7 Sep 2020 - 11:00 a. m.

Reunificación familiar, una deuda pendiente del acuerdo de paz

Excombatientes siguen a la espera de que el Estado les ayude a reencontrar a sus familiares, a quienes no ven desde hace más de una década, o al menos solucionar los problemas para legalizar la documentación de sus hijos. Amenazas, estigmatizaciones y posibles imputaciones de delitos son algunos de sus obstáculos.
Según Farc, la mayoría de solicitantes de reunificación familiar son mujeres. Ilustración: Jonathan Bejarano
Según Farc, la mayoría de solicitantes de reunificación familiar son mujeres. Ilustración: Jonathan Bejarano

Adelaida* estaba en las filas de la extinta guerrilla de las Farc cuando entregó a su hijo recién nacido a su padre y a su madre. Les pidió que lo protegieran, porque a su lado en el monte solo corría peligro. Se desprendió con dolor y el compromiso de volverlo a ver pronto. Pasaron cuatro años y, en uno de los permisos que le otorgaron sus comandantes, regresó a su hogar y aprovechó para registrarlo con su apellido. El pequeño Andrés*, según cuenta Adelaida, siempre tuvo presente en su crianza quién era su madre. Se fue de nuevo, queriendo regresar aprisa, pero por seguridad le pidieron que no se acercara más a su familia.

La familia no volvió a saber de ella. Adelaida relata que en una noticia en los medios de comunicación afirmaron que era una de las bajas de un combate, así que durante una década pensaron que estaba muerta. Cuando se firmó el acuerdo de paz entre esta guerrilla y el Estado, Adelaida volvió a buscarlos. Su hijo ya era un adolescente con millones de preguntas.

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“Cuando decidimos dejar las armas, lo primero que pensé fue volver a encontrar a mi familia, sobre todo a mi hijo. Quería saber si me iba a aceptar como mamá o no. Si mi familia me lo iba a entregar. No tuve problemas. Ellos siempre entendieron que tenía una mamá y se la enseñaban en fotos. Él me reconoció inmediatamente”, relata Adelaida.

En un principio se esperaba que las excombatientes que quisieran buscar a sus familias pudieran hacerlo con un acompañamiento. En el acuerdo de paz se pactó una estrategia de reunificación familiar y atención de hijos e hijas de integrantes de las Farc en proceso de reincorporación. De hecho, en 2017, quedó estipulado este mandato en el artículo 17 del Decreto 899, con el que se establecen medidas para la reincorporación económica y social sostenible.

Ya en el papel, en 2018, se constituyó una mesa técnica de reunificación familiar en la que participan miembros de Farc y el Gobierno Nacional. De allí debían salir las estrategias y la articulación institucional para solucionar decenas de problemas que se les presentan a los exguerrilleros cuando quieren volver a estar en contacto con sus familias.

“Esas estrategias van desde la recolección de información hasta evitar escenarios de estigmatización y vulneración de derechos. Lo cierto es que hoy no sabemos cuántos excombatientes requieran el programa de reunificación familiar. Solo tenemos el censo de la Universidad Nacional, en el que se determina que el 54 % tiene al menos un hijo. Y de este porcentaje la mayoría señaló que quiere recuperar la custodia o formalizar su situación de filiación”, asegura un miembro de la mesa técnica de reunificación familiar.

En la mesa están la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Medicina Legal, la Registraduría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, quien lleva la batuta es la ARN. Aunque Adelaida prefirió dar ese primer paso de reencuentro sola y en un principio encontró entendimiento de su familia, luego llegaron los obstáculos cuando solicitó al Estado que sus beneficios como firmante del acuerdo pasaran a su hijo.

El problema es que él tenía dos registros civiles. La madre y el padre de Adelaida, sin saber que ella ya lo había registrado a los cuatro años en medio de un permiso, decidieron ir a la Registraduría y decir que Andrés era su hijo. Ellos no sabían si iba a volver y preferían realizar el trámite y garantizar al niño un nombre, apellido, salud, alimentación y colegio.

Cuando la exguerrillera solicitó ante la ARN el cambio de registro de Andrés, una vez se reincorporó a la vida civil, esta entidad le respondió que era mejor dejar los papeles como estaban desde hacía 19 años: “Allí me recomendaron que no hiciera el cambio. Yo de todas formas lo intenté y me fui hasta Popayán, donde hice mi registro, pero allá no apareció. Entonces la ARN me dijo que me quedara con el que hicieron mis papás. Y como mi hijo para entonces era mayor de edad, la respuesta fue: ‘No se ponga a voltear más’”.

