“Se necesita pasar a la implementación del acuerdo”: Jaramillo

El limbo institucional en el que quedó el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc luego de la derrota del plebiscito, el pasado 2 de octubre, no aguanta más. Los tiempos políticos dictan que antes de finalizar el año, es decir, en 41 días, el nuevo acuerdo debe pasar a la fase de implementación o corre el enorme riesgo de morir antes de nacer. De un lado está la imposibilidad de mantener más tiempo un cese al fuego bilateral sin verificación, como lo probó el episodio de esta semana en el sur de Bolívar, donde dos guerrilleros murieron a manos del Ejército. Del otro, la salida del secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, más la campaña electoral en Colombia, le imponen mucha presión a una desgastada mesa de diálogos de más de cuatro años de trabajo.

Y eso lo tiene bien claro el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien en diálogo con El Espectador resumió así el momento que vivimos: “Esto no da más. En La Habana se hizo el máximo esfuerzo humano, quedamos todos muertos. Ahora hay que pasar a la implementación. Los tiempos están muy apretados: el equipo de Ban Ki-moon que nos ha acompañado se va de Naciones Unidas a final del año, pero sobre todo, la gente está cansada y el cese es inestable. No nos digamos mentiras: tres muertos más y se puede ir al piso el proceso”. Por eso, la reunión de mañana entre los delegados del Gobierno y representantes del No es definitiva. Se necesita unidad para enfrentar lo que viene.

Y este respaldo de los sectores del No es importante en tanto aún se requiere resolver un nuevo mecanismo de refrendación de lo acordado. No quiere decir esto que se vaya a iniciar una nueva ronda de renegociación: “El acuerdo está cerrado, pero la implementación está abierta. Ahí seguirá la discusión, porque todo está por hacer, con todas las voces. La paz hay que armarla entre todos, ojalá se metan los del No”, puntualiza Jaramillo, quien considera que en La Habana se dio respuesta al 90 % de las preocupaciones que la oposición planteó en las reuniones que por cinco días sostuvieron en Bogotá y de las que salieron más de 450 propuestas de modificaciones al viejo acuerdo de paz.

Entonces la pregunta clave aquí es cómo se refrendará el acuerdo. Y aunque hoy se ve un camino, el del Congreso, se estudian varias opciones. Se habla de un nuevo plebiscito, de una votación en los 1.100 concejos municipales del país, de una consulta popular, de cabildos abiertos, de una encuesta deliberativa o de un referendo. Todas ideas que no pueden responder la premura del tiempo o las asperezas del debate político. De tal forma que sólo un proyecto de ley aprobatorio del acuerdo final en el Legislativo, que tardaría entre cuatro y seis semanas, se ajusta a la realidad del país posplebiscito.

Jaramillo no se atreve a decirlo así, pues el debate político lo hace inconveniente. “Con las Farc acordamos explorar las distintas opciones de refrendación, oyendo a los diferentes sectores para saber cuál es el mejor mecanismo. Es razonable decir que si hubo un plebiscito para el primer acuerdo, debería haber otro. Pero también es cierto que ese mecanismo nos llevó a una excesiva polarización del país y que mucha gente no se vio reflejada en el resultado: su opinión no era un simple sí o no. Se requiere más deliberación. Estamos buscando el mejor camino”, refiere para no generar suspicacias. Y es que la refrendación del acuerdo es lo que da paso a la implementación y ésta exige unas reformas legislativas que no se pueden dar al calor de la contienda electoral para la Presidencia y el Congreso de 2018.

