Santa Lucía: con esperanza y temor

Los años de guerra pusieron una marca sobre Santa Lucía. Se escucha antes de ir allá. Y al estar allí. Los mismos habitantes dicen que “no es un secreto” que vivir en esta vereda ha sido sinónimo de ser guerrillero, o simpatizante, o amigo, o familiar. Sin embargo, al hablar con los líderes de esta comunidad y con los pobladores que han permanecido allí durante décadas se encuentra que ellos —así lo aseguran— no tuvieron otra opción que la de servir a todo el que pasara por aquí y por eso se convirtieron en una de las comunidades más sufridas de Ituango. “Si en alguna parte se sufrió fue aquí, en Santa Lucía”, dice un habitante. Y se infiere al leer un documento de la Alcaldía de 2012 que califica la zona como la más vulnerable de este municipio del norte de Antioquia.

(Vea nuestro especial sobre las zonas veredales)

Esta comunidad está conformada por 54 familias (264 personas). En los últimos meses se ha vuelto popular porque allí está una de las 26 zonas veredales transitorias de normalización. Allá se llega por una vía que serpentea entre un conjunto de montañas que están al pie del Parque Nacional Natural Paramillo, que ocupa el 54,8 % del territorio de Ituango. La distancia entre el casco urbano y el caserío principal de Santa Lucía es de 32 kilómetros, pero el tiempo de viaje, cargado de polvo en verano y de momentos intimidantes por las escasas dimensiones de la vía, es de más de tres horas.

Santa Lucía es como un pueblo diminuto de tres calles. Lo rodean tres cerros y lo atraviesan dos quebradas de aguas cristalinas que nacen en lo alto de las montañas cargadas de vegetación tupida. En un primer momento parece un pequeño paraíso con llanuras, pequeñas montañas, arroyos y cascadas. El caserío está dividido por un camino que continúa hacia los cañones del parque natural, que abarca otras comunidades de Ituango como Santa Ana y La Granja (se estima que los linderos de este parque con esta zonas son de más de 54 kilómetros).

El día que fue arrasada

Los campesinos que habitan este corredor natural, donde el único transporte son las mulas, cuentan que su estigma se debe a que no tuvieron otra opción que servir o prestar sus animales a la guerrilla. “A mí me pasó: la guerrilla me ponía a cargar o me pedía las bestias prestadas (…) y se las llevaban hasta un mes”, cuenta Samuel Villa, un señor de 52 años que ha vivido toda la vida allí. “Uno se sentía marcado, pero lo hacía por obligación”.

Con ese estigma sabían que eran objetivo de los paramilitares. Por eso, el 30 de noviembre a las 10 de la mañana, cuando corrió el rumor de que éstos venían en camino, los hombres huyeron y se escondieron en las montañas más cercanas. La escena parecía calcada de lo que ha ocurrido en otras poblaciones del país donde también han pagado el precio del conflicto armado.

Había razones de peso para el miedo que sentían. Un mes antes, el 31 de octubre, paramilitares habían masacrado siete personas en las veredas El Cedral y Quebrada del Medio, poblados de Ituango. En esto sitios quemaron más de 20 casas.

En las viviendas de Santa Lucía sólo quedaron las mujeres, los niños, el párroco y dos o tres ancianos. A las 4:00 de la tarde llegaron los paramilitares.

—¿¡Dónde están los hombres!? —preguntaron

—¡Trabajando!

Llevaron a las mujeres y a los niños a la escuela y luego a la parroquia. “Aquí no hay sino unas viejas, unos buchichorriados y dos viejos”, habría dicho por radio uno de los miembros de las Auc. “Entonces quemen las casas”, le habrían respondido. Así lo hicieron. Quemaron las humildes viviendas construidas, en su mayoría, con madera. Sólo dejaron en pie la parroquia y parte de la escuela, que también fue alcanzada por las llamas debido a que explotó una pipeta de gas.

Desde las montañas, los hombres observaban cómo el fuego consumía todas sus casas.

Antes de irse, al llegar la noche, los paramilitares, habrían dicho:

—¡Mañana se van de aquí!

Los hombres volvieron y toda la población pasó la noche en la parroquia. Luego se dieron cuenta de que ese día los paramilitares mataron a dos personas en un sitio conocido como Quindío, a unos cinco kilómetros del caserío, homicidios que, según las bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, están registrados como asesinatos selectivos. En Ituango hay un registro de 52 asesinatos de este tipo desde 1981 hasta 2012, lo que lo ubica como el municipio 24 con más casos de estos en el departamento.

