Solicitudes de protección se duplicaron

El miércoles 21 de diciembre, a la oficina del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora, llegó Carlos Lozano, uno de los militantes más reconocidos del Partido Comunista Colombiano. Lo acompañaba un grupo de simpatizantes de la Unión Patriótica, quienes por más de hora y media sostuvieron una reunión con Mora.

La escena reflejaba la situación que vive el país. Mientras, por un lado, los movimientos y líderes de izquierda se preparan para el desarme de la guerrilla de las Farc, el fantasma paramilitar sigue amenazando a los líderes sociales de las regiones más apartadas del país.

Lea también: Comunidad internacional alerta sobre asesinatos a líderes sociales 

El ambiente está enrarecido y no es para menos. En 2016 fueron asesinados 94 líderes sociales y, según el director de la UNP, las amenazas se incrementaron significativamente: en 2015 la Unidad recibió 20 mil solicitudes de protección, mientras que este año la cifra ascendió a 40 mil.

El desafío no solo es proteger a los excombatientes de las Farc que se reintegren a la vida civil, sino también a los defensores de derechos humanos que piden ser protagonistas de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito por Gobierno y Farc en La Habana.

¿Cuál es el balance de amenazas en Colombia en el año 2016?

Este año aumentaron significativamente las amenazas y agresiones en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos. En 2015 recibimos solo 20 mil solicitudes de protección, mientras que entre enero y noviembre 30 de 2016, llevamos 40 mil.

¿Cuántos esquemas de seguridad tienen los líderes sociales en Colombia?

La cifra exacta no la tengo, pero es alrededor de 1.100 o 1.200 poblaciones vulnerables.

¿Cuánto del presupuesto de la UNP se destina a la protección de los líderes sociales?

El presupuesto de la Unidad Nacional de Protección fue de más o menos $460 mil millones en 2016. Ya este año, del total del presupuesto solo el 19 % es destinado a la protección de funcionarios públicos que pertenecen a entidades que no tienen recursos para brindarles un esquema, como alcaldes de municipios apartados, concejales, diputados, defensores y personeros que están siendo amenazados en el territorio. Eso hace que el 81 % de los recursos estén destinados a la protección de toda la otra población, de la cual el 68 % equivale a líderes defensores de derechos, reclamantes de tierras, miembros de Juntas de Acción Comunal. La otra parte tiene que ver con sindicalistas, periodistas y otro tipo de poblaciones. Cada vez serán más los recursos que se utilicen para las poblaciones vulnerables.

¿Y frente a las amenazas y atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos qué está haciendo la Unidad?

En ese tema hay que puntualizar varias cosas. De los líderes sociales que desafortunadamente han sido objeto de atentados o han sido asesinados, ninguno había hecho una solicitud formal de protección. En segundo lugar, la unidad ha venido trabajando con organizaciones sociales para revisar casos especiales, priorizar temas y reforzar esquemas. Todo de acuerdo con unos mapas de riesgo que tenemos elaborados junto con la Policía, el Ministerio de Defensa, el del Interior, la Defensoría del Pueblo y la ONU, de unas zonas que vienen siendo afectadas. Este año se creó la Mesa de Seguimiento Permanente Contra Agresiones de Defensores de Derechos Humanos, en cabeza del ministro del Interior, que por orden presidencial se reúne todos los miércoles para revisar los casos.

¿Cuáles son los primeros resultados de esa mesa?

Es una situación bastante compleja, hay zonas que son preocupantes. El norte del Cauca, el Pacífico de Nariño, zonas de Putumayo, Chocó, Antioquia, sur de Cesar, Bolívar y Catatumbo. Pero estamos alerta para actuar de acuerdo con las necesidades.

¿Qué lectura se ha hecho sobre las razones de fondo de esa situación?

La información que tenemos a partir de investigaciones de la Policía y la Fiscalía es que se trata de dinámicas que se están presentando en territorios determinados y en cada uno las causas son particulares: minería ilegal o cultivos ilícitos. Evidentemente todo tiene que ver también con el cambio que están sufriendo estas regiones, precisamente porque las Farc se están retirando y comienza a haber reacomodos y luchas de bandas criminales para tratar de tomar control sobre negocios ilícitos.

¿Cuál es el balance de la implementación de esquemas de seguridad para los líderes de las Farc?

