Razones para que la Ley de Víctimas tenga vida después de 2021
Inclusión productiva, atención psicosocial y articulación con la justicia transicional son algunos de los elementos que se tienen que reformular para cumplirle a las víctimas del conflicto armado. Ad portas del vencimiento de la ley que las protege, Estado, academia y voceros de víctimas ven como “significativa y necesaria” su prórroga.
Colombia2020/ @EEColombia2020
Voces que representan a las autoridades locales del país, a las víctimas del conflicto armado, al Estado y la academia concluyeron al unísono que sí es urgente, necesario y significativo prorrogar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que vence en el 2021, no sin antes hacerle una reingeniería.
Según Odorico Guerra Salgado, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, en estos siete años y medio que van desde la promulgación de la Ley 1448 de 2011 se les ha abierto las puertas para expresarse y participar, sin embargo, la reparación integral sigue muy rezagada, al igual que la indemnización de las víctimas. Hasta el momento solo se ha reparado al 13% de ellas.
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“Los avances son agridulces porque, por un lado, las víctimas nos vamos posicionando, pero por el otro, vemos que la ley no es igual de importante para todo el Gobierno. La Unidad de Víctimas lleva toda la carga, mientras que a las demás instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) no les importa avanzar en el tema de la política pública de víctima”, aseguró.
Otra de las grandes falencias, según Guerra, es el tema de la atención psicosocial. Manifestó que el Ministerio de Salud y la Unidad de Víctimas cuentan con una estrategia de atención psicosocial para las víctimas, pero que el número de personas atendidas es “irrisorio” y que en vez de avanzar en este tema, han retrocedido porque cada año disminuyen los recursos para apoyar este programa. “Creemos que muchas víctimas necesitan sanar internamente. No se cuantifica el daño social y moral, por eso consideramos que se debe hacer un gran esfuerzo en esta petición de las víctimas. Muchas veces lo que ellas quieren es solamente ser escuchadas”, agregó.
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Por su parte, y en representación de las autoridades locales del país, la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, también sostuvo que en este departamento hay 185.000 víctimas del conflicto armado a las que se ha atendido con lentitud. “No solamente cumplir con la reparación es más que justo, sino que se debe hacer de la mano con la memoria” y destacó que uno de los grandes problemas de esta ley es que ha sido politizada y se ha convertido en la bandera de partidos políticos. “Al contrario, debe ser la reivindicación de la memoria de los colombianos y colombianas que hemos parido hijos para esta guerra”, aseguró.
También se refirió a la falta de recursos asignados para los departamentos y municipios. Contó que, por ejemplo, hay más de mil mesas de participación de las víctimas para la construcción y su participación en los mecanismos de atención, pero que no pasan de esos escenarios porque los departamentos no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con sus demandas y repararlas.
Estas inquietudes fueron escuchadas por el director encargado de la Unidad Nacional de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, quien participó con ellos en el conversatorio “Las víctimas en el centro. Los retos de la política pública”, realizado este lunes por Colombia2020, junto a OIM, USAID y con el apoyo académico de la Universidad del Rosario. Además, también participaron allí María Victoria Uribe, profesora de la Universidad del Rosario y Bill Rolston, profesor emérito de sociología del Instituto de Justicia Transicional, Universidad de Ulster, de Irlanda del Norte.
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Rodríguez defendió que la Unidad de Víctimas sí ha avanzado en la reparación colectiva con las comunidades, con las cuales se ha hecho un trabajo de construcción de paz y generación de capacidades en los territorios, pero también aceptó que “hay tareas pendientes” y por eso la necesidad de continuar con la ley de víctimas más allá de 2021.Por un lado, manifestó que hay un gran vacío en la indemnización de las víctimas y la consecución de recursos: “Lo que dice el presidente Duque es que hagamos una balanza entre el tiempo de prórroga y los recursos para cumplirle a las víctimas. Dentro de estas estrategias está el ahorro dentro de la misma Institución”.
Por otro lado, explicó que ahora, después del acuerdo de paz, los hechos victimizantes han cambiado: hay más amenazas y menos combates y enfrentamientos. “A hoy llevamos 69 eventos de desplazamientos masivos. En años anteriores la situación era más compleja, eran 3.000 o 2.000 familias”, sin embargo, esto les ha traído más desafíos en la atención de las víctimas de 52 años en guerra y víctimas de hecho recientes.
“Hemos estado participando en los talleres Construyendo país” con el presidente, mandando ese mensaje de que la ley tiene que prorrogarse, incluso logramos que el presidente Duque dijera en Chinú (Córdoba) que la va a prorrogar hasta 2030. Por lo menos ya tenemos en el tintero que la ley puede ser prolongada por esos diez años”, señaló Odorico Guerra.
¿Cómo integrar a las víctimas en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición?, que la Ley de víctimas, promulgada en 2011, esté coordinada con organismos como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz es uno de los mayores desafíos actualmente. Las víctimas, ante estos múltiples escenarios, tienen que ser escuchadas sin que se les revictimice, en honor a la verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado, la memoria histórica y sobre todo su reparación integral.
