Reclutamiento y violencia sexual: lo que preocupa a las mujeres de Urabá y Catatumbo

“¿Qué es algo frágil? Algo quebradizo, inconsistente. Algo que se puede romper, pero no se ha roto, algo de tratar con cuidado. Lo frágil se puede reparar”. Así definió una mujer líder de Catatumbo la fragilidad que, en el contexto en el que tuvo esa conversación, significaba la confluencia de factores que las ponen en riesgo: la violencia, la precariedad, la falta de oportunidades, la corrupción, las dinámicas ilegales y otros tantos. Sin embargo, tal como lo dijo esa lideresa, el suyo no es un entorno irreparable y, de hecho, son las mujeres las que trabajan por arreglarlo.

Esa respuesta se dio en una de las reuniones de La Incubadora, una estrategia de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que trabajó con lideresas de las regiones de Catatumbo (Norte de Santander) y Urabá (Antioquia) y que buscó dar un espacio de encuentro para que ellas intercambiaran experiencias, identificaran los problemas que las aquejan y pensaran en cómo transformar esos entornos.

El informe “Haciendo frente a la fragilidad: mujeres y paz en el Urabá y el Catatumbo” recoge las reflexiones y las preocupaciones de las participantes, y deja ver que, en cuanto a conflicto armado, hay dos temas que intranquilizan a las mujeres de ambas regiones: la violencia sexual, cometida sobre todo contra mujeres y niñas por parte de actores armados, y el reclutamiento de grupos ilegales, crimen que sufren mayormente los jóvenes y adolescentes.

(Descargue el informe aquí: Haciendo frente a la fragilidad)

En Urabá, por ejemplo, a pesar de que es una región en la que las mujeres y, en general, la población civil ha estado organizada, la fragilidad persiste. Según las investigadoras del informe, hay al menos dos factores que han desembocado en la desprotección de las mujeres. El primero es la persistencia de actores armados ilegales. Esta subregión de Antioquia desde mitades de los años ochenta ha registrado masacres por parte grupos armados. Por ahí han pasado distintas guerrillas, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las Autodefensas Unidas de Colombia y, después de la desmovilización de estas últimas, diferentes grupos paramilitares.

Esto, dice el documento, ha desembocado en la normalización de “patrones de violencia y modalidades de control que han conducido a la tolerancia social frente a la violencia y la explotación sexual de mujeres y niñas”.

En segundo lugar, se identifica una diferencia grande entre el desarrollo económico del Eje Bananero y la zona rural: esta última presenta más “necesidades básicas insatisfechas y limitaciones de acceso a servicios de justicia”. Y para las mujeres esto se traduce en falta de acceso a empleo, a recursos y dependencia económica que, a menudo, es también violencia económica. La situación se agrava cuando se habla de mujeres afros e indígenas presentes en la región.

Como respuesta a estos problemas, el nivel organizativo es alto. De hecho, fueron las mujeres de esta región las que, en 1996, se movilizaron hacia Mutatá y presentaron un manifiesto por la paz y en contra de la guerra en lo que fue el inicio de la Ruta Pacífica de Mujeres. A esta se suma la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) y la Asociación Mujeres del Plantón del Urabá, con quienes se trabajó el informe.

Y aunque el conflicto no las ha dejado tranquilas, lo que más preocupa a las lideresas es la violencia sexual. “La violencia sexual y explotación de niñas y jóvenes ha sido una preocupación mayor. En esta dinámica se ha destacado la presencia de redes de explotación que han estado al servicio de las AGC, así como inmersas en economías ilegales concentradas, principalmente, en el Eje Bananero20. Estos contextos de explotación sexual se derivan en gran medida de condiciones de vulnerabilidad de poblaciones rurales, donde este grupo puede tener una mayor influencia”, dice el documento.

Una lideresa lo expresó así: “También se ve la explotación sexual a nuestras niñas. Lo económico es algo que lleva a las niñas a este flagelo porque a veces, por las ganas de tener una mejor vida, se ve normalizado que se vayan las muchachas con un hombre, que traiga el dinero a la casa, pero que tenga una moto, un buen celular, un blue jean. Todo esto hace que estas niñas caigan en esto de los grupos armados, que las usan como ellos quieren”.

Los jóvenes no están exentos de la guerra. Las AGC cada vez más los involucran en sus redes de microtráfico y crimen. “Cada vez son más los jóvenes que venden drogas (...) No hay oportunidades para ellos. Les dan 50.000 pesos para comer y al mes: “viene y hace lo que yo le diga o se mueren todos en su casa.” O les dicen que les brindan empleo por allá en una finca, y ellos caen… ya estando allá, ¿qué más pueden hacer? (...) Matan a cinco jóvenes en un día y eso ya ni los medios lo comunican. Y nadie se atreve a preguntar. No le perdonan la vida a uno si se atreve a denunciar”, dice Flor, una participante.

En el Eje Bananero de Urabá, a diferencia del Catatumbo, el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc no resultó un hito, pues el mayor cambio en su seguridad y forma de vida lo vieron con la desmovilización paramilitar. Sin embargo, en municipios como Vigía del Fuerte y Dabeiba, el Acuerdo sí ha implicado cambios, como el acceso a la justicia transicional.

En Catatumbo, por su parte, las mujeres identificaron como generadores de fragilidad tres momentos: la violencia que comenzó en los años 80 y 90 a manos de diferentes grupos armados; la devastación que quedó en la región tras la desmovilización paramilitar en 2005; y la guerra que se desató entre el Eln y el Epl tras la firma del Acuerdo de Paz. “Vivimos en una región que siempre ha vivido el conflicto y el reclutamiento forzado a los jóvenes (…) hay muchos que toman diferentes decisiones y a uno le duele eso. Los más afectados somos los campesinos y los líderes sociales”, dijo una lideresa sobre esos ciclos de violencias.

Las consecuencias de esa guerra tienen que ver con el abandono, que a su vez ha sido la causa de esta. Rosa, una mujer líder, lo explica así: “El narcotráfico, las violencias basadas en género y el peligro latente que corren los líderes sociales es bastante complicado para su seguridad. A pesar del Acuerdo de Paz, no se han consolidado espacios y escenarios que permitan y garanticen la participación y la vida de los líderes y lideresas. Para los jóvenes tampoco hay seguridad y las mujeres viven con temor de que para los hijos la única solución sea que se vayan a las guerrillas. Nosotras somos las mamás, somos las que más sufrimos en la guerra, nos dejan viudas, huérfanas, sin hijos, hemos sido el paño de lágrimas de las demás compañeras”.

A pesar de esta situación, el Acuerdo de Paz sí ha permitido que se abra un poco más la participación de las mujeres en los espacios públicos y políticos, antes destinados para los hombres.

Una de las conclusiones de las investigadoras es que en esta región debe prestársele especial atención a “la protección de las mujeres frente a las dinámicas del conflicto armado y a las violencias de género”, pues hay un alto subregistro y el acceso a la justicia es complicado. “Para hacer frente a esto, hay escenarios que pueden impulsarse para articular apuestas regionales en torno a la equidad de género y la paz: los liderazgos de mujeres, los cuales han fortalecido el surgimiento de procesos locales; las iniciativas de verdad, justicia y reparación (comunitarias e institucionales), que son un proceso significativo para generar confianza en la implementación del Acuerdo de Paz”.

“¿Qué es algo frágil? Algo quebradizo, inconsistente. Algo que se puede romper, pero no se ha roto, algo de tratar con cuidado. Lo frágil se puede reparar”. Así definió una mujer líder de Catatumbo la fragilidad que, en el contexto en el que tuvo esa conversación, significaba la confluencia de factores que las ponen en riesgo: la violencia, la precariedad, la falta de oportunidades, la corrupción, las dinámicas ilegales y otros tantos. Sin embargo, tal como lo dijo esa lideresa, el suyo no es un entorno irreparable y, de hecho, son las mujeres las que trabajan por arreglarlo.

Esa respuesta se dio en una de las reuniones de La Incubadora, una estrategia de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que trabajó con lideresas de las regiones de Catatumbo (Norte de Santander) y Urabá (Antioquia) y que buscó dar un espacio de encuentro para que ellas intercambiaran experiencias, identificaran los problemas que las aquejan y pensaran en cómo transformar esos entornos.

El informe “Haciendo frente a la fragilidad: mujeres y paz en el Urabá y el Catatumbo” recoge las reflexiones y las preocupaciones de las participantes, y deja ver que, en cuanto a conflicto armado, hay dos temas que intranquilizan a las mujeres de ambas regiones: la violencia sexual, cometida sobre todo contra mujeres y niñas por parte de actores armados, y el reclutamiento de grupos ilegales, crimen que sufren mayormente los jóvenes y adolescentes.

(Descargue el informe aquí: Haciendo frente a la fragilidad)

En Urabá, por ejemplo, a pesar de que es una región en la que las mujeres y, en general, la población civil ha estado organizada, la fragilidad persiste. Según las investigadoras del informe, hay al menos dos factores que han desembocado en la desprotección de las mujeres. El primero es la persistencia de actores armados ilegales. Esta subregión de Antioquia desde mitades de los años ochenta ha registrado masacres por parte grupos armados. Por ahí han pasado distintas guerrillas, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las Autodefensas Unidas de Colombia y, después de la desmovilización de estas últimas, diferentes grupos paramilitares.

Esto, dice el documento, ha desembocado en la normalización de “patrones de violencia y modalidades de control que han conducido a la tolerancia social frente a la violencia y la explotación sexual de mujeres y niñas”.

En segundo lugar, se identifica una diferencia grande entre el desarrollo económico del Eje Bananero y la zona rural: esta última presenta más “necesidades básicas insatisfechas y limitaciones de acceso a servicios de justicia”. Y para las mujeres esto se traduce en falta de acceso a empleo, a recursos y dependencia económica que, a menudo, es también violencia económica. La situación se agrava cuando se habla de mujeres afros e indígenas presentes en la región.

Como respuesta a estos problemas, el nivel organizativo es alto. De hecho, fueron las mujeres de esta región las que, en 1996, se movilizaron hacia Mutatá y presentaron un manifiesto por la paz y en contra de la guerra en lo que fue el inicio de la Ruta Pacífica de Mujeres. A esta se suma la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) y la Asociación Mujeres del Plantón del Urabá, con quienes se trabajó el informe.

Y aunque el conflicto no las ha dejado tranquilas, lo que más preocupa a las lideresas es la violencia sexual. “La violencia sexual y explotación de niñas y jóvenes ha sido una preocupación mayor. En esta dinámica se ha destacado la presencia de redes de explotación que han estado al servicio de las AGC, así como inmersas en economías ilegales concentradas, principalmente, en el Eje Bananero20. Estos contextos de explotación sexual se derivan en gran medida de condiciones de vulnerabilidad de poblaciones rurales, donde este grupo puede tener una mayor influencia”, dice el documento.

Una lideresa lo expresó así: “También se ve la explotación sexual a nuestras niñas. Lo económico es algo que lleva a las niñas a este flagelo porque a veces, por las ganas de tener una mejor vida, se ve normalizado que se vayan las muchachas con un hombre, que traiga el dinero a la casa, pero que tenga una moto, un buen celular, un blue jean. Todo esto hace que estas niñas caigan en esto de los grupos armados, que las usan como ellos quieren”.

Los jóvenes no están exentos de la guerra. Las AGC cada vez más los involucran en sus redes de microtráfico y crimen. “Cada vez son más los jóvenes que venden drogas (...) No hay oportunidades para ellos. Les dan 50.000 pesos para comer y al mes: “viene y hace lo que yo le diga o se mueren todos en su casa.” O les dicen que les brindan empleo por allá en una finca, y ellos caen… ya estando allá, ¿qué más pueden hacer? (...) Matan a cinco jóvenes en un día y eso ya ni los medios lo comunican. Y nadie se atreve a preguntar. No le perdonan la vida a uno si se atreve a denunciar”, dice Flor, una participante.

En el Eje Bananero de Urabá, a diferencia del Catatumbo, el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc no resultó un hito, pues el mayor cambio en su seguridad y forma de vida lo vieron con la desmovilización paramilitar. Sin embargo, en municipios como Vigía del Fuerte y Dabeiba, el Acuerdo sí ha implicado cambios, como el acceso a la justicia transicional.

En Catatumbo, por su parte, las mujeres identificaron como generadores de fragilidad tres momentos: la violencia que comenzó en los años 80 y 90 a manos de diferentes grupos armados; la devastación que quedó en la región tras la desmovilización paramilitar en 2005; y la guerra que se desató entre el Eln y el Epl tras la firma del Acuerdo de Paz. “Vivimos en una región que siempre ha vivido el conflicto y el reclutamiento forzado a los jóvenes (…) hay muchos que toman diferentes decisiones y a uno le duele eso. Los más afectados somos los campesinos y los líderes sociales”, dijo una lideresa sobre esos ciclos de violencias.

Las consecuencias de esa guerra tienen que ver con el abandono, que a su vez ha sido la causa de esta. Rosa, una mujer líder, lo explica así: “El narcotráfico, las violencias basadas en género y el peligro latente que corren los líderes sociales es bastante complicado para su seguridad. A pesar del Acuerdo de Paz, no se han consolidado espacios y escenarios que permitan y garanticen la participación y la vida de los líderes y lideresas. Para los jóvenes tampoco hay seguridad y las mujeres viven con temor de que para los hijos la única solución sea que se vayan a las guerrillas. Nosotras somos las mamás, somos las que más sufrimos en la guerra, nos dejan viudas, huérfanas, sin hijos, hemos sido el paño de lágrimas de las demás compañeras”.

A pesar de esta situación, el Acuerdo de Paz sí ha permitido que se abra un poco más la participación de las mujeres en los espacios públicos y políticos, antes destinados para los hombres.

Una de las conclusiones de las investigadoras es que en esta región debe prestársele especial atención a “la protección de las mujeres frente a las dinámicas del conflicto armado y a las violencias de género”, pues hay un alto subregistro y el acceso a la justicia es complicado. “Para hacer frente a esto, hay escenarios que pueden impulsarse para articular apuestas regionales en torno a la equidad de género y la paz: los liderazgos de mujeres, los cuales han fortalecido el surgimiento de procesos locales; las iniciativas de verdad, justicia y reparación (comunitarias e institucionales), que son un proceso significativo para generar confianza en la implementación del Acuerdo de Paz”.