Tres uribistas aceptan que en Colombia hubo conflicto armado

Las tres peticiones de altos funcionarios de la era de Álvaro Uribe para que sus casos sean admitidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deja un mensaje claro: Diego Palacio, Sabas Pretelt de la Vega y Alberto Velásquez reconocen que en Colombia hubo conflicto armado. Ese es el principal criterio para que sean acogidos con los beneficios de la justicia transicional y que sus casos sean revisados. Según ellos, son inocentes y fueron condenados injustamente.

Durante ocho años, la posición del expresidente Uribe fue la misma que expresó en una visita oficial a Ecuador en 2003: “No es un conflicto, sino terrorismo (…) Todos los días encuentran sofismas y argumentos para tratar de justificar ante el mundo su acción terrorista”. En 2005 expuso su argumento ante la comunidad internacional. El 31 de enero de ese año lo repitió ante todo cuerpo diplomático acreditado en Colombia y luego lo ratificó durante una reunión del G-24 en Cartagena.

En su momento, a su postura se sumaron sus más fieles escuderos. Por ejemplo, el hoy senador José Obdulio Gaviria escribió el libro “Sofismas del terrorismo en Colombia”, en el cual expuso que el conflicto armado interno no existía, como tampoco era cierto que en el país gobernaba un régimen opresivo ni una dictadura, ante lo cual no había justificación para librar una lucha armada política. Además, que las guerrillas eran una especie de bandas criminales que se dedicaban al narcotráfico.

Por esos años, varias organizaciones de derechos humanos rechazaron las afirmaciones del presidente Uribe y resaltaron que desestimar un conflicto interno era desconocer graves violaciones a los derechos humanos. Por eso exigieron una salida negociada al conflicto y que se acabara con la idea de que por la vía de las armas se podía derrotar a la guerrilla. En resumen, sus alegatos giraron en torno a negar la aplicación del Protocolo II de Ginebra y quitar la esfera humanitaria del conflicto armado.

Incluso después de sus dos mandatos, Uribe insistió en que el terrorismo era lo que amenazaba a Colombia y no grupos guerrilleros con estatus político. La mayor evidencia de su discrepancia se dio en junio de 2011, cuando se promulgó la Ley 1448, o la Ley de Víctimas, que precisamente partió de reconocer la existencia del conflicto armado en Colombia. Esa disyuntiva fue una de las primeras causas que precipitaron la ruptura de las relaciones entre el presidente Juan Manuel Santos y el exmandatario Uribe.

Fue tal la negativa de Uribe a aceptar la existencia del conflicto armado interno que incluso dictó talleres sobre el tema y emitió un decálogo para justificar su posición. El expresidente manifestó que las definiciones internacionales sobre conflicto interno no se ajustaban a la situación de Colombia, que el terrorismo afectaba a la democracia, que nadie aceptó el conflicto en el caso de los paramilitares y que Estados Unidos catalogó a las Farc como grupo terrorista y narcotraficante.

En su momento, el exministro de Salud Diego Palacio, el exministro de Interior y Justicia Sabas Pretelt de la Vega y el secretario privado de la Presidencia Alberto Velásquez eran fieles seguidores y escuderos de las políticas de Álvaro Uribe. Los tres terminaron condenados por el capítulo de la yidispolítica. Palacio y Sabas Pretelt a más de siete años de cárcel y Velásquez a un poco más de seis años. La razón: ofrecer notarías, cargos públicos y el control de una clínica en Santander a cambio del apoyo de los congresistas al proyecto reeleccionista de Uribe.

¿Qué les hace cambiar de parecer ahora? El pasado 22 de marzo, Diego Palacio envió un derecho de petición a la Secretaría Ejecutiva de la JEP en el que aportó su explicación. “La principal motivación de la reelección fue dar continuidad a las políticas que generaron impacto directo en la lucha contra grupos armados al margen de la ley”, dijo, y agregó: “el delito de cohecho por el cual fui condenado tiene relación con el conflicto armado y fue cometido con ocasión de él, en la medida que la reelección presidencial era a su vez una reelección de la política de seguridad democrática y esta iba encaminada a luchar contra las Farc”.