Por parte de la Unidad Nacional de Protección no tenemos esquemas propiamente conformados para las personas de la guerrilla que se están reincorporando, sean del secretariado o miembros de las Farc. En este momento la protección de ellos es responsabilidad de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), que es una división de la Policía Nacional creada para la protección de los mecanismos de verificación y de las zonas veredales. Nosotros apoyamos esos esquemas con medios logísticos pero la conformación y el funcionamiento están a cargo de ellos. Lo que ha venido haciendo la Unidad durante las últimas semanas ha sido comenzar a trabajar en la implementación de los acuerdos que establecen que se debe crear un programa especial de protección, una subdirección dentro de la UNP para la protección de los reincorporados de las Farc, así como para todos los que hagan parte del partido político que se llegase a crear, sus familias, las sedes, etc. Estamos en los desarrollos legales que se requieren y en la estructuración del programa en sí.

¿El trabajo de la Unipep va hasta que se terminen las zonas veredales?

La Unipep tiene una responsabilidad en lo que tiene que ver con las zonas veredales. Cuando comience a funcionar el sistema de protección a cargo de la Unidad, nosotros iremos asumiendo esquemas que en este momento tienen ellos y eso creemos debe ser en el corto plazo. En las próximas semanas ya debemos comenzar a ir asumiendo algunos esquemas y al final del día D+180 casi que todos serán de nosotros.

¿Y esa subdirección que se creará para ese caso qué función tendrá?

Se va a encargar exclusivamente de la protección de esta población que son los reincorporados de las Farc, los que hagan parte del partido político, sus familias. Será muy operativa y su objetivo es salvaguardar sus vidas e integridad.

¿Han evaluado la posibilidad de tener mejor tecnología para poder cumplir esta titánica labor?

Uno de los trabajos de la mesa técnica es precisamente evaluar todas las posibles herramientas tecnológicas que sean necesarias para tener esquemas de protección que sean robustos y efectivos.

¿Cree que el gasto en el tema de protección va a bajar o aumentar en el mediano plazo?

En el corto plazo creo que aumenta significativamente, hay demasiados riesgos, amenazas, una polarización compleja en muchas regiones y eso es un reto que tenemos. En el mediano y largo plazo se espera una reducción sustancial del gasto, porque en la medida en que todos transitemos hacia un país en paz, con menos intolerancia, evidentemente se hace menos necesario tener esquemas de protección.

El miércoles 21 de diciembre, a la oficina del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora, llegó Carlos Lozano, uno de los militantes más reconocidos del Partido Comunista Colombiano. Lo acompañaba un grupo de simpatizantes de la Unión Patriótica, quienes por más de hora y media sostuvieron una reunión con Mora.

La escena reflejaba la situación que vive el país. Mientras, por un lado, los movimientos y líderes de izquierda se preparan para el desarme de la guerrilla de las Farc, el fantasma paramilitar sigue amenazando a los líderes sociales de las regiones más apartadas del país.

Lea también: Comunidad internacional alerta sobre asesinatos a líderes sociales 

El ambiente está enrarecido y no es para menos. En 2016 fueron asesinados 94 líderes sociales y, según el director de la UNP, las amenazas se incrementaron significativamente: en 2015 la Unidad recibió 20 mil solicitudes de protección, mientras que este año la cifra ascendió a 40 mil.

El desafío no solo es proteger a los excombatientes de las Farc que se reintegren a la vida civil, sino también a los defensores de derechos humanos que piden ser protagonistas de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito por Gobierno y Farc en La Habana.

¿Cuál es el balance de amenazas en Colombia en el año 2016?

Este año aumentaron significativamente las amenazas y agresiones en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos. En 2015 recibimos solo 20 mil solicitudes de protección, mientras que entre enero y noviembre 30 de 2016, llevamos 40 mil.

¿Cuántos esquemas de seguridad tienen los líderes sociales en Colombia?

La cifra exacta no la tengo, pero es alrededor de 1.100 o 1.200 poblaciones vulnerables.

¿Cuánto del presupuesto de la UNP se destina a la protección de los líderes sociales?

El presupuesto de la Unidad Nacional de Protección fue de más o menos $460 mil millones en 2016. Ya este año, del total del presupuesto solo el 19 % es destinado a la protección de funcionarios públicos que pertenecen a entidades que no tienen recursos para brindarles un esquema, como alcaldes de municipios apartados, concejales, diputados, defensores y personeros que están siendo amenazados en el territorio. Eso hace que el 81 % de los recursos estén destinados a la protección de toda la otra población, de la cual el 68 % equivale a líderes defensores de derechos, reclamantes de tierras, miembros de Juntas de Acción Comunal. La otra parte tiene que ver con sindicalistas, periodistas y otro tipo de poblaciones. Cada vez serán más los recursos que se utilicen para las poblaciones vulnerables.

