Un diálogo para entender por qué no para la guerra en el Bajo Cauca

Los habitantes del Bajo Cauca tienen en su memoria los hechos más crueles del conflicto. Muchos no han parado de suceder.

Foto: Comisión de la Verdad

El Bajo Cauca antioqueño no ha dejado de ocupar los titulares de prensa desde que se firmó el Acuerdo de La Habana. En estos seis municipios de Antioquia, que sirven de corredor entre el Catatumbo (Norte de Santander) y la región del Urabá para controlar desde las zonas de cultivo de coca hasta los puntos de salida de la cocaína, se recrudece la guerra entre facciones armadas que llegaron a la región tras la salida de las antiguas Farc. Apenas el pasado 3 de noviembre, cinco personas fueron asesinadas en una masacre registrada en el corregimiento de Bijagual, del municipio de Nechí. Del hecho, solo se supo que hombres armados incursionaron en un billar de esa zona y abalearon a algunos de sus ocupantes.

Días antes, el 16 de octubre, John Jairo Guzmán Pulgarín, un líder comunitario, fue asesinado en el municipio de Tarazá. Él era el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tesorito. En ese mismo municipio, a finales de agosto pasado, los cuerpos de dos hermanos que habían desaparecido fueron encontrados degollados y con signos de tortura. Se llamaban Wílmer Andrés y Edil Alfonso Ramírez y tenían 17 años.

Por eso, desde hace casi dos meses la Comisión de la Verdad ha desplegado un trabajo de diálogo en esta subregión del país para entender por qué persiste y se repite el conflicto armado en Nechí, El Bagre, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Zaragoza. Desde el 1° de octubre la Comisión ha venido realizando encuentros a puerta cerrada todas las semanas, entre virtuales y presenciales, con todos los sectores sociales que tienen un rol en la región.

En total, fueron diez diálogos con organismos de cooperación internacional, academia, organizaciones sociales, el empresariado, las instituciones locales, organizaciones de mujeres, colectivos LGBTI, indígenas, población afro, mineros, la Fuerza de Tarea Aquiles y excombatientes de las antiguas Farc.

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“Se hizo este proceso para escuchar de parte de los pobladores y las instituciones de la zona cómo ven ellos el conflicto y de qué va a depender que se pueda superar. No solamente para entender, sino para que ellos tengan la oportunidad como pobladores de que sus aportes puedan ser escuchados por el país”, resume la comisionada Patricia Tobón, quien ha acompañado el proceso. Lo que ha hecho la Comisión es identificar procesos territoriales que estén en marcha y dinamizarlos, ponerlos a conversar para identificar los factores que hacen que el conflicto persista. Así, al entender cuál es el camino para desactivar esos factores, las personas y organizaciones del territorio estarán dispuestos a recorrerlo.

Para instalar una reflexión pública en torno a la no repetición del conflicto, este viernes 20 de noviembre se realizará el Diálogo para la no Continuidad y la no Repetición del Conflicto en el Bajo Cauca Antioqueño, que se podrá seguir por las redes de la Comisión de la Verdad y de Colombia 2020 de El Espectador a partir de las 9:30 a.m.

En esos espacios han ido saliendo pistas que apuntan hacia las razones por las cuales la guerra no para en esta región. “En el Bajo Cauca se evidencia lo que Colombia tiene que trabajar en materia de transiciones económicas para la construcción de paz, porque los grupos armados viven alrededor de rentas ilegales, obviamente de la coca y el narcotráfico, pero también de la minería que hay en la zona. El Estado tiene la necesidad de tomar decisiones sobre eso y reflexionar también sobre cómo ahí hay una economía ilegal más poderosa que la legal”, dice la comisionada Tobón.

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En la zona han coexistido durante décadas la gran minería (hoy en manos de Mineros S.A.) y la mediana y pequeña minería legal e ilegal en medio de una regulación estatal casi nula. Allí es donde aparecen los actores que hoy están en estos municipios: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), los Caparrapos, el Eln y las disidencias del antiguo frente 18 de las Farc. De hecho, tras la salida de este último actor, se han sostenido disputas territoriales alrededor de esas rentas legales e ilegales y sobre el corredor hacia el Urabá.

Así lo describió en esos diálogos Nayibe Cossio Correa, líder afro de la organización Afrotigui, de El Bagre: “Una de las grandes falencias (del Acuerdo de La Habana) fue que el grupo armado se desmovilizó y las zonas quedaron desprotegidas. La primera acción que debió haber quedado consignada en el Acuerdo de Paz era proteger las zonas que la guerrilla de las Farc iba a abandonar para que ningún grupo se volviera a reorganizar y volviéramos a ser víctimas de la violencia”.

Sobre las Agc y los Caparrapos se dijo en esos diálogos previos que parecen ser reconfiguraciones de los bloques paramilitares Central Bolívar y Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Desde 2018, dijeron los pobladores y las autoridades de la zona, ambos grupos libran un enfrentamiento en esta región que llega también hasta los municipios vecinos del sur de Córdoba.

De hecho, esa reconfiguración de los grupos también permitió ver que en el Bajo Cauca los procesos fallidos de desarme, desmovilización y reintegración que se han dado (como el de los paramilitares) tienen un peso fundamental en que hoy se esté repitiendo el conflicto. “Para incorporar a estos grupos armados es necesario poderlos caracterizar y mirar bien su continua presencia y reciclaje en la zona, que evidentemente muestra que vienen de muchos de estos grupos y de procesos de reintegración que no se hicieron, y procesos de paz en los que no entraron a rutas de transición”, dijo Patricia Tobón.

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Representantes de los diez diálogos que se hicieron entre octubre y noviembre, y de los que fueron saliendo estas conclusiones, participarán este viernes en el gran diálogo regional para ponerle de presente al resto del país lo que ocurre en sus municipios. Allí conversarán Carlos Zapata, líder del Observatorio de DD. HH. y Paz (IPC); Claudia Vallejo, procuradora delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz; Margarita Palacio, de la Asociación Campesina del Bajo Cauca; Ómar Restrepo, representante a la Cámara del partido FARC; Santiago Cardona, vicepresidente de Mineros S.A.; Kelly Echeverry, de la Ruta Pacífica de Mujeres; Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, y Ludys Soto, representante de las comunidades indígenas.