Al ser consultado sobre el cambio de discurso de antiguos alfiles del uribismo, el director de la organización Dejusticia, César Rodríguez, precisó que no se trata de un cambio generalizado de posición de este sector político. “Es la posición individual de algunos miembros del anterior gobierno que entienden que la justicia transicional ofrece herramientas útiles para sus casos penales. Si el uribismo reconociera a la JEP y la existencia del conflicto, sería muy bueno. Lo cierto es que las personas que piden acogerse a la JEP están aceptando que existió el conflicto y que la JEP es legítima”, recalcó Rodríguez.

El director de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, agregó: “Hay que mostrar la conexidad con el conflicto armado, porque decir ahora que hubo acciones no éticas para la reelección, nada tiene que ver con el conflicto. Se puede pensar en relación con el conflicto, por ejemplo, si con ello se iban a evitar los falsos positivos. De todos modos, es difícil encontrar esa conexidad”. Ávila añadió que los exfuncionarios están desubicados y “ven la justicia transicional como un mecanismo para salir libres”.

El analista del conflicto colombiano insistió en que todo se debe a una mala interpretación de la JEP, pues la ven como una forma de no pagar cárcel. “Para eso tendrían que decir la verdad, restaurar y dar garantías de no repetición. Decir la verdad va más allá de decir que se cometió el cohecho o que se utilizaron prácticas no éticas para lograr la reelección. Además de la conexidad, tendrían que revelar quién compró el voto de la representante Yidis Medina que facilitó el trámite de la reelección en 2004”.

Por lo pronto, el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, dio validez a los argumentos de los exfuncionarios de Uribe y, de hecho, suscribió un acta de compromiso con Diego Palacio y Alberto Velásquez. Sabas Pretelt está a la espera de una determinación para su caso. De prosperar la petición, los tres tendrían que presentarse ante un juez de ejecución de penas para que éste determine si pueden obtener beneficios y revisar sus condenas. En el fondo, significaría revaluar el alcance que tuvo en su momento la mentada política de seguridad democrática.

Las tres peticiones de altos funcionarios de la era de Álvaro Uribe para que sus casos sean admitidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deja un mensaje claro: Diego Palacio, Sabas Pretelt de la Vega y Alberto Velásquez reconocen que en Colombia hubo conflicto armado. Ese es el principal criterio para que sean acogidos con los beneficios de la justicia transicional y que sus casos sean revisados. Según ellos, son inocentes y fueron condenados injustamente.

Durante ocho años, la posición del expresidente Uribe fue la misma que expresó en una visita oficial a Ecuador en 2003: “No es un conflicto, sino terrorismo (…) Todos los días encuentran sofismas y argumentos para tratar de justificar ante el mundo su acción terrorista”. En 2005 expuso su argumento ante la comunidad internacional. El 31 de enero de ese año lo repitió ante todo cuerpo diplomático acreditado en Colombia y luego lo ratificó durante una reunión del G-24 en Cartagena.

En su momento, a su postura se sumaron sus más fieles escuderos. Por ejemplo, el hoy senador José Obdulio Gaviria escribió el libro “Sofismas del terrorismo en Colombia”, en el cual expuso que el conflicto armado interno no existía, como tampoco era cierto que en el país gobernaba un régimen opresivo ni una dictadura, ante lo cual no había justificación para librar una lucha armada política. Además, que las guerrillas eran una especie de bandas criminales que se dedicaban al narcotráfico.

Por esos años, varias organizaciones de derechos humanos rechazaron las afirmaciones del presidente Uribe y resaltaron que desestimar un conflicto interno era desconocer graves violaciones a los derechos humanos. Por eso exigieron una salida negociada al conflicto y que se acabara con la idea de que por la vía de las armas se podía derrotar a la guerrilla. En resumen, sus alegatos giraron en torno a negar la aplicación del Protocolo II de Ginebra y quitar la esfera humanitaria del conflicto armado.