¿Y frente a las amenazas y atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos qué está haciendo la Unidad?

En ese tema hay que puntualizar varias cosas. De los líderes sociales que desafortunadamente han sido objeto de atentados o han sido asesinados, ninguno había hecho una solicitud formal de protección. En segundo lugar, la unidad ha venido trabajando con organizaciones sociales para revisar casos especiales, priorizar temas y reforzar esquemas. Todo de acuerdo con unos mapas de riesgo que tenemos elaborados junto con la Policía, el Ministerio de Defensa, el del Interior, la Defensoría del Pueblo y la ONU, de unas zonas que vienen siendo afectadas. Este año se creó la Mesa de Seguimiento Permanente Contra Agresiones de Defensores de Derechos Humanos, en cabeza del ministro del Interior, que por orden presidencial se reúne todos los miércoles para revisar los casos.

¿Cuáles son los primeros resultados de esa mesa?

Es una situación bastante compleja, hay zonas que son preocupantes. El norte del Cauca, el Pacífico de Nariño, zonas de Putumayo, Chocó, Antioquia, sur de Cesar, Bolívar y Catatumbo. Pero estamos alerta para actuar de acuerdo con las necesidades.

¿Qué lectura se ha hecho sobre las razones de fondo de esa situación?

La información que tenemos a partir de investigaciones de la Policía y la Fiscalía es que se trata de dinámicas que se están presentando en territorios determinados y en cada uno las causas son particulares: minería ilegal o cultivos ilícitos. Evidentemente todo tiene que ver también con el cambio que están sufriendo estas regiones, precisamente porque las Farc se están retirando y comienza a haber reacomodos y luchas de bandas criminales para tratar de tomar control sobre negocios ilícitos.

¿Cuál es el balance de la implementación de esquemas de seguridad para los líderes de las Farc?

Por parte de la Unidad Nacional de Protección no tenemos esquemas propiamente conformados para las personas de la guerrilla que se están reincorporando, sean del secretariado o miembros de las Farc. En este momento la protección de ellos es responsabilidad de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), que es una división de la Policía Nacional creada para la protección de los mecanismos de verificación y de las zonas veredales. Nosotros apoyamos esos esquemas con medios logísticos pero la conformación y el funcionamiento están a cargo de ellos. Lo que ha venido haciendo la Unidad durante las últimas semanas ha sido comenzar a trabajar en la implementación de los acuerdos que establecen que se debe crear un programa especial de protección, una subdirección dentro de la UNP para la protección de los reincorporados de las Farc, así como para todos los que hagan parte del partido político que se llegase a crear, sus familias, las sedes, etc. Estamos en los desarrollos legales que se requieren y en la estructuración del programa en sí.

¿El trabajo de la Unipep va hasta que se terminen las zonas veredales?

La Unipep tiene una responsabilidad en lo que tiene que ver con las zonas veredales. Cuando comience a funcionar el sistema de protección a cargo de la Unidad, nosotros iremos asumiendo esquemas que en este momento tienen ellos y eso creemos debe ser en el corto plazo. En las próximas semanas ya debemos comenzar a ir asumiendo algunos esquemas y al final del día D+180 casi que todos serán de nosotros.

¿Y esa subdirección que se creará para ese caso qué función tendrá?

Se va a encargar exclusivamente de la protección de esta población que son los reincorporados de las Farc, los que hagan parte del partido político, sus familias. Será muy operativa y su objetivo es salvaguardar sus vidas e integridad.

¿Han evaluado la posibilidad de tener mejor tecnología para poder cumplir esta titánica labor?

Uno de los trabajos de la mesa técnica es precisamente evaluar todas las posibles herramientas tecnológicas que sean necesarias para tener esquemas de protección que sean robustos y efectivos.

¿Cree que el gasto en el tema de protección va a bajar o aumentar en el mediano plazo?

En el corto plazo creo que aumenta significativamente, hay demasiados riesgos, amenazas, una polarización compleja en muchas regiones y eso es un reto que tenemos. En el mediano y largo plazo se espera una reducción sustancial del gasto, porque en la medida en que todos transitemos hacia un país en paz, con menos intolerancia, evidentemente se hace menos necesario tener esquemas de protección.