“Los tiempos de la implementación también son muy apretados. Solo contamos con la atención del Congreso en el primer semestre del año entrante. Luego todo el mundo se va a hacer campaña”, agrega el comisionado. La última legislatura, que va de julio de 2017 a julio de 2018, es el tiempo en que los congresistas velan únicamente por su reelección o apuesta política, por lo que la bancada de Gobierno sale en desbandada teniendo en cuenta la incertidumbre del próximo jefe de Estado. Y ahí aparece un elemento adicional. La implementación requiere irreductiblemente que opere la denominada “vía rápida”. Es decir, las reformas sólo se podrían hacer mediante procesos legislativos abreviados, y la “papa caliente” de eso lo tiene la Corte Constitucional, que desde hace varias semanas prepara un fallo sobre el Acto Legislativo para la Paz, donde se consignó dicha fórmula y que no entró en vigencia ante la ausencia de refrendación ciudadana.

Así pues, volvemos al principio del problema: “La misma realidad nos está imponiendo límites. Una guerrilla no aguanta mucho tiempo la incertidumbre que están viviendo las Farc. Se corren enormes riesgos de que el proceso se nos vaya como agua por entre las manos”. explica Jaramillo. Y añade: “El episodio del sur de Bolívar es una alerta roja sobre la necesidad de pasar ya a la implementación del acuerdo. Necesitamos que las Farc entren a las zonas veredales de concentración y empiece a funcionar el monitoreo y verificación. Las famosas 297 páginas son en parte tantas porque incluyen 80 páginas de protocolos sobre el cese al fuego y las hostilidades”.

Y es que los incidentes militares a estas alturas de la negociación pueden romper con los esfuerzos hechos por la paz. “Estamos en una situación necesariamente inestable. Las Farc estaban moviéndose a las zonas veredales, pero el resultado del plebiscito paralizó todo. Armamos una solución transitoria, que es el preagrupamiento. Pero eso dista mucho de lo que dice el acuerdo: que entran a unas zonas perfectamente definidas y se cumplen unas reglas muy detalladas de cese al fuego –tanto para la guerrilla como para la Fuerza Pública– que serán verificadas in situ por la Misión Especial, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Misión no se ha desplegado en todo el territorio, a la espera de que las Farc entren a las zonas, donde tendrán su propia infraestructura de apoyo. Evidentemente, no es posible hacer la verificación de los puntos de agrupamiento como se haría de las zonas”, expresa.

En este caso particular, y otro incidente más en Tumaco, ya el Mecanismo Tripartito de Verificación y Monitoreo del cese del fuego y hostilidades –del que hacen parte el Gobierno, las Farc y la ONU– tendrá que tomar cartas y adelantar una investigación sobre lo ocurrido. Las Fuerzas Militares sostienen que los tres guerrilleros estaban extorsionando y amedrentando a la población, razón por la cual se enfrentaron en un combate en el que resultaron dos muertos y un desmovilizado. Por su parte, las Farc tienen otra información: que los tres insurgentes iban camino al punto de preconcentración, que iban con armas cortas, que no hubo combate sino que un francotirador los atacó sin mediar requerimiento alguno. El asunto es el primer reto para la misión política de la ONU que coordina el mecanismo de verificación.

En este contexto, la reunión de este lunes entre voceros del No, encabezados por el expresidente Uribe, y los plenipotenciarios del Gobierno es el primer paso de una carrera contrarreloj para poner en marcha el acuerdo final de paz antes de que entren en acción las indomables fuerzas de la política nacional e internacional. También lo tiene claro el comisionado de Paz, pero siente que renegociaron honradamente con las Farc las modificaciones al texto final. “Primero estuvimos cinco días trabajando con los del No, que fueron muy intensos. En esas reuniones el expresidente Álvaro Uribe dijo algo muy importante: los del No vamos a darles opciones. Llevamos esas opciones para modificar y ajustar ciertos elementos del Acuerdo. Negociamos día y noche con las Farc cada una de esas propuestas. Fueron nueve días muy intensos”.

También siente que las Farc asumieron el reto con madurez. “Casi todas las grandes preocupaciones del No encuentran respuesta en el nuevo Acuerdo: no se está desinstitucionalizando el país, no se está poniendo en riesgo la propiedad privada, se aclararon las reglas para las sanciones, las Farc van a reparar a sus víctimas con sus bienes, se deberá asegurar la sostenibilidad fiscal, etc., etc. Y al tiempo aseguramos que las reformas que son la base de una paz estable y duradera se mantienen intactas”, sostiene.

