Reclamar la tierra en Montes de María: una sentencia de muerte

Hernando Pérez se prometió en 2016 recuperar la tierra que por décadas perteneció a su familia, una lucha que le costó la vida a su padre. / Philipp Wesche

Hernando Pérez heredó de su padre algo más que el nombre. El 1º de marzo de 2016 cuando se lo arrebataron, se prometió hacer suya la lucha que lo dejó huérfano: recuperar la tierra que por décadas perteneció a su familia y de la que tuvieron que salir desplazados, huyendo de la violencia, en 1993.

Esta historia gira alrededor de un predio que no supera las 50 hectáreas y que lleva por nombre El Porvenir, ubicado a pocos minutos del corregimiento Sabanas de Pedro, jurisdicción del municipio de Los Palmitos (Sucre), en la subregión de los Montes de María. Cincuenta hectáreas que para la familia Pérez lo eran todo. Perderlas fue un golpe del que aún no se han podido recuperar.

Lea también: El museo de los Montes de María que tardó once años en nacer

Desde que salieron de la finca El Porvenir, luego de que la presión del frente 37 de las Farc en la zona los hiciera desplazarse al casco urbano del corregimiento, la familia se resquebrajó, y años después volvería a ser víctima de la violencia, esta vez por cuenta de grupos paramilitares.

El Porvenir

Dice que la tenían dedicada a la ganadería y sembraban yuca, ñame y tabaco. “Poquito, pero se sembraba”, dice. También cuenta por qué se fueron. En los primeros años de la década de 1990, a los Montes de María llegaron las Farc, con los frentes 35 y 37. En la zona en la que quedaba El Porvenir empezó el cobro de vacunas a varios propietarios, entre ellos al de la finca contigua.

El Sábado Santo de 1993, el vecino de la familia Pérez, al que ya venían extorsionando desde varios meses atrás, decidió defenderse. Cuando los guerrilleros llegaron a las puertas de su finca fueron recibidos a tiros por hombres de la Policía que acudieron al llamado del propietario. En el cruce de disparos, uno de los insurgentes se refugió en la finca El Porvenir, donde finalmente fue ultimado por los uniformados. Que un guerrillero muriera dentro de su predio se convirtió en una sentencia para el propietario de El Porvenir, en ese momento, el abuelo de Hernando.

Según la guerrilla, la familia Pérez brindaba información a las autoridades, y para la Fiscalía, el abuelo de Hernando estaba en la mira por presuntos nexos con los insurgentes. En ese panorama, la familia decidió desplazarse al casco urbano de Sabanas de Pedro. Iban de vez en cuando a su finca, pero no se atrevían a pasar una noche allí. Ante la imposibilidad de retornar al predio y con el temor patente, el abuelo finalmente decidió deshacerse de la finca como fuera.

Lea  también: ¿Por qué una mesa por la vida en los Montes de María?

“Prácticamente la regalaron. La vendieron en $23 millones y todo el ganado lo dieron fiado”, dice Hernando. De los $23 millones el abuelo solo recibió 15, porque antes de que le pagaran la totalidad lo mató un cáncer.

Según la información que recibió la URT de Pérez padre, la finca la compró Manuel Vicente Hoyos, quien años después, siendo alcalde de San Juan de Betulia, municipio vecino de Los Palmitos, fue capturado luego de que la Fiscalía lo sindicara de ser el autor intelectual del asesinato del presidente del Concejo de ese municipio.

En 1998, Juan Manuel Hoyos, hijo de Manuel Vicente, vendió el predio a Carolina Margarita Macareno Baquero, quien vivía en Sincelejo, según información de la URT. Desde entonces, ella es la propietaria de El Porvenir.

El reclamo sobre la tierra

Pérez empezó a ser hostigado tanto por miembros de la Fuerza Pública como por paramilitares, pues, decían, le vendía productos a la guerrilla. Meses después, frente a su tienda se cometió una masacre y dejaron cuatro cadáveres sobre la vía con el objetivo de sembrar miedo. La familia lo dejó todo y se fue a Corozal.

Pasaron varios años tratando de reponerse, pidieron créditos para emprender nuevos proyectos que no lograban llegar a buen puerto. Años después, en 2015, impulsado por el proceso de paz en marcha entre el Gobierno y las Farc, Hernando Pérez decidió presentar ante la URT la solicitud de restitución del predio El Porvenir.

El 14 de diciembre de ese año lo hizo y poco más de dos meses después, el 1º de marzo de 2016, fue asesinado por un sicario en la sala de su residencia, en Sabanas de Pedro.

El 14 de abril de ese mismo año la Fiscalía reportó la captura del autor material del asesinato de Pérez. Se trataba de Gregorio Martínez Velilla, conocido como Tigrillo, un exparamilitar del bloque Héroes de los Montes de María, que se acogió a la Ley de Justicia y Paz y había purgado una condena de siete años de cárcel.

El reporte señalaba, además, que Hernando Pérez no solo estaba reclamando el predio del que fue desplazado, sino que apoyaba a otros reclamantes de tierras despojadas por los paramilitares del bloque Norte de las autodefensas.