Al otro día emprendieron la salida de Santa Lucía. Iniciaron la peregrinación a pie hasta un punto de Quebrada del Medio, el sitio donde podrían tomar un vehículo hasta Ituango, municipio del que, según el Registro Único de Víctimas, salieron desplazadas ese año más de 2.500 personas.

Samuel permaneció en el pueblo con su familia dos meses. Después de este tiempo, él y tres o cuatro personas más decidieron regresar. Estaban dispuestos a comenzar de cero, “después de tener casa, ganado, negocio”. Acosado por nueve hijos menores de edad (el mayor tenía 14 años) prestó un millón de pesos y montó una tienda. Comenzaba así a aliviar en algo las necesidades de su familia, pero se empezaba a ganar otro problema: la restricción para el ingreso de víveres y abarrotes.

Desde 2002, aseguran él y los demás habitantes, se estableció este tipo de restricción y había que reportar ante las autoridades militares el tipo de compras. No podían transportar más de cierta cantidad de mercado, lo cual se agravaba por las distancias que hay en esta zona entre las veredas y el casco urbano. Y era casi un pecado llevar cemento o gasolina. “Pensaban que eso era para cultivar coca”, dice Samuel.

Minas quiebrapatas, una plaga

De otro lado, las Farc restringieron la movilidad: infestaron algunos lotes y caminos con minas antipersonal. Samuel abandonó un terreno y Roberto Echavarría, quien cuenta que los guerrilleros siempre avisaban dónde iban a poner los artefactos para que sacaran el ganado, desocupó un potrero.

La zona se llenó tanto de minas que Samuel dice que están “vivos de chiripa”. Sin embargo, a veces se les olvidaban las advertencias sobre los lugares minados. Un día, un señor —recuerda Roberto— activó una mina con la rama de un árbol. El señor salió ileso. Pero luego sintió temor por una posible represalia si los responsables de poner el artefacto se enteraban de que había sido él quien había echado a perder ese explosivo que debía ser muy costoso. “Eso fue sufrir mucho”, cuenta Roberto.

Los testimonios de estos habitantes están respaldados por las cifras de la Dirección contra Minas. Según los sitios plenamente identificados por esta entidad, esta es la zona de Ituango donde ocurrieron accidentes con minas que más víctimas dejaron: 11, que corresponden a un muerto y 10 lesionados. Todos de la Fuerza Pública.

De las 238 víctimas de minas antipersonal que ha habido en Ituango desde 2001 hasta 2016, 44 murieron, lo que lo convierte en el municipio de Antioquia con más muertes hasta el 31 de diciembre de 2016. Y el séptimo en Colombia con más víctimas fatales.

Bienvenida la paz, pero…

La tensión del conflicto disminuyó luego de que las Farc anunciaran el cese unilateral del fuego y las hostilidades. La relativa tranquilidad se sumó a unos servicios comunitarios que comenzaron a disfrutar apenas desde la segunda década de este siglo. La energía eléctrica y el acueducto llegaron en 2010 (antes, el agua llegaba en improvisadas mangueras) y el camino carreteable hasta el caserío fue construido en 2013.

Santa Lucía parece un poblado renovado. La mayoría de casas son de apariencia moderna, incluso una cancha de microfútbol y un pequeño parque para niños. Las edificaciones más antiguas son la parroquia y la escuela, las únicas que no fueron incendiadas el día que el caserío fue quemado. Pese a las pocas casas, allí hay dos viviendas con servicio de hotel, que incluso tienen servicio de agua caliente, una “bendición” para un lugar donde la temperatura en la madrugada baja hasta los siete grados centígrados.

En la actualidad, los clientes habituales son los conductores y ayudantes de las carros escalera de la empresa Coonorte, que llegan allí todos los días a las 2 de la tarde y 7 de la noche y salen a las 7:30 y 3 de la tarde, horarios que fueron pensados para servir a los estudiantes de bachillerato más avanzados que deben terminar sus estudios en un colegio que queda a media hora de ahí.

Nueve masacres se registraron en Ituango entre 1985 y 2002, que dejaron 55 víctimas. Ocho  fueron cometidas por paramilitares y unas por las Farc.   El caserío parece que se empezó a preparar, en alguna medida, para los cambios que se venían por la instalación del campamento de la zona veredal transitoria de normalización y por los eventuales visitantes que éste podría atraer. Gladis, la esposa de Samuel, cuenta que desde hace tres meses acomodó unas sillas y mesas en el corredor de su casa para vender comida, porque algunas personas llegaban a preguntar por alimentos preparados.