En este sentido, para el Gobierno es claro que se han brindado garantías suficientes para que este nuevo acuerdo de paz reciba un respaldo mucho más amplio que el anterior. Pero también que no va a haber unanimidad y que para la implementación del acuerdo ha comenzado la cuenta regresiva. “Los resultados del plebiscito le dieron la razón al proceso de paz: mostraron que en el centro de Colombia, de donde el conflicto se salió hace rato y se vive una cierta prosperidad, ganó el No, mientras que en la periferia, que lo sigue viviendo y que sigue sumida en la pobreza (piense en el Pacífico o en el Putumayo), ganó el Sí. Siempre hemos dicho que este proceso no consiste solo en que las Farc dejen las armas, sino en integrar el país y reducir los desequilibrios regionales. El plebiscito nos mostró que estamos rotos por dentro”, argumenta.

Aún así, los voceros del No ya han anticipado su desacuerdo. Unos más prudentes que otros han dicho que persisten vacíos en los aspectos de justicia y elegibilidad política. Los temas son tan difíciles de negociar para el Gobierno con las Farc como con los del No. “Obviamente lo más difícil fue el debate sobre sanciones y participación política. La discusión sobre elegibilidad política fue particularmente difícil, porque es el tema que justifica un proceso de paz. En la reunión con los del No, les dije: ‘Este es un proceso de paz. No existe ningún proceso con una guerrilla en la historia que no haya llevado a su participación en política’. Esa es la estructura del ‘negocio’: dejación de las armas a cambio de garantías de participación política y de seguridad”, continúa.

Ante esta situación se decidió dejar en manos de los magistrados que integren la Jurisdicción de Justicia Especial de Paz el asunto de quiénes puedan o no participar en política. “Ellos, en su criterio, decidirán si la participación política es compatible o no con el cumplimiento de las sanciones”, concluye Jaramillo. Esta y una serie de detalles, como por ejemplo qué ocurrirá con los guerrilleros procesados como responsables de graves crímenes durante el tiempo que transcurra en ser sancionados, tendrá que ser definido por los magistrados.

El trabajo para echar a andar el andamiaje de la Jurisdicción de Paz y los mecanismos de verdad y reparación de las víctimas será titánico. Y no son pocos los juristas y magistrados interesados en que esta nueva plaza se abra y además incluya al resto de instancias de la justicia ordinaria. En parte, eso explica que en el nuevo acuerdo de paz los espacios de sincronía con las cortes son evidentes. Y ellos tienen ahora la última palabra sobre el único eje que el Gobierno no tiene bajo control: la decisión de la Corte Constitucional acerca de la demanda del Acto Legislativo para la Paz. El tema puntual es el artículo de su vigencia que se circunscribió al resultado del plebiscito, pero si se cayera, la “vía rápida” en el Congreso y las facultades extraordinarias del presidente serían suficientes para darle vida al Acuerdo Final de Paz.

Según se rumora, este fallo debe darse en las próximas dos semana y coincidiría con el viaje del presidente Santos a Noruega para recibir, el próximo 10 de diciembre, el Premio Nobel de Paz. Y aunque para ese día es difícil que el jefe de Estado pueda llegar a Oslo con el acuerdo refrendado, es muy posible que lleve firmado el nuevo acuerdo de paz. No desaprovechará esta tarima para decirle al mundo que el conflicto colombiano ha terminado definitivamente. Por eso, es probable que en los próximos días veamos que la mesa de diálogos de La Habana ha cerrado las puertas y se firme en una sencilla pero simbólica ceremonia entre Santos y Timochenko el nuevo acuerdo de paz.

Ya no hay más tiempo ni oxígeno para que el proyecto político de la vida del presidente Juan Manuel Santos sobreviva en la incertidumbre institucional, al calor de una campaña política y un recambio en los aliados internacionales más importantes del proceso de paz.