Incluso después de sus dos mandatos, Uribe insistió en que el terrorismo era lo que amenazaba a Colombia y no grupos guerrilleros con estatus político. La mayor evidencia de su discrepancia se dio en junio de 2011, cuando se promulgó la Ley 1448, o la Ley de Víctimas, que precisamente partió de reconocer la existencia del conflicto armado en Colombia. Esa disyuntiva fue una de las primeras causas que precipitaron la ruptura de las relaciones entre el presidente Juan Manuel Santos y el exmandatario Uribe.

Fue tal la negativa de Uribe a aceptar la existencia del conflicto armado interno que incluso dictó talleres sobre el tema y emitió un decálogo para justificar su posición. El expresidente manifestó que las definiciones internacionales sobre conflicto interno no se ajustaban a la situación de Colombia, que el terrorismo afectaba a la democracia, que nadie aceptó el conflicto en el caso de los paramilitares y que Estados Unidos catalogó a las Farc como grupo terrorista y narcotraficante.

En su momento, el exministro de Salud Diego Palacio, el exministro de Interior y Justicia Sabas Pretelt de la Vega y el secretario privado de la Presidencia Alberto Velásquez eran fieles seguidores y escuderos de las políticas de Álvaro Uribe. Los tres terminaron condenados por el capítulo de la yidispolítica. Palacio y Sabas Pretelt a más de siete años de cárcel y Velásquez a un poco más de seis años. La razón: ofrecer notarías, cargos públicos y el control de una clínica en Santander a cambio del apoyo de los congresistas al proyecto reeleccionista de Uribe.

¿Qué les hace cambiar de parecer ahora? El pasado 22 de marzo, Diego Palacio envió un derecho de petición a la Secretaría Ejecutiva de la JEP en el que aportó su explicación. “La principal motivación de la reelección fue dar continuidad a las políticas que generaron impacto directo en la lucha contra grupos armados al margen de la ley”, dijo, y agregó: “el delito de cohecho por el cual fui condenado tiene relación con el conflicto armado y fue cometido con ocasión de él, en la medida que la reelección presidencial era a su vez una reelección de la política de seguridad democrática y esta iba encaminada a luchar contra las Farc”.

Al ser consultado sobre el cambio de discurso de antiguos alfiles del uribismo, el director de la organización Dejusticia, César Rodríguez, precisó que no se trata de un cambio generalizado de posición de este sector político. “Es la posición individual de algunos miembros del anterior gobierno que entienden que la justicia transicional ofrece herramientas útiles para sus casos penales. Si el uribismo reconociera a la JEP y la existencia del conflicto, sería muy bueno. Lo cierto es que las personas que piden acogerse a la JEP están aceptando que existió el conflicto y que la JEP es legítima”, recalcó Rodríguez.

El director de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, agregó: “Hay que mostrar la conexidad con el conflicto armado, porque decir ahora que hubo acciones no éticas para la reelección, nada tiene que ver con el conflicto. Se puede pensar en relación con el conflicto, por ejemplo, si con ello se iban a evitar los falsos positivos. De todos modos, es difícil encontrar esa conexidad”. Ávila añadió que los exfuncionarios están desubicados y “ven la justicia transicional como un mecanismo para salir libres”.

El analista del conflicto colombiano insistió en que todo se debe a una mala interpretación de la JEP, pues la ven como una forma de no pagar cárcel. “Para eso tendrían que decir la verdad, restaurar y dar garantías de no repetición. Decir la verdad va más allá de decir que se cometió el cohecho o que se utilizaron prácticas no éticas para lograr la reelección. Además de la conexidad, tendrían que revelar quién compró el voto de la representante Yidis Medina que facilitó el trámite de la reelección en 2004”.

Por lo pronto, el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, dio validez a los argumentos de los exfuncionarios de Uribe y, de hecho, suscribió un acta de compromiso con Diego Palacio y Alberto Velásquez. Sabas Pretelt está a la espera de una determinación para su caso. De prosperar la petición, los tres tendrían que presentarse ante un juez de ejecución de penas para que éste determine si pueden obtener beneficios y revisar sus condenas. En el fondo, significaría revaluar el alcance que tuvo en su momento la mentada política de seguridad democrática.