Con la instalación de la zona veredal, en un lote que está ubicado a unos 300 metros del caserío, los habitantes esperan que haya más apoyo del Estado. Mencionan la pavimentación del camino carreteable (la vía es intervenida en la actualidad —ver recuadro—); la construcción de un alcantarillado, porque las aguas negras van a caer a una de las quebradas (en el plan de acción de Ituango está contemplado el mejoramiento de la red de alcantarillado); la construcción de un puesto de salud, y la instalación de una antena de comunicaciones, pues allí no entra señal de celular.

La comunidad ha logrado conectarse con la tecnología gracias a un kiosco digital. En el colegio venden pines a $100 para acceder a un paquete de datos temporal. Por eso es común ver grupos de personas cerca del colegio revisando su celular. Este es el medio más viable para contactar a algún líder comunitario. Un eventual visitante le escribe y espera a que se conecte a internet. Así se comunica permanentemente Héctor Giraldo, concejal de Ituango y quizás el habitante de Santa Lucía más requerido por estos días por visitantes que quieren llegar allí por primera vez.

Es evidente que la vida en esta vereda ha cambiado, que hay un aire de paz. “¿Usted cree, señor, que hace tres años usted podría entrar aquí y yo le podría estar aquí contando esto?”, dice un habitante. Sin embargo, por un lado van los efectos directos del proceso de paz y por otro las demás consecuencias que se desprenden de un lugar que sirve de escenario para terminar un conflicto que configuró la manera de vivir.

En Santa Lucía, como en todo el municipio, las preocupaciones de autoridades y habitantes son similares. Fernando Torres Lopera, presidente del Concejo, dice que es cierto que se acabó el desplazamiento, que el Ejército y la Policía pueden ir a cualquier lugar, que la gente puede hablar con más libertad, que la tierra se ha valorizado, que mucha gente ha regresado, que la construcción ha aumentado, que incluso ha caído el estigma de la vinculación con las Farc. Pero, se pregunta, ¿está preparado el pueblo para enfrentar, por ejemplo, toda la gente que llegará a reclamar tierras, vivienda…? Samuel, entre tanto, se pregunta qué pasará cada día, cada hora, cada minuto en su tienda: “¿De qué vamos a sobrevivir?”.

Atrasos y preocupaciones

Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para lo Paz, aseguró el 18 de enero que las Farc se comprometieron a que todos sus miembros estarán a finales de enero en las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización  y que para entonces el Gobierno tendrá todo listo para recibirlos. Sin embargo, la ubicada en Santa Lucía presenta evidentes retrasos que difícilmente se podrían resolver para esa fecha. Durante una visita de El Espectador en la tercera semana de enero se observó que aún no había comenzado la intervención del campamento donde se deberán concentrar los cerca de 250 miembros del frente 18 de las Farc que estarán allí. Entre tanto, los que habían llegado a la zona se encontraban en los puntos de preagrupamiento de Quebrada del Medio y El Embaretado.

Por otra parte se observaron avances en el lugar donde funcionará la sede de la Comisión Local de Monitoreo y Vigilancia, a unos cinco kilómetros del campamento principal, y en algunos tramos de los 32 kilómetros de vía que llevan desde Ituango hasta Santa Lucía, donde trabajaban miembros del ​Batallón de ingenieros del Ejército Nacional. 

Durante la visita que realizó la Gobernación de Antioquia y la Comisión Tripartita a las zonas de preagrupamiento de las Farc, el 3 de enero de 2016, la comisión expresó preocupación por el atraso en la adecuación de la zona, lo cual, según el informe, “afecta negativamente el proceso, pues los guerrilleros demorarán su permanencia en el punto de preagrupamiento”. En ese entonces, Élmer Arrieta, comandante del Frente 18, expresó que hasta ese momento habían desertado de su punto de preagrupamiento nueve personas. Dijo que los miembros de la guerrilla sienten temor por la presencia de grupos ilegales en zonas que fueron ocupadas por las Farc.

En este punto, Elizabeth Álvarez, secretaria de gobierno de Ituango, le dijo a este diario que hay preocupación de algunas comunidades donde antes había presencias de las Farc. “Hemos tenido quejas (de habitantes) de El Aro y Santa Rita (…) de personas que llegan a identificarse como miembros de un grupo paramilitar”.

Los años de guerra pusieron una marca sobre Santa Lucía. Se escucha antes de ir allá. Y al estar allí. Los mismos habitantes dicen que “no es un secreto” que vivir en esta vereda ha sido sinónimo de ser guerrillero, o simpatizante, o amigo, o familiar. Sin embargo, al hablar con los líderes de esta comunidad y con los pobladores que han permanecido allí durante décadas se encuentra que ellos —así lo aseguran— no tuvieron otra opción que la de servir a todo el que pasara por aquí y por eso se convirtieron en una de las comunidades más sufridas de Ituango. “Si en alguna parte se sufrió fue aquí, en Santa Lucía”, dice un habitante. Y se infiere al leer un documento de la Alcaldía de 2012 que califica la zona como la más vulnerable de este municipio del norte de Antioquia.

(Vea nuestro especial sobre las zonas veredales)

Esta comunidad está conformada por 54 familias (264 personas). En los últimos meses se ha vuelto popular porque allí está una de las 26 zonas veredales transitorias de normalización. Allá se llega por una vía que serpentea entre un conjunto de montañas que están al pie del Parque Nacional Natural Paramillo, que ocupa el 54,8 % del territorio de Ituango. La distancia entre el casco urbano y el caserío principal de Santa Lucía es de 32 kilómetros, pero el tiempo de viaje, cargado de polvo en verano y de momentos intimidantes por las escasas dimensiones de la vía, es de más de tres horas.

Santa Lucía es como un pueblo diminuto de tres calles. Lo rodean tres cerros y lo atraviesan dos quebradas de aguas cristalinas que nacen en lo alto de las montañas cargadas de vegetación tupida. En un primer momento parece un pequeño paraíso con llanuras, pequeñas montañas, arroyos y cascadas. El caserío está dividido por un camino que continúa hacia los cañones del parque natural, que abarca otras comunidades de Ituango como Santa Ana y La Granja (se estima que los linderos de este parque con esta zonas son de más de 54 kilómetros).

El día que fue arrasada

Los campesinos que habitan este corredor natural, donde el único transporte son las mulas, cuentan que su estigma se debe a que no tuvieron otra opción que servir o prestar sus animales a la guerrilla. “A mí me pasó: la guerrilla me ponía a cargar o me pedía las bestias prestadas (…) y se las llevaban hasta un mes”, cuenta Samuel Villa, un señor de 52 años que ha vivido toda la vida allí. “Uno se sentía marcado, pero lo hacía por obligación”.

Con ese estigma sabían que eran objetivo de los paramilitares. Por eso, el 30 de noviembre a las 10 de la mañana, cuando corrió el rumor de que éstos venían en camino, los hombres huyeron y se escondieron en las montañas más cercanas. La escena parecía calcada de lo que ha ocurrido en otras poblaciones del país donde también han pagado el precio del conflicto armado.

Había razones de peso para el miedo que sentían. Un mes antes, el 31 de octubre, paramilitares habían masacrado siete personas en las veredas El Cedral y Quebrada del Medio, poblados de Ituango. En esto sitios quemaron más de 20 casas.

En las viviendas de Santa Lucía sólo quedaron las mujeres, los niños, el párroco y dos o tres ancianos. A las 4:00 de la tarde llegaron los paramilitares.

—¿¡Dónde están los hombres!? —preguntaron

—¡Trabajando!

Llevaron a las mujeres y a los niños a la escuela y luego a la parroquia. “Aquí no hay sino unas viejas, unos buchichorriados y dos viejos”, habría dicho por radio uno de los miembros de las Auc. “Entonces quemen las casas”, le habrían respondido. Así lo hicieron. Quemaron las humildes viviendas construidas, en su mayoría, con madera. Sólo dejaron en pie la parroquia y parte de la escuela, que también fue alcanzada por las llamas debido a que explotó una pipeta de gas.

Desde las montañas, los hombres observaban cómo el fuego consumía todas sus casas.

Antes de irse, al llegar la noche, los paramilitares, habrían dicho:

—¡Mañana se van de aquí!

Los hombres volvieron y toda la población pasó la noche en la parroquia. Luego se dieron cuenta de que ese día los paramilitares mataron a dos personas en un sitio conocido como Quindío, a unos cinco kilómetros del caserío, homicidios que, según las bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, están registrados como asesinatos selectivos. En Ituango hay un registro de 52 asesinatos de este tipo desde 1981 hasta 2012, lo que lo ubica como el municipio 24 con más casos de estos en el departamento.

Al otro día emprendieron la salida de Santa Lucía. Iniciaron la peregrinación a pie hasta un punto de Quebrada del Medio, el sitio donde podrían tomar un vehículo hasta Ituango, municipio del que, según el Registro Único de Víctimas, salieron desplazadas ese año más de 2.500 personas.

Samuel permaneció en el pueblo con su familia dos meses. Después de este tiempo, él y tres o cuatro personas más decidieron regresar. Estaban dispuestos a comenzar de cero, “después de tener casa, ganado, negocio”. Acosado por nueve hijos menores de edad (el mayor tenía 14 años) prestó un millón de pesos y montó una tienda. Comenzaba así a aliviar en algo las necesidades de su familia, pero se empezaba a ganar otro problema: la restricción para el ingreso de víveres y abarrotes.

Desde 2002, aseguran él y los demás habitantes, se estableció este tipo de restricción y había que reportar ante las autoridades militares el tipo de compras. No podían transportar más de cierta cantidad de mercado, lo cual se agravaba por las distancias que hay en esta zona entre las veredas y el casco urbano. Y era casi un pecado llevar cemento o gasolina. “Pensaban que eso era para cultivar coca”, dice Samuel.

Minas quiebrapatas, una plaga

De otro lado, las Farc restringieron la movilidad: infestaron algunos lotes y caminos con minas antipersonal. Samuel abandonó un terreno y Roberto Echavarría, quien cuenta que los guerrilleros siempre avisaban dónde iban a poner los artefactos para que sacaran el ganado, desocupó un potrero.

La zona se llenó tanto de minas que Samuel dice que están “vivos de chiripa”. Sin embargo, a veces se les olvidaban las advertencias sobre los lugares minados. Un día, un señor —recuerda Roberto— activó una mina con la rama de un árbol. El señor salió ileso. Pero luego sintió temor por una posible represalia si los responsables de poner el artefacto se enteraban de que había sido él quien había echado a perder ese explosivo que debía ser muy costoso. “Eso fue sufrir mucho”, cuenta Roberto.

Los testimonios de estos habitantes están respaldados por las cifras de la Dirección contra Minas. Según los sitios plenamente identificados por esta entidad, esta es la zona de Ituango donde ocurrieron accidentes con minas que más víctimas dejaron: 11, que corresponden a un muerto y 10 lesionados. Todos de la Fuerza Pública.

De las 238 víctimas de minas antipersonal que ha habido en Ituango desde 2001 hasta 2016, 44 murieron, lo que lo convierte en el municipio de Antioquia con más muertes hasta el 31 de diciembre de 2016. Y el séptimo en Colombia con más víctimas fatales.

Bienvenida la paz, pero…

La tensión del conflicto disminuyó luego de que las Farc anunciaran el cese unilateral del fuego y las hostilidades. La relativa tranquilidad se sumó a unos servicios comunitarios que comenzaron a disfrutar apenas desde la segunda década de este siglo. La energía eléctrica y el acueducto llegaron en 2010 (antes, el agua llegaba en improvisadas mangueras) y el camino carreteable hasta el caserío fue construido en 2013.

Santa Lucía parece un poblado renovado. La mayoría de casas son de apariencia moderna, incluso una cancha de microfútbol y un pequeño parque para niños. Las edificaciones más antiguas son la parroquia y la escuela, las únicas que no fueron incendiadas el día que el caserío fue quemado. Pese a las pocas casas, allí hay dos viviendas con servicio de hotel, que incluso tienen servicio de agua caliente, una “bendición” para un lugar donde la temperatura en la madrugada baja hasta los siete grados centígrados.

En la actualidad, los clientes habituales son los conductores y ayudantes de las carros escalera de la empresa Coonorte, que llegan allí todos los días a las 2 de la tarde y 7 de la noche y salen a las 7:30 y 3 de la tarde, horarios que fueron pensados para servir a los estudiantes de bachillerato más avanzados que deben terminar sus estudios en un colegio que queda a media hora de ahí.

Nueve masacres se registraron en Ituango entre 1985 y 2002, que dejaron 55 víctimas. Ocho  fueron cometidas por paramilitares y unas por las Farc.   El caserío parece que se empezó a preparar, en alguna medida, para los cambios que se venían por la instalación del campamento de la zona veredal transitoria de normalización y por los eventuales visitantes que éste podría atraer. Gladis, la esposa de Samuel, cuenta que desde hace tres meses acomodó unas sillas y mesas en el corredor de su casa para vender comida, porque algunas personas llegaban a preguntar por alimentos preparados.