El limbo institucional en el que quedó el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc luego de la derrota del plebiscito, el pasado 2 de octubre, no aguanta más. Los tiempos políticos dictan que antes de finalizar el año, es decir, en 41 días, el nuevo acuerdo debe pasar a la fase de implementación o corre el enorme riesgo de morir antes de nacer. De un lado está la imposibilidad de mantener más tiempo un cese al fuego bilateral sin verificación, como lo probó el episodio de esta semana en el sur de Bolívar, donde dos guerrilleros murieron a manos del Ejército. Del otro, la salida del secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, más la campaña electoral en Colombia, le imponen mucha presión a una desgastada mesa de diálogos de más de cuatro años de trabajo.

Y eso lo tiene bien claro el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, quien en diálogo con El Espectador resumió así el momento que vivimos: “Esto no da más. En La Habana se hizo el máximo esfuerzo humano, quedamos todos muertos. Ahora hay que pasar a la implementación. Los tiempos están muy apretados: el equipo de Ban Ki-moon que nos ha acompañado se va de Naciones Unidas a final del año, pero sobre todo, la gente está cansada y el cese es inestable. No nos digamos mentiras: tres muertos más y se puede ir al piso el proceso”. Por eso, la reunión de mañana entre los delegados del Gobierno y representantes del No es definitiva. Se necesita unidad para enfrentar lo que viene.

Y este respaldo de los sectores del No es importante en tanto aún se requiere resolver un nuevo mecanismo de refrendación de lo acordado. No quiere decir esto que se vaya a iniciar una nueva ronda de renegociación: “El acuerdo está cerrado, pero la implementación está abierta. Ahí seguirá la discusión, porque todo está por hacer, con todas las voces. La paz hay que armarla entre todos, ojalá se metan los del No”, puntualiza Jaramillo, quien considera que en La Habana se dio respuesta al 90 % de las preocupaciones que la oposición planteó en las reuniones que por cinco días sostuvieron en Bogotá y de las que salieron más de 450 propuestas de modificaciones al viejo acuerdo de paz.

Entonces la pregunta clave aquí es cómo se refrendará el acuerdo. Y aunque hoy se ve un camino, el del Congreso, se estudian varias opciones. Se habla de un nuevo plebiscito, de una votación en los 1.100 concejos municipales del país, de una consulta popular, de cabildos abiertos, de una encuesta deliberativa o de un referendo. Todas ideas que no pueden responder la premura del tiempo o las asperezas del debate político. De tal forma que sólo un proyecto de ley aprobatorio del acuerdo final en el Legislativo, que tardaría entre cuatro y seis semanas, se ajusta a la realidad del país posplebiscito.

Jaramillo no se atreve a decirlo así, pues el debate político lo hace inconveniente. “Con las Farc acordamos explorar las distintas opciones de refrendación, oyendo a los diferentes sectores para saber cuál es el mejor mecanismo. Es razonable decir que si hubo un plebiscito para el primer acuerdo, debería haber otro. Pero también es cierto que ese mecanismo nos llevó a una excesiva polarización del país y que mucha gente no se vio reflejada en el resultado: su opinión no era un simple sí o no. Se requiere más deliberación. Estamos buscando el mejor camino”, refiere para no generar suspicacias. Y es que la refrendación del acuerdo es lo que da paso a la implementación y ésta exige unas reformas legislativas que no se pueden dar al calor de la contienda electoral para la Presidencia y el Congreso de 2018.

“Los tiempos de la implementación también son muy apretados. Solo contamos con la atención del Congreso en el primer semestre del año entrante. Luego todo el mundo se va a hacer campaña”, agrega el comisionado. La última legislatura, que va de julio de 2017 a julio de 2018, es el tiempo en que los congresistas velan únicamente por su reelección o apuesta política, por lo que la bancada de Gobierno sale en desbandada teniendo en cuenta la incertidumbre del próximo jefe de Estado. Y ahí aparece un elemento adicional. La implementación requiere irreductiblemente que opere la denominada “vía rápida”. Es decir, las reformas sólo se podrían hacer mediante procesos legislativos abreviados, y la “papa caliente” de eso lo tiene la Corte Constitucional, que desde hace varias semanas prepara un fallo sobre el Acto Legislativo para la Paz, donde se consignó dicha fórmula y que no entró en vigencia ante la ausencia de refrendación ciudadana.