La herencia

Lea también: Montes de María: entre el fantasma de las masacres y la presencia del Clan del Golfo

“No estoy dispuesto a comparecer en dicha unidad para rendir declaración juramentada (…) La anterior decisión, la he tomado ante el temor que tengo que una vez asista a dicha Unidad, pueden proceder en contra mía o de algunos familiares, tal como sucedió con mi padre”, le respondió a la Unidad en agosto de 2016. “Le solicito el favor de no tenerme en cuenta para nada que tenga que ver con dicho proceso de restitución de tierras”, puntualizó.

Sin embargo, el deseo de terminar lo que había iniciado su padre lo llevó a retomar el proceso, no sin antes recibir un esquema de la Unidad Nacional de Protección: un carro convencional y dos hombres de seguridad. En mayo de 2018 presentó la solicitud para formalizar el proceso que finalmente quedó en firme en noviembre.

El pasado 7 de marzo, Hernando Pérez acudió a la URT para recibir la noticia de que su solicitud para incluir El Porvenir en el registro de tierras despojadas había sido rechazada. Son tres los argumentos expuestos en la resolución de la Unidad en la que se da respuesta a este caso.

El primero, que “la existencia de un conflicto armado en la zona de ubicación del predio no es presupuesto suficiente para que el solicitante sea sujeto de la política de restitución de tierras”. Según la Unidad, se hace necesario constatar cuáles fueron las circunstancias particulares en las que se produjo la salida de la propiedad.

Además, dice la Unidad, como en un primer momento la familia de Hernando Pérez salió de la finca, pero contrató a un administrador para continuar explotándola económicamente, “se pierde la esencia de lo que sería un abandono forzado de tierras, que supone la desatención total del inmueble”.

El otro argumento de la URT es que, como solo se desplazaron a pocos kilómetros de la finca, al casco urbano del corregimiento, no es racional que argumenten que fue la violencia la que los hizo salir, pues se presupone que en el lugar al que llegaron se encuentra el mismo contexto de conflicto armado.

Un apartado de la resolución de la Unidad incluye la defensa de quienes hoy tienen la propiedad de El Porvenir. En representación de Carolina Margarita Macareno, su padre, Antonio José Macareno, aseguró que “en 1998 llegó hasta su casa en Sincelejo el señor Juan Manuel Hoyos a ofrecerle en venta el predio a su hija, decidieron visitar el inmueble, les pareció bueno y realizaron el negocio jurídico”.

Macareno aseguró que la compra “se dio de buena fe, porque él y el vendedor son conocidos de la infancia y de la región”, y que la negociación “se llevó a cabo en un ambiente libre de vicios y se consumó el 21 de diciembre de 1998”.

Colombia 2020 se comunicó con Carolina Margarita Macareno, propietaria del predio, quien aseguró tener los documentos que prueban que no hay razones para que la finca esté en ese proceso de restitución. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo, dichos documentos no habían sido remitidos a este medio.

La respuesta negativa de la URT que obtuvo Hernando Pérez a su solicitud de restitución es, de hecho, lo que sucede la mayoría de las veces con reclamantes de tierras. Según cifras de esa entidad, de casi 70.000 solicitudes que han recibido respuesta de la URT, solo el 35 % (24.814) fueron inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas forzosamente. El resto fueron rechazadas.

Lea también:El bosque de los mil colores y sabores renace en los Montes de María

Una solicitud recibe una respuesta negativa cuando no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1448 del 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, entre los que se encuentran, por ejemplo, que el desplazamiento haya ocurrido luego de 1991. O puede ser rechazada cuando no es posible identificar con precisión el predio. Sobre lo que no hay certeza es qué porcentaje de solicitudes son rechazadas con el argumento bajo el cual se rechazó la de Pérez, esto es, que no se haya podido demostrar el nexo entre el abandono del predio y el conflicto armado.

Hoy, Hernando Pérez está consumido por la incertidumbre. Si bien Tigrillo fue capturado por el asesinato de su padre hace casi tres años, el proceso penal aún no ha dado un resultado definitivo que dicte condena para el exparamilitar. Pérez solo espera saber la verdad sobre ese crimen, es decir, quién ordenó al sicario asesinar a su padre tres meses después de haber presentado la solicitud de restitución sobre un predio que, para la URT, ya no les pertenece. Esta última decisión será apelada por la defensa de Hernando Pérez.

Angélica Lizcano, defensora pública que lo asesoró para la presentación de dicho recurso, explica que lo que deben hacer ahora es demostrarle a la Unidad de Restitución el nexo causal entre el abandono del predio y el hecho victimizante, que fue lo que la Unidad no pudo establecer.

Para ello, dice, solicitaron que sea escuchada la declaración de un primo de Hernando, quien fue testigo de los hechos que motivaron el desplazamiento de la finca y puede corroborar la versión contada en su momento por Hernando Pérez padre. Será la Unidad la que resuelva el futuro de El Porvenir.