Ante esta situación, algunos de los panelistas dieron sus recomendaciones para que la Ley 1448 vaya de manera transversal en el ejercicio de estas entidades:
Voces que representan a las autoridades locales del país, a las víctimas del conflicto armado, al Estado y la academia concluyeron al unísono que sí es urgente, necesario y significativo prorrogar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que vence en el 2021, no sin antes hacerle una reingeniería.
Según Odorico Guerra Salgado, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, en estos siete años y medio que van desde la promulgación de la Ley 1448 de 2011 se les ha abierto las puertas para expresarse y participar, sin embargo, la reparación integral sigue muy rezagada, al igual que la indemnización de las víctimas. Hasta el momento solo se ha reparado al 13% de ellas.
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“Los avances son agridulces porque, por un lado, las víctimas nos vamos posicionando, pero por el otro, vemos que la ley no es igual de importante para todo el Gobierno. La Unidad de Víctimas lleva toda la carga, mientras que a las demás instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) no les importa avanzar en el tema de la política pública de víctima”, aseguró.
Otra de las grandes falencias, según Guerra, es el tema de la atención psicosocial. Manifestó que el Ministerio de Salud y la Unidad de Víctimas cuentan con una estrategia de atención psicosocial para las víctimas, pero que el número de personas atendidas es “irrisorio” y que en vez de avanzar en este tema, han retrocedido porque cada año disminuyen los recursos para apoyar este programa. “Creemos que muchas víctimas necesitan sanar internamente. No se cuantifica el daño social y moral, por eso consideramos que se debe hacer un gran esfuerzo en esta petición de las víctimas. Muchas veces lo que ellas quieren es solamente ser escuchadas”, agregó.
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Por su parte, y en representación de las autoridades locales del país, la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, también sostuvo que en este departamento hay 185.000 víctimas del conflicto armado a las que se ha atendido con lentitud. “No solamente cumplir con la reparación es más que justo, sino que se debe hacer de la mano con la memoria” y destacó que uno de los grandes problemas de esta ley es que ha sido politizada y se ha convertido en la bandera de partidos políticos. “Al contrario, debe ser la reivindicación de la memoria de los colombianos y colombianas que hemos parido hijos para esta guerra”, aseguró.
También se refirió a la falta de recursos asignados para los departamentos y municipios. Contó que, por ejemplo, hay más de mil mesas de participación de las víctimas para la construcción y su participación en los mecanismos de atención, pero que no pasan de esos escenarios porque los departamentos no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con sus demandas y repararlas.
Estas inquietudes fueron escuchadas por el director encargado de la Unidad Nacional de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, quien participó con ellos en el conversatorio “Las víctimas en el centro. Los retos de la política pública”, realizado este lunes por Colombia2020, junto a OIM, USAID y con el apoyo académico de la Universidad del Rosario. Además, también participaron allí María Victoria Uribe, profesora de la Universidad del Rosario y Bill Rolston, profesor emérito de sociología del Instituto de Justicia Transicional, Universidad de Ulster, de Irlanda del Norte.
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Rodríguez defendió que la Unidad de Víctimas sí ha avanzado en la reparación colectiva con las comunidades, con las cuales se ha hecho un trabajo de construcción de paz y generación de capacidades en los territorios, pero también aceptó que “hay tareas pendientes” y por eso la necesidad de continuar con la ley de víctimas más allá de 2021.Por un lado, manifestó que hay un gran vacío en la indemnización de las víctimas y la consecución de recursos: “Lo que dice el presidente Duque es que hagamos una balanza entre el tiempo de prórroga y los recursos para cumplirle a las víctimas. Dentro de estas estrategias está el ahorro dentro de la misma Institución”.
Por otro lado, explicó que ahora, después del acuerdo de paz, los hechos victimizantes han cambiado: hay más amenazas y menos combates y enfrentamientos. “A hoy llevamos 69 eventos de desplazamientos masivos. En años anteriores la situación era más compleja, eran 3.000 o 2.000 familias”, sin embargo, esto les ha traído más desafíos en la atención de las víctimas de 52 años en guerra y víctimas de hecho recientes.
“Hemos estado participando en los talleres Construyendo país” con el presidente, mandando ese mensaje de que la ley tiene que prorrogarse, incluso logramos que el presidente Duque dijera en Chinú (Córdoba) que la va a prorrogar hasta 2030. Por lo menos ya tenemos en el tintero que la ley puede ser prolongada por esos diez años”, señaló Odorico Guerra.
¿Cómo integrar a las víctimas en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición?, que la Ley de víctimas, promulgada en 2011, esté coordinada con organismos como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz es uno de los mayores desafíos actualmente. Las víctimas, ante estos múltiples escenarios, tienen que ser escuchadas sin que se les revictimice, en honor a la verdad de lo que ocurrió en el conflicto armado, la memoria histórica y sobre todo su reparación integral.
Ante esta situación, algunos de los panelistas dieron sus recomendaciones para que la Ley 1448 vaya de manera transversal en el ejercicio de estas entidades: