Señalamientos, persecución, restricciones a la movilidad y afectaciones directas contra líderes y lideresas sociales: esas son algunas de las formas de violencia que hoy amenazan a la población de San José de los Chorros (Santander) y que evidencian la expansión del conflicto en la zona.
Así lo alertó la Corporación Jurídica Yira Castro en un comunicado emitido este 27 de marzo. “Nos preocupa especialmente que, una vez más, la población civil quede atrapada en medio de las confrontaciones (...) Este tipo de dinámicas no solo vulneran derechos fundamentales, también fractura profundamente el tejido social y comunitario”, se lee en el documento.
El deterioro de la situación humanitaria se da en medio de la presencia y movimientos de dos actores armados en la zona que están en una mesa de paz total con el Gobierno del presidente Gustavo Petro: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo.
Este 24 de marzo, la Defensoría del Pueblo señaló que las ACSN habrían ingresado al territorio por el río Lebrija hasta el sector conocido como El Muelle.
“Según los reportes recibidos, presuntos integrantes de esta estructura armada retuvieron y sometieron a actos de tortura y posteriormente dieron muerte a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo”, señaló la entidad. Horas después –agregó – se conoció un segundo homicidio en la zona, que evidencia “un escalamiento alarmante de la violencia” y graves afectaciones a la vida, la integridad y la dignidad humana.
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La Defensoría señaló, además, que algunos habitantes han sido señalados de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo, mientras que presuntos miembros de las ACSN han lanzado intimidaciones y han manifestado su intención de confrontar violentamente a ese grupo, incluso en medio de la población civil, “advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.
Esa es la muestra cruda de una lógica que se repite en distintos escenarios de la guerra: los grupos armados dejan en el centro de sus confrontaciones a las comunidades, las acusan de pertenecer a uno u otro bando y las “castigan” con amenazas y violencia.
Ante ese panorama, la Corporación Jurídica Yira Castro advirtió que los efectos a se están extendiendo a otras comunidades cercanas, que enfrentan riesgos reales para su vida, integridad y permanencia en el territorio. Según la organización, “estas dinámicas han generado un clima de temor e incertidumbre” que trasciende los límites del lugar de los hechos y alcanza a poblaciones vecinas.
En territorios cercanos a escenarios de confrontación armada, como la vereda La Ceiba, esto se traduce en un aumento concreto del riesgo.
“Las comunidades pueden ser objeto de amenazas, control armado y territorial, restricciones en su movilidad y un mayor nivel de vigilancia y presión por parte de grupos armados. La proximidad territorial no puede traducirse en abandono ni en limitaciones para el ejercicio de derechos”, escribió la organización.
Las exigencias una respuesta estatal
La corporación hace un llamado a que “se garanticen plenamente los deberes del Estado en el territorio, evitando que las condiciones de violencia se conviertan en un obstáculo para la presencia institucional, el acceso a derechos y la atención a las comunidades”.
Además, advierte que la reiteración de estos hechos –incluso en zonas donde ya existían alertas tempranas– “evidencia la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora y la urgencia de una respuesta estatal efectiva, sostenida y con enfoque territorial”.
En efecto, la Defensoría ya había emitido la Alerta Temprana (AT) 016 de 2025 para San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de los Chorros y La Tigra, corregimientos del municipio de Rionegro, en el departamento de Santander.
Según indicó esa entidad en noviembre de 2025, la amenaza a ese territorio responde a dos factores que ya se evidencian. El primero, el interés del Clan del Golfo de expandirse para “consolidar desde el sur de Bolívar y Puerto Wilches su control sobre el narcotráfico y la extorsión, reactivando corredores que fueron dominados por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia”.
El segundo, “la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) desde el sur del Cesar, que desafía la hegemonía del EGC y genera una alta probabilidad de confrontación armada en medio de la población civil”. La Defensoría añadió entonces que a este escenario se suma la preocupación por una eventual presencia del ELN en labores de vigilancia.
En medio de los recientes hechos de violencia, la entidad pidió a la Alcaldía de Rionegro, a la Gobernación de Santander y al Gobierno nacional que implementen medidas urgentes para proteger a la comunidad.
Por su parte, la Corporación Jurídica Yira Castro reiteró su llamado al Estado e instó también “a las autoridades a adoptar medidas inmediatas, integrales y sostenidas que garanticen la protección efectiva de las comunidades y prevengan la repetición de estos hechos”, tanto en el lugar de las confrontaciones como en las zonas aledañas.
Aquí puede ver el comunicado completo:
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