“Rechazo la erradicación forzada”: alcalde de Teorama

En 2018 Norte de Santander tuvo el municipio con más hectáreas de coca sembradas: Tibú, con 16.096. / AFP

Esta semana se conoció la llegada de una brigada estadounidense para asesorar en la lucha contra el narcotráfico al Ejército colombiano en temas tácticos y de inteligencia. Una de las unidades que será capacitada es la Fuerza de Tarea Vulcano, cuestionada por violaciones a los derechos humanos en Norte de Santander. A eso se suma que la erradicación forzada, estrategia principal del Gobierno contra el tráfico de cocaína, ha terminado con la muerte de dos campesinos en plena cuarentena. El primero, se dio en Sardinata, donde el Ejército le disparó a Alejandro Carvajal (de 22 años), quien murió instantáneamente. Organizaciones sociales denunciaron que el pasado 18 de mayo erradicadores abrieron fuego contra una concentración de campesinos en la zona rural de Cúcuta, donde fue asesinado Digno Emérito Buendía Martínez y Jimmy Alberto González está grave en el hospital Erasmo Meoz.

Teorama (Norte de Santander) tiene unos 25.000 habitantes, de los cuales cerca del 80 % depende de la siembra de coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, esa jurisdicción pasó de tener 1.770 hectáreas de esa mata en 2015 a 2.915 en 2018. Los campesinos temen que la erradicación llegue a ese municipio y queden sin sustento.

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El alcalde de Teorama, Robinson Salazar, critica la estrategia gubernamental contra la coca, se lamenta de que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito no haya llegado (PNIS) y le propone al Gobierno una alternativa de sustitución.

¿Cómo está el ambiente en Teorama luego de los operativos de erradicación en Sardinata y Cúcuta?

Hay gran preocupación en las comunidades. La gente ha manifestado que ante la erradicación van a reactivar las protestas. Me preocupa que en medio de esta pandemia la gente se vea obligada a salir a las calles a protestar. La comunidad manifiesta que ha estado presta a una propuesta que venga del Gobierno nacional que permita una sustitución gradual de cultivos de uso ilícito, pero con garantías de que se otorguen cultivos que logren suplantar esa economía.

¿Cuál es su posición frente a la erradicación forzada?

No es la medida correcta. Tengo una posición de rechazo a esa política porque va en contravía de los intereses de los campesinos, obviamente hay otros intereses, pero defiendo los de los campesinos. El campesino siembra la coca porque le toca, no porque quiera hacerlo. Por falta de garantías de producción se ha visto obligado a sembrar este cultivo. La erradicación forzada va en contravía de muchas familias que devengan de eso. Obviamente es necesario pensar que la coca debe pasar a un segundo plano.

¿Le ha planteado eso al Gobierno?

Sí, al mismo Emilio Archila (consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación) y a los coroneles del Ejército con los que hemos conversado. En un consejo de seguridad que hubo en Tibú se lo planteamos también al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. El mismo ministro decía que “aquí no hay que combatir tanto el tema de la coca, sino el narcotráfico”. Con la erradicación forzada se está atacando a una persona humilde, a un campesino. A ese campesino hay que tratarlo de otra manera, con inversión. De esa manera va a dejar el cultivo de coca, porque está cansado. ¿Por qué no siembran otros cultivos? Porque son economías muy frágiles. Acá en la cabecera siembran frijol, tomate, maíz y yuca, pero a un campesino de acá escasamente le alcanza para comprar el mercado de su casa, a veces hay que ayudarles. Un campesino de la parte baja (donde hay coca) no está sufriendo por eso, tiene su casa más o menos arreglada, posiblemente a su hijo en la universidad. Hay que garantizarles esos ingresos con otro cultivo.

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¿El PNIS llegó a Teorama?

Somos un municipio incluido en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pero paradójicamente el PNIS no ha llegado. En conversaciones con Archila, él ha manifestado que no hay recursos para implementar ese programa en El Tarra, Convención, Hacarí, Teorama, San Calixto y El Carmen. Esa política no se va a implementar ahí. Es una situación que nos preocupa, porque el PNIS pudo haber sido una alternativa de que los mismos campesinos comenzaran a dejar sus cultivos de coca. Proponemos que haya otra alternativa de sustitución y para eso hemos buscado varias propuestas de economías campesinas para plantearle al Gobierno nacional.

¿Cómo es esa propuesta?

Queremos proponerle al Gobierno nacional algo muy ambicioso con cultivos de cacao y aguacate. Se trata de que al campesino se le suministre la plantación: si es en cacao serían dos hectáreas (unos mil árboles), si es aguacate una por finca (200 o 400 árboles). La idea es que se abra una línea de crédito y que el primer respondiente sea el Gobierno nacional y que de esta manera el campesino pueda tener un incentivo, pero que no se le entregue el dinero, sino que se le vayan entregando los insumos y materiales. Esto garantiza que en dos o tres años esté produciendo y el campesino vea que es rentable dejar la coca. Mucho campesino solicita alternativas al cultivo de coca, porque él no se está quedando con la ganancia, es el que menos se beneficia.

¿Cómo complementar eso, porque, por ejemplo, una de las grandes quejas siempre son las vías?

Al ser municipio PDET, la idea es que se implemente esa política con toda la estructuración del proyecto. Hemos estado solicitando, a través de la asociación de municipios, un equipo estructurador de proyectos para poder empezar a plantear propuestas de mejoramiento de vías de acceso. Pero eso tiene que venir acompañado de una serie de componentes más: por ejemplo, de las formas de comercialización de ese producto. Hemos pensado que se abran canales de comercio que le garanticen la venta al campesino.

¿Cuándo le van a presentar ese proyecto al Gobierno?

Hemos tenido varios acercamientos con el Gobierno nacional, con Archila, y le hemos planteado la necesidad que tienen los municipios de esa inversión. Con toda la política PDET que se ha venido implementando, podemos ver que hay tramos de placa huella arreglados, se están empezando a construir acueductos en los corregimientos de San Pablo y Aserrío. La electrificación rural es un proyecto que esperamos que en los próximos meses se comience a construir. Estos son avances que se han dado por parte del Gobierno nacional, lo que brinda la confianza de que es posible llegar con inversión al Catatumbo, pero es necesaria más.

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Lo siento resignado con el PNIS, ¿cree que ya no llegó ese programa?

No. Yo creo que el PNIS ya no se va a dar en los municipios nuestros por lo que anunciaba Archila, decía que esa había sido una política fracasada en cuanto a que se había invertido muchos recursos y no quedó una propuesta clara. Eso va a ser un fracaso si no se plantea algo más serio.

¿Cómo manejar la presión de los grupos armados frente a la sustitución?

Hay campesinos que comenzaron en los mismos cortes de coca a sembrar cacao, por iniciativa propia. El cacao se les puso grande y les fue produciendo, la coca prácticamente se les acabó y no han tenido ningún problema.