A Adelaida le sorprendieron los argumentos de los funcionarios que le debían ayudar: “Me dijeron que si reportaba mi caso, podrían denunciar a mi familia por falsedad en documento público. A mí me dolía pensar que podía perjudicar a mi mamá y mi papá. Yo no quería cargar con la culpa de que mi papá fuera a la cárcel cuando me hicieron un favor”.

La reunificación familiar tiene un espectro amplio, complejo y diverso. Este es tan solo un caso, pero hay otro tipo de problemas. Hay otros en los que se pide ayuda para localizar a sus familias que viven en zonas apartadas o se han ido de los territorios. Incluso, se han presentado solicitudes de búsqueda de hijos que les fueron arrebatados en medio de la guerra y hoy desconocen su paradero. También de padres o madres de excombatientes que no saben dónde están desde que se fueron a las filas. Si bien estos últimos procesos se tienen en cuenta en la reunificación familiar, también es abordado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

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Las barreras

Volver a la vida civil después de haber estado “en el monte”, como dicen las exguerrilleras, es difícil. Y no solo por las dinámicas tan diferentes que se viven en un lado y en el otro, sino por los trámites que se deben realizar para que el Estado las acepte como ciudadanas sin problemas judiciales. A eso hay que sumarle el retorno a las comunidades donde fueron criadas y, en muchas ocasiones, enfrentarse a la estigmatización, las amenazas, el machismo o incluso al sistema judicial.

Este panorama lo han pintado las excombatientes, pero también ha quedado relatado en las investigaciones de organizaciones sociales. Desde hace dos años, Abogados Sin Fronteras de Canadá y Humanas Colombia-Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género han denunciado que decenas de mujeres que tuvieron que entregar a sus hijos mientras estaban en la guerra aún no han podido encontrarlos. Una primera situación de riesgo “es que las mujeres sean acusadas e incriminadas bajo el delito de abandono, consagrado en el artículo 127 del Código Penal Colombiano”, según un informe sobre las mujeres excombatientes en la era del posconflicto.

Una segunda situación “es aquella en la que los niños fueron registrados por las personas que se hicieron cargo de ellos como sus hijos. Una reunificación familiar, en este escenario, supone una impugnación de paternidad, la cual puede también resultar en los delitos de falsedad en documento público (artículos 286 y 287 del Código Penal) o supresión, alteración o suposición del estado civil (artículo 238 del Código Penal)”. Ese es el caso de Adelaida.

El documento, entregado hace dos años al Estado, señala que se requieren con urgencia “medidas normativas, en este marco de posacuerdo, evitando con ellas una discriminación indirecta al impedirle la reunificación familiar a estas mujeres que, debido a que vivían en un contexto de confrontación armada, se vieron obligadas a dejar a sus hijos bajo el cuidado de otras personas para garantizarles la vida”.

Tanto las entidades como los funcionarios deben tener en cuenta “las realidades del conflicto armado interno, así como de las características del contexto de transición, con el fin de no incurrir en una violación a los derechos de las mujeres excombatientes, quienes temen incurrir en un delito que desconoce su particularidad, realidad y necesidad”.

Los organismos defensores de derechos humanos sugirieron plantear una ruta o legislación conforme a las necesidades de las mujeres excombatientes y brindarles un acompañamiento, pues la separación de los niños y niñas pudo haber significado afectaciones psicosociales tanto en las madres como en los menores de edad.

Lo cierto es que hasta ahora eso no sucede y, por el contrario, son tildadas de “malas mujeres” por no haber cumplido con los roles de género establecidos, como ser ama de casa. Algunas han sido amenazadas y señaladas en las comunidades donde se asentaron tras el acuerdo. Así lo expresa Victoria Sandino, senadora del partido Farc, quien considera que estas “son formas de seguir castigando a las compañeras en el sistema patriarcal”. Si bien hay hombres que solicitan la reunificación, la mayoría de casos es de mujeres.

“A las exguerrilleras se les cuestiona por qué se fueron a la guerrilla. Si tenían hijos antes, les reclaman. Y si los hijos vinieron después siendo guerrilleras, también se les recrimina porque los tuvieron y los entregaron a sus familiares o personas cercanas. Siempre hay esa estigmatización, porque eso es lo que se ha aprendido de la sociedad. Se supone que la madre tiene que criar al hijo y dedicarse exclusivamente a esto; pero al padre no se le reclama lo mismo”, afirma la congresista.