Con la instalación de la zona veredal, en un lote que está ubicado a unos 300 metros del caserío, los habitantes esperan que haya más apoyo del Estado. Mencionan la pavimentación del camino carreteable (la vía es intervenida en la actualidad —ver recuadro—); la construcción de un alcantarillado, porque las aguas negras van a caer a una de las quebradas (en el plan de acción de Ituango está contemplado el mejoramiento de la red de alcantarillado); la construcción de un puesto de salud, y la instalación de una antena de comunicaciones, pues allí no entra señal de celular.

La comunidad ha logrado conectarse con la tecnología gracias a un kiosco digital. En el colegio venden pines a $100 para acceder a un paquete de datos temporal. Por eso es común ver grupos de personas cerca del colegio revisando su celular. Este es el medio más viable para contactar a algún líder comunitario. Un eventual visitante le escribe y espera a que se conecte a internet. Así se comunica permanentemente Héctor Giraldo, concejal de Ituango y quizás el habitante de Santa Lucía más requerido por estos días por visitantes que quieren llegar allí por primera vez.

Es evidente que la vida en esta vereda ha cambiado, que hay un aire de paz. “¿Usted cree, señor, que hace tres años usted podría entrar aquí y yo le podría estar aquí contando esto?”, dice un habitante. Sin embargo, por un lado van los efectos directos del proceso de paz y por otro las demás consecuencias que se desprenden de un lugar que sirve de escenario para terminar un conflicto que configuró la manera de vivir.

En Santa Lucía, como en todo el municipio, las preocupaciones de autoridades y habitantes son similares. Fernando Torres Lopera, presidente del Concejo, dice que es cierto que se acabó el desplazamiento, que el Ejército y la Policía pueden ir a cualquier lugar, que la gente puede hablar con más libertad, que la tierra se ha valorizado, que mucha gente ha regresado, que la construcción ha aumentado, que incluso ha caído el estigma de la vinculación con las Farc. Pero, se pregunta, ¿está preparado el pueblo para enfrentar, por ejemplo, toda la gente que llegará a reclamar tierras, vivienda…? Samuel, entre tanto, se pregunta qué pasará cada día, cada hora, cada minuto en su tienda: “¿De qué vamos a sobrevivir?”.

Atrasos y preocupaciones

Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para lo Paz, aseguró el 18 de enero que las Farc se comprometieron a que todos sus miembros estarán a finales de enero en las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización  y que para entonces el Gobierno tendrá todo listo para recibirlos. Sin embargo, la ubicada en Santa Lucía presenta evidentes retrasos que difícilmente se podrían resolver para esa fecha. Durante una visita de El Espectador en la tercera semana de enero se observó que aún no había comenzado la intervención del campamento donde se deberán concentrar los cerca de 250 miembros del frente 18 de las Farc que estarán allí. Entre tanto, los que habían llegado a la zona se encontraban en los puntos de preagrupamiento de Quebrada del Medio y El Embaretado.

Por otra parte se observaron avances en el lugar donde funcionará la sede de la Comisión Local de Monitoreo y Vigilancia, a unos cinco kilómetros del campamento principal, y en algunos tramos de los 32 kilómetros de vía que llevan desde Ituango hasta Santa Lucía, donde trabajaban miembros del ​Batallón de ingenieros del Ejército Nacional. 

Durante la visita que realizó la Gobernación de Antioquia y la Comisión Tripartita a las zonas de preagrupamiento de las Farc, el 3 de enero de 2016, la comisión expresó preocupación por el atraso en la adecuación de la zona, lo cual, según el informe, “afecta negativamente el proceso, pues los guerrilleros demorarán su permanencia en el punto de preagrupamiento”. En ese entonces, Élmer Arrieta, comandante del Frente 18, expresó que hasta ese momento habían desertado de su punto de preagrupamiento nueve personas. Dijo que los miembros de la guerrilla sienten temor por la presencia de grupos ilegales en zonas que fueron ocupadas por las Farc.

En este punto, Elizabeth Álvarez, secretaria de gobierno de Ituango, le dijo a este diario que hay preocupación de algunas comunidades donde antes había presencias de las Farc. “Hemos tenido quejas (de habitantes) de El Aro y Santa Rita (…) de personas que llegan a identificarse como miembros de un grupo paramilitar”.