueblos indígenas embera-dobidá, chamí, katío y wounnan habitan el departamento de Chocó.

Foto: José Vargas

Hoy comienza el tercer ciclo de diálogos con el ELN en La Habana, Cuba, con el titánico trabajo de lograr acuerdos sobre tres temas fundamentales: la participación de la sociedad civil en el proceso, los alivios humanitarios y el cese bilateral al fuego. Este último un pedido especial del presidente Gustavo Petro a su delegación y una tarea que podría vislumbrar si hay o no una voluntad real de paz de esa guerrilla.

Pero mientras las delegaciones adelantan esta nueva fase en esa negociación, las confrontaciones en algunas zonas del país se agudizaron o nunca se han detenido.

En Chocó afirman que particularmente los enfrentamientos entre el Frente Occidental del ELN y las AGC o Clan del Golfo siempre se mantuvieron, pero que la situación se recrudeció luego de la suspensión, el pasado 19 de marzo, del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el Clan del Golfo. Esto a raíz de ser señalados de incitar el paro minero de 33 días en la región del Bajo Cauca antioqueño.

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Allí señalaron una supuesta “convivencia descarada con las fuerzas militares, legalizando el cese al fuego con estos grupos por vía de decretos gubernamentales, nada nuevo, porque en la práctica siempre han estado en cese al fuego bilateral, desarrollando operaciones militares conjuntas, cuidando el avance paramilitar y corriendo a su auxilio cuando las unidades guerrilleras les combaten”. Ante este panorama, la población chocoana no solo alerta sobre la complejidad de “estar negociando mientras siguen matando”, sino sobre el problema de representatividad dentro de la mesa. “Con el ELN es muy difícil negociar, porque cada comandante aquí hace lo que se le da la gana. La cabeza de ellos dice “cese al fuego”, pero unos lo aceptan y otros no, entonces así no se puede negociar”, afirmó un líder social de la región que pidió omitir su nombre por seguridad.

Tanto la población chocoana como organizaciones internacionales, como la oficina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), resaltan la importancia de entender las complejidades de construir paz territorial en un departamento étnico como Chocó.

“La situación humanitaria en el departamento es muy complicada, este es un territorio étnico y el conflicto está afectando a las comunidades con confinamientos y desplazamientos. Es importante que en estos procesos de paz se tenga en cuenta a esta población para trabajar en conjunto por la paz desde el territorio”, resaltó Miriam González, jefa de la oficina de la Acnur en Quibdó.

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Justamente ese es uno de los llamados al Gobierno por parte del Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia (Woundeko), que agrupa a más de 760.000 indígenas de este pueblo que habitan en Chocó. “Queremos procesos de paz que realmente impacten a la sociedad, que se construyan con el pensamiento de cada pueblo, que no sea solo dejación de armas, porque si no tenemos salud, servicios y apoyo, no se va a hacer la paz”.

Según cifras de Indepaz, la violencia ha hecho que Chocó sea una de las regiones más críticas en razón del desplazamiento forzado masivo e individual, siendo las comunidades étnicas y afrodescendientes las más afectadas. Desde diciembre de 2016 al 22 de marzo de 2023 se han registrado al menos 95 casos. Además, han sido víctimas de confinamientos y accidentes con minas antipersonal.

Sobre los otros temas que debe tocar la mesa, por ejemplo los alivios humanitarios, la población resalta que es urgente que se empiece con el desminado y que se ha hecho caso omiso a esta petición que realizaron desde enero pasado durante la caravana humanitaria del Bajo Calima y el río San Juan. Esta actividad fue parte de los acuerdos entre el ELN y el Gobierno para crear “alivios humanitarios inmediatos” en esta zona considerada como una de las más afectadas por la confrontación armada.

Colombia+20 acompañó dicha caravana y conoció que uno de los focos era lograr el desminado y cesar los retenes y restricciones de movilidad por el río San Juan y sus afluentes. Sin embargo, la población asegura un cumplimiento nulo. “Los alivios humanitarios no son que les lleven cosas, sino que logren la libre movilidad de las personas en sus territorios, desminar y garantizar el cese al fuego”, expresó con contundencia el sacerdote Eduar Alexis Mena Palacios.

El Ministerio Público de Chocó enfatizó que se está evaluando y revisando la posibilidad de iniciar el desminado en la zona del San Juan, pero la continuidad de la confrontación armada entre el ELN y las AGC ha dificultado los avances en el proceso.

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De confinados a desplazados

Desde el inicio de la pandemia del covid-19, en 2020, los grupos armados ilegales aprovecharon el confinamiento para evitar la propagación del virus para instaurar un encierro paralelo y forzado, y así ampliar el control territorial sobre diferentes zonas del país.

“Lo grave de ese confinamiento es que está más invisibilizado y los protocolos que tenemos para atenderlos son desde lo alimentario por tres o seis meses máximos, pero de ahí para allá no hay una ruta, porque se piensa que es un evento transitorio. También hay que entenderlo desde el riesgo de la gente en caer en trampas explosivas o en medio de confrontaciones armadas”, explicó a Colombia+20 Luis Enrique Murillo, defensor del Pueblo regional Chocó.

Cerca de 530 comunidades de los pueblos indígenas embera-dobidá, chamí, katío y wounnan habitan el departamento de Chocó. De esas, 60 son del pueblo wounaan y según Woundeko, todas están confinadas en zonas rurales de los municipios de Riosucio, Juradó, Istmina, Medio San Juan, Bajo Baudó y Litoral del San Juan. “Nosotros no tenemos tranquilidad, la guerra opera en nuestro territorio”, resaltó uno de sus voceros.

Las restricciones a la movilidad han dificultado algo primordial para esas comunidades: el relacionamiento de la población étnica con su territorio, la siembra y recolección de alimento y la interacción con otras comunidades.

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“No hay garantía para andar en nuestros territorios, ahora está más difícil porque es más constante el pleito entre ellos; cada dos o tres días, cada semana mantienen dándose plomo. No tenemos tranquilidad en ningún momento”, manifestó un vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Medio San Juan.

En medio de los confinamientos, que pueden durar entre tres meses o algunos ya suman tres años por la presencia prolongada de grupos armados ilegales, también se vive un proceso de desplazamiento masivo de estas comunidades. Según registros de la Acnur, 91.608 personas se han desplazado internamente en Chocó desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

El pueblo wounaan ha sido víctima de este hecho desde hace una década y ha vivido diferentes desplazamientos internos con destino a Quibdó, la capital de Chocó.

En el año 2008, cinco familias se asentaron en el sector Las Cachamas, del barrio Obreros Parte Alta de Quibdó, y año tras año han ido creciendo hasta ser actualmente 115 habitantes agrupados en 21 familias desplazadas. Así nació el asentamiento indígena Villanueva en Quibdó, donde las familias viven sin acceso a servicios públicos y sin tierras para cultivar, lo que genera el consumo de una sola comida al día y la pérdida de tradiciones culturales.

“Nosotros somos tres comunidades acá: Villanueva, La Paz y Wounaan Phubur y creamos en 2015 la Asociación Wounaan de Víctimas de Quibdó. La integramos 228 personas y a través de ella visibilizamos las necesidades que tenemos como víctimas”, explicó Junior Opua Quiro, indígena wounaan, quien además aseguró que más de 1.800 indígenas están confinados en los resguardos de Medio San Juan e Istmina sin posibilidad de desplazarse. Las organizaciones étnico-territoriales y la Iglesia han trabajado de la mano para alzar su voz sobre estos hechos. “El Estado se ha vuelto ciego, sordo y mudo, no quiere aceptar que hay una guerra, desplazamientos ni nada. Mientras están en una mesa de negociación con el ELN, acá siguen confinando al pueblo, amenazándolo y no vemos acciones contundentes de cese a la violencia”, resaltaron.

La población afrocolombiana también ha sido víctima de este flagelo. La alerta más reciente por desplazamiento la realizó el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) sobre 40 familias de Negría, comunidad rural de Istmina, por enfrentamientos entre las AGC y el ELN. “Sin cese al fuego multilateral de todos los grupos y actores armados las comunidades seguirán sufriendo los horrores de la guerra”, se lee en el comunicado publicado el 22 de abril.

El cese multilateral también se ha puesto sobre la mesa en los últimos días tras la propuesta al ELN de Iván Mordisco, uno de los jefes de la disidencia de las FARC autodenominada Estado Mayor Central, para parar sus confrontaciones. La guerrilla aún no responde a ese pedido.

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Los suicidios en jóvenes

La continuidad de la guerra entre el ELN y las AGC en Chocó también ha dejado a su paso un preocupante aumento de los casos de suicidios de jóvenes, especialmente indígenas. En lo corrido del año se han presentado 15 casos, según la Defensoría del Pueblo.

La situación no es nueva. Este equipo periodístico documentó en abril de 2022 que, entre enero y abril de ese año, se registraron 20 suicidios de jóvenes indígenas a causa del confinamiento y el temor a ser reclutados. Los focos territoriales de estos casos continúan en Bojayá, Alto Baudó, Quibdó, Bahía Solano, Bagadó y Lloró.

“Cuando comenzaron los combates entre ellos (los grupos armados), comenzaron a aumentar los suicidios. Un joven ve a su padre amarrado, que lo llevan como secuestrado o que lo están maltratando, ese muchacho piensa: ‘Voy a morir o voy a estar tranquilo’, eso ha pasado hasta ahora”, explicó uno de los voceros de Woundeko.

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Las autoridades indígenas destacan la importancia de que el Estado invierta esfuerzos en proteger la salud mental de los jóvenes chocoanos sin dejar de lado la medicina tradicional y la sanación del territorio como parte del proceso.

Por eso el llamado desde los liderazgos juveniles de Chocó es a implementar apoyo psicosocial en el sistema educativo para frenar esta espiral de violencia. “Nosotros estamos desesperados, no sabemos qué hacer. En las comunidades pasan hambre, no hay trabajo, no hay forma de ingresos constantes, se ven presionados por los grupos por reclutamiento. Pedimos a gritos al sistema educativo que implementen en las comunidades indígenas ese apoyo psicosocial que se requiere”, señaló Elideisa Córdoba Rubiano, una joven líder del departamento.

¿Cuáles son las soluciones?

Para la población uno de los posibles caminos para solucionar la situación de violencia es mejorando las condiciones de vida de la población. Esto se podría hacer, según los chocoanos, volviendo la mirada al departamento con inversión y fortalecer instrumentos como el Plan de Ordenamiento Territorial.

“Aunque el mejoramiento del Plan de Ordenamiento Territorial no entrega comida, sí permite organizar servicios públicos, escuelas, centros de salud y demás. Todo esto reduce el margen de pobreza extrema y priorizar el mejoramiento de los barrios”, explicó un funcionario de la Alcaldía de Quibdó.

La población étnica considera que así se podría aplicar la política de “paz total” de forma efectiva en el territorio, porque todo está por hacer. “Si nos acogemos a los 15 días tendríamos nuevos grupos delincuenciales, porque no es una situación de un actor en específico, sino del entorno que facilita los hechos de violencia como la pobreza, falta de oportunidades, derechos y servicios que no se logran satisfacer”.

De la mano de esta intervención real del Estado al departamento, los habitantes ven como efecto dominó la reparación a las víctimas y el cumplimiento de la no repetición.