Sandino cuenta que desde las negociaciones de La Habana (Cuba), la reunificación era una prioridad en la agenda de género, aunque hasta ahora no se haya avanzado en este punto y las mujeres excombatientes lo reclaman como una de sus principales necesidades: “A nuestras compañeras no se les ha cumplido; por el contrario, se les ha negado este derecho, se les ha encerrado en sus hogares o en sus cambuches que se construyeron como una medida temporal. Pero ya van cuatro años y eso afecta”.

En el proceso de reincorporación las mujeres han sido afectadas de manera diferencial. Muchas, explica Sandino, entraron en un proceso de reclandestinización: “Han tenido que ocultar a las familias y a la comunidad donde viven que fueron guerrilleras, para que puedan tener un poquito de normalización. Y cuando se dan cuenta de que fueron guerrilleras, son estigmatizadas, empezando por la misma familia o su pareja. Son cosas que han tenido que vivir y que no ha sido atendidas de manera eficiente, como es el caso de un acompañamiento psicosocial o de un proceso efectivo, que en materia de reincorporación, tal como lo concebimos con enfoque de género, se refiere a que tuvieran en cuenta las particularidades culturales, étnicas, de género u otros”. Este problema, incluso, se expuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en una audiencia sobre el riesgo de los reincorporados y la necesidad de buscar soluciones de seguridad con enfoque de género.

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Varios miembros de la mesa técnica de reunificación, sobre todo de Farc, le han pedido a la ARN la apertura de un programa para quienes desean reencontrarse con sus familias. “Esperamos unos lineamientos o metodologías específicas para la atención de estos casos o el acompañamiento psicosocial, legal o administrativo en relación con trámites para encontrarse con sus familiares. Se necesita un programa que contemple todas estas aristas de la reunificación y atienda a excombatientes de manera personalizada”, agrega una fuente que está en la mesa.

Demasiado tarde

Hasta el momento la mesa técnica ha funcionado a media máquina. Sobre este tema, este diario consultó a la ARN, que responde que hasta octubre de 2019 hubo 24 reuniones “con avances en la propuesta de documento de confidencialidad de los datos, propuesta de formato de recopilación de la información y proyecto de hoja de ruta de atención”.

Si bien este año se han reunido con más frecuencia, aún no se ha esbozado el programa que exigen las excombatientes. La entidad asegura que están trabajando, aunque no especifican cómo. Para el problema del orden penal, manifiesta que “se exploran alternativas de solución” a partir de un documento elaborado en conjunto con el ICBF, que está pendiente de ser concertado con el componente de exintegrantes de las Farc.

Sobre la reunificación de familias, deja claro que “no existe avance en la medida en que se ha priorizado buscar soluciones al escenario de menores. Sin embargo, en la realidad se han dado muchos reencuentros familiares luego de haber culminado el proceso de dejación de armas”. La ARN señala que conjuntamente con Farc se está estructurando la ruta de reunificación familiar para presentar al Consejo Nacional de Reincorporación.

Para Adelaida, estas respuestas son desalentadoras. El tiempo corre y cree que cuando las medidas se reglamenten ya será tarde. Lo dice por experiencia propia. Mientras seguía en su lucha para que Andrés tuviera su apellido, su hijo fue asesinado.

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“La paz nos está costando la vida. Mi hijo está muerto. Me le acabaron la vida a balazos. Y yo pienso tantas cosas que hasta me siento culpable de la muerte de mi hijo. Cuando yo volví a la casa, la gente se empezó a dar cuenta de que yo era su mamá, así que yo pienso si era por hacerme daño a mí”.

El padre de Adelaida les entregó a ambos una finca para que la trabajaran y sacaran provecho con un proyecto productivo: “Mi hijo ya tenía 19. Él me pidió que le ayudara y así los dos trabajábamos la tierra. Me conseguí la semilla de fríjol, la remesa, toda la materia prima. Él ponía la mano de obra. Llevaba veinte días trabajando en la finca cuando nos llegó la amenaza. Me dijeron que no me apareciera por allá porque no querían ver gente firmante del acuerdo. Yo me fui. De todas formas estaba terminando mi homologación del bachillerato. Me alejé para no afectarlo más. Le dije que cualquier cosa me avisara y ahora ya no está conmigo”.

Hoy narra su historia porque no quiere que otras exguerrilleras vivan lo mismo ni que su caso engrose la lista de impunidad de los firmantes del acuerdo de paz asesinados (ya son 225) y sus familiares. Desea, desde su tristeza y solidaridad, que la mayoría encuentre a sus seres amados y que los deseos para realizar juntos, cuando se vuelvan a encontrar, se cumplan.

*Los nombres fueron cambiados por solicitud de la fuente.

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