Así pues, volvemos al principio del problema: “La misma realidad nos está imponiendo límites. Una guerrilla no aguanta mucho tiempo la incertidumbre que están viviendo las Farc. Se corren enormes riesgos de que el proceso se nos vaya como agua por entre las manos”. explica Jaramillo. Y añade: “El episodio del sur de Bolívar es una alerta roja sobre la necesidad de pasar ya a la implementación del acuerdo. Necesitamos que las Farc entren a las zonas veredales de concentración y empiece a funcionar el monitoreo y verificación. Las famosas 297 páginas son en parte tantas porque incluyen 80 páginas de protocolos sobre el cese al fuego y las hostilidades”.

Y es que los incidentes militares a estas alturas de la negociación pueden romper con los esfuerzos hechos por la paz. “Estamos en una situación necesariamente inestable. Las Farc estaban moviéndose a las zonas veredales, pero el resultado del plebiscito paralizó todo. Armamos una solución transitoria, que es el preagrupamiento. Pero eso dista mucho de lo que dice el acuerdo: que entran a unas zonas perfectamente definidas y se cumplen unas reglas muy detalladas de cese al fuego –tanto para la guerrilla como para la Fuerza Pública– que serán verificadas in situ por la Misión Especial, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Misión no se ha desplegado en todo el territorio, a la espera de que las Farc entren a las zonas, donde tendrán su propia infraestructura de apoyo. Evidentemente, no es posible hacer la verificación de los puntos de agrupamiento como se haría de las zonas”, expresa.

En este caso particular, y otro incidente más en Tumaco, ya el Mecanismo Tripartito de Verificación y Monitoreo del cese del fuego y hostilidades –del que hacen parte el Gobierno, las Farc y la ONU– tendrá que tomar cartas y adelantar una investigación sobre lo ocurrido. Las Fuerzas Militares sostienen que los tres guerrilleros estaban extorsionando y amedrentando a la población, razón por la cual se enfrentaron en un combate en el que resultaron dos muertos y un desmovilizado. Por su parte, las Farc tienen otra información: que los tres insurgentes iban camino al punto de preconcentración, que iban con armas cortas, que no hubo combate sino que un francotirador los atacó sin mediar requerimiento alguno. El asunto es el primer reto para la misión política de la ONU que coordina el mecanismo de verificación.

En este contexto, la reunión de este lunes entre voceros del No, encabezados por el expresidente Uribe, y los plenipotenciarios del Gobierno es el primer paso de una carrera contrarreloj para poner en marcha el acuerdo final de paz antes de que entren en acción las indomables fuerzas de la política nacional e internacional. También lo tiene claro el comisionado de Paz, pero siente que renegociaron honradamente con las Farc las modificaciones al texto final. “Primero estuvimos cinco días trabajando con los del No, que fueron muy intensos. En esas reuniones el expresidente Álvaro Uribe dijo algo muy importante: los del No vamos a darles opciones. Llevamos esas opciones para modificar y ajustar ciertos elementos del Acuerdo. Negociamos día y noche con las Farc cada una de esas propuestas. Fueron nueve días muy intensos”.

También siente que las Farc asumieron el reto con madurez. “Casi todas las grandes preocupaciones del No encuentran respuesta en el nuevo Acuerdo: no se está desinstitucionalizando el país, no se está poniendo en riesgo la propiedad privada, se aclararon las reglas para las sanciones, las Farc van a reparar a sus víctimas con sus bienes, se deberá asegurar la sostenibilidad fiscal, etc., etc. Y al tiempo aseguramos que las reformas que son la base de una paz estable y duradera se mantienen intactas”, sostiene.

En este sentido, para el Gobierno es claro que se han brindado garantías suficientes para que este nuevo acuerdo de paz reciba un respaldo mucho más amplio que el anterior. Pero también que no va a haber unanimidad y que para la implementación del acuerdo ha comenzado la cuenta regresiva. “Los resultados del plebiscito le dieron la razón al proceso de paz: mostraron que en el centro de Colombia, de donde el conflicto se salió hace rato y se vive una cierta prosperidad, ganó el No, mientras que en la periferia, que lo sigue viviendo y que sigue sumida en la pobreza (piense en el Pacífico o en el Putumayo), ganó el Sí. Siempre hemos dicho que este proceso no consiste solo en que las Farc dejen las armas, sino en integrar el país y reducir los desequilibrios regionales. El plebiscito nos mostró que estamos rotos por dentro”, argumenta.

Aún así, los voceros del No ya han anticipado su desacuerdo. Unos más prudentes que otros han dicho que persisten vacíos en los aspectos de justicia y elegibilidad política. Los temas son tan difíciles de negociar para el Gobierno con las Farc como con los del No. “Obviamente lo más difícil fue el debate sobre sanciones y participación política. La discusión sobre elegibilidad política fue particularmente difícil, porque es el tema que justifica un proceso de paz. En la reunión con los del No, les dije: ‘Este es un proceso de paz. No existe ningún proceso con una guerrilla en la historia que no haya llevado a su participación en política’. Esa es la estructura del ‘negocio’: dejación de las armas a cambio de garantías de participación política y de seguridad”, continúa.

Ante esta situación se decidió dejar en manos de los magistrados que integren la Jurisdicción de Justicia Especial de Paz el asunto de quiénes puedan o no participar en política. “Ellos, en su criterio, decidirán si la participación política es compatible o no con el cumplimiento de las sanciones”, concluye Jaramillo. Esta y una serie de detalles, como por ejemplo qué ocurrirá con los guerrilleros procesados como responsables de graves crímenes durante el tiempo que transcurra en ser sancionados, tendrá que ser definido por los magistrados.

El trabajo para echar a andar el andamiaje de la Jurisdicción de Paz y los mecanismos de verdad y reparación de las víctimas será titánico. Y no son pocos los juristas y magistrados interesados en que esta nueva plaza se abra y además incluya al resto de instancias de la justicia ordinaria. En parte, eso explica que en el nuevo acuerdo de paz los espacios de sincronía con las cortes son evidentes. Y ellos tienen ahora la última palabra sobre el único eje que el Gobierno no tiene bajo control: la decisión de la Corte Constitucional acerca de la demanda del Acto Legislativo para la Paz. El tema puntual es el artículo de su vigencia que se circunscribió al resultado del plebiscito, pero si se cayera, la “vía rápida” en el Congreso y las facultades extraordinarias del presidente serían suficientes para darle vida al Acuerdo Final de Paz.

Según se rumora, este fallo debe darse en las próximas dos semana y coincidiría con el viaje del presidente Santos a Noruega para recibir, el próximo 10 de diciembre, el Premio Nobel de Paz. Y aunque para ese día es difícil que el jefe de Estado pueda llegar a Oslo con el acuerdo refrendado, es muy posible que lleve firmado el nuevo acuerdo de paz. No desaprovechará esta tarima para decirle al mundo que el conflicto colombiano ha terminado definitivamente. Por eso, es probable que en los próximos días veamos que la mesa de diálogos de La Habana ha cerrado las puertas y se firme en una sencilla pero simbólica ceremonia entre Santos y Timochenko el nuevo acuerdo de paz.

Ya no hay más tiempo ni oxígeno para que el proyecto político de la vida del presidente Juan Manuel Santos sobreviva en la incertidumbre institucional, al calor de una campaña política y un recambio en los aliados internacionales más importantes del